Funcionarios de la Semarnat le confirmaron a los miembros del Núcleo Jalisco de su consejo consultivo que no se ha prorrogado la autorización debido a 5 amparos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Funcionarios de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le revelaron al núcleo Jalisco de su consejo consultivo, que desde abril de 2013 no existe autorización vigente en materia de impacto ambiental para el Macrolibramiento de Guadalajara, obra que tiene concesionada la empresa IDEAL de grupo Carso, por lo cual, los frentes de obra deben ser clausurados.
En una reunión realizada en el piso ocho del palacio federal, donde se ubica la sede de la Semarnat Jalisco, acudieron con los consejeros dos funcionarios de la DGIRA: María del Carmen Caranchero Rangel, quien funge como directora de Evaluación de Proyectos Estratégicos, y Raúl de Jesús Contreras Ceja, director de Instrumentos Normativos, quienes manifestaron su sorpresa ante la existencia de dos frente de obra, uno en la cercanía del ejido La Capilla, de Ixtlahuacán de los Membrillos, y otro más en un paraje del municipio de El Arenal, muy cerca del bosque La Primavera.
Conforme al acta de la quinta reunión extraordinaria del denominado Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable núcleo Estado de Jalisco de la Semarnat, de la que MILENIO JALISCO posee copia, no existe un permiso vigente por cinco juicios de garantías interpuestos por ejidos o particulares a lo largo de los 11 kilómetros del trazo.
La directora de Evaluación de Proyectos Estratégicos “expone a los asistentes los antecedentes y variaciones que han surgido en torno al tema discutido, hace saber que en este momentos están imposibilitados en emitir alguna pronunciación [sic] técnica ya que expone a los asistentes que existen algunos amparos y que el proyecto está en una situación jurídica que no permite el avance del mismo ya que se encuentra suspendido”. La DGIRA tiene registrado el proyecto como Libramiento Guadalajara.
“Los representantes de la DGIRA responden al comentario hecho por los consejeros relacionado con que se están realizando obras en diversos tramos del proyecto, a lo cual [los funcionarios] recomiendan a los consejeros llevar a cabo denuncias ante Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente]”, refiere el acta de la sesión.
Carlos Valentín Veyna Martínez, consejero que fungió como relator del encuentro, abundó: “la funcionaria nos dijo que la vigencia de cinco juicios de amparo impide autorizar extensión de plazos solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] para la vigencia de la autorización de impacto ambiental, lo que al mismo tiempo es una limitante para atender la petición del consejo, de que dicho permiso fuera cancelado por sus evidentes omisiones” (ver edición de ayer de este diario).
Sin embargo, “dicha funcionaria se vio sorprendida cuando se le indicó por parte de una de las consejeras del Núcleo Jalisco, la doctora Liliana Peñuela, sobre la existencia en forma visible de la construcción de dicha carretera en el punto de El Arenal, indicando que ellos no han autorizado desde abril de 2013 a la fecha, la actualización del calendario de obra”.
Para Veyna Martínez, “al parecer, para la DGIRA en oficinas centrales, no hay obra en construcción”.
Tras la presentación de ambos funcionarios, acudió el subdelegado jurídico de la Semarnat, Francisco Javier Silva Castañeda, quien dijo a los consejeros “que se han iniciado cuatro procedimientos [en el trazo de la obra] mismos que no han ameritado infracciones ni medidas correctivas […] hace saber que no ha recibido notificación alguna de parte de la Semarnat ni de ningún juzgado referente a suspensión alguna”. No obstante, ante la evidencia, nueva, de que no hay permiso vigente, se comprometió a actuar en estos días para inspeccionar los dos frentes de obra referidos; si los responsables no presentan un permiso vigente en el caso de la MIA, las obras serán clausuradas.
La obligación de esa autorización
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 28. “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico […] requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; […] VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas…”
El Macrolibramiento de Guadalajara obtuvo autorización en la materia con vigencia a ocho años, lo que obligó a pedir prórrogas a partir de 2012. Pero no se concedió en 2013, lo que impide que se ejecuten obras.
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