El desarrollo inmobiliario y hotelero y el caos de la infraestructura daña los bienes naturales más valiosos en la línea de la costa de Jalisco y Nayarit.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas conforma un destino que atrae más de 10 por ciento de las divisas turísticas que llegan al país, pero a la par del crecimiento de su infraestructura y de su potencia económica, ha pagado un alto costo en su patrimonio natural: sus humedales costeros están contaminados, alterados y en muchos casos, privatizados por los intereses inmobiliarios y hoteleros.
“Los sistemas estuarinos como el estero El Salado, Boca Negra-Boca de Tomates y laguna El Quelele, presentan presiones antropogénicas por el efecto de la mancha urbana. Situación que ha llevado a estos sistemas a un inminente grado de destrucción, reducción y deterioro de sus componentes bióticos y procesos ecológicos. Al mismo tiempo […] la dinámica del desarrollo regional ha acelerado la reducción del potencial ecológico, económico y turístico”, explican en un artículo los investigadores Cruz Romero Bartolo, Luis Fernando González Guevara y Carmen Navarro Rodríguez, del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara.
Hacia el norte, el auge del proyecto Riviera Nayarit, en los últimos diez años, ha alterado considerablemente cuerpos de agua del municipio nayarita de Bahía de Banderas, como son los pequeños esteros La Lancha, Punta Negra, Costa Capomo, San Pancho, Lo de Marcos, Punta Raza y Canalán, así como ríos importantes como el que baja en Sayulita y el de El Monteón.
Todos padecen ante el auge de los desarrollos inmobiliarios y hoteleros, y las presiones han generado reacciones, en algunos casos exitosas (La Lancha, liberado de tentativas privatizadoras hace menos de un mes), o que mantiene un movimiento popular creciente (San Francisco o San Pancho), pese a fuerzas desiguales (Jarretaderas, isla de los Pájaros, en desembocadura norte del río Ameca) o indiferencia gubernamental en resolver el problema (la grave contaminación de El Quelele).
“Lo peor es que para que la ley se cumpla se necesita mucho tiempo, muchos recursos, y muchas ganas, oficio, conocimiento, relaciones; y eso poca gente las tiene, si no nos hubiéramos puesto las pilas este lugar estaría cerrado, pero tuvimos que meterle dinero, y cómo puedes competir frente a un inversionista que se maneja a otra escala”, destaca Javier Chávez García, uno de los gestores que salvó La Lancha de la privatización de facto de un poderoso inversionista de Punta de Mita, Fernando Senderos.
Dueño de un predio contiguo al humedal, ese empresario decidió motu proprio cerrar el acceso público porque presuntamente se dañaba su predio. El estero es camino a una playa famosa entre los seguidores del surfing. El daño económico para los prestadores de servicios iba creciendo mediante pasaban semanas con el acceso cerrado.
“Tuvimos suerte; le metimos seis meses de trabajo y contamos con un abogado que nos cobró moderadamente porque le interesaba el asunto y es seguidor de la causa de las playas públicas; pero así como estuvo él, antes hubo otros tres abogados que a la hora que me dieron su presupuesto, vi que no ajustábamos […] el abogado nos salió en cien mil pesos, pero el proyecto va a costar 200 mil, que es generar el sendero, que tenga buena señalética, que haya un estacionamiento, que haya cuidadores para que se proteja de forma efectiva el humedal”, destaca.
La fuerza del capital, resume Indalecio Sánchez, activista ambiental, aplasta los derechos individuales o colectivos de los pobladores de la zona. Su caso es casi parecido a la bíblica historia de David contra Goliat: moviliza a los moradores de Jarretaderas para enfrentar el enorme peso económico y político del grupo hotelero de Mayan Palace, que lentamente privatiza la punta norte del delta del río Ameca, con una isla de manglar –isla de Los Pájaros- con un registro elevado de biodiversidad, además de un frente de playa privilegiado.
“Es un tremendo problema, debemos estar alertas porque cada día nos sorprenden con un nuevo despojo de bienes públicos: caminos, acceso a playas, contaminación, extracción de materiales, rellenos de terrenos para sus edificios; hay que poner denuncias, hacer manifestaciones, movilizar, llamadas a las autoridades, presión para que actúen, porque parece que los tienen muy controlados con el dinero que manejan”, advierte el veterano avecindado, mientras encabeza un recorrido por la zona en disputa.
En Puerto Vallarta, el estero El Salado es sobreviviente de la marea inmobiliaria que secuestro su desembocadura para una marina, y de malos usos urbanos que dañaron su cuenca con contaminación de aguas negras y basura. El río Cuale y los arroyos serranos de la parte sur del puerto están fuertemente invadidos por fraccionamientos y hoteles. El debate actual es la conservación de la montaña que rodea a la ciudad.
En San Pancho, los vecinos están alertas y no quieren ser devorados por esa noción desigual de “progreso” que genera muchos perdedores y ganancias privadas. “El pueblo se ha unido y no está dispuesto a dar un paso atrás en defender su estero de los intereses inmobiliarios”, advierten los gestores de un movimiento que hoy se manifestará en defensa de los bienes comunes.
“La expansión de esta región se hace de manera irracional, reduciendo estos frágiles ecosistemas sin considerar su valor ecológico y económico”, añaden en su texto los investigadores de la UdeG. Y los vecinos de San Pancho lo saben mejor, de diez años a la fecha, cuando se detonó el sueño, que a veces parece pesadilla, de la llamada Riviera Nayarit.
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