La Semarnat pide combate enérgico a asentamientos irregulares; el delegado advierte que responsabilidades gubernamentales son ineludibles
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 14 de julio de 2009
El Ayuntamiento de Zapopan debe explicar por qué no ha procedido contra los invasores, indicó la Semarnat. Foto: Iván García La invasión hormiga del bosque La Primavera desde las tierras urbanizadas del ejido Santa Ana Tepetitlán podrá ser detenida si los diversos ámbitos de gobierno cumplen con su deber “con más fuerza”, consideró ayer el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo.
“Se debe actuar con más energía desde las responsabilidades de cada uno; el ayuntamiento no puede eludir su obligación de impedir que surjan fincas y obras de urbanización que no están autorizadas, ni tampoco la de contener los cambios de uso de suelo en la zona forestal, la cual, aunque ya no esté en vigor el decreto del área natural protegida, sigue siendo protegida por las diversas normas federales, y sólo pueden cambiar de uso con un permiso federal”, dijo el funcionario.
Álvarez Carrillo coincidió con el director del bosque, José Luis Gámez Valdivia, en que las direcciones del Ayuntamiento de Zapopan que tienen relación con el tema, deben explicar por qué se relajan los controles y no se procede contra los invasores de la zona. “En zona urbana, no puede construirse una sola finca si no cubre los requisitos legales ante el municipio, no hay manera de justificar lo contrario”, argumentó.
Sin embargo, también hizo eco a la queja de que los ingresos de materiales para construcción al polígono protegido tendrían que ser denunciados oportunamente por los guardabosques, para propiciar la intervención de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), en busca de lo cual, estimó que los propietarios y ejidos del bosque pueden participar.
Añadió que el gobierno federal, desde sus diversas instancias, también tiene la tarea de proteger el bosque impidiendo autorizar cambios de uso de suelo, máxime que se trata de una superficie que desde 1980 estuvo integrada al área de protección de flora y fauna, creada con alrededor de 30,500 hectáreas por el presidente José López Portillo, en marzo de ese año.
Esa superficie original se vio reducida en 552 ha desde el 19 de abril de 2007, en que el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa resolvió el amparo 413/2001 a favor de los ejidatarios de Santana, separando esa superficie del área de protección federal. Tal situación legal fue confirmada en el recurso de revisión 465/2007, fallado el 27 de junio de 2008, lo cual se convierte en sentencia inatacable. La autoridad federal busca ahora que ese bosque se proteja por la vía de los hechos, pero el avance de la mancha urbana está ganando esa batalla.
“Se debe actuar con más energía desde las responsabilidades de cada uno; el ayuntamiento no puede eludir su obligación de impedir que surjan fincas y obras de urbanización que no están autorizadas, ni tampoco la de contener los cambios de uso de suelo en la zona forestal, la cual, aunque ya no esté en vigor el decreto del área natural protegida, sigue siendo protegida por las diversas normas federales, y sólo pueden cambiar de uso con un permiso federal”, dijo el funcionario.
Álvarez Carrillo coincidió con el director del bosque, José Luis Gámez Valdivia, en que las direcciones del Ayuntamiento de Zapopan que tienen relación con el tema, deben explicar por qué se relajan los controles y no se procede contra los invasores de la zona. “En zona urbana, no puede construirse una sola finca si no cubre los requisitos legales ante el municipio, no hay manera de justificar lo contrario”, argumentó.
Sin embargo, también hizo eco a la queja de que los ingresos de materiales para construcción al polígono protegido tendrían que ser denunciados oportunamente por los guardabosques, para propiciar la intervención de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), en busca de lo cual, estimó que los propietarios y ejidos del bosque pueden participar.
Añadió que el gobierno federal, desde sus diversas instancias, también tiene la tarea de proteger el bosque impidiendo autorizar cambios de uso de suelo, máxime que se trata de una superficie que desde 1980 estuvo integrada al área de protección de flora y fauna, creada con alrededor de 30,500 hectáreas por el presidente José López Portillo, en marzo de ese año.
Esa superficie original se vio reducida en 552 ha desde el 19 de abril de 2007, en que el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa resolvió el amparo 413/2001 a favor de los ejidatarios de Santana, separando esa superficie del área de protección federal. Tal situación legal fue confirmada en el recurso de revisión 465/2007, fallado el 27 de junio de 2008, lo cual se convierte en sentencia inatacable. La autoridad federal busca ahora que ese bosque se proteja por la vía de los hechos, pero el avance de la mancha urbana está ganando esa batalla.
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