Consolidan ocupación ilegal de bosque en La Primavera

El ejido de Santa Ana Tepetitlán repartió bosque a 47 campesinos, pese a que lo prohíben la Ley Agraria y la Ley Forestal; Juez suspende adjudicaciones en la zona boscosa; es ya de 120 ha la invasión

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 6 de julio de 2009

El avance de asentamientos irregulares en el bosque ha sido soslayado por las autoridades, acusaron disidentes. Foto: Tonatiuh Figueroa El avance urbano sobre las 585 hectáreas cercenadas al área de protección de flora y fauna La Primavera, como fruto del juicio de amparo 413/2001, promovido por el comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán, se consolida. Un peritaje técnico encargado en el marco de un nuevo juicio revela que la ocupación de fincas e infraestructura abarca ya 120 hectáreas, mientras el Registro Agrario Nacional reconoce que la asamblea del ejido repartió entre 47 campesinos el bosque antaño protegido.

Según argumento de los opositores internos de la comunidad campesina, agrupados en la Comisión de Administración y Resguardo del Predio Las Lomas, creada por el propio núcleo agrario en 1995, la repartición de tierras boscosas está prohibida tanto en la Ley Agraria como en la Ley Forestal, al grado de ser una conducta tipificada como delito en el Código Penal Federal. De este modo, el amparo ganado en 2007 y ratificado en la revisión 465/2007, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad, no exime de cumplir la norma ambiental y penal a todos los poseedores de bosques y selvas del país.

Los campesinos disidentes, liderados por Tranquilino Flores Aguilar, le dijeron al juez primero de distrito en materia administrativa que en estos hechos ha sido básica la complicidad del Ayuntamiento de Zapopan, al que acusan no sólo de tolerar los asentamientos irregulares, sino también de permitir la consolidación de fincas sobre arroyos y de infraestructura en general, y de apropiarse de terrenos dentro de la superficie comunal.

El juzgador le concedió la “suspensión de plano”, tendiente a evitar que sean desposeídos de sus bienes colectivos mientras se resuelve el fondo del asunto (amparo 1351/2007).

El estudio pericial que confirma el problema fue elaborado, a solicitud de los quejosos, por el perito en ingeniería José Antonio Rocha López, quien contestó un cuestionario al juez para señalar el estado físico en la superficie mencionada, que forma la mayor parte del potrero Las Lomas, de 641 ha.

“Después de haber examinado los documentos que obran agregados en actuaciones del presente juicio […] procedí a efectuar el recorrido de reconocimiento de la superficie total de 641 ha por concepto de ampliación del ejido […] mismos que consistieron en el reconocimiento topográfico, identificación física de sus características y recorrido a lo largo de sus linderos por sus cuatro vientos”, explica el perito.

El resultado: “Sí existen caminos construidos, calles y avenidas dentro de la zona boscosa existente en la referida superficie. Cabe hacer mención que de las vialidades sí se encuentran bien definidos sus trazos; algunos de éstos cuentan ya con terminado en empedrado y guarniciones o machuelos de concreto”.

Este levantamiento, que fue entregado al juez el pasado mes de abril, también confirma la existencia de equipamiento urbano, “instalaciones de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como instalaciones para conducción de energía eléctrica y construcciones de calles”, sin olvidar la existencia de un tanque regulador para proveer agua por parte del organismo operador de agua de la zona metropolitana; además, calcula el área de expansión urbana en alrededor de 120 ha.

Por su parte, como materia del mismo amparo 1351/2007, la delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional reconoció que “el ejido decidió asignar distintos porcentajes sobre tierras de uso común”, pero “fue únicamente voluntad de éste hacerlo así, y obligación del organismo registral calificar dicho acto para darle efectos de publicidad”, según escrito enviado al juez por el subdelegado jurídico del RAN, Guillermo Israel Isaac Aguilar, sin reparar la presunta comisión de un delito ambiental.

La suspensión concedida por el juez en este caso, agrega el funcionario, será acatada a efecto de “no continuar expidiendo certificados de derechos y adjudicando superficies de terreno sobre las 641 ha”.

Este amparo fue una respuesta de los ejidatarios disidentes ante la indefensión en que quedó la fracción de bosque que estaba protegida por el decreto de La Primavera, en busca, además, de que no se siente precedente jurídico en contra de la protección de ecosistemas naturales del país. Mientras, no hay noticias de la defensa legal de La Primavera por parte del gobierno federal, responsable del decreto de 1980.

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CLAVES

El contexto legal

El juez tercero de distrito en materia administrativa con sede en Guadalajara resolvió el juicio de amparo 413/2001-3, el 19 de abril de 2007, contra el decreto de protección del bosque La Primavera, en la zona del ejido Santa Ana Tepetitlán. Dicha resolución fue confirmada en la revisión principal 465/2007, en junio de 2008, y causó ejecutoria, lo que confirma que la zona protegida perdió hasta 585 hectáreas boscosas

Uno de los argumentos considerados en la sentencia: “La superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que, si bien dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma —características de la propiedad—, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”

Hoy, los efectos nocivos de esta resolución son combatidos por un grupo de ejidatarios, que han obtenido ya victorias parciales en el juicio 1351/2007, mientras la invasión del bosque continúa.