Red de DH cuestiona mecanismo de pago por agua de Cerro Grande

La agrupación señala que se trata de un despojo del recurso por el “cacicazgo de Colima” con apoyo de la UdeG.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Red Jalisciense de Derechos Humanos, que preside el abogado Óscar González Garí, considera falso que la aprobación por el Congreso de Colima, el pasado 22 de agosto de 2018, del mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua. De hecho, considera que el caso particular de Cerro Grande-Colima está mal diseñado y constituye un caso de injusticia ambiental.

“Aparentemente, la noticia es buena para los jaliscienses y mejor para los colimenses, pero tras la noticia se esconden intereses lesivos para la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los dueños originarios de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, como principal fuente de aprovisionamiento del vital líquido para el estado de Colima: las comunidades y pueblos indígenas nahuas-otomíes, cuyos derechos humanos a su identidad cultural, al territorio ancestral, al acceso de agua limpia, a la consulta libre, previa e informada, y a los recursos naturales, se ven burlados en el mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos”.

En un comunicado enviado a MILENIO JALISCO, añaden: “¿a cambio de qué beneficios los estados dispondrán del agua que nace en el territorio indígena? ¿No pasará aquí lo que ocurrió hace un par de años con el agua de los yaquis del Valle de Hermosillo, Sonora, que terminó siendo acaparada y utilizada por intereses mercantiles para beneficio de empresas foráneas, privando a los indígenas del vital líquido para sus cultivos de subsistencia? Ahora los nahuas no sólo verán amenazados sus derechos por las mineras ‘legales’ e ‘ilegales’ que actúan dentro de su territorio ancestral, sino por el manejo del agua que se anuncia entre ambos Estados, sin haber el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada, respecto a la suerte de uno de sus recursos naturales estratégicos”.

El consejo de la red asegura que el agua de Cerro Grande viene de El Toxín, “y por ende, forma parte sustancial de los recursos naturales de la Comunidad Indígena de Ayotitlán, actualmente perteneciente al Municipio de Cuautitlán, Jalisco [antes perteneció a Tuxcacuesco, Villa Purificación, Autlán y La Resolana]” (sic).

En cuanto al Estudio de valoración y demanda de servicios hidrológicos en el área Cerro Grande-Colima, realizado en 2007, y luego actualizado al 2010 y al 2015, considera que se pasa por alto la necesidad de una manifestación de impacto ambiental que debía ser consultada.

“El hecho de que la Universidad de Guadalajara haya participado al lado de la Universidad de Colima, no es ninguna garantía, ni mucho menos[…] al dejar de lado a los propietarios originarios de la tierra y del territorio ancestral, caso que viene muy bien a Colima que niega tener en el suyo a algún pueblo indígena, se comete una injusticia o una discriminación que viene a ser funcional para quienes anhelan apropiarse de bienes secularmente ajenos”.

González Garí y sus consejeros encuentran el tema del agua vinculado al caso de los límites territoriales de Jalisco con Colima. “Si se cruzan los planos de la zona “B” con la planimetría del sistema de agua potable que Colima le quiere quitar a Jalisco y a uno de sus pueblos originarios más emblemáticos, te darás cuenta que los planos se enciman, pues se trata del mismo territorio ancestral de los nahuas otomíes”.

La red lamenta la desaparición de los consejos asesores de la reserva de Manantlán que tenían alta representación social, y acusa a la UdeG de haber impedido la posibilidad de una coadministración. “Estando acéfala la reserva de ambos consejos asesores, en ambas entidades federativas, de la presencia y participación de los dueños de la tierra y el territorio, se le hizo fácil al cacicazgo de Colima disponer del agua que necesitan sus dos metrópolis más grandes: Villa de Álvarez y la Ciudad de Colima, pero sobre todo sacando una ventaja superlativa, pero violatoria de los derechos humanos de los habitantes de la RBSM: la gratuidad del agua potable, rica en minerales que los académicos ignorantes de los derechos humanos pretenden llevar al territorio y población colimense, pero mediante el despojo de un recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco”.

El esquema cuestionado por la RJDH plantea la posibilidad de financiar a las comunidades de Cerro Grande con recursos de los contribuyentes de Colima, como compensación por la entrega de agua, pero a juicio de la red, se trata de “patrañas” privatizadoras.