Detener presa y acueducto a León, indispensable

Colectivos que protegen los derechos de habitantes alteños de la presa El Zapotillo reclaman opacidad, poca apertura y posibles segundas intenciones en trabajo de Unops-Pnuma en el río Verde

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y las agencias de Naciones Unidas para proyectos y para medio ambiente (respectivamente, Unops y Pnuma) quieren credibilidad en los estudios y propuestas que realizarán en el río Verde de Los Altos de Jalisco, deben garantizar la suspensión completa de las obras que realizan contratistas privados para edificar la presa El Zapotillo y el acueducto a la ciudad de León, plantearon hoy los representantes del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Hacemos un llamado al gobernador de Jalisco […] para que se establezcan de inmediato condiciones mínimas, que garanticen el respeto de los derechos de los pueblos afectados, el desarrollo del estudio y la intervención adecuada de las Naciones Unidas en Jalisco: uno, que el proyecto presa El Zapotillo y el trasvase del acueducto El Zapotillo-León se suspendan completamente mientras se esté realizando el estudio; dos, que en coordinación con las comunidades afectadas y sus asesores/as se modifiquen y aclaren las dudas planteadas a los términos de referencia del estudio (adendum); tres, que se retire de forma absoluta del estudio la posibilidad de que se ejecute como producto temprano un estudio que viabilice el aprovechamiento de la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa hasta la cota de 80 metros; cuatro, que a lo largo de todo el desarrollo del estudio, y durante las reuniones, talleres y encuentros que se lleven a cabo, las oficinas, instituciones y equipos participantes en el estudio privilegien la participación de la sociedad civil y la academia, así como el respeto a los pueblos y comunidades afectadas y a sus derechos humanos”.

De acuerdo al testimonio de María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), se estudió todo lo que se ha podido obtener públicamente del proyecto de trabajo que costará 4.5 millones de dólares, y las dudas son amplias.

“Lamentablemente la intervención de Naciones Unidas llega a destiempo, en un conflicto socio ambiental generado por la construcción de la presa El Zapotillo que se encuentra en su etapa más álgida, donde ya no existe credibilidad hacia las instituciones del Estado y en donde están comprobadas las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el proyecto”, señala el comunicado leído en conferencia de prensa.

Otras peticiones: “Que se conforme un comité ético de garantes de la sociedad civil que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia; que les sea permitido a las comunidades afectadas […] visitar las obras de la presa y conocer su estado actual, ya que este derecho se les ha tenido negado por más de 10 años”.

Agregan: “pesar de las inconsistencias de este proceso, mantendremos apertura al diálogo”, y “estaremos muy atentos/as y vigilantes al cumplimiento de estas condiciones mínimas y continuaremos exigiendo que se garanticen transparencia y respeto a nuestros derechos”.

El citado estudio “aún no comienza y ya presenta graves vacíos y omisiones que nos preocupan, por ejemplo el hecho de que no se consultó a las comunidades afectadas y a las organizaciones que les asesoran para la elaboración del estudio […] y que a pesar de haber solicitado los términos de referencia del estudio desde diciembre de 2014 estos no nos fueron proporcionados vía solicitud de información. Tuvieron que pasar 10 meses a partir del anuncio oficial de la tercería de Naciones Unidas en el conflicto […] para que se hicieran públicos los términos de referencia del citado estudio (adendum). Al hacer una revisión detallada del documento encontramos nuevamente graves vacíos, omisiones e información confusa que atenta contra el derecho de los pueblos afectados y no deja claro el verdadero aporte e intención del gobierno de Jalisco al contratar a la Unops-Pnuma”.

Algunos cuestionamientos: “¿Quién garantizará que este estudio se lleve a cabo de manera participativa, multidisciplinaria e integral, que incorpore la voz de las comunidades afectadas, y la visión del agua como un bien natural esencial y no como una mercancía? ¿Quién será responsable de que se cumplan las recomendaciones que emanen de este estudio? ¿Por qué invertir 4.6 millones de dólares en un estudio cuyos resultados no serán vinculantes? ¿Cuándo se podrá revisar y analizar el Plan Operativo definitivo del estudio?, ¿Cómo es posible que se incorpore en los términos de referencia del estudio un “producto temprano” que evalúe la posibilidad de “aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa”? La sola mención de la posibilidad de ejecutar como producto temprano un “estudio de viabilidad de regulación de la presa a fin de permitir la posible terminación, adecuación y llenado de la presa hasta la cota de 80 metros” y de “aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa”, nos parece una grave falta de respeto y de no garantía de los derechos de los pueblos afectados, de su proceso de lucha y de resistencia que han sabido mantener con por más de 10 años”, advierten.