La falta de una agenda ambiental específica en las plataformas de los aspirantes a la presidencia y otras instancias preocupa a activistas
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Fueron presentadas las “10 propuestas para proteger la riqueza natural de México”, documento preparado por un grupo de organizaciones conservacionistas “interesadas en aportar lineamientos para la Agenda Ambiental Nacional 2018-2024”, ante la evidente precariedad de la oferta ambiental en la plataforma de los principales aspirantes a la presidencia de la república.
Las diez propuestas “son producto de una serie de consultas a individuos y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trayectoria profesional en temas ambientales de índole diversa”, y se presentará a los próximos tomadores de decisiones gubernamentales. Se trata de objetivos estratégicos, esenciales para “transitar hacia un desarrollo sostenible que armonice prioridades sociales, económicas y ambientales”. Se trata, en síntesis, de las siguientes propuestas:
Uno, manejo integral del agua. “Es indispensable proteger los ecosistemas que son fuente del abastecimiento de agua, con una visión de cuencas y acuíferos, para garantizar la disponibilidad de agua y así cubrir los requerimientos actuales y futuros de la población y los mismos ecosistemas; así como establecer un mecanismo operativo funcional para determinar precios justos e incrementales [sic] a quienes consuman una mayor cantidad, que también reflejen los costos de suministro y tratamiento.
Dos, manejo integral de bosques y selvas. “Es necesario implementar acciones gubernamentales efectivas que empoderen a las comunidades dueñas de los bosques, impulsen la gobernanza local y afiancen el tejido social, con el fin de avanzar en la conservación, la restauración y el manejo sostenible delos recursos forestales y de los suelos. México se comprometió en el Acuerdo de París a lograr una tasa de cero deforestación al 2030. Sin embargo, nuestros recursos forestales continúan perdiéndose y degradándose por políticas públicas erróneas y por el avance de un modelo depredador que impulsan los grandes proyectos vinculados con la minería, la agroindustria, el turismo y el desarrollo urbano”.
Tres, manejo integral de mares, costas e islas. “Es primordial contar con mecanismos de protección para cuando menos 30 por ciento de los mares mexicanos y detener su explotación comercial, lo que permitirá garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos que se realicen en el 70 por ciento restante. Nuestros mares, costas e islas y los recursos biológicos y pesqueros que albergan son patrimonio de todos los mexicanos. Los pescadores, las comunidades costeras y otros usuarios de los mares y las costas solo tienen el privilegio de aprovechar responsablemente estos recursos en beneficio de la nación”.
Cuatro, conservación y manejo de la biodiversidad. “Es prioritario integrar la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad en el quehacer cotidiano de todos los sectores productivos del país y fortalecer el ordenamiento ecológico del territorio, las áreas naturales protegidas y otros instrumentos de gestión territorial. Este esfuerzo será la base para consolidar y hacer efectiva la aplicación de los instrumentos de política pública para la planificación del territorio nacional y asegurar la integridad de nuestro capital natural y los servicios ambientales que nos provee.
Cinco, cambio climático. “Es imprescindible implementar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, priorizando la adaptación basada en ecosistemas y la infraestructura verde, lo que favorecerá la conservación y la restauración de nuestro capital natural de una manera costo-efectiva, brindará cobeneficios para las comunidades y contribuirá a que el país avance sustantivamente hacia el cumplimiento de las metas establecidas en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (es decir, alcanzar hasta 36 por ciento de reducción de las emisiones para 2030)”.
Seis, transición energética. “Es fundamental incentivar los sistemas descentralizados para el suministro de energía eléctrica a las comunidades rurales y urbanas, lo cual disminuirá la pobreza energética del país al tiempo que mitigará las emisiones de gases de efecto invernadero, factores que a su vez evitarán que los grandes proyectos de energía renovable impacten negativamente los ecosistemas o las comunidades rurales. Esto acelerará la transición energética de México para cumplir con la meta de generación de energías limpias de 35 por ciento para 2024, conforme a los compromisos establecidos por el propio país en sus INDC”.
Siete, megaproyectos y biodiversidad. “Es imperativo reducir al máximo los impactos negativos sobre la biodiversidad producidos por los proyectos extractivos y la infraestructura de apoyo para el desarrollo del país. El uso de la ‘jerarquía de mitigación’ será determinante para progresar de forma significativa en este sentido, pues dicha herramienta plantea evitar, minimizar y corregir los impactos ambientales, y contempla la compensación exclusivamente para aquellos impactos residuales que sean verdaderamente inevitables. La explotación de hidrocarburos, el aprovechamiento de los recursos mineros, la generación y la transmisión de la energía eléctrica y la construcción de infraestructura de transporte son actividades trascendentales para México; sin embargo, debe impedirse que sus impactos ambientales negativos comprometan el bienestar y la salud de los mexicanos”.
Ocho, turismo sostenible. “Es esencial formular y aplicar a nivel nacional un modelo de desarrollo turístico sostenible que minimice los impactos ambientales negativos y logre una alta rentabilidad social y económica. Si bien los indicadores macroeconómicos de la actividad turística en México son positivos, la concepción de infraestructura turística con una adecuada planeación representa una oportunidad para reducir los impactos negativos ambientales y socioculturales que hoy genera, por lo que se requieren políticas públicas para normar su construcción, regular su operación, promover mejores prácticas y reconocer a las empresas que adopten prácticas ambiental y socialmente responsables, mediante incentivos fiscales y de mercado”.
Nueve, ciudades sostenibles. “Es impostergable diseñar el marco jurídico y el programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes, donde se garanticen modalidades de consumo y producción sostenibles, con el propósito de reducir el impacto ambiental negativo per cápita, lograr una gestión urbana sostenible, estimular el uso eficiente de los recursos naturales en el ámbito rural y fomentar estilos de vida urbanos más acordes con la naturaleza. En México, 70por ciento de la población vive en las ciudades, que constituyen centros de demanda de bienes y servicios ambientales, pero también espacios potenciales para generar recursos financieros y capital humano con una nueva visión de desarrollo urbano armónico”.
Diez, fortalecimiento institucional ambiental. “Es urgente incorporar un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. En particular, en el corto plazo, es vital asegurar la coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el otorgamiento de subsidios al campo y el manejo de nuestros recursos pesqueros; la alineación de la Semarnat y las secretarías de Economía, de Energía y de Turismo para el aprovechamiento sostenible de nuestro territorio; y el fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Gendarmería Ambiental y la Guardia Costera para la efectiva protección de los recursos naturales terrestres y marinocosteros”.
Diez puntos que serán entregados a candidatos presidenciales y a partidos políticos que postulan al Senado, la cámara de diputados y gobiernos estatales. Patrocinan el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación Internacional, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Pronatura, Nature Conservancy capítulo México, y Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF).
MC
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