Ayotitlán busca reconocimiento como una comunidad indígena

Líderes denuncian opacidad del comisariado y otras autoridades del ejido, en favor de la minera Peña Colorada y de negocios ilegales

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El próximo 8 de octubre se establecerá formalmente un consejo autónomo en Ayotitlán, la centenaria comunidad nahua de la Costa Sur de Jalisco, que tendrá una misión específica: convocar a una consulta entre las 36 localidades del amplio ejido del municipio de Cuautitlán, con una pregunta específica: ¿apoyaría retomar la denominación de comunidad indígena y dejar la de ejido?

Ayer, tres promotores de esta idea se presentaron en Guadalajara. Se trata de José Natividad Ciprian Jacobo, Espiridión González Ciprian y Santiago Flores, quienes detallaron los problemas históricos que les significa el régimen ejidal: autoridades ejidales frecuentemente venales y comprometidas con intereses fácticos, sobre todo, la minera Peña Colorada; disputas internas encarnizadas por la intromisión de agrupaciones políticas de fuera; amenazas de venta y separación de superficie ejidal por grupos de avecindados. Todo esto constituye una amenaza a la integridad de estos pueblos reconocidos por cédula virreinal, títulos que “se extraviaron” en los años sesenta durante la disputa con los madereros, lo que sólo dejó como opción la creación de un ejido; ahora, la ley permite retomar la declaratoria de comunidad, pues basta con una mayoritaria manifestación de sus miembros en favor de ello.

La ventaja del régimen comunal es cultural y jurídica: da peso a autoridades tradicionales y usos y costumbres locales, y mantiene el patrimonio territorial bajo los supuestos de que es imprescriptible, inembargable e inalienable. Es decir, el mercado pierde posibilidad de entrar con el dominio de esas tierras.

“Instalamos el consejo el 8 de octubre, pero la consulta no va a ser ese día; ahí habrá gente que va a analizar quien va a estar en ese consejo, si le entran o si tienen miedo; vamos a ir con las instituciones para que se definan las fechas de la consulta; será entre noviembre y diciembre de este año, o enero y febrero del 2017”, dijeron.

Destacaron que el comisariado ejidal en funciones, que preside Ernestino Ciprian Ocaranza, se ha sometido a las presiones de la poderosa minera y de los gobiernos estatales de Jalisco y Colima, no obstante que eso es contrario a los intereses de los aborígenes. Pero las omisiones, desatenciones y permisividad alcanzan todo el vasto territorio cercano a 50 mil hectáreas, que se ubica en los conflictivos límites con Colima.

“Por ejemplo, en el cerro de Los Juanes está el yacimiento principal de Peña Colorada, y lo está defendiendo solo Luis Monroy; están otras personas indígenas que defienden lo que es de la comunidad, como Félix Castañedo, que defiende un lugar sagrado en su terreno, Los Potros, y ese lugar al parecer ya lo destruyeron, era un lugar donde había unas ruinas para las ceremonias, del tiempo de la conquista; se están perdiendo en lugar de haberlo investigado y aprovechado para el bien arqueológico de México, es una pérdida irreparable que provoca la mina”, añadieron.

Otros problemas tienen que ver con extracciones clandestinas de madera y de recursos bióticos en lo que son ricas estas selvas cercanas al litoral. “La experiencia como ejido no ha sido buena”, puntualizaron.