La SCJN paraliza al menos un año más el proyecto de la presa, mientras Abengoa, la contratista andaluza del acueducto, apunta a la quiebra.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
En diez años de gestación del proyecto de la presa El Zapotillo, en Cañadas de Obregón, para el trasvase de aguas del río Verde hacia León, Guanajuato, nunca como esta semana se había asomado la amenaza de que los 119 millones de metros cúbicos que tiene concesionados la urbe de El Bajío pudieran no llegar. El "agua para siempre" de la publicidad del Sistema de Agua Potable de ese emporio industrial, está en entredicho.
Por un lado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión otorgada en el marco del juicio de amparo 1093/2014, para impedir que el embalse artificial rebase 80 metros de altura, lo cual podría paralizar la obra al menos un año más, dado que esa suspensión estará vigente hasta que se resuelva el juicio de garantías. Por el otro, la empresa concesionaria del acueducto de 140 kilómetros, la española Abengoa, está a punto de ir a la quiebra y se ponen en duda una veintena de negocios que mantiene en América Latina, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha negado que haya consecuencias.
El último revés se dio en la SCJN. Se trata del tercero de cinco juicios de amparo cuyos recursos han llegado a la máxima instancia judicial del país, y que fue analizado bajo el expediente 3/2015, como resultado de una derivación del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos magistrados determinaron pedir la atracción de la revisión incidental en el marco del juicio de amparo, recurso promovido por la compañía constructora La Peninsular, concesionaria de la edificación del embalse artificial; por el Agente del Ministerio Público Federal y por el gobierno de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y de la Secretaría General de Gobierno, pese al discurso conciliador del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien había ordenado no litigar en contra de los intereses de Temaca y de los alteños.
Esas instancias empresariales y de gobierno impugnaron la concesión de la suspensión contra la edificación de la presa, al considerar que se habrían cumplido todos los requisitos legales para el proyecto de 105 metros y argüir el presunto interés colectivo de que esa megaobra entre en operaciones en beneficio de más de dos millones de habitantes de León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, los ministros han considerado que al no existir un convenio de obra avalado por el Congreso de Jalisco, dado que la controversia constitucional 93/2012 permanece vigente, se debe aplicar el proyecto aprobado en 2005, de solamente 80 metros de altura en la cortina de concreto de El Zapotillo.
En dicho primer convenio vigente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco se comprometieron con los habitantes de Temacapulín a levantar unos muros o diques para proteger al poblado de un eventual desbordamiento ante la posibilidad de que la presa rebasará su nivel máximo ordinario (namo), pero apenas en el año 2013, la propia autoridad de aguas en el país, aseguró que no era viable técnicamente y que podría ser contraproducente instalar los muros, dado que darían efecto de presa al propio poblado alteño, lo que constituiría una amenaza más seria para los habitantes y su patrimonio.
Lo cierto es que con el convenio de 2005 vigente, no hay hasta ahora otro camino legal para edificar El Zapotillo.
De forma paralela, los habitantes de Los Altos, que generan un quinto de los alimentos de origen animal en el país, reclaman la exportación de aguas del río Verde que entraña el proyecto –así sea a 80 metros la cortina de El Zapotillo– porque significa agua que se mermará de sus actividades productivas, por lo que han solicitado cancelar el trasvase a la ciudad de León. En su propio juicio de amparo contra el acueducto (1390/2014), han logrado también la petición de atracción hecha el 9 de noviembre pasado por los magistrados del mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (recurso de revisión incidental 600/2014), pues se parte de la premisa de un riesgo inminente de colapso para el modo de vida de Los Altos de Jalisco ante su dependencia del agua que se lleva la Conagua a la zona industrial de León.
Son así las acciones legales de los afectados las que están generando serios contratiempos a la obra, y abren un compás de espera para que avance la tercería contratada por el gobierno de Jalisco con la agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo de Proyectos (Unops) y con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que dará una opinión técnica para la viabilidad de El Zapotillo en marzo o abril de 2017.
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