Expertos de la Universidad critican pasividad de Jalisco ante daño a sus comunidades. Esperan que el Legislativo federal obligue a analizar alternativas a presa
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El proyecto de El Zapotillo está lleno de inconsistencias y riesgos, advierten investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Entre éstos, destacan dos: se pretende extraer por el acueducto a León, 50 por ciento más agua de la autorizada para esa urbe; además, se desecará la corriente del Verde seis kilómetros “aguas abajo” de la cortina, lo que se remediaría… llevando a la zona agua de pozos.
En resumen, Jalisco paga los costos, Guanajuato recibe los beneficios, concluyen los investigadores Antonio Gómez Reyna, Mireya Acosta Gurrola y Liborio Saldaña Solís. Esto ocurre con “la pasividad” del gobierno de Jalisco, y sin escuchar los derechos de los pobladores de Los Altos, que perderán sus pueblos a favor de un dudoso progreso.
Los trasvases de una cuenca a otra sólo son recomendables cuando se ha agotado una serie de posibilidades, entre las que destacan aprovechar el agua de lluvias y excedentes de la cuenca propia, así como hacer eficiente el uso público del recurso. Por ello, resulta incosteable ambientalmente el proyecto, pues León podría primero resolver sus problemas mejorando su gestión del agua, advirtió Gómez Reyna.
La cuenca donde se ubica León produce caudales suficientes, lo que se demuestra en las inundaciones periódicas de la metrópoli; requiere de un manejo y gestión adecuados para mejorar la eficiencia de los servicios y, consecuentemente, disminuir los desperdicios, lo cual es técnica y éticamente el primer paso que se debe dar en toda ciudad, situación también aplicable a Guadalajara.
Por su parte, Mireya Acosta dijo que los gobiernos jaliscienses a partir de 1990 han sido pasivos al enfrentar los intereses de Guanajuato, y se da la paradoja de que la entidad, que produce 84 por ciento de las aguas de esa corriente fluvial en las cuencas media y baja, ha reducido sus derechos en la parte media a apenas 51 por ciento contra 49 por ciento de los que ejerce el estado vecino, que apenas alberga 6 por ciento de la cuenca total.
Puso en relieve que mientras Zacatecas y Aguascalientes han aprovechado de forma plena el agua que atraviesa por su territorio, Jalisco no sólo se tardó, sino que pagó la demora con una fuerte pérdida de derechos de aprovechamiento, proceso que arrancó con un decreto federal del 23 de febrero de 1990.
En ese año, Guanajuato garantizaba para su uso 16 por ciento del agua disponible en la cuenca, situación que cambió en 1995 y 1997, con los decretos que le conceden 23 por ciento del agua (3.8 metros cúbicos por segundo).
“En Jalisco nadie nos escucha, es un diálogo de sordos con el gobierno”, enfatizó el académico. El debate opositor al proyecto ha sido llevado al Congreso de la Unión, e incluso se obligó a reponer la licitación de la presa. “Qué bueno que se abrió este canal con los senadores, para ver si podemos lograr que se corrijan las graves anomalías del megaproyecto”.
Liborio Saldaña recordó que hay alternativas para evitar el daño ambiental y a las comunidades, como es el proyecto de Atengo, un vaso más grande que El Purgatorio y cuatro kilómetros aguas arriba por el Verde, que pidió se analice.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El proyecto de El Zapotillo está lleno de inconsistencias y riesgos, advierten investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Entre éstos, destacan dos: se pretende extraer por el acueducto a León, 50 por ciento más agua de la autorizada para esa urbe; además, se desecará la corriente del Verde seis kilómetros “aguas abajo” de la cortina, lo que se remediaría… llevando a la zona agua de pozos.
En resumen, Jalisco paga los costos, Guanajuato recibe los beneficios, concluyen los investigadores Antonio Gómez Reyna, Mireya Acosta Gurrola y Liborio Saldaña Solís. Esto ocurre con “la pasividad” del gobierno de Jalisco, y sin escuchar los derechos de los pobladores de Los Altos, que perderán sus pueblos a favor de un dudoso progreso.
Los trasvases de una cuenca a otra sólo son recomendables cuando se ha agotado una serie de posibilidades, entre las que destacan aprovechar el agua de lluvias y excedentes de la cuenca propia, así como hacer eficiente el uso público del recurso. Por ello, resulta incosteable ambientalmente el proyecto, pues León podría primero resolver sus problemas mejorando su gestión del agua, advirtió Gómez Reyna.
La cuenca donde se ubica León produce caudales suficientes, lo que se demuestra en las inundaciones periódicas de la metrópoli; requiere de un manejo y gestión adecuados para mejorar la eficiencia de los servicios y, consecuentemente, disminuir los desperdicios, lo cual es técnica y éticamente el primer paso que se debe dar en toda ciudad, situación también aplicable a Guadalajara.
Por su parte, Mireya Acosta dijo que los gobiernos jaliscienses a partir de 1990 han sido pasivos al enfrentar los intereses de Guanajuato, y se da la paradoja de que la entidad, que produce 84 por ciento de las aguas de esa corriente fluvial en las cuencas media y baja, ha reducido sus derechos en la parte media a apenas 51 por ciento contra 49 por ciento de los que ejerce el estado vecino, que apenas alberga 6 por ciento de la cuenca total.
Puso en relieve que mientras Zacatecas y Aguascalientes han aprovechado de forma plena el agua que atraviesa por su territorio, Jalisco no sólo se tardó, sino que pagó la demora con una fuerte pérdida de derechos de aprovechamiento, proceso que arrancó con un decreto federal del 23 de febrero de 1990.
En ese año, Guanajuato garantizaba para su uso 16 por ciento del agua disponible en la cuenca, situación que cambió en 1995 y 1997, con los decretos que le conceden 23 por ciento del agua (3.8 metros cúbicos por segundo).
“En Jalisco nadie nos escucha, es un diálogo de sordos con el gobierno”, enfatizó el académico. El debate opositor al proyecto ha sido llevado al Congreso de la Unión, e incluso se obligó a reponer la licitación de la presa. “Qué bueno que se abrió este canal con los senadores, para ver si podemos lograr que se corrijan las graves anomalías del megaproyecto”.
Liborio Saldaña recordó que hay alternativas para evitar el daño ambiental y a las comunidades, como es el proyecto de Atengo, un vaso más grande que El Purgatorio y cuatro kilómetros aguas arriba por el Verde, que pidió se analice.
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