Ejidatarios se manifestaron por demolición de finca ubicada en tierras del núcleo agrario; urgen a resolver adeudo multimillonario de la SCT.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
En el juicio de amparo 1788/2009, el ejido El Zapote reclamó la protección de la justicia federal por una expropiación de casi 307 hectáreas de su superficie de ampliación para crear el aeropuerto de Guadalajara, en la cual se les quiso pagar el metro cuadrado en centavos –luego en trece pesos-, cuando se trata de un terreno cuyo valor catastral hoy rebasa siete mil millones de pesos.
La demanda se resolvió el 4 de abril de 2014, a favor del núcleo agrario, pero actualmente se encuentra ante el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito del Tercer Circuito, pues nueve autoridades involucradas interpusieron recursos contra la sentencia favorable a los ejidatarios. "El problema es que el tribunal tiene ya ocho meses con el asunto cuando debía resolver los recursos en tres; ellos aprovechan eso, y nuestra buena voluntad, para seguir construyendo en nuestros terrenos en vez de definir el pago para terminar el problema", se quejó el presidente ejidal, Nicolás Vega Pedroza.
Reconoce que en el último año han tratado de tener diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), concesionario de la terminal aérea. Se fracasó tras dos reuniones en Guadalajara, que encabezó el director del Centro Jalisco de la SCT, Bernardo Gutiérrez, y una posterior ida a la SCT en la Ciudad de México. Recientemente, el gobierno de Jalisco ha intervenido y ofrece sus oficios de mediación, pero no ven avances.
"Este lunes estamos citados en la Secretaría General de Gobierno, y esperamos que nos tengan buenas noticias; asisten la SCT y el GAP, pero necesitamos que nos demuestren que tienen voluntad de negociar", añadió Vega Pedroza en entrevista con MILENIO JALISCO.
Los ejidatarios están dispuestos a rebajar el cobro, "estamos dispuestos a sólo cobrar la mitad del valor del predial, pese a que la ley es clara respecto al pago del doble del valor comercial; pero nos urge que nos manifiesten voluntad para que firmemos convenios; de lo contrario, tendremos que proceder a favor de nuestro legítimo derecho", advirtió.
La expropiación viciada data del 19 de septiembre de 1975; el juicio de amparo 1788/2009-8 mantiene congelada cualquier actividad que se pretenda realizar en las casi 307 ha: no se pueden ocupar los terrenos ni realizar obras; suspende también todo movimiento catastral y registral, no se pueden dar transmisiones de dominio ni otro tipo de movimientos patrimoniales; tampoco se pueden emitir licencias municipales, entre estas, licencias para obras.
Pese a ello, el ejido permitió la construcción de plataformas pegadas a los tanques de combustible, "y los dejamos, como muestra de buena voluntad", pero sin mayor eco; al intervenir el gobierno estatal, "había prisa por el estado por avanzar, por hacer las segundas pistas del aeropuerto, y nosotros estamos en la mejor disposición de no detener el avance; este miércoles [18 de noviembre] hizo ocho días en que nos reunimos por segunda ocasión [...] supuestamente esta semana nos íbamos a reunir con gente de SCT, y no nos llamaron, y la verdad ya estamos inconformes, sentimos que nos están dando atole con el dedo", subrayó Vega Pedroza.
El pasado 19 de noviembre, los ejidatarios protestaron unas horas en el recinto aeroportuario ante la demolición "ilegal" del hotel Casa Grande, que está dentro de la superficie expropiada; la actividad de demolición está impedida por la suspensión vigente. "Vamos a exigir que se actúe conforme a derecho; todo depende de lo que realmente nos muestren en la cita de este lunes", puso en relieve el presidente ejidal.
Claves
Razones del amparo
“Las autoridades responsables vulneraron en su perjuicio [del ejido] la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, en virtud de que no se le notificó legalmente el procedimiento expropiatorio de mérito, esto es, la solicitud de expropiación de sus tierras para la ampliación del aeropuerto”
Respecto a las tierras en expropiación, se acreditó abuso de autoridad, pues solo el presidente de la república podía ordenarla. Otro argumento con que se quiso desvirtuar el amparo fue que en diversos momentos, los ejidatarios recibieron dinero como indemnización, pero el juez señala que por tratarse de bienes comunes del ejido, ni siquiera sirve una aceptación “tácita” –habría que probarlo- sino únicamente la abierta y expresa de toda la asamblea, la cual no existe
La sentencia deja insubsistente todo lo actuado con posteridad a la violación y exige “se ordene llevar a cabo nuevamente la notificación correspondiente, en la que deberán observarse las formalidades”; y hace extensiva la protección jurídica contra actos posteriores, como inscripciones en registros públicos, informes de pagos de indemnización (cuyo monto real deberá determinarse de forma rigurosa), y la propia concesión otorgada en 1998 por la SCT
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