Colectivos llaman a la sociedad civil y productores forestales a abrir la discusión sobre la ley de bosques, ahora en proceso legislativo
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Un grupo de comunidades silvícolas, académicos y organizaciones advierten que la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable presentada por el Partido Verde en la cámara baja es “regresiva y no responde a las necesidades del sector forestal”, dado que “el manejo forestal comunitario debe ser el eje rector de una reforma integral a la ley”.
La iniciativa es un documento que fue presentado en septiembre de 2016 y que ha sido modificado de modo gradual, pero sin transparencia y sin hacer la consulta indispensable hacia los receptores de la política, que temen se tomen decisiones que perjudiquen el bienestar del sector, que de por sí apenas emerge como capítulo económico de envergadura en el desarrollo rural.
“Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016”, señala el escrito dirigido a los diputados, del que entregaron copia a MILENIO JALISCO.
“Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad”, destacan.
Consideran “necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica”. Correspondió a la anterior legislatura generar una iniciativa de reforma integral “producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal [Conaf] y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada”.
En vez de retomarse ese esfuerzo genuino, agregan, “el 20 de septiembre pasado, el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión”, advierten.
Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa “no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del Conaf, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia”.
Dicho comité “solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del Conaf y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del Conaf ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo”, denuncian.
De este modo, “consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles”.
Respecto a los contenidos de la Iniciativa, las instituciones y especialistas firmantes identifican cuatro problemas principales:
a) “Un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el Conaf y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente”.
Recuerdan que los mexicanos han perdido “en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos”.
Los firmantes: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental y Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, “apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso”.
MC
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