Los vecinos de los poblados que serán afectados por la presa El Zapotillo, recibieron ayer la visita de una representación del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyos integrantes dialogaron con medio centenar de moradores para documentar los hostigamientos de que denuncian ser objeto por parte de las autoridades de Jalisco y fdederales, para que dejen sus casas.
Esto es en seguimiento a las reuniones que se sostuvieron en 2009; los representantes fueron Carlos de la Torre y Luisa Pérez, del área jurídica de dicha oficina. La reunión se llevo a cabo con la participación de alrededor de 50 personas, donde se encontraban los habitantes y autoridades de la comunidad, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Colectivo Coa y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, según información difundida esta tarde por Imdec.
"En esta reunión Carlos de la Torre compartió le preocupación que existe por parte de la oficina, para que en México se respeten los derechos humanos en casos de megaproyectos de desarrollo impulsados por las autoridades, que impliquen desalojos forzosos. A su vez comentó, que desde el punto de vista de los convenios y tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, las comunidades tienen derecho a ser informadas oportuna y adecuadamente y derecho a ser consultadas previamente a que se tome una decisión que puede afectar su forma de vida", destaca el comunicado.
"Los habitantes compartieron que justamente el Gobierno Federal y Estatal les han negado estos derechos y que han sido hostigados y amenazados para que vendan sus propiedades bajo el argumento de que “el proyecto se va a hacer, quieran o no” y que “si no negocian se van a quedar sin nada”. Se comentó acerca de las promesas incumplidas del gobernador Emilio González Márquez en la reunión que se sostuvo el 23 de mayo del 2008, cuando entre otras cosas, se comprometió a que si cincuenta porciento más uno de los pobladores no querían la presa, esta no se iba a hacer”.
Los lineamientos internacionales, precisa el texto, "señalan que un desalojo forzoso solo puede ser promovido por las autoridades en caso de que no haya ninguna otra alternativa. En el caso de la presa el Zapotillo, muchas voces académicas y organizaciones nacionales e internacionales han señalado que existen alternativas de abasto tanto para la Ciudad de León, Guanajuato, como para Guadalajara, ya sea con una presa en otra ubicación, que no afectaría núcleos de población o mejor aún, con un manejo integral y sustentable del vital líquido en las propias urbes, ya que las mismas estadísticas oficiales señalan que ambas ciudades tienen fugas en su sistema de abasto por arriba del cuarenta por ciento".
A los representantes de la ONU se les hizo entrega de las notas de prensa publicadas en los últimos dos años, "destacando las declaraciones de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, las cuales han sido intimidatorias, irrespetuosas e inclusive violentas, mientras que el movimiento de defensa del territorio ha sido siempre de carácter pacífico, buscando el diálogo con las diversas instancias del gobierno en sus tres niveles y por la vía legal. Se compartieron también las diversas irregularidades en las que han incurrido las autoridades involucradas y la decisión de los habitantes de no permitir que sean reubicados".
Se acordó que oficina del alto comisionado "se mantendría al tanto del caso e informaron que sostendrían al día siguiente un diálogo con la Dirección de Cuenca de la CNA y la CEA para conocer la versión de estas dependencias". A los representantes de la multinacional se les invitó para que participaran en el Tercer Encuentro Internacional de Afectados por las Presas y sus Aliados, que se llevará a cabo en Temacapulín del 2 al 6 de octubre del 2010.
Agustín del Castillo / PÚBLICO MILENIO / internet. Publicada el jueves 28 de enero de 2010
Esto es en seguimiento a las reuniones que se sostuvieron en 2009; los representantes fueron Carlos de la Torre y Luisa Pérez, del área jurídica de dicha oficina. La reunión se llevo a cabo con la participación de alrededor de 50 personas, donde se encontraban los habitantes y autoridades de la comunidad, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Colectivo Coa y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, según información difundida esta tarde por Imdec.
"En esta reunión Carlos de la Torre compartió le preocupación que existe por parte de la oficina, para que en México se respeten los derechos humanos en casos de megaproyectos de desarrollo impulsados por las autoridades, que impliquen desalojos forzosos. A su vez comentó, que desde el punto de vista de los convenios y tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, las comunidades tienen derecho a ser informadas oportuna y adecuadamente y derecho a ser consultadas previamente a que se tome una decisión que puede afectar su forma de vida", destaca el comunicado.
"Los habitantes compartieron que justamente el Gobierno Federal y Estatal les han negado estos derechos y que han sido hostigados y amenazados para que vendan sus propiedades bajo el argumento de que “el proyecto se va a hacer, quieran o no” y que “si no negocian se van a quedar sin nada”. Se comentó acerca de las promesas incumplidas del gobernador Emilio González Márquez en la reunión que se sostuvo el 23 de mayo del 2008, cuando entre otras cosas, se comprometió a que si cincuenta porciento más uno de los pobladores no querían la presa, esta no se iba a hacer”.
Los lineamientos internacionales, precisa el texto, "señalan que un desalojo forzoso solo puede ser promovido por las autoridades en caso de que no haya ninguna otra alternativa. En el caso de la presa el Zapotillo, muchas voces académicas y organizaciones nacionales e internacionales han señalado que existen alternativas de abasto tanto para la Ciudad de León, Guanajuato, como para Guadalajara, ya sea con una presa en otra ubicación, que no afectaría núcleos de población o mejor aún, con un manejo integral y sustentable del vital líquido en las propias urbes, ya que las mismas estadísticas oficiales señalan que ambas ciudades tienen fugas en su sistema de abasto por arriba del cuarenta por ciento".
A los representantes de la ONU se les hizo entrega de las notas de prensa publicadas en los últimos dos años, "destacando las declaraciones de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, las cuales han sido intimidatorias, irrespetuosas e inclusive violentas, mientras que el movimiento de defensa del territorio ha sido siempre de carácter pacífico, buscando el diálogo con las diversas instancias del gobierno en sus tres niveles y por la vía legal. Se compartieron también las diversas irregularidades en las que han incurrido las autoridades involucradas y la decisión de los habitantes de no permitir que sean reubicados".
Se acordó que oficina del alto comisionado "se mantendría al tanto del caso e informaron que sostendrían al día siguiente un diálogo con la Dirección de Cuenca de la CNA y la CEA para conocer la versión de estas dependencias". A los representantes de la multinacional se les invitó para que participaran en el Tercer Encuentro Internacional de Afectados por las Presas y sus Aliados, que se llevará a cabo en Temacapulín del 2 al 6 de octubre del 2010.
Agustín del Castillo / PÚBLICO MILENIO / internet. Publicada el jueves 28 de enero de 2010
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