Una “democracia energética” que pase por la reducción del predominio petrolero es ilusoria con las leyes como están, coinciden analistas; se requiere una reforma de más calado.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
México es octavo productor mundial de petróleo. Y en general, todas las naciones exportadoras han encontrado complicado transformar sus economías y sobre todo, reducir su dependencia del ingreso que les significa el petróleo crudo exportado, lo que significa que la profundidad de la reforma energética de 2013 apenas esbozó las oportunidades reales de los sectores alternativos.
"Se mantiene una preocupación central de los países exportadores de petróleo: que continúe una demanda adecuada de petróleo a precios convenientes. No está en su interés que se sustituya el petróleo, no sólo porque se quedarían sin una fuente vital de ingresos, sino porque no han construido una base económico-energética viable para una era post-petróleo. En ellos sigue predominando una visión rentista: es necesario defender la propiedad del recurso, los ingresos por su exportación, la captación de renta petrolera, en espera de que el tiempo en el cual será todavía necesaria su utilización se alargue indefinidamente y que el desarrollo de sustitutos y competidores sea lo más difícil posible", señalaba en mayo de 2013 el análisis de Ángel de la Vega Navarro para la Friedrich Ebert Stiftung, previo a la emisión de reformas del gobierno federal, en diciembre del mismo año.
Pretender que el debate con que se construyó cambió las cosas, sería ilusorio. Si bien, se establecieron principios de oportunidad para energías alternativas, el petróleo, con su enorme costo ambiental en emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros combustibles de origen fósil, mantienen el predominio no sólo en el sector transporte, en el cual se ha apostado poco por combustibles alternativos como el bioetanol – al que se ponen serios obstáculos, por ejemplo, no se puede comercializar en las tres principales ciudades del país (ver edición de ayer de MILENIO JALISCO)-; sino además, en el sector de generación de electricidad. La huella de carbono de Pemex y CFE no apunta a reducirse pronto de forma significativa.
Así lo señala el extenso análisis que emitió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un año después de la reforma peñista: "Algunas de las omisiones que se han detectado son las siguientes: Las leyes secundarias no contemplan mecanismos para contabilizar, prevenir o minimizar los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación y el uso de energía; no consideran la aplicación del principio precautorio que impida el desarrollo de proyectos hasta no tener certeza y pruebas científicas de que no existirá un grave deterioro ambiental y efectos negativos en la salud y; finalmente, se corre el riesgo de que se provoquen daños, menoscabos y perjuicios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales de los que México es parte" (ver análisis completo en http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEM_Informe_Reforma_Energetica_impactosambientales-2.pdf.)
Así, "el diseño, construcción y operación de megaproyectos energéticos en México ya presentan fallas importantes que causan violaciones de derechos humanos, conflictos socio ambientales, un consumo no sostenible de los recursos naturales y ataques a los defensores ambientales. Lo anterior revela que la reforma energética no incorpora de manera transversal ciertos aspectos fundamentales, tales como los derechos humanos, el cambio climático, las energías renovables, la incorporación del costo generado por las externalidades ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las actividades energéticas".
Deja pendientes "el cumplimiento de las metas de transición energética y de las metas reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las cuales son la base fundamental para el establecimiento de una economía baja en carbono", puntualiza el CEMDA.
Con leyes poco aptas, los esfuerzos de diversificar y general la "democracia energética" a que alude la diputada perredista por Jalisco, Mónica Almeida, se han dado.
"Desde 2008 se ha pretendido diversificar la matriz energética con la participación de fuentes renovables de energía sin resultados satisfactorios, ya que tradicionalmente en el país se ha privilegiado el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica y se ha construido un gran andamiaje de apoyo en éstos. Las leyes secundarias de la reforma energética siguen favoreciendo esta tendencia hacia los combustibles fósiles para la generación eléctrica y están dejando a las energías renovables sin los apoyos necesarios para su desarrollo, aún cuando ya son competitivas, comparadas incluso con el gas natural".
Por ejemplo, "el gran desarrollo de gasoductos no tiene correspondencia con un desarrollo similar para las líneas de transmisión hacia las zonas con gran potencial en fuentes renovables. Asimismo, desde su creación en 2009, el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, sólo ha dedicado 15 por ciento de sus recursos a proyectos de energías renovables", sigue el análisis del Cemda.
El artículo ocho transitorio del Decreto de la Reforma Constitucional establece que "derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas". ¿Así o más claro?
Y no es que no se desarrollen las energías alternativas, pero dado el marco estrecho, termina beneficiando a la inversión internacional y no aporta subsidios de consideración para conformar una industria nacional, como han hecho países tan capitalistas y globalizados como Alemania.
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"De hecho, actualmente las empresas responsables para los principales proyectos de energías renovables en suelo mexicano son compañías transnacionales, la mayoría de origen europeo, como Acciona (España), Iberdrola (España), EDF (Francia), Enel (Italia), Vestas (Dinamarca), Gamesa (España). Estos gigantes desarrollan sus negocios en todos los sectores renovables y a lo largo de toda la cadena de producción, siendo proveedoras de equipo y de servicios, desarrolladoras de proyectos, empresas expertas en ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones, así como en venta, distribución y comercialización de electricidad y gas natural. Por cierto, aunque si las empresas mexicanas han ampliado y diversificado sus negocios en los últimos años, logrando desarrollar proyectos en pequeña escala, principalmente dedicándose a la manufactura y comercialización del producto, la posibilidad que se cree un movimiento local más significativo es muy limitada, sobre todo sin que se respalde la investigación con fuertes financiamientos", dijo la analista Aurora Ganz (Nexos, abril de 2014).
La cuesta, así, sigue estando hacia arriba, pese a la mercadotecnia verde del gobierno y sus aliados.
Pobreza y democracia energética
La Secretaría de Energía reportaba en 2012 que " aproximadamente 28 millones de habitantes cocinaban sus alimentos con la quema directa de la biomasa. Esta, también, es utilizada como combustible en pequeñas industrias como las ladrilleras, panaderías, tortillerías y producción de carbón vegetal".
Según esa misma fuente, "para 2010, 14.5 por ciento del total de los hogares usaba leña o carbón como principal fuente de energía para cocinar y en localidades con menos de 2,500 habitantes el porcentaje aumentaba a 49.2 por ciento", añade el analista Ángel de la Vega Navarro en su estudio para la Friedrich Ebert Stiftung (se puede leer completo en http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Paper_AP_Transformacion_Energetica_deMexico_delaVega_May2013.pdf).
"Es sobre todo en este punto que se ubica el tema de la pobreza energética, el cual tiene implicaciones graves en el plano de la salud, de la educación y en general de niveles de vida cuya mejora pasa por acceder a un consumo basado en energías modernas y sustentables", subraya.
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Claves
Algunos datos
Los diferentes impuestos y derechos representan alrededor de 65% del total de las ventas de Pemex, y constituye a su vez más de un tercio del presupuesto federal
Las tres áreas metropolitanas mayores del país alberga más de 11 millones de autos; que consuman exclusivamente gasolinas es esencial para Pemex y el gobierno federal
Por ello, existe la prohibición expresa de comercializar biocombustibles en esas ciudades. En el resto del país se permite máximo en 5.8% de la mezcla de gasolina
Tecnológicamente, los autos de cinco años o menos pueden recibir biocombustibles sin dificultades, entre 5 y 20% de la mezcla, pero hay autos que pueden recibir hasta 85%
Por el volumen de sus emisiones de GEI, México ocupa el 12° lugar en el mundo, "con una contribución de alrededor de 1.6% de las emisiones globales"
Las emisiones de GEI en energía aumentaron en 2.3% anual de 1990 a 2010, siendo el CO2 el principal de ellos (en 2010 le correspondió 80.4% del total de esa categoría)
En el sector transporte, y en la generación de energía eléctrica, el predominio de petróleo y derivados rebasa, respectivamente, 98% y 75% en el país.
SRN
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