El organismo judicial destaca la importancia de que se complete el paquete de indemnizaciones para evitar violencia en la sierra.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Tribunal Unitario Agrario número 56, que tiene a su cargo la ejecución de las sentencias favorables a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, suspendió las diligencias de ejecución de este 23 de mayo, y de la siguiente semana, 30 de mayo, ante la falta de recursos financieros para garantizar indemnizaciones a los posesionarios y por ende, procesos públicos y pacíficos.
El titular del tribunal, Aldo Saúl Muñoz López, dijo por vía telefónica a MILENIO JALISCO que determinó suspender la acción de esta mañana, luego de hablar con el abogado de la defensa de los wixaritari, Carlos González García, y personal de la Secretaría de Gobernación, instancia que ha solicitado un plazo de cuatro semanas para completar un paquete económico que permita distender el conflicto agrario.
Confirmó que considera correcto que se garantice la aplicación de la ley de formas pacíficas para que los" justiciables" (los que reclamaron las tierras y se les confirmaron en los juicio) obtengan el goce efectivo de sus derechos reclamados, situación que no se ha podido garantizar desde septiembre de 2016, cuando fue el primer proceso, que intentó ser bloqueado por ganaderos furiosos, que retuvieron por cinco horas a funcionarios judiciales (MILENIO JALISCO, 23 y 24 de septiembre de 2016).
De este modo, de 16 sentencias "inatacables" a favor de los comuneros, sólo se han podido ejecutar dos de forma completa, y en una de ellas, la correspondiente a los predios Bola Negra y Piedra Bola (juicio agrario 769/2012, 184 hectáreas de las que tenía posesión doña Enriqueta Montoya), es precaria porque "hay una acoso, una amenaza constante a nuestros compañeros comuneros", aseguró el pasado 29 de abril el presidente de bienes comunales de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), Santos Hernández Bautista.
Solamente el caso de otro terreno llamado Piedra Bola, de 63.7 hectáreas en posesión de Herlinda Montoya Utrera (expediente 1472/2012), derivó en una devolución pacífica, dado que el gobierno de Nayarit financió una indemnización para la afectada (ver edición del 21 de octubre de 2017).
El tema tiene larga historia porque los juicios tienen más de una década interpuestos, pero la justicia ha sido lenta. "Ante el triunfo jurídico de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán en contra de la invasión de terrenos comunales por supuestos pequeños propietarios de Huajimic, Nayarit; y ante la inminente recuperación de cientos de hectáreas de terreno, una voluntad política del gobierno federal puede hacer la diferencia entre la confrontación social y la conciliación pacífica en base al reconocimiento de los derechos territoriales juzgados", destacaba en un comunicado la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, desde hace seis años (edición del 6 de junio de 2013).
Se trata de invasiones "que datan de varias décadas atrás, por una superficie invadida de cerca de 10 mil hectáreas en las que se asentaron posesionarios ganaderos de Huajimic, establecidos sobre una franja en el extremos sur-oeste de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán [...] desde 2009 la Secretaría de la Reforma Agraria realizó un diagnóstico topográfico mediante el cual se habían afinado los detalles, detectado conflictos internos y determinando los predios que se encontraban listos para hacer un avalúo que contribuyera a lograr una solución pacífica al conflicto agrario, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) que ofrece una contraprestación económica como un elemento de conciliación".
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