Anuncian ofensiva contra propuesta oficial de nueva ley del sector.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) atenta contra los intereses de los mexicanos al convertir el agua en un negocio privado y promover trasvases del recurso en perjuicio de zonas de alta producción alimentaria, como la meseta de Los Altos de Jalisco, que aporta 22 por ciento de la proteína animal del país o el valle del Yaqui en Sonora, productor de hasta un tercio de granos y legumbres del mercado nacional.
En cuestionamiento a por qué el derecho a la alimentación es vulnerado por el organismo federal, se realizó un foro en la ciudad alteña de San Juan de los Lagos, corazón de la resistencia contra el trasvase desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad de León, en la cual se presentarán casos como el de la tribu Yaqui de Sonora, que se opone al acueducto Independencia; de los pueblos de las laderas del volcán Popocatépetl, afectados por una gasera y una termoeléctrica que amenaza con secuestrar el agua de los deshielos de la que viven los productores agrícolas; y en general, se hará un pronunciamiento contra la nueva Ley de Aguas que promueve el gobierno federal.
“La Conagua afecta la producción nacional de alimentos al construir la presa El Zapotillo en Jalisco y el Acueducto Independencia en Sonora. La campaña nacional Conagua negocia con el agua reúne a los productores en el foro ‘Sin Agua no hay Alimentos’ […] nos reconocemos en el propósito apremiante de que México retome una política hídrica que asegure conservar el agua como un bien común natural estratégico para la producción de alimentos, la protección de pueblos y comunidades indígenas, así como para el fortalecimiento de la economía nacional”, señalaron los organizadores en una conferencia de prensa.
El proyecto del Acueducto Independencia “se propone trasvasar las aguas del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo; con la construcción de la presa el Zapotillo, sobre el río Verde, y su acueducto para trasvasar el agua a la ciudad de León […] se le estaría ocasionando una herida grave a la producción nacional de alimentos, un golpe existencial a la tribu Yaqui y propiciarían la desaparición de pueblos culturalmente emblemáticos como Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.
Los asistentes, María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec); Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes); Gabriel Espinoza, del Comité de Defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; así como Alberto Vizcarra, del Movimiento Ciudadano de Defensa del Agua de Sonora, entre otros, ponen en relieve que las políticas públicas en el tema privilegian a ciertos sectores de la economía.
“Se incurre en una falacia, como lo hace Conagua, cuando se dice que con estos proyectos se perjudica a pocos para beneficiar a muchos. La realidad es que se le ocasionarían daños estructurales a una economía nacional sumamente desmejorada”
Por eso, se combatirá en el ámbito legislativo, la iniciativa de ley oficial “que se propone profundizar la mercantilización y privatización del recurso para favorecer intereses financieros ajenos al bienestar del pueblo”.
México sustentable
El vocero del Comité Salvemos Temaca, Gabriel Espinoza Íñiguez, denunció ayer la actuación de la Fundación México Sustentable, una entidad de la sociedad civil que hace “trabajo sucio” a la Conagua para legitimar proyectos de infraestructura, y que ya puso su primer pie en Los Altos de Jalisco, en la comunidad de Acasico, que también sería desplazada con el proyecto de El Zapotillo.
“Esta fundación se valió de su trabajo con Conagua y con algunas autoridades eclesiásticas de San Juan de los Lagos, para convencer a la gente que no había otro camino mas que la reubicación, mas que ceder sus derechos y reubicarse […] esa fundación ha provocado conflictos gravísimos, de los que somos testigos nosotros, en la región de Los Altos y ya se han emitido oficios al Observatorio del Agua y lo seguimos denunciado; llegan con la nobleza de defender los derechos humanos, dicen que no están de acuerdo con el proyecto, pero que ya no hay vuelta de hoja”.
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Reacciones:
Arcediano no es necesario “más que para el negocio”
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Críticos de la política oficial del agua señalan que ni siquiera se han saldado los perjuicios causados seis años atrás con la megaobra.
Jalisco, y en particular el área metropolitana de Guadalajara, resuelven sus problemas presentes y futuros con el agua si se cancela el trasvase a la ciudad de León, Guanajuato, y lo que se ha edificado de la presa El Zapotillo se queda como un proyecto exclusivo de la entidad. Resucitar Arcediano es “sólo para hacer más negocio”, señaló el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.
“Se supone que era ya un tema superado, pero [la rehabilitación del proyecto por los diputados] es una muestra de que el motor que mueve esto es mercantilista, no tiene un propósito ecológico ni social, no tiene nada; es sólo cuadrar un esquema de negocio para los grandes inversionistas, para que aporten recursos o entren al negocio, y que controlen el agua […] sería más efectivo cancelar el trasvase, y no utilizar más agua del río santiago, pues no ha mejorado su calidad, y para qué empeñarse en una opción que es a todas luces dañina para los habitantes de la ciudad; utilizar el agua de una cuenca sumamente contaminada, teniendo la posibilidad de utilizar el río Verde que esta en mejores condiciones, es absurdo, pero para evitarlo se tiene que cancelar el trasvase a Guanajuato”, advirtió el también coordinador del Observatorio del Agua del estado.
Por su parte, la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, advirtió que ni siquiera se ha finiquitado el resarcimiento de daños del viejo proyecto cancelado en 2009.
“Nos parece sumamente reprobable, porque no se han reparado los daños que vivió la comunidad de Arcediano, concretamente Lupita Lara y su familia, así como todo el presupuesto publico que se gastó en un proyecto […] el río Santiago continua siendo un río tóxico, no hay un plan de saneamiento integral, y vuelve a ser absurdo que nuevamente quieran revivir un proyecto para dar de beber a la ciudad de Guadalajara; revivir la iniciativa nos parece un retroceso, que vulnera derechos”, dijo.
La “resurrección” del proyecto de Arcediano y las reformas a la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios entraña riesgos para los intereses de la población, que será presionada con herramientas legales más coercitivas para que pague tarifas por servicios que tienden a ser más caros, por el costo de las nuevas obras y por los intereses de rentabilidad privados que hay en su operación, advirtió por su parte Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Colectivo de Abogados.
“Efectivamente hablan de hacer una presa de 350 millones de metros cúbicos porque qué sentido tendría hacer ese cambio si le presa hubiera sido cancelada; la diferencia es que el anterior decreto dice en el río Santiago y Verde y este dice nomás para río Santiago, lo que puede sugerir que moverán el sitio de la cortina para no tomar aguas del río Verde”, explicó.
En ese sentido, los costos pagados para un proyecto previo que implicó estudios de ingeniería, mecánica de suelos, geología, compra de predios y desplazamiento de población podrían haber sido inútiles, al menos en parte.
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