El consejo reclama cumplimiento del plazo, mientras otros vecinos optan por la prórroga. En quince días se volverán a reunir.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La operación del tiradero de Atacco, en la meseta de Tapalpa, no pasará de este año, pues ya no tiene capacidad y se ha convertido en una amenaza para la calidad ambiental de la zona, que cuenta tanto con una importante producción agrícola, ganadera y forestal, como con una fuerte y creciente industria turística. La duda que sigue en el aire es si esa fecha final será en dos meses, el 23 de abril, como está acordado ante notario público, o los ocho meses que requieren las instituciones públicas para lograr culminar la inversión en los sitios alternativos.
Los tiempos fijados están complicados, reconoció ayer por la tarde el presidente municipal, Antonio Morales Díaz, ante unos 300 ciudadanos, que estaban divididos en aceptar una prórroga o exigir un cumplimiento que es legalmente obligatorio.
La versión del Consejo Ciudadano de Atacco, es que el alcalde movilizó a personal del ayuntamiento para que respaldara su postura, pero observadores reconocieron que había división en el mismo poblado, si bien, la exigencia de cumplir el plazo al no darse señales claras de cumplir los compromisos sería la predominante. El alcalde aseguró a MILENIO JALISCO que el consejo es sólo una parte de Atacco, y que "la voz de los barrios por fin salió y habló", y es la que difiere del propio consejo respecto a los términos. "Con una postura imparcial reconocieron los avances de las gestiones y ellos están abierto al diálogo y a tomar soluciones". Negó que se trate de trabajadores del ayuntamiento.
El diálogo fue ríspido, porque el citado consejo había advertido que se exigiría cumplir el plazo legal. Intentaron convencer de la necesidad de atender el tema en función a los plazos presupuestales tanto el presidente municipal, como el director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Rigoberto Román López; también hablaron además del enviados de la Secretaría General de Gobierno, Javier Lechuga, y de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Édgar Rodríguez.
"Se consideró que es una reunión de evaluación para presentar propuestas, y se fijó para dentro de quince días otra reunión [...] el alcalde reconoce que no le alcanzan los tiempos, pero el consejo señala que perdió el tiempo sin mandar mensajes claros a Atacco, que se dedicó a tratar de dividirlos y descalificarlos, y que sus otras promesas reflejadas en el convenio tampoco han avanzado de forma significativa", explicó el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda, asistente a la cita.
Por ejemplo, la exigencia de instalar el registro civil como delegación en Atacco. Los del consejo reclamaron la falta de interés del alcalde, este les reviró: no era tema de desinterés, sino de la falta de banda ancha para poder soportar los procesos que demanda una delegación de ese tipo.
El alcalde señaló además que ya ha dado un adelanto para comprar el predio donde se ubicará la estación de transferencia. La Semadet secundó: hay 2.5 millones de pesos de dinero estatal para construirla. Otros ocho millones vendrán de otras partidas. ¿Por qué se retrasó? Por los recortes federales. En 2016 hubo 50 millones de pesos de ese nivel de gobierno, partida que se redujo a cero.
Los asistentes se congratularon de la de ayer fue la primera ocasión en la historia de Atacco en que hay tanto servidor público. Esperan que eso sea un buen comienzo para cambiar la anónima historia del poblado contaminado.
SRN
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