El magistrado de Tepic ha fijado el 20 de octubre la fecha de ejecución, pero requiere a autoridades para recibir seguridad y garantizar el acto.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Tribunal Unitario Agrario número 56, de Tepic, determinó ayer requerir a autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el gobierno de Jalisco, para que "proporcionen elementos de seguridad pública que garanticen la integridad física" del segundo intento de ejecutar el predio La Piedra Bola, posesionado por Herlinda Montoya Ultreras, el cual se realizará el próximo 20 de octubre, en el cañón de Huajimic, Nayarit.
El acuerdo se emitió por la tarde, tras la demanda de la defensa de la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) de que se garantice la posibilidad de materializar la sentencia del expediente 1472/2012, cuya ejecución del pasado 22 de septiembre fue obstruida por un bloque de caminos de los ganaderos de Huajimic, ante la molestia de los comuneros, mil de los cuales bajaron esa misma mañana, tras cuatro horas a pie, al predio de 63.7 hectáreas, y se declararon en "asamblea permanente" mientras se alcanza la ejecución de la que es apenas la segunda de más de 40 sentencias que se han emitido, o están en vías de emitirse, en el marco del gran juicio de restitución de esa propiedad de casi 10,500 hectáreas que forma parte del patrimonio histórico de los indígenas, según sus títulos virreinales que datan de 1718.
Entre las autoridades requeridas están la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –responsable de la operación del programa Conflictos Sociales en Medio Rural, que se ha negado a aplicar en el conflicto entre los wixaritari y los ganaderos-, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de Dialogo de los Pueblos Indígenas.
En cuanto a Nayarit, son llamados el gobernador de esa entidad, Antonio Echavarría García, su secretario general de Gobierno, su fiscal general, el presidente municipal de La Yesca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las delegaciones de la Procuraduría Agraria y de la CDI.
Pero si bien, se trata del ámbito territorial de Nayarit, se interpela al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, así como a su secretario de Gobierno y su fiscal, a la CEDHJ y las respectivas delegaciones de la PA y de la CDI, lo que implica el reconocimiento de un conflicto histórico nunca resuelto: los límites de las restituciones indígenas del antiguo cantón de Colotlán, ocupados por ganaderos mestizos que "empujaron" la frontera nayarita a partir de la revolución mexicana, con esporádicas reacciones de Jalisco y un desmembramiento de las estructuras comunales que se refleja de forma más patente en la historia de Guadalupe Ocotán, cercenada a la comunidad de Tateikie (San Andrés Cohamiata) con el patrocino político de Nayarit y para el beneficio inicial de esos mismos ganaderos, que tras la conquista del Nayar en 1720, encabezaron una verdadera segunda conquista de la sierra (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2013).
"Se ha decidido lo anterior, tomando en cuenta que en términos de los artículos 106, 107 y 164 de la Ley Agraria, las tierras que corresponden a los pueblos originarios deberán ser protegidas por las autoridades", dado que se aplican de forma contundente los preceptos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas y tribales, y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y si bien, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López, reconoció el pasado viernes 22 de septiembre la dificultad que entraña la "violencia legal" de las fuerzas de seguridad para romper un bloqueo, se buscarían formas que minimicen el riesgo y permitan el acceso al predio, pues se trata de una sentencia firme que ya no puede ser combatida. La superficie debe ser reintegrada en su total al patrimonio de Wuaut+a.
SRN
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