La justicia falló; bloqueo de ganaderos paraliza sentencia

Funcionarios del TUA 56 aludieron imposibilidad para hacer cumplir la sentencia que otorgaba un segundo predio del cañón de Huajimic a comuneros de Wuaut+a, y dejaron esperando a 1,200 indígenas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayotita, un caserío ubicado a unos kilómetros de la cortina de la presa El Cajón, en el ascenso desde los valles de Tepic hacia la Sierra de Álica, fue la aduana infranqueable para el personal del Tribunal Unitario Agrario 56, que tenía la misión de ejecutar la segunda sentencia favorable para la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), para reintegrar superficie comunal en poder de ganaderos de Huajimic. Apenas 63.7 hectáreas de poco más de diez mil en disputa.

Pero allí no se detiene la historia de la mañana de ayer. Mientras el magistrado Aldo Saúl Muñoz López hacía una exhortación caballerosa –a los representantes jurídicos de los huicholes les parece que el adjetivo calificativo idóneo de esa alocución es “tibia” -, hacia los manifestantes del poblado mestizo, de mover sus camionetas para dejar franco el paso de automotores – muchos vecinos de la sierra fueron “víctimas colaterales” de la protesta -, 1,200 comuneros descendían desde el poblado de Ocota de la Sierra, en esos linderos porosos entre Jalisco y Nayarit, para bajar al cañón de Huajimic, donde tomarían posesión del predio que se les ha reconocido con base en sus títulos virreinales, como detentadores del mejor derecho sobre esas tierras.

El magistrado nunca llegó a su destino. La causa fundamental fue la omisión de los tres niveles de gobierno en Nayarit y en la federación de proveer apoyo de fuerza pública. El funcionario judicial advirtió a la prensa que había lanzado las notificaciones correspondientes al Ayuntamiento de La Yesca, al gobierno del estado de Nayarit (ambos con pocos días de haber asumido las nuevas autoridades), y a diversas instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La respuesta fue que cumplirían con sus obligaciones de garantizar la aplicación de la ley. Pero no hubo un solo policía en todo el trayecto, y Muñoz López arguyó imposibilidades materiales de ejecutar, ante el bloqueo firme de los rancheros que da eco al “conflicto social” que no ha sido resuelto, entre otras causas, porque la Sedatu no reconoce en el ya largo enfrentamiento entre indígenas y mestizos un expediente “rojo” que amerite la entrada de gestiones y dinero del Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural).

“No es un problema con la comunidad, ellos tienen también la razón, pero el gobierno nos quiere dejar abandonados y no reconocer nuestros derechos, y eso es despojo”, señaló firme Francisco Quintanilla, miembro de la familia que posee más predios de la zona en conflicto.

El magistrado pidió, como para que no se pusiera en duda su misión, que se dejara ejecutar una sentencia que legalmente ya es firme, es decir, inatacable, pero inmediatamente cedió a las palabras firmes de los ganaderos. El asesor legal de los indígenas, Carlos González, quien de por sí desde antes del amanecer, al notar la ausencia de fuerzas del orden, ya tenía fundadas dudas de que se pudiera llevar a cabo la administración de justicia, dejó constancia de su inconformidad, tanto en el acta que se levantó en el sitio del bloqueo, como ante los periodistas.

“Responsabilizamos al gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, a su secretario general de gobierno y a su fiscal general, de la violencia que se pueda suscitar por esta situación, pues 1,200 comuneros han bajado al predio y toman posesión del mismo, y ante las manifestaciones de los ganaderos con bloqueos de tránsito y de alimentos, la situación puede volverse insostenible”, subrayó con evidente molestia.

Los wixaritari bajaron al valle sin saber que la ejecución no se consumaría. Las autoridades comunales manifestaron su enojo por lo que llamaron la violación del estado de derecho y se declararon en asamblea permanente. “No se moverán del sitio hasta que el magistrado acuda a ejecutar”, comunicó Cristian Chávez, del grupo asesor.

La zona inaccesible por tierra tiene ahora todos los elementos de un posible estallido: rancheros irritados por lo que consideran despojo de los inmuebles de sus familias, e indígenas defensores de un derecho más antiguo que cualquiera de esas posesiones. Los bloqueos permanecían en las inmediaciones de Huajimic, y en particular, preocupa que se vuelva a querer estrangular a los aborígenes al cortarles suministros de alimentos.

Según el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, la Policía Federal patrulló por aire la zona ante la preocupación por la suerte de los indígenas expresada por el gobierno de este estado. Hay una petición del magistrado del TUA 56 porque haya una intervención efectiva de la Sedatu que calme los ánimos, y recuerda que el 10 de octubre acordará nuevas ejecuciones de sentencias, mientras la fallida de ayer, 1472/2012, podría ser reprogramada para la semana entrante. “Entendemos el problema de las autoridades locales, pero los indígenas requieren justicia en los hechos, no sólo en el papel”, había explicado al momento de comenzar la frustrada visita a la sierra. Pero luego diría frente a los parvifundistas que no aplicaría la ley con uso del monopolio de violencia que le da el Estado mexicano.

Así fluye la confusión de intereses y de visiones sobre cómo destrabar el expediente Huajimic, las montañas olvidadas entre la justicia constitucional fallida, y los pregoneros de la justicia a mano propia, que parecen cada vez más decididos.

MC