martes, 7 de septiembre de 2010

Piden al gobernador una Comisión Estatal Forestal


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 4 de septiembre de 2010

La conformación de una Comisión Estatal Forestal, el fortalecimiento de las labores de gestión y protección de los bosques de Jalisco —tareas que han sido descuidadas en este 2010— y un sustancial incremento de presupuesto al sector, le piden los propietarios rurales al gobernador del estado, Emilio González Márquez.

En una larga misiva que firma el presidente de la Federación Estatal de Propietarios Rurales (FEPR), el ex diputado priista Julián Orozco González, a nombre de la organización, se queja del trabajo desempeñado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Álvaro García Chávez, a quien acusa de patrocinar cambios arbitrarios en la dirección general del ramo y de desinteresarse en esos temas.

“Es indispensable que la Dirección General Forestal y Sustentabilidad sea autónoma y se convierta en una Comisión Estatal Forestal, que administre recursos presupuestales asignados por el Ejecutivo estatal, y por supuesto, con las autorizaciones que en el ámbito jurídico y presupuestal requiera del Congreso del Estado, para que a la vez celebre convenios [con las instancias] federales para asumir las funciones de vida silvestre que hoy día ejerce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las del [programa] ProÁrbol para Jalisco que ejerce la Comisión Nacional Forestal”, propone.

Esto significaría también asumir la vigilancia de la cacería en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Umas), que es asunto de competencia federal pero se presta a numerosos manejos ilegales, pues “son de papel controladas por los clubes cinegéticos, bajo disimulo de la delegación Jalisco de la Semarnat, en un franco deterioro financiero de las Umas que realmente trabajan con planes de manejo y en perjuicio de la vida silvestre”, añade el texto.

¿Qué ha sucedido en la dirección general que existe en la Seder? “Las inversiones de sustentabilidad […] no son prioritarias para los objetivos mediáticos del secretario de Desarrollo Rural del estado”, acusa. Los parvifundistas “hemos visto estupefactos” que el secretario se decidiera por bajar de nivel el tema al proponer y obtener del Congreso este año un presupuesto de 1,100 millones de pesos, 500 millones por abajo de 2009, “inhibiendo programas que Jalisco tenía proyectados en una visión de largo plazo”, pone en relieve.

En ese sentido, el secretario dio instrucciones para la desactivación de la dirección forestal, y previamente ya había reducido “la operación técnica y administrativa del Fiprodefo [Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal]”, que “proveía de investigación, información de los ciclos económicos forestales, investigación en plantaciones, sistemas de clasificación de las coberturas de suelo”; por si fuera poco, la entidad “tenía convenios de plantaciones comerciales” y “proveía de semillas de calidad a los silvicultores”, por lo que conserva un huerto semillero.

La situación “ha creado alarma entre los pequeños propietarios, porque el futuro de los bosques y las Umas son proyectos de inversión continua y de largo plazo”.

Este sector oficial también aportaba y coordinaba producción de árboles de alta calidad, reforestaciones en bosques, y de forma muy importante, “organizaba y controlaba las brigadas de combate y extinción de incendios forestales”, además de asesorar a los productores respecto a la economía de la madera. Todo está en riesgo, pues al titular de la Seder parece que no le interesa el asunto, puntualiza Orozco González en la carta, entregada el pasado 10 de agosto en la oficialía de partes del gobierno del estado, que aún no tiene respuesta oficial.

Los datos

Jalisco tiene en número redondos, ocho millones de hectáreas, de las cuales, al menos cinco millones son forestales o tienen vocación forestal, con una fuerte tendencia a la degradación debido a políticas públicas erróneas que, entre otras cosas, tienden a desvalorar económicamente esos ecosistemas, lo que propicia que sean arrasados a favor de usos económicos que si bien no tienen futuro en términos de sustentabilidad, gozan de mejores valores en la economía regional y mundial.

Ese estado de cosas, que es común a toda el área rural del país, se ha tratado de revertir a partir de la creación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pero ha sido insuficiente: el sector aporta menos de 1% de la riqueza nacional.

“Las principales publicaciones científicas del mundo están llenas de informes según los cuales los glaciares se derriten diez veces más deprisa de lo previsto, los gases invernadero atmosféricos han alcanzado niveles no vistos en millones de años, y algunas especies se extinguen como resultado del cambio climático. También se informa de fenómenos meteorológicos extremos […] son cosas que preocupan a casi todos los jefes de Estado de gobiernos desarrollados y no desarrollados [sic]”, señala la carta de la Federación Estatal de Propietarios Rurales.

La Presidencia de la República “en congruencia con la preocupación mundial por el cambio climático ha dictado una serie de políticas forestales importantes” en materias como reforestación, combate de incendios forestales, pago de servicios ambientales, investigación y manejo de ecosistemas.

Esta política que busca mejorar la apreciación social y económica de los bosques, está en riesgo por la indiferencia del titular de la Seder, denuncian los propietarios rurales.

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