La Profepa fue, tomó nota y se regresó; el puente sobre el río Santiago sigue en construcción, aunque la falta de permiso ambiental afecta a la totalidad de trazo.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se presentaron ayer por la tarde en la zona del ejido La Capilla, que sostiene un litigio contra la obra del Macrolibramiento de Guadalajara, y trataron con frialdad a los vecinos del área que se acercaban a la comitiva que los seguía; muy distinta era la actitud que guardaban con los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con los responsables del proyecto, de la constructora IDEAL, quienes parecían sus anfitriones.
"Yo me acerqué a ponerme a sus órdenes y me atajaron con un '¡sin comentarios!'; me sentí como un pordiosero que pide ayuda cuando esperaba a un policía que me dijera que iba a cuidar nuestros ahuehuetes [...] luego vi la afabilidad con que trataban a los que son presuntos infractores de la ley, y me dejaron muy mal sabor de boca", dijo el escultor Jorge de la Peña, uno de los defensores del ecosistema que podría destruirse por la cercanía de la carretera.
Lo cierto es que sí hubo diligencias de personal de la Profepa en diversos puntos de la ruta de 11 kilómetros, pero igualmente cierto es que al menos el frente de trabajo de esta área: un puente que se construye sobre el río Santiago, estaba activo. 30 trabajadores plantaban castillos, movían colados de concreto y operaban maquinaria en el discreto paso de una corriente pluvial que se encañona apenas unos kilómetros aguas abajo, a partir de El Salto de Juanacatlán.
Hasta ahora, no hay evidencias de que se cuente con el permiso ambiental: la entidad que lo extiende, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), notificó hace cinco días que no se prorrogó a partir de abril de 2013, y las suspensiones de los amparos que obligaron a esa omisión, se mantienen.
Sin embargo, las inspecciones de ayer no detuvieron nada. Donde no se veían trabajos, simplemente se debió a que ya habían sido abandonados en días previos. La autorización de impacto ambiental aplica para toda la ruta que cubrirá la obra, de manera que tendrían que haberse detenido hace quince meses todos los frentes, no de forma selectiva. El Centro Jalisco de la SCT mantuvo por otra jornada su "estrategia" de no responder por el tema ante la opinión pública.
"Insistimos en que se respeten nuestros derechos y se mueva el trazo para no destruir el arroyo de Los Sabinos", subrayó el campesino Víctor Madrigal. Es verdad que La Capilla tiene un conflicto interno y que el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) asesora al grupo opositor al proyecto, bajo premisas ambientales. Un miembro del Idea, Carlos Valentín Veyna, es miembro del Núcleo Jalisco del consejo consultivo de la Semarnat, pero no es autoridad. La autoridad judicial es la que suspendió la obra en cinco juicios de amparo; la administrativa, la que no prorrogó, en consecuencia, los permisos.
Esos son los escollos a combatir por IDEAL, la concesionaria, y SCT, la dependencia promotora. "Pero tratan de confundir a la gente, cuando todo está muy claro: no tienen permisos", agregó el campesino.
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