Si no le da presupuesto al área protegida, rompe el acuerdo de coordinación. No financiar la conservación viola el convenio que tiene con la Semarnat para la coadministración
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El gobierno de Jalisco incurrirá en incumplimiento del acuerdo de coordinación por el que obtuvo la administración del área natural protegida federal La Primavera, que data de 2000, si no destina recursos financieros suficientes para el cumplimiento de sus objetivos.
Esto es causal suficiente para que se deshaga el acuerdo de coordinación y pierda los derechos como coadministrador de la zona protegida, los cuales regresarían completos al gobierno federal, según lo revelan tanto el Acuerdo de Coordinación firmado el 16 de agosto de 2000, como el convenio de ratificación y ampliación, que data del 1 de octubre de 2008.
El primer documento fue signado por el entonces gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, y la entonces secretaria federal de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, y fue ratificado apenas en octubre de 2008 por el actual mandatario estatal, Emilio González Márquez, quien sólo le adicionó a las cláusulas el derecho del gobierno estatal de designar y sustituir directores. Público posee copia de ambos.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El gobierno de Jalisco incurrirá en incumplimiento del acuerdo de coordinación por el que obtuvo la administración del área natural protegida federal La Primavera, que data de 2000, si no destina recursos financieros suficientes para el cumplimiento de sus objetivos.
Esto es causal suficiente para que se deshaga el acuerdo de coordinación y pierda los derechos como coadministrador de la zona protegida, los cuales regresarían completos al gobierno federal, según lo revelan tanto el Acuerdo de Coordinación firmado el 16 de agosto de 2000, como el convenio de ratificación y ampliación, que data del 1 de octubre de 2008.
El primer documento fue signado por el entonces gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, y la entonces secretaria federal de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, y fue ratificado apenas en octubre de 2008 por el actual mandatario estatal, Emilio González Márquez, quien sólo le adicionó a las cláusulas el derecho del gobierno estatal de designar y sustituir directores. Público posee copia de ambos.
Entre las áreas presupuestales “sacrificadas” en el gasto del Poder Ejecutivo estatal de 2010 está precisamente La Primavera, cuyo fideicomiso fue reducido a cero pesos de financiamiento, con el pretexto de la crisis económica (Público, 21 de diciembre de 2009).
Sin embargo, de no resolverse la insolvencia en que está inmersa el área protegida, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano autónomo de la Semarnat, tendría que exigir su cumplimiento o, incluso, podría recuperar el control administrativo del área de protección de flora y fauna.
El convenio de 2000 señala de forma puntual, en su cláusula 3, las responsabilidades que asume el gobierno estatal. En el apartado II dice con claridad: “Aportar los recursos financieros, materiales y humanos que se requieran para la consecución de las acciones de administración objeto del presente instrumento”.
En el IV de la misma cláusula, admite el deber de “gestionar la canalización de recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales, para apoyar las tareas de Administración que se lleven a cabo en el área”.
En el V: “Elaborar el o los programas operativos anuales necesarios para cumplir con las acciones derivadas del presente acuerdo de coordinación, mismas que deberán referirse exclusivamente a la restauración, conservación, protección, desarrollo y vigilancia del área [...] cada programa operativo anual contendrá, entre otros aspectos, las acciones que se pretendan realizar; el desglose, origen y destino de los recursos financieros, materiales y humanos que se aplicarán; el o los responsables de cada acción...”.
La claúsula 14 establece, entre los causales de rescisión de este acuerdo: “b) El incumplimiento de alguna de las partes de las obligaciones adquiridas en el cuerpo de este acuerdo...”.
Así, la pretensión del gobierno de González Márquez de no entregar presupuesto a la zona protegida puede llevarlo a perder el derecho de coadministrar el área, uno de los fracasos ambientales más sonados que puede enfrentar su Administración.
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