Siguen efectos de amparo a favor del ejido El Zapote del Valle: están prohibidas nuevas edificaciones en un polígono ejidal de 306 ha, la medida paralizó también construcción de un estacionamiento.
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 11 de noviembre de 2011
Ayer fueron clausuradas, por orden del juez tercero de Distrito en materia penal del estado, las obras de ampliación de la aduana interior del aeropuerto internacional de Guadalajara, así como de un estacionamiento que se edificaba en la zona, que es parte del polígono expropiado en 1975 a la comunidad agraria de El Zapote del Valle.
La acción deriva de un juicio de amparo interpuesto por el ejido en contra del gobierno de la república por los vicios en el procedimiento que les quitó el dominio sobre sus tierras –la historia arranca en 1947–, en el cual no fueron oídos ni vencidos y, además, ante el raquítico pago de indemnización, de apenas trece pesos por metro cuadrado cuando los terrenos valen, a valores actuales como predio en breña, 2,500 pesos, advirtió el presidente del comisariado, Ernesto Ledezma Gómez.
“Se trata de una acción sin precedentes, que demuestra que si hay un asesoramiento adecuado, un enfoque legal bien aplicado y persistencia, se puede ganar en los tribunales pese a los grandes intereses involucrados, económicos y políticos”, subrayó por su parte el abogado de los campesinos, Pedro León Corrales, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).
Las clausuras, explicaron los entrevistados, se realizaron alrededor del mediodía de ayer, con personal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, que fue la autoridad a la que el juez en cuestión ordenó las diligencias correspondientes. “No hubo mayores incidentes, sacaron maquinaria de las obras y se pusieron los sellos de clausura; no se pueden reanudar los trabajos hasta que se analice en la segunda instancia [IV Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer Circuito] el fondo del recurso de revisión”, añadió León Corrales.
El ejido, que reclama derechos sobre 306.9 hectáreas expropiadas, obtuvo en la instancia de revisión una “suspensión de plano” de la justicia federal que bloquea la emisión de todo tipo de licencias a favor de las instalaciones aeroportuarias, detiene registros de propiedad y las construcciones nuevas, lo que explica el efecto en ambos proyectos.
La denuncia inicial data de noviembre de 2009, por la violación de las garantías del núcleo agrario tras la expropiación de superficie de la dotación.
La suspensión, señala el texto de la revisión principal 106/2010 del juicio de amparo 1788/2009-8, impide los efectos del decreto expropiatorio del 19 de septiembre de 1975, pues el ejido quejoso reclama despojo de su zona común al no haber sido notificado, oído ni vencido en el proceso legal, además de haber perdido la cobertura vegetal de esos potreros y no haber recibido la indemnización correspondiente por el proceso.
Será hasta la sentencia cuando se determine si efectivamente se violaron los derechos agrarios y se confirme o revoque en definitiva esa suspensión. Así, las nuevas construcciones del complejo aeroportuario, en las 306 hectáreas de El Zapote, están paralizadas.
MILENIO JALISCO contactó al área de relaciones públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para conocer su punto de vista al respecto, pero allí solamente se aseguró que la compañía no tiene conocimiento de la suspensión emitida por el juez de las obras de ampliación en un estacionamiento de la terminal aérea.
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El juicio de amparo
• Deja en suspenso los efectos de la expropiación de 1975, lo que significa que no se pueden ocupar los terrenos que en este momento permanezcan en breña en esa área.
• Suspende también todo movimiento catastral y registral de estos terrenos, no se pueden dar transmisiones de dominio ni otro tipo de movimientos patrimoniales.
• Suspende cualquier emisión de licencias municipales, y cualquier giro comercial requiere de este tipo de procedimientos ante los ayuntamientos; tampoco se pueden emitir licencias para obras, ni mucho menos ejecutarlas.
• En 2010 se clausuró una mezcladora de cemento ubicada sobre el predio en disputa (Público Milenio, 6 de septiembre de 2010); un año después, la aduana y un estacionamiento padecen el efecto.
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