El asesor del ejido advierte que irán hasta el final en busca de que la suspensión se cumpla, y sólo entonces su núcleo agrario negociaría con grupo Ternium.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La noche del pasado miércoles 11 de febrero, las máquinas de la minera Peña Colorada llegaron al rancho de José Luis Ramos Gerardo, enclavado en el caserío de Puertecito de las Parotas, en la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, se metieron sin permiso y le tumbaron todo.
Amparados en las sombras y en la ausencia del dueño “…la empresa entró a mi parsela [sic] y destruyó mi casa con una máquina y el corral de mis chivos donde se me perdieron 15 animales de aproximadamente 50 kilos cada uno, y asta ahora no los e encontrado yo no sé si se los yebaron o qué harían con hellos porque entraron como a las 11:00 de la noche a destruir mi casa…”, narra el campesino en una breve carta de reclamo, en busca de que sus abogados lo protejan del abuso.
“…temprano ese mismo día fueron y mi hijo Juan Manuel no los dejó y lo trataron mal le dijeron que se saliera porque ya llevaban la horden de Jesús Hernández que es el lisensiado [sic] de la empresa”, añade. Sui pecado fue no aceptar 100 mil pesos que el poderoso consorcio le ofrecía para que permitiera abrir los terrenos para el desecho de material inerte, pese a que desde septiembre de 2014, existe una resolución de un juzgado de distrito que deja en suspenso la concesión sobre 1,200 hectáreas al interior del ejido nahua de Ayotitlán, lo que obligaba a no realizar trabajos en toda el área.
El mismo día de los hechos, el juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo del tercer Circuito, Juan Manuel Villanueva Gómez, hizo público el auto en que demanda el cumplimiento de la suspensión de plano concedida a Ayotitlán en contra del aprovechamiento minero de capital indio y chino, que aporta más de un tercio del hierro del país.
En el marco del expediente: 462/2013, el auto se firmó el 10 de febrero y se publicó al día siguiente. “… visto nuevamente el escrito de cuenta del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones y solicita se continué el procedimiento de cumplimiento de la suspensión de plano; en consecuencia, requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables, para que de inmediato informen respecto del cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida por el Superior, en la resolución pronunciada el día diecinueve de septiembre del año en curso”, señala el juez.
Se trata de un “procedimiento sumarísimo” que se supone, debe realizarse en 24 horas. Pero ya habían pasado 145 días, 3,480 horas, y la empresa no sólo no suspendía labores, sino que se afianzaba con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Minatitlán y el gobierno del estado de Colima, así como la inacción la Secretaría de Economía, división de minas y de concesiones; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsables de los permisos ambientales y las concesiones. Hoy 18 de febrero, se han cumplido 152 días y 3,648 horas… ius summarium et expeditum (“justicia sumaria y expedita”).
“Mi parsela es como de 55 hectáreas es lo unico que tengo […] ahí siembra mi familia. Tengo ocho niños que alimentar”: Ezequiel, Francisco Javier, Juan Manuel, Adrián, Patricio, José Luis, Marina y Alejandro, respectivamente, de quince, catorce, trece, diez, nueve, siete, cuatro y dos años. Ayer, las máquinas volvieron a entrar al predio de José Luis, a arrojar material. El campesino se desesperó. Se reunirá hoy con sus vecinos y acudirán a reclamar a la empresa. Cerca está la presencia intimidante de la policía local. Los discursos de los políticos es que no se parará un valioso generador de empleos por unos cuantos campesinos revoltosos.
Pedro León Corrales, asesor del ejido, advierte que irán hasta el final en busca de que la suspensión se cumpla, y solo entonces el núcleo agrario negociaría con el poderoso emporio de grupo Ternium.
El artículo 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”.
CLAVES
Un viejo conflicto
Peña Colorada y el ejido Ayotitlán enfrentan serios conflictos desde la conformación de la empresa, en los años sesenta del siglo XX, debido a que buena parte del yacimiento minero se ubica en tierras de la comunidad nahua.
El amparo 462/2013 suspende las concesiones de mina, tiraderos de desechos inertes, uso y descargas de aguas nacionales desde septiembre de 2014, pero no se ha aplicado.
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