Diputados federales por Jalisco del PRI, PAN y PT lograron votación unánime contra la privatización de facto; Formarán grupo plural para seguir exhortos a Jalisco y al gobierno federal
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Los diputados jaliscienses cumplieron con su advertencia, y llevaron el conflicto por la playa de Tenacatita, que los enfrenta con el gobernador del estado, Emilio González Márquez, a la llamada “más alta tribuna del país”: la Cámara de Diputados, que ayer se manifestó unánimemente por la reapertura de esa zona del litoral que ha sido privatizada de facto a favor de Inmobiliaria Rodenas, hace más de un mes.
El pleno de la Cámara Baja aprobó el establecimiento de un “grupo plural” que haga las gestiones necesarias para devolver a la playa su calidad de pública, lo que implica reabrir el acceso carretero y retirar a los policías que impiden el libre tránsito, informó el diputado petista Enrique Ibarra Pedroza.
“Fue una votación unánime después de una serie de intervenciones de diversos legisladores”, explicó el legislador jalisciense, quien es integrante del movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
“En la sesión plenaria del día de hoy [ayer] se presentó, y fue aprobado por unanimidad de diputados y partidos, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en el que participamos los diputados David Hernández Pérez [PRI], Juan José Cuevas García [PAN], Carlos Meillón [PAN] y Salvador Caro Cabrera [PRI]”, además del propio Ibarra Pedroza.
Los puntos de acuerdo aprobados son los siguientes: uno, “Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región”.
Segundo. “Que la Cámara […] exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que a través del Registro Agrario Nacional se realice nuevamente una valoración que contribuya a encontrar una solución entre todos los involucrados” respecto al tema de la propiedad colindante y la concesión de la playa misma.
Tercero, “informar a esta soberanía a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica”.
En cuarto punto, “que se exhorte al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) referentes al retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al desbloqueo de la carretera y al libre acceso a las playas, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una pronta opinión sobre el conflicto suscitado por el desalojo en mención”.
Finalmente, “que la Junta de Coordinación Política de la Cámara […] integre un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe a esta soberanía del estado que guarda el problema. Este grupo presentará programa de trabajo y tendrá vigencia hasta la conclusión del problema”, señala el texto aprobado ayer después del mediodía.
En Tenacatita, el pasado 4 de agosto fueron desalojadas alrededor de 200 familias por una orden judicial a favor de Inmobiliaria Rodenas, SA; esa acción fue realizada por más de 150 policías estatales, aunque con el paso de los días se han ido sustituyendo por policías auxiliares a cargo de la propia empresa. No obstante, el gobernador Emilio González Márquez se niega a retirar la fuerza pública porque señala que hay riesgo de violencia, permitiendo el bloqueo del acceso a la playa, lo que ha derivado en el rechazo de medidas cautelares dictadas por la CEDHJ justamente en relación con el libre tránsito, situación que motivó la intervención de los diputados, que se espera empuje a la liberación de la playa.
-----------------------------
Cien desalojados reclaman al MP
Un centenar de vecinos desalojados de la zona de Tenacatita reclamaron ayer a mediodía la presunta parcialidad del agente del Ministerio Público estatal asignado a La Huerta, Gustavo Moisés Toledo Martínez, quien se había negado a recibir decenas de denuncias penales por el despojo de bienes.
“El representante social se había negado en reiteradas ocasiones a recibir las denuncias por los daños y el saqueo de sus bienes de que fueron objeto el día 4 de agosto […] a varios afectados el agente del MP les argumentaba para no recibir las denuncias que no había delito que perseguir”, dijo a Público Salvador Magaña, activista social.
Así, los habitantes le pidieron al presidente municipal, Carlos Román Ramírez Núñez (PAN), “que los acompañara con dicho funcionario. Una vez que el contingente se apostó frente a la agencia, un grupo de afectados acompañado de la totalidad de regidores que integran el cabildo y el presidente municipal, ingresó a las oficinas y fue recibido por el agente del MP, quien al ser advertido por el presidente que es su obligación recibir las denuncias, cambió su postura y dijo estaba en toda la disposición de recibir dichas denuncias”.
De este modo, el funcionario recibió 20 denuncias por el robo y daños ocasionados a los restaurantes, casas habitación y hoteles, señalando como probables responsables a la policía estatal y la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, la impulsora del desarrollo turístico que ahí se quiere hacer.
“Muchos de los denunciantes cuentan con concesión de la zona federal donde se asientan sus establecimientos o viviendas”.
Por su parte, los propietarios de solares urbanos asignados por el ejido El Rebalse de Apazulco “ya presentaron amparos” además de otras acciones legales que han emprendido para defender su patrimonio, puntualizó Magaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario