Nahuas exigen ejecución de su resolución presidencial, postergada desde 1963
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Un grupo de campesinos nahuas de Ayotitlán, respaldados en un juicio de garantías, decidieron el pasado 27 de julio que se debía ejecutar la resolución presidencial dotatoria del ejido Ayotitlán, que dejó pendientes de entregarles quince mil hectáreas desde el 28 de agosto de 1963, y se presentaron en el poblado de Las Pesadas, que reclaman Jalisco y Colima, alrededor del mediodía.
Óscar González Garí, abogado del ayuntamiento jalisciense de Cuautitlán y miembro del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, dijo que “120 campesinos […] decidieron en el poblado Las Pesadas realizar los trabajos de ejecución parcial de los terrenos del ejido, contemplados en la Resolución Presidencial de 1963, en ese lindero […] sin embargo, al estar sitiado por la policía de Colima dicho poblado desde enero del 2008, y tras haber llegado a las 13.30 horas [del 27 de julio] 20 patrullas de ese estado a impedir tales trabajos parciales”, estos debieron suspenderse.
La operación de patrullas colimenses corrió a cargo de Alejandro Guerrero Guerrero, subdirector de Procuración de Justicia de Colima, “quien llamó a otras diez unidades más para facilitar ‘la seguridad pública’ en el lugar; la situación se volvió tensa con los nahuas, pues pese a la decisión común de establecer una mesa de diálogo y negociación para resolver el conflicto, a nada se llegó”, añadió el abogado.
En la zona de conflicto estaban miembros del comisariado ejidal de Ayotitlán, asesorados por la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara; los miembros del Consejo de Mayores de Telcruz, y el director de Seguridad Pública de Cuautitlán con tres patrullas, “sin que se lograra avanzar mayormente en los trabajos”.
González Garí indicó que “hace dos semanas me dirigí de manera respetuosa al ciudadano gobernador de Jalisco, para pedirle su apoyo en estos trabajos agrarios a fin de garantizar la seguridad pública […] habiéndose remitido el escrito a la Subsecretaría de Asuntos del Interior, y asignándole el caso al licenciado Lechuga [sic], quien quedó de responderme la semana pasada y hasta hoy no lo ha hecho, como se debiera y se había acordado”.
La mesa de trabajo y diálogo no se instaló “pues los de Colima querían que se realizara en Minatitlán [Colima] y los nahuas se negaron a acceder a ese lugar”. Los de Colima no aceptaron la contrapropuesta de hacer el encuentro en tierras jaliscienses.
Al cierre de esta edición, el gobierno de Jalisco no había dado su versión de los hechos.
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