Denuncian el acoso y violaciones de sus derechos por el gobierno de ese estado y por instancias del gobierno federal, en torno al mineral de Zacualpan
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Organizaciones sociales y ecologistas de Colima han acudido, apoyados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de respaldo ante los abusos de que dicen ser objeto de forma sistemática por parte del gobierno de ese estado y de diversas instancias del gobierno federal, que respaldan un despojo de bienes ambientales y agrarios en perjuicio de la comunidad de Zacualpan, en el Cerro Grande, ubicado en los límites con Jalisco.
“Ante la sistemática criminalización, amenazas, hostigamiento y persecución a los miembros de la organización Bios Iguana AC y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, integrantes de la REMA en el estado mexicano de Colima; los diversos niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal, han hecho caso omiso de las denuncias, quejas, amparos y otras acciones legales que en el marco de la ley y del Estado de derecho han permitido”, señalan los quejosos en un comunicado difundido este mediodía.
Sin embargo,” las violaciones a las defensoras y defensores [sic] de los derechos humanos por su lucha contra las afectaciones del proyecto minero que se pretende imponer con lujo de violencia e ilegalidades donde participan instancias de los tres niveles de gobierno, siguen manifestándose con toda impunidad pese a contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”.
Por ello, “el pasado 31 de Julio, con ayuda de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala, se ha llevado el caso ante la CIDH, quien ya ha dado curso al caso y ha solicitado información al gobierno mexicano, así como las medidas cautelares”, añaden.
De este modo, “exigimos al gobierno mexicano un alto a la impunidad, dar curso a las demandas que se han presentado en diversas instancias, y detener la sistemática violación a los derechos humanos contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Colima, donde participan los tres niveles de gobierno, desde la Procuraduría Agraria pasando por la Secretaría de Gobierno Estatal; las policías municipal, estatal y federal; el ejército, el congreso local, hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Colima”.
En Zacualpan hay una disputa por el control de la comunidad indígena que tiene como transfondo una explotación mineral. Las instituciones públicas están enfrentadas a la comunidad que ve detrás del proyecto minero el despojo de su territorio.
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