Firman la Conafor y Jalisco iniciativa para reducir emisiones

Es el fundamento legal para el rescate de las cuencas de la costa, afectadas con alta deforestación histórica.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el gobierno de Jalisco han firmado esta tarde la Iniciativa de Reducción de Emisiones (Ire), que es el marco jurídico para fortalecer el rescate ambiental de las cuencas costeras, la región con la mayor deforestación histórica en el último medio siglo para la entidad.

Este esquema es la aplicación local del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) acordado desde la conferencia de partes de Cancún, en 2010, en el marco de la lucha mundial contra el cambio climático, toda vez que se ha demostrado que la pérdida de los sumideros de carbono, que alcanza la mitad de los bosques del planeta, genera masivas emisiones de gases de efecto invernadero, de cerca de un tercio del total mundial de emisiones.

La estrategia REDD+ temprana se ha establecido en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco, los que registraron la tasa de deforestación más elevada en 2010. Pero la velocidad de la integración de las estrategias locales ha tenido velocidades distintas; mientras Jalisco, Yucatán y Chiapas han dado pasos definitivos y ya tienen las iniciativas firmadas, los otros dos estados peninsulares van más rezagados.

La particularidad del acuerdo de Jalisco es que es el único estado que ha logrado sumar a su sector de fomento rural; la idea es que en el corto plazo se suma la principal entidad federal proveedora de subsidios al campo, y por ende, actora fundamental en el reto de apoyar proyectos de bajo impacto ambiental: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

“En México, REDD+ se concibe como una política de coordinación interinstitucional e intersectorial, promoviendo de manera simultánea acciones de mitigación y adaptación a través del manejo integral del territorio que promueva el desarrollo rural sustentable bajo en carbono, una convergencia de agenda ambiental y desarrollo. Estos aspectos se contemplan en la Estrategia Nacional para REDD+ (ENAREDD+) la cual busca contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y a transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida del carbono en los ecosistemas forestales originales”, señaló el director de la unidad de asuntos internacionales y fomento financiero - José Francisco Quiroz Acosta, de la Conafor.

“Las actividades a implementar bajo esta Iniciativa, descritos en los Programas de Inversión (PI) de cinco años, identifican la implementación de prácticas productivas y de manejo de recursos naturales que promueven el desarrollo rural e inciden en las causas de la deforestación y degradación forestal”, añadió.

Por Jalisco, firmó el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, en el marco de la II Cumbre Climática de las Américas que se inauguró esta mañana en esta ciudad; la firma del organismo federal la estampó su titular, Jorge Rescala Pérez. Hubo en la presentación de la iniciativa, la presencia de funcionarios de Jalisco, Yucatán y Chiapas, así como diversas organizaciones no gubernamentales y el Banco Mundial, que ha impulsado y financiado estos proyectos.

GPE

Lento e insuficiente el acuerdo climático

El titular de la Semarnat dijo que México ha marcado a nivel internacional el tema de cambio climático y posee una legislación robusta.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los acuerdos alcanzados en la conferencia de partes en París noviembre de 2015 no son suficientes para evitar que el aumento de temperatura planetario sea menor a dos grados centígrados como se han propuesto las Naciones Unidas reconoció el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano.

El funcionario dio un discurso en la inauguración de la II Cumbre Climática de Las Américas donde destacó el sentido de urgencia sobre los acuerdos climáticos porque si no se extreman los objetivos para lograr que no vaya más allá de grado y medio el aumento promedio de temperatura habrá consecuencias severas para muchas poblaciones sobre todo las más pobres en la región intertropical del mundo dónde se ubica México.

Pacchiano dijo que México ha marcado a nivel internacional el tema de cambio climático y posee una legislación robusta y amplias instituciones para enfrentar los retos; felicitó la presencia de los gobiernos subnacionales o provinciales de toda América porque, dijo, si no hay concurso de autoridades locales será imposible que los gobiernos nacionales garanticen una economía baja en emisiones.

Dijo que México tiene compromisos ante la sociedad internacional de reducción de deforestación de reducción de uso de carbono negro (51% menos al 2020) y ha eliminado el subsidio de combustibles fósiles de forma progresiva lo cual ha generado a través de un impuesto recurso por  18 mil millones de pesos para financiar este nuevo modelo de mercado alternativo de energía baja en carbono.  De hecho la reciente reunión de líderes de América del Norte se acordó impulsar un mercado regional que ya existe en California, Estados Unidos; Ontario y Quebec en Canadá y que México también está poniendo las bases ampliarlo hacía este país.

Aseguró que el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto que en el año 2025 el 50% de la energía de la región América del Norte provenga de fuentes limpias, lo que significa que se va reforzar aspectos como energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica y energía geotérmica en sustitución de los combustibles fósiles que actualmente genera arriba del 80% de la energía que consume el país.

La inauguración la canciller Patricia Espinosa quien es la secretaria del acuerdo de la convención marco de Cambio Climático de la ONU, dijo que solamente 20 países han ratificado los acuerdos  de París pero espera que esto se detone en breve para lograr compromisos serios que generen resultados verdaderos en el combate a los efectos negativos del cambio climático.

El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz destacó el compromiso del estado en el tema de cómo generar soluciones locales para una economía baja en carbono, y señaló entre otras las políticas de conservación y las de control de emisiones incluido el tema del monitoreo ambiental y las metas de reducción en 80% de la deforestación en el año 2018 además de otras políticas nacionales con las cuales el estado está comprometido para afrontar de forma eficiente sus desafíos en la materia.

La cumbre se realizará a lo largo del día de hoy y el de mañana y se espera que se establezcan sobre todo mecanismos locales para hacer posible que los acuerdos de cambio climático sean realidad en esta región del mundo.

Vidas cambiadas en un planeta que se calienta seriamente

Calor y frío extremo, sequías duras y tormentas casi bíblicas, así viven los habitantes de poblaciones olvidadas que buscan sobrevivir ante los efectos de las ajetreadas ciudades.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los expertos gustan aludir a la historia de la rana en la cazuela para explicar la aparente indiferencia de las mayorías humanas ante el cambio climático: el infeliz anfibio está cómodo en el agua cuya temperatura es cada vez más alta por el efecto del fuego de la estufa. Cuando se da cuenta que el calor lo cuece, ya es tarde, y al poco tiempo muere en el proceso de cocción.

Pero lo identifiquen o no como tal, el tema se instala gradualmente en el imaginario de la sociedad de Jalisco, bajo nociones equivocadas o no; sobre todo, de aquellos que viven en climas cada vez más extremos, pues eso no sólo afecta su bienestar, sino que afecta sus bolsillos, sea porque es menos el dinero que entra por una economía mermada o es más el que debe salir por el gasto en salud o energético crecientes ante las olas de calor.

Así la historia de Ricardo Urzúa, habitante de un caserío de 80 viviendas llamado Tepetatillo, en el extremo norte de Lagos de Moreno, a la entrada del semidesierto mexicano. Sus padres y abuelos le decían que vivía en una tierra extrema, pero había una regularidad más o menos cómoda; el campesino se preparaba para las abundancias o las carencias extremas. Pero ahora todo es más errático: incluso en los años de lluvia copiosa, que ya son menos, el régimen ha variado: a veces tarda en llover, otras llueve demasiado al principio y de repente se detienen las precipitaciones; en ocasiones el temporal se va del verano al otoño, y a las sequías duras y desorbitadas suceden inundaciones de proporciones casi bíblicas.

“No hay seguridad con las cosechas; la mayoría sembramos frijol y maíz, pero si las aguas se movieron, ya nos mermó al menos la mitad de la producción. La cosa es que muchos han dejado de hacerlo, porque cuando el año es malo, no vas a sacar ni la inversión; entonces dejan sus tierras abandonadas por años, y a lo mejor van a buscar irse al norte, o a una ciudad, donde la cosa sea menos difícil”, explica.

El agua es un bien precioso, pero “como estamos muy lejos de todo, en la mera punta de Jalisco, no nos alcanzan a escuchar […] nos prometieron equipar un pozo de agua para la comunidad. El problema es que prometieron mandar ingeniero y equipo desde hace seis meses, y nada. Tenemos agua solamente porque algunos particulares nos regalan de sus pozos…”.

No es más contrastante el “equipamiento ambiental” de que goza la meseta de Tapalpa, pero allí, el clima también cambia. “Hace quince años hacía menos frío y calor; lo que quiero decir con esto es que el clima se volvió extremoso”, señala Max Pasini, avecindado del pueblo mágico. Y es que la magia parece irse en un proceso de degradación de los bosques y el suelo en el que se señala de forma directa, como responsables, a los productores de fresa y berries, un sector que detonó hace seis años, que explota de forma excesiva el acuífero al grado que el recurso ya escasea entre los habitantes, y que ha abierto la cubierta de la umbría para introducir invernaderos que agotan el suelo y que producen desechos de manejo especial que no tienen control.

“Las empacadoras producen hasta 70 por ciento de la basura, que arrojan sin control en el tiradero de Atacco; eso está contaminando todos los manantiales y los arroyos, pero pareciera no hay autoridad que los meta en cintura”, agrega Eliezer Íñiguez Ochoa. El tiradero tiene tres meses en un incendio fluctuante, y sus humos invaden las penumbras de las tardes lluviosas.

A pocos kilómetros en línea recta de las montañas templadas y húmedas de Tapalpa, el pescador Jesús Vázquez, cooperativista de la laguna de Atotonilco, sitio Ramsar por ser un humedal de importancia internacional, cavila en cómo mantener el esfuerzo de restauración del embalse, que apenas diez años atrás, se secaba todos los años por el mal manejo del agua y la merma en las precipitaciones de la cuenca media y alta. La competencia por el recurso se ha hecho más extrema, pero el trabajo que se sacó adelante con muy pocos recursos públicos, fue evidente: el flujo de agua proveniente de drenes de las zonas de riego y de arroyos rectificados, hizo que el espejo de agua permanezca ya por dos ciclos.

“Teníamos mucho sin ver el agua permanente; algunos se quieren animar a sembrar peces, lo que permite sacar más… pero se necesita que el apoyo no se acabe, sobre todo de los campesinos y los pescadores”, clama el veterano ranchero.

El clima de las ciudades está tan aparentemente divorciado de la naturaleza, que pocos se atreven a ligar las islas de calor y los rigores de la lluvia al gran tema global. Nada más equivocado. “Las ciudades son puntos que generan emisiones de manera acelerada y que producen el cambio climático. La densidad, la extensión, la provisión de servicios y como se mueven los habitantes entre sus hogares y centros de trabajo inciden en la cantidad de recursos que se utilizan. Ciudades extensas, con baja densidad, y con dependencia al automóvil privado como medio de transporte provocan una utilización excesiva de recursos energéticos, y por lo tanto una cantidad excesiva de emisiones de gases con efecto invernadero”, señala una publicación web del capítulo mexicano Instituto de Desarrollo de Políticas de Transprote, ITDP, por sus siglas en inglés (http://mexico.itdp.org/noticias/como-afecta-el-cambio-climatico-a-las-ciudades/).

Las ciudades con temperaturas promedio más altas son coctel para vectores oportunistas. Esvayde fue víctima del dengue, una enfermedad desconocida para sus padres y abuelos. Su casa en Analco a veces es visitada por alacranes, unos arácnidos de los que sólo se escuchaban historias en Tlaquepaque y Tonalá, al borde de la barranca. Los inviernos han dejado de ser extremosos, y el calor de las secas y la luz solar despejada ocasionan, al reaccionar con el humo de los autos, la multiplicación del ozono.

Dramas personales insertos en la gran narrativa del cambio climático, el insospechado visitante de una civilización que parece distraída.

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Arranca cumbre climática

Hoy por la mañana arranca la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas, con la presidencia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, y 23 países invitados, lo que incluye la presencia de gobernadores y secretarios de medio ambiente de casi 30 gobiernos subnacionales, de ministros de estado y de provincias. El encuentro totaliza 350 invitados, con doce sesiones temáticas sobre bosques, clima y desarrollo bajo en emisiones de carbono, las cuales se realizarán en las salas del centro de convenciones del hotel Fiesta Americana enclavado en La Minerva, al poniente de Guadalajara.

No se va a permitir Bosque Encantado, afirma Pablo Lemus

El pago ambiental no fue una promesa de licencia, señala el presidente municipal; tampoco reconoce las licencias de edificación que sí cobró.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, niega haber otorgado cuatro licencias de edificación al desarrollo de Spinelli Corporation, aunque los documentos fueron ayer nuevamente exhibidos por los constructores del Bosque Encantado: cuatro licencias para igual número de manzanas emitidas los días 2 y 3 de febrero de este año arrancaba el quinto mes de la gestión de Lemus, las cuales significaron el pago de casi 1.6 millones de pesos al erario municipal.

Lemus no se salió de su script: “no se va a permitir la construcción de Bosque Encantado en nuestra administración. Mientras nosotros estemos aquí no lo vamos a permitir”, sostuvo enfático, al rechazar los señalamientos de los representantes legales de la empresa inmobiliaria.

Dijo que la representante legal y sus abogados “no solamente caen en muchas contradicciones, sino que dicen verdades a medias, y para mí mentiras”.

En principio sostuvo que su administración no otorgó licencia de construcción al desarrollo (en realidad esa licencia data de 2013), ni condicionó una licencia al pago de renovación del permiso ambiental y después se los negó. Sin embargo, omitió el tema de las licencias de edificación, que son ocho, correspondientes a cada manzana; cuatro datan de 2014, en el gobierno de Héctor Robles Peiro, y cuatro fueron otorgadas por la administración de Pablo Lemus, justamente las que abarcan más casas (MILENIO JALISCO, 30 de agosto de 2016).

Sin reparar en el dato, Lemus insistió: “Nada más falso que ello. De acuerdo a la suspensión que les otorgó el magistrado Alberto Barba, esta Administración inició un juicio de lesividad en contra del resolutivo de este magistrado corrupto, coludido precisamente con Spinelli. Nosotros hemos iniciado la marcha atrás a las licencias que dio la pasada Administración. La única requisición que hizo esta Administración, la única autorización que se dio a Spinelli es para que pagara el estudio de impacto ambiental”, dijo el alcalde en entrevista.

Admitió que el pago recibido por el trámite ambiental fue por “161 mil pesos” (en realidad se pagaron 4,135 pesos), por concepto del estudio, pero que éste no es promesa de que se otorgará una licencia.

“(El pago) fue autorizado para que ellos mismos se hicieran cargo del costo del estudio de impacto ambiental. Nada más faltaba que la autoridad de Zapopan tuviera que incurrir en este gasto, ante las solicitudes que estaba haciendo la constructora. Y en este estudio nuevamente se corroboró que no es viable construir un desarrollo en esta zona y por lo tanto no lo vamos a permitir”, afirmó.

Comentó que la constructora tiene el derecho de solicitar este estudio “y nosotros estamos obligados a concederlo. Lo que no estamos obligados es a pagarlo”. Recalcó que debido a que el estudio resultó desfavorable para Spinelli “no vamos a permitir la construcción y están en todo su derecho de acudir a tribunales, si quieren recurrir nuevamente al magistrado Alberto Barba como lo hicieron con anterioridad”.

Lemus Navarro calificó a los desarrolladores de irresponsables pues “quieren ir contra del medio ambiente y quieren engañar a la sociedad por medio de leguyadas, haciendo creer que nosotros les vamos a permitir su desarrollo. No se los vamos a permitir”, dijo por tercera ocasión, tras defender la actuación de su director de Medio Ambiente, Alfredo Martín Ochoa.

Ayer a mediodía, la Constructora Spinelli anunció acciones legales contra el director zapopano aludido, y contra el comité Salvabosque El Tigre II, en ambos casos por daño moral. Las demandas civiles están en curso.

Zapopan denuncia a Bosque Encantado, pero le da licencias

La constructora Spinelli destaca el “doble discurso” de las autoridades municipales, que le permite fraccionamiento y luego los bloquea.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, ha decidido sentar precedentes contra la depredación del patrimonio natural en el caso del fraccionamiento Bosque Encantado, situado en la zona de la avenida Ángel Leaño, separado calle de por medio del polígono protegido del Nixticuil. El problema es que su administración otorgó cuatro de las ocho licencias de construcción que tiene el desarrollo, y que primero les pidió pagar la renovación del permiso ambiental, y después se los revocó.

La representante legal de la constructora Spinelli, Elizabeth Arias Martínez, destaca que la embestida del munícipe contra el Tribunal Administrativo del estado (TAE) es relativa a un incidente, en que los empresarios impugnaron una clausura, pero no existe ninguna revocación de licencias de construcción (de 2014 y 2016), de urbanización (de 2006), ni modificación de plan parcial y uso de suelo habilitado en la zona (de 2004), todo lo cual se emitió libremente por parte de cuatro administraciones zapopanas, incluida la de Lemus Navarro.

“La empresa compró en la zona justamente porque ya se contaba con todo; en 2013 estaba vigente la licencia de urbanización, el uso de suelo como H4 –que lo bajamos- y el plan parcial; a partir de entonces, se nos pidió una manifestación de impacto ambiental que cubrimos, y debimos hacer trámites extra porque esperaban que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [Profepa] confirmaran que no se trataba ni de parte del área natural protegida, ni de un macizo forestal [como lo establece la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable] que demandaría una autorización de cambio de uso de suelo… lo demostramos y quedó patente, y por eso nos emitieron el permiso en la gestión municipal anterior”, que presidió Héctor Robles.

Bajo estas premisas, no está legalmente en riesgo el proyecto de Bosque Encantado. Lo que desconcierta a sus promotores es la actitud del presidente municipal, que pareciera traer una agenda “mediática” para legitimarse ante los grupos ecologistas a costa de un proyecto “que ha cumplido todas las de la ley”, destaca la abogada en entrevista con MILENIO JALISCO.

Exhibe copia de las cuatro licencias de construcción que otorgó el gobierno de Lemus Navarro (ver documento anexo). Son “licencias de edificación emitidas el 2 y 3 de febrero de este año, para las manzanas 3, 4, 5 y 6 del desarrollo. La clave es HS/D-3009-14/O, densidad “habitacional plurifamiliar horizontal alta”; cuenta predial 1114327328; dictamen de uso de suelo DICT/04/1290. Las cuatro licencias costaron, respectivamente, 166,305 pesos; 261,233 pesos; 332,429 pesos y 732,609 pesos para un total de un millón 492,576 pesos para construir 64 viviendas (poco más de la mitad de las 110 proyectadas).

Con la manifestación de impacto ambiental no hubo consumación por cambio de opinión. El 15 de febrero de 2016, el director de Medio Ambiente de Zapopan, Alfredo Martín Ochoa, le notificó al tesorero de la comuna, Luis García Sotelo, que se había solicitado la ampliación de la vigencia de impacto ambiental, bajo el concepto de “evaluación en materia de impacto ambiental emitido por la Dirección de Medio Ambiente, en los términos de los artículos 6, 39, 40, 41, 42 y 43 del reglamento de Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el municipio de Zapopan”.

El pago era de 4,135 pesos, bajo la leyenda de “revisión de la evaluación de impacto ambiental”, y se realizó el 30 de marzo de 2016. No obstante, está fechado un día antes el oficio 1800/2016/0420, firmado por el director de Medio Ambiente. Allí se establece que no se otorga la prórroga por falta de estudio de “excepción forestal” de la Semarnat (en el que se establece que la zona no es bosque y que se cumplió durante el procedimiento inicial de impacto ambiental); que no había permisos de poda (la abogada presentó los recibos de Parques y Jardines); que no hubo plan de alejamiento de fauna, de manejo de arbolado, de manejo de residuos, de ruido, de impactos sociales y acciones de mitigación en general. Nada se presentó según el dictamen, lo que significaría que el permiso original sería fraudulento… o que el director de Medio Ambiente mintió. La apoderada señala que toda esa información fue presentada.

Spinelli Corporation anunciará hoy acciones legales contra funcionarios que afectan su imagen y ponen en riesgo “un negocio que es totalmente legítimo”.

Salvabosque cuestiona socialización

El comité Salvabosque El Tigre II denunció el afán del ayuntamiento de “socializar” la ampliación de la avenida Ángel Leaño sin tomar en cuenta a sus críticos más acérrimos. La reunión del pasado 17 de agosto que presidió un funcionario municipal, Salvador Hernández, “en realidad se trató de un mitin a favor de la obra en la que también participó gente del Partido Acción Nacional de la zona, como el ex regidor de Zapopan Abel Correa. En la reunión se hicieron varios llamados a la agresión y enfrentamiento contra toda persona que se oponga a la obra, ‘saliendo a defenderla como sea’ cuando comience su construcción”, denuncia.

La densificación urbana colapsará patrimonio si no se le fijan reglas

Señalar los problemas sin establecer mecanismos para resolverlos es una de las debilidades del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), opina el urbanista José Javier Gómez Álvarez

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Señalar los problemas sin establecer mecanismos para resolverlos es una de las debilidades del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), porque “las cuestiones concretas, vitales para la ciudad, quedan, de nueva cuenta, para ser dirimidas en los planes parciales municipales, cuya actualización no ha fructificado en Guadalajara municipio, desde hace varias administraciones”, sostiene el urbanista José Javier Gómez Álvarez, de la Escuela Superior de Arquitectura (Esarq) .

“Es urgente clarificar el tema de la redensificación […] la diferenciación por aspectos ambientales, patrimoniales o sociales en los distintos barrios ligados al transporte masivo, requieren y justifican tratamientos y estrategias diferenciadas para alcanzar la redensificación sustentable que menciona el plan. “Debe especificarse cómo se lograría que estos valores urbanos se mantengan en los barrios redensificados, asumiendo que deben conservarse”, añade en una opinión entregada a este diario.

“En cuestión de tiempos, se debe precisar cuándo ocurriría el incremento en la densidad. Asumimos que sería hasta que las infraestructuras del transporte estén desarrolladas y en funcionamiento, y no antes, lo que trastocaría la vida de colonias y barrios, como ya sucede con las obras de la L-3 [Línea 3 del Tren Ligero]”. En el tema clave de los usos mixtos del suelo, que el POTmet propone implementar, necesita especificarse cómo se dictaminarían, y qué instancias los reglamentarán. Los usos mixtos indiscriminados y sin regulación afectan drásticamente la calidad de vida de los residentes de los barrios, desalientan la vivienda, y, por el contrario, tienden a expulsar habitantes, en lugar de atraer nuevos, generando procesos de terciarización y gentrificación [expulsión de población residente]. Debe responderse cómo se lograría la convivencia y respeto de los usos mixtos a lo habitacional”.

Sobre las infraestructuras y los servicios, “además de solucionarse el transporte, la dotación de agua potable y el alcantarillado son insuficientes en muchas de las zonas a redensificar, por lo que un instrumento de planeación eficiente debe especificar cuáles son las instancias responsables de implementar estos servicios, si es el estado, el municipio, o los desarrolladores privados, y en que plazos debe hacerse, para lograr una redensificación efectiva […] también importante es conocer cómo se controlará la especulación inmobiliaria, máxime, si la idea es implementar vivienda de costo accesible en las centralidades intraurbanas. Lograr que la redensificación resulte en un beneficio colectivo, y no un mero negocio privado”.

Es decir, “la redensificación no es una panacea en automático, por el contrario, una redensificación desmesurada puede ser el siguiente macro fracaso de Guadalajara, con el agravante, de la pérdida de muchos de sus valores urbanos […] una ciudad compacta, conectada y cercana es razonable, pero para construirla con calidad, se requieren obras y proyectos tangibles, bien planeados, ejecutados con cuidado, con una adecuada coordinación entre las diversas instancias, con claridad en las reglas, en el qué sí se puede, y qué no”, concluye Gómez Álvarez.

El POTmet "disfraza" la invasión de las zonas de conservación

Grave, que el plan sancione la invasión de UGAs ambientales por fraccionamientos; si no se incluye al gobierno federal, será un ejercicio incompleto y riesgoso, sostiene ecólogo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No basta un acuerdo entre los nueve municipios metropolitanos y el gobernador del estado, cristalizado en el Plan de Ordenamiento Metropolitano (POTmet), para resolver el principal problema de la ciudad: su expansión desbocada.

Es necesario que el gobierno federal, que otorga subsidios y créditos en la zona de la periferia, se sume y adquiera un papel de responsabilidad del que carece desde comienzos de los años 90 del siglo XX, advierte el ecólogo Eduardo Santana Castellón.

Director del naciente Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, de la UdeG, cuyo eje temático es precisamente la ciudad, el especialista, que parte de la premisa de que los humanos no evolucionaron en las urbes – “La ciudad moderna emerge solamente en el último 0.02 por ciento de la historia humana”-, hizo un análisis, desde la perspectiva de ornitólogo y ecólogo, del nuevo instrumento, que fue publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco el pasado 20 de julio. Su inconsistencia ambiental le parece preocupante, pues sanciona y legitima la invasión de espacios no urbanizables, lo que disfraza como “inconsistencias” o “desfases” del ordenamiento ecológico, según el texto, que entregó a MILENIO JALISCO.

“El POTmet es una iniciativa positiva sin precedente en Jalisco para lograr la transformación de Guadalajara en una ciudad sustentable; el problema es que no logra integrar el componente socioecológico en sus análisis ni presenta estrategias o pautas de orientación a los municipios y al estado para que corrijan los problemas que el propio POTmet identifica”, destaca.

“Todas las recomendaciones nacionales internacionales identifican la expansión urbana como el más grave problema para lograr la sustentabilidad y resiliencia de una ciudad”, pero desde el diagnóstico del documento las cosas marchan mal “confunde el incumplimiento de ordenamientos con ‘desfases’ y pide corregirlos”; es decir, el ordenamiento territorial, que tiene tres sexenios en vigor, planteaba límites al crecimiento urbano que fueron rebasados; lo que el POTmet recomienda es recorrer esos límites a zonas no perturbadas, en vez de señalar la gravedad de ese incumplimiento (ver gráfico anexo).

Además, “el sistema verde periurbano que se plantea, se equivoca en dar prioridad a las reservas urbanas que estaban mal planteadas de inicio sin criterios ecológicos”. La expansión urbana que reconoce el documento “está supeditada a la diponibilidad de agua subterránea; esto no es sostenible al no contarse con información sobre esa disponibilidad, como el mismo POTmet admite”. El mapa más importante del diagnóstico es “el uso óptimo del territorio”, donde se supone que se integra todo el análisis transdisciplinario y transectorial, pero “no se explica adecuadamente y las fallas en la simbología no permite analizarlo […] en la imagen objetivo final no se ve una direccionalidad o estrategia para racionalizar la cantidad y calidad de las reservas urbanas. En esencia se pegó todo lo que ya existía en los planes parciales”. También opina sobre las polémicas “centralidades emergentes”, cuatro en particular, que parecen sancionar la expansión urbana; “no se ve que estén acorde a los perímetros de contención urbana vigentes por Conavi [Comisión Nacional de Vivienda] y Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano]”; de hecho, “el planteamiento final del POTmet lo que hace es legitimar y promover que continúe el escenario tendencial “ de expansión urbana, pues las reservas urbanas reconocidas en planes parciales han sido respetadas totalmente por el POTmet: 44,836 ha.

Si estas se urbanizaran completas hasta 2042, generarían una ciudad de más de 115 mil hectáreas contra una población de menos de 2 millones de habitantes más que ahora. La densidad por ha pasará de 61 habitantes a 57. En 1990 era de 180 habitantes por ha.

“Con la información que tiene disponible y el liderazgo que le han otorgado mediante acuerdos políticos los gobiernos municipales y estatal, se debe hacer un diagnóstico verdaderamente integrador y participativo, ya que el documento actual no lo logró”, sostiene. Debe “utilizar los instrumentos generados por el Imeplan para la aptitud territorial (uso óptimo del suelo), para evaluar y priorizar las superficies de reservas urbanas, y proponer una ruta crítica y mecanismos fiscales y regulatorios para reducir la extensión de la reserva territorial de 44,835 ha planteada erróneamente por el Imeplan, a solo 10,576 ha [escenario del Consejo Nacional de Población] o 13,513 ha [escenario al alza]”; también se deben modificar los mapas del documento “respetando el Ordenamiento Ecológico Territorial, para que no se incluyan zonas de reservas urbanas en las UGAs [unidades de gestión ambiental], y en los casos donde el crecimiento urbano haya violado la normatividad y esté dentro de UGAs, proponer mecanismos para sancionar a los responsables y recuperar una superficie similar en áreas verdes intraurbanas o periurbanas”, sostiene.

Se debe asegurar “que se corrija que ningún área de reserva urbana quede fuera de los perímetros de contención U1, U2, U3 [perímetros de contención urbana Sedatu/Canadevi]; elaborar una evaluación de impacto ambiental sobre las tendencias de expansión urbana que describe” el POTmet y sus repercusiones; “pero háganle como quieran, con o sin POTmet, la ciudad continuará expandiéndose mientras el gobierno federal continúe colocando créditos y subsidios en la periferia de la ciudad donde los desarrolladores inmobiliarios ya compraron sus tierras”.

¿Qué se necesita?

Santana Castellón considera fundamental que se escale a los tres niveles de gobierno la nueva instancia metropolitana cuya tarea sea “diseñar e implementar mecanismos fiscales con los créditos, subsidios, incentivos y multas, para desincentivar la especulación intraurbana y extraurbana, y para fomentar la construcción de vivienda en esquemas de usos mixtos. Que fomente la recuperación de plusvalía intraurbana mediante un marco legal adecuado y financiamiento efectivo para infraestructura y equipamiento para la regeneración urbana, que además incluya la compra/expropiación y consolidación de terrenos intraurbanos para insertarlos en el mercado de vivienda. Que además promueva permutas de los terrenos intraurbanos con terrenos periurbanos, fomentando la densificación, a la vez que los terrenos periféricos se incorporen a una nuevo anilllo de zona rural protegida para la producción agropecuaria y/o para la conservación de la naturaleza para proveer servicios ambientales a la ciudad”.

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Los problemas ambientales

No respeta las UGAs (unidades de gestión ambiental) y disfraza la invasión urbana como “desfase” de los polígonos del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial

No toca las 44,836 ha de reserva urbana de los nueve municipios aunque reconoce que son cuatro tantos más de las que necesita la metrópolis

Con sus “centralidades emergentes” no respeta los anillos del perímetro de contención urbana que ha planteado el gobierno federal como límite a zonas de subsidio y crédito de vivienda

No hace más que vincular declarativamente el agua a la disposición de reservas urbanas, pues reconoce carecer de información del acuífero metropolitano

No se somete a una dictaminación de impacto ambiental pese a que su entrada en vigor generará efectos ambientales mayores en las siguientes décadas para la ciudad

POTmet requiere una cirugía mayor

No es el documento rector que necesita la ciudad; no profundiza en las causas de la dispersión urbana y no plantea políticas de largo plazo para resolverlas, concluyen nueve colectivos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco, el pasado 20 de julio, debe ser modificado porque “es urgente corregir inconsistencias, ausencias y contradicciones, para que el instrumento sea una guía efectiva e incluyente para la planeación del desarrollo urbano en los municipios”, señalaron esta mañana nueve colectivos que realizaron una revisión exhaustiva del documento en las últimas dos semanas, a partir de un foro realizado el 15 de agosto pasado.

“El foro se concibió bajo un modelo de aprendizaje en red, que se consolida con la participación de las personas. Discutir estos temas es importante ya que no sólo se trata de defender el derecho de acceso a la ciudad que ya existe, sino del derecho a transformarla a partir de los múltiples intereses e identidades de quienes la habitamos. Este análisis es un ejercicio de gobernanza que avanza con el involucramiento de la sociedad civil organizada en las decisiones públicas”, señalaron los organizadores en conferencia de prensa en la sede de la Escuela Superior de Arquitectura (Esarq).

“Las organizaciones convocantes decidimos constituir una red permanente de discusión, co-producción de instrumentos y observación, de las decisiones que impactan la vida cotidiana en la ciudad. Queremos servir de contraloría con argumentos técnicos ante los planes de desarrollo urbano, dotar de insumos e ideas para construir un proceso de gobernanza real. Desde cada organización trabajaremos para generar espacios de acción con vecinos y vecinas, para que conozcan los instrumentos que les afectarán de manera directa y en su vida diaria”, añade la declaración.

“No somos los únicos que estamos tratando de defender la ciudad, hay esfuerzos en otros municipios del estado que de manera autónoma han realizado acciones por la construcción de comunidades sustentables y por el respeto a los derechos. No se trata de una persona, pero sí de una red con búsquedas más amplias, un esfuerzo permanente que nace por una coyuntura pero reagrupa las búsquedas históricas por una ciudad más humana”, añaden.

“Explicar qué vamos a hacer con el documento de síntesis del foro. Se enviará a través del Consejo Ciudadano a la Junta de Coordinación Metropolitana para que llegue también al Imeplan. Por otro lado se abrirá la discusión con otras comunidades para ampliar la discusión sobre los instrumentos de ordenamiento y planeación urbana, y sus implicaciones en la vida cotidiana”, indican.

Forman parte del pronunciamiento: Esarq (red académica consejo interuniversitario), Jalisco Cómo Vamos, Wikipolítica, CITA, Anillo Primavera, Techo, Territorio, Tómala y Ensamble.

El informe de conclusiones destaca tres aspectos: “Gran parte de lo que alimenta o nutre a este plan está inacabado o por hacerse, de modo que todo queda en grandes líneas estratégicas, algunas líneas de acción y muchas generalidades, que según se dice se complementarán con un instrumento paralelo: el Programa de Desarrollo Urbano Metropolitano. Es una constante a lo largo del documento la falta de explicitud respecto a “los qué, los cómo y los quiénes”. Los objetivos también son ambiguos. Por tanto, no queda claro cómo resolver la policentralidad y si este mecanismo es suficiente para detener la expansión urbana”.

Dos, “el documento no nos da incentivos para medir las metas, lo que se requiere lograr, no nos da elementos para evaluar qué tan efectivo es, para ver si cumple lo que se dice que se va a hacer. Con elementos sin monitoreo, la ciudad se va a seguir expandiendo”.

Tres, “no establece vinculación con otros instrumentos de planeación estatal y nacional, no se hace mención a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ni a los avances de la agenda 2030 ni a la meta 11 de ciudades y la meta 10 sobre desigualdad. No existen metas ni indicadores de resultados para evaluar el propio POTmet, y tampoco presenta metas cuantitativas que los ayuntamientos deben de lograr. El POTmet no propone políticas, acciones, mecanismos para orientar a los ayuntamientos para que hagan mejores planes parciales y avancen significativamente hacia el modelo propuesto”.

Estos vicios posiblemente derivan de que “el POTmet no fue participativo a cabalidad, por eso ha sido necesario que se organicen reuniones como el foro del que se desprende el presente análisis. Sólo se percibe como una declaración de intenciones que no parece contrarrestar las fuerzas y presiones que llevan años degradando el entorno de estos ecosistemas. De hecho, parece que camina en contra de la ruta marcada por los ordenamientos ecológicos a favor de las reservas urbanas, atentando contra la conservación del bosque” (ver MILENIO JALISCO, 29 de agosto de 2016).

GPE

Tres de cada diez jaliscienses padecen el avance del desierto

80% del estado ha experimentado cambios en su clasificación climática a partir de 1970, y uno de sus efectos económicos es la pérdida de productividad en más de 300 mil ha maiceras.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El avance de la frontera desértica en Jalisco es silencioso, pero incontenible desde hace al menos cuatro décadas: 80 por ciento del territorio ha experimentado cambios en su clasificación climática fundamentalmente hacia ambientes más secos que en el pasado, revela una investigación del maestro en ciencias Sergio Honorio Contreras Rodríguez, de la UdeG.

“De acuerdo con el informe llamado ‘línea base nacional de degradación de tierras y desertificación’, publicado en forma conjunta por la Comisión Nacional Forestal a través de su gerencia de suelos y la Universidad Autónoma de Chapingo, a través de su Departamento de Suelos, en Jalisco, 61,680 personas, que equivalen a 0.84 por ciento de su población, viven en zonas con desertificación extrema; un millón 136,829 personas, 15.47 por ciento, viven en zonas con desertificación severa; otras 773,958 personas, 10.53 por ciento, habitan en zonas con desertificación moderada, y 486,213 viven en zonas con desertificación ligera”, explica por su parte la directora del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado, Gabriela López Damián.

En otras palabras, “en Jalisco, cerca de 33.5 por ciento de su población habita zonas con algún grado de desertificación […] datos del INEGI publicados señalan que Jalisco cuenta con 42 municipios en zonas áridas o semiáridas, es decir, uno de cada tres”, agrega.

El estudio del académico de la UdeG arriba aludido, revisó en 2006 82 estaciones climatológicas de toda mla entidad. “Considerando la información actualizada y los resultados obtenidos se puede concluir que 65 de las 82 estaciones analizadas, experimentaron de uno a tres cambios en la fórmula climática. Si se consideran estas 82 localidades como una muestra representativa, se puede concluir también que la mayor parte del estado ha experimentado cambios en su clasificación climática”.

Dentro de las regiones más impactadas, sigue el maestro del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se encuentran la región Noreste (correspondiente a Los Altos Norte), la región Norte (cabecera en Colotlán) y la región Sureste, cuya cabecera es Tamazula de Gordiano.

“Dentro de los cambios en la clasificación climática que se verificaron se encuentran los correspondientes al grupo climático, subtipo climático y nomenclatura secundaria, siendo los de mayor relevancia los referentes al paso de clima subhúmedo a clima semiárido, los relativos al paso de un clima menos cálido a un clima más cálido, los que se refieren a una disminución del cociente anual precipitación temperatura, los que aluden a un cambio en la estacionalidad del mes más cálido, al pasar el mes más cálido de mayo a junio, y los que se relacionan con una disminución del porcentaje de lluvia invernal”, agrega.

La mayor parte de los cambios “se debieron a una disminución de los volúmenes de precipitación y a un incremento de la temperatura”. De hecho, “53 por ciento de la superficie estatal ha experimentado cambios drásticos en el uso del suelo y deforestación durante los últimos 40 años, los cuales han consistido en una reducción del 38.17 por ciento de la superficie de selvas, de 37.22 por ciento de la superficie de bosques, a costa de un incremento del 1,100 por ciento [sic] de la superficie dedicada a la agricultura”.

Esos niveles drásticos de deforestación “se acentúan en las regiones en las que los cambios de clasificación fueron más relevantes, esto es las• regiones, Noreste, Norte y Sureste, por lo que seguramente estos niveles de deforestación y cambio en el uso del suelo han repercutido en cambios en los patrones climáticos y por tanto en cambios en la clasificación climática del estado”, concluye Contreras Rodríguez.

De seguir las tendencias, añade, “en la pérdida de la cobertura vegetal y en las modificaciones al uso de suelo, es de esperarse continúe el avance de la desertificación […] las variaciones climáticas identificadas se tradujeron en cambios en la distribución espacial sobre todo de los climas secos del estado de Jalisco, por lo que se requiere una actualización de la carta climática del estado de Jalisco […] apuntan hacia un impacto negativo sobre el ciclo hidrológico, lo que ocasionará en un futuro cercano un incremento del déficit de disponibilidad de agua en el estado”.

No es un estudio aislado, destaca la directora del Fiprodefo; “etudios realizados por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la casa de estudios […] han señalado también a la zona de Los Altos y Norte del estado de Jalisco como las más vulnerables, donde podrían registrarse un descenso alarmante en la precipitación pluvial de entre el 20 y 30 por ciento…”.

Otro grupo de investigadores de la UdeG y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (José Ariel Ruiz Corral, José Luis Ramírez Díaz, Francisco Flores Mendoza y José de Jesús Sánchez) elaboraron años antes (2000) un estudio intitulado “Cambio climático y efectos sobre las áreas potenciales para maíz en Jalisco”.

Sus conclusiones convergen con el estudio de Contreras Rodríguez, y exhiben un impacto en la economía estatal que se debe considerar: “las variaciones climáticas operadas durante el periodo 1972-1996 han repercutido en una reducción de 319,950 ha de la superficie potencial para el cultivo de maíz. Tales variaciones han impactado también negativamente sobre el potencial productivo del maíz en el estado, ya que en la actualidad existen menos hectáreas potenciales para genotipos de ciclo intermedio-tardíos, considerados hasta hoy, los más productivos en el estado”.

Claves

Algunos datos nacionales

"De acuerdo a los criterios de la Convención Mundial de Lucha Contra la Desertificación en países afectados por sequía grave y desertificación, en México, en forma anual, las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas ocupan el 53.94% del país", 27 por ciento de Jalisco está ubicado en esa amplia franja territorial

"La disponibilidad de agua en el suelo es marginal de enero a diciembre en 61% del territorio mexicano, es decir; aunque existen áreas que por sus valores de precipitación y el tipo de cálculo de evapotranspiración, no pueden ser consideradas como áridas, semiáridas o subhúmedas secas, en su manejo agropecuario requieren ser manejadas como tales, derivado que la disponibilidad marginal de agua en el suelo"

Las grandes demarcaciones áridas del país son el Desierto de Sonora: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; el Desierto de Chihuahua: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, que se prolonga en la región Centro a los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco; región Hidalguense: Hidalgo, México, Querétaro y Tlaxcala; región Mixteca: Oaxaca y Puebla; región Sureste: Yucatán. Además, pequeñas zonas áridas y semiáridas en los estados de Campeche, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Yucatán

Fuente: Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza-Sagarpa)

Jalisco, sede de reuniones Mundiales por cambio climático

Primero se reúnen representantes de 29 gobiernos locales por la preservación de selvas; luego será la cumbre.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La siguiente semana pondrá a Jalisco en el mapa internacional: se realizará entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre la reunión del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y el Bosque, una agrupación de gobiernos de provincias de una docena de países donde predominan los ecosistemas de selva tropical, los más amenazados del planeta; de forma paralela, se realizará la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas, cuyo objetivo es "dar seguimiento a los acuerdos de la conferencia de partes de París", la COP 21, de noviembre de 2015.

Se esperan 350 participantes de quince países, en doce sesiones de trabajo temáticas, una sesión plenaria, una sesión de gobernadores y tres conferencias magistrales.

En cuanto a la cumbre, se abordarán temas como la legislación climática latinoamericana, la cooperación internacional para el desarrollo "como motor económico contra el cambio climático", los desafíos para el agua y la biodiversidad, los retos de financiamiento, las estrategias locales de adaptación y mitigación, el estado de derecho, el papel de las comunidades tradicionales, la importancia de la sociedad civil organizada. La reunión derivará con una declaratoria de los gobernadores.

En julio de 2015, "el gobierno de la provincia de Ontario, Canadá, organizó la primera edición de la Cumbre de Cambio Climático de las Américas, donde se reunieron autoridades panamericanas, líderes indígenas, grupos ecologistas y representantes de diversas industrias con el fin de establecer compromisos para la reducción de emisiones [...] y resaltar oportunidades de invertir en una economía global con baja huella de carbono". De este modo, Jalisco organiza la segunda cumbre.

En cuanto a la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques, que se realiza de forma paralela, se destaca que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz es el presidente en este ciclo.

"Este encuentro servirá como una plataforma para la creación de nuevas asociaciones con los estados y provincias de todo el continente, así como con el sector privado, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las instituciones financieras". El grupo "es una colaboración subnacional única entre 29 estados y provincias de Brasil, Indonesia, Costa de Marfil, México, Nigeria, Perú, España y los Estados Unidos [...] busca avanzar en los programas jurisdiccionales destinados a promover un desarrollo rural bajo en emisiones y la reducción de las emisiones por deforestación y cambio de uso de suelo, y vincular estas actividades con regímenes de cumplimiento emergente de gases de efecto invernadero y otras oportunidades de pago por rendimiento", señala un documento de los organizadores del encuentro.

La sede de ambas reuniones es el hotel Fiesta Americana, enclavado frente a la glorieta Minerva, de Guadalajara.

SRN

Tampoco aprueban vecinos museo de la barranca

Las minutas de las reuniones demuestran la insistencia vecinal en recuperar el parque y en impedir el proyecto privado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las minutas de las trece reuniones sostenidas de febrero a junio de este año entre representantes vecinales del norte de la ciudad y autoridades municipales, que MILENIO JALISCO obtuvo en un procedimiento de transparencia, tampoco dejan de pie a los otros dos proyectos emblemáticos que acompañan a Iconia entre los esfuerzos por convertir esa zona en un espacio de infraestructura pública relevante y de densificación de vivienda: el recinto ferial y el museo de la Barranca.

Respecto al tema del Parque Mirador Huentitán, donde se cedieron en comodato siete hectáreas para un museo de arte moderno que no prosperó, y ahora se ha convertido de Museo de la Barranca, en la sesión número siete, del 15 de abril de 2016, se dieron detalles por parte de Ricardo Agraz, director de espacios públicos de Guadalajara:

"El proyecto [...] tiene todas las licencias y un fondo federal con etiqueta específica; este año otorgaron 37 millones de pesos, y se logró destinar tres millones de pesos para invertir en el parque, justificando que es parte del museo".

Sin embargo, "de entrada, la mesa prefiere dejar ir los fondos, además de que existe un amparo interpuesto para no seguir construyendo. 'De que se pierda el espacio y el dinero, que se pierda el dinero' [sic]".

Abundan: "las condiciones presentes a en la zona intervenida son muy riesgosas, inseguras y disfuncionales. Se señala incumplimiento de la asociación civil/fideicomiso, así como la voracidad de sus manejos, y cuestionaron que exista el estudio de impacto ambiental [sic]: consideran que procede una demanda por daño ambiental que exija resanar, reforestar y restituir...".

Además, "desacuerdo con la construcción del museo, aunque necesitarían saber la información de los alcances que habría en las partidas con los 34 millones restantes, para saber si aceptan los recursos o no valdría la pena".

En respuesta, Agraz "plantea considerar utilizar esos fondos para darle un terminado adecuado a las intervenciones que permitan el uso de la zona y reduzcan los peligros, y aplicar los tres millones restantes para restaurar parte del daño inicial causado por las obras del museo. Necesitaría investigar quién tiene el proyecto del museo, pero ofreció invitar al director de Obras Públicas para ver los posibles alcances de los 34 millones de pesos". Se deja para la siguiente junta la respuesta.

La siguiente reunión fue el 22 de abril, y según la minuta, no se abordó el tema. En la junta del 29 de abril, Ernesto Durán Meléndrez, "comentó que existe desinformación respecto al proyecto y da pie a declaraciones erróneas, por lo que pidió que éste sea tema de la siguiente junta". Agraz " informó al respecto que está haciendo una investigación extensa sobre el tema del Museo de la Barranca". Por su parte, Arturo Mendoza Montaño, de Únete Huentitán, "opinó que el ejecutar recursos para el Museo de la Barranca daría mayor pie al fideicomiso de no soltar el acuerdo que vencería en 2017".

La reunión 10, del 20 de mayo, Agraz señala que el tema "aún se está entendiendo y desglosando" y reconoce que hay "algunas discrepancias" informativas que pueden afectar el ejercicio del dinero. El 3 de junio es la siguiente cita, "Leticia de Lara manifiesta su desacuerdo en los avances del Museo de la Barranca, ya que no socializaron desde el principio tomando bienes públicos para intereses privados, desgastando el área verde.

La sesión siguiente está registrada el 10 de junio. Se informa que no se demolerá el avance del museo, pero se buscaría retirar las tapias que fragmentan el terreno. También insisten los funcionarios en aceptar los recursos federales para beneficiar el espacio público. La última sesión, del 17 de junio, con la presencia del alcalde Enrique Alfaro, este crítica "negocios privados con dinero público" y asegura que se obligará a los responsables a que cumplan sus partes y se harán valer las fianzas; se compromete a gestionar una reunión entre vecinos, Obras Públicas y el patronato del museo. Hasta allí llegó la discusión de este tema.

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"Presentan queja en CEDHJ

Leticia de Lara, integrante de Huentitán Vive, presentó ayer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante el estado de deterioro que presentan algunas excavaciones hechas en el predio del Parque Mirador para el Museo de la Barranca. El problema es que esos pozos han generado que se acumule agua estancada en este periodo de lluvias, y eso detone criaderos de mosquito con el riesgo de epidemias de dengue o de zika. La habitante solicitó medidas cautelares al ombudsman para obligar a resolver el problema a los responsables del proyecto del museo.

SRN

Unops, o cómo sobrevivir a la desconfianza de actores

Los responsables del proyecto de río Verde reconocen el clima "altamente politizado" de la controversia por el agua, pero defienden su neutralidad y profesionalismo.

Agustín el Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No es la primera ocasión ni el primer país en que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) está en el “ojo del huracán” por desconfianza de actores gubernamentales o sociales a su trabajo técnico contratado por instancias públicas.

La directora del proyecto del río Verde, en Los Altos de Jalisco, Eliana Ames Vega, advierte que su labor es “objetiva y neutral” al grado que en el periplo por 80 países donde han sido contratados, algunos gobiernos han suspendido unilateralmente los convenios al no ver sus intereses reflejados en los productos de la agencia.

La peruana no lo dice, pero un rastreo por la web arroja con facilidad un expediente controvertido: el de sus estudios ambientales con la minería de ese país andino y sus graves efectos sociales, que provocaron que el gobierno saliente de Alan García (2011) cancelara la colaboración sin consultarlos; “cuando [la Unops] estaba a punto de entregar graves observaciones al proyecto cuprífero de Southern Perú, el ministro [Pedro Sánchez, de Energía y Minas del gobierno central] canceló el contrato sin dar la cara”, reseña la periodista Milagros Salazar (IDL-Reporteros, https://idl-reporteros.pe/el-silencioso-escandalo-de-la-unops-el-ministro-y-tia-maria/).

Esto fue en mayo de 2011. Hace menos de un año, en septiembre de 2015, la oficina intervino en el problema de contaminación por cianuro del río San Juan, en Argentina, para establecer un sistema de monitoreo y determinar el riesgo de la actividad minera en la zona, lo que le ganó la inquina de los mineros organizados de ese país y amplios debates entre congresistas en Buenos Aires(http://www.lanacion.com.ar/1830126-el-juez-que-investiga-el-derrame-de-cianuro-en-san-juan-asegura-que-los-mediciones-dieron-negativo). Antes (1999) había intervenido y posibilitado la publicación del informe Memoria del silencio, sobre la violencia y el genocidio en Guatemala; y en 2015, sus labores fueron solicitadas para lograr los abastecimientos de las fuerzas de paz en Somalia (informe del secretario general sobre Somalia al Consejo de Seguridad de ONU, 9 de mayo de 2016).

La polémica es inherente a su trabajo. Pero llama la atención que los propios activistas sociales no la vean como aliado potencial, a diferencia de otras instancias de Naciones Unidas. Una posible respuesta sea el modelo de financiamiento con que opera Unops, que le garantiza sostenibilidad pero la liga de cerca a los entes gubernamentales.

“Estamos en 80 lugares del mundo, unas sociedades son más complejas que otras […] creemos que este ruido que se hace es porque de repente no se entiende la naturaleza de lo que hacemos; nosotros somos la única agencia de Naciones Unidas autosostenible; no recibimos donaciones, montamos un equipo multidisciplinario que no es sencillo; tenemos un grupo de consultores a nivel global de muy alto nivel; cuando vamos intervenir en un lugar necesitamos los recursos brindados por las contrapartes gubernamentales, y es por eso que no se logra comprender qué somos, no una ONG y no una empresa; no, somos un organismo de ONU con una particularidad, ser autosostenibles; sin embargo, los gobiernos que nos contratan saben que no nos podrán poner condiciones; van a tener que aceptar nuestro informe neutral, y en algunas partes del mundo, cuando hemos entregado las observaciones técnicas, objetivas y complejas, el Estado se ha asustado, y han cortado el convenio… pero lo hemos tenido que asumir, no podemos cambiar”, advierte.


Asunto complejo
Junto con Alejandro Rossi, asesor para América Latina de la agencia, la directora defiende la labor realizada en el proyecto de Los Altos, en particular, ese “producto temprano” sobre escenarios para la presa El Zapotillo, como un eventual llenado por avenidas extremas de agua propiciadas por algún evento del temporal.

Ese trabajo, advierten, llevó un proceso largo de socialización tanto en las instancias públicas como entre los pobladores. La buena noticia, por ejemplo, es que tanto Protección Civil como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han actualizado su “programa de emergencias” para prever escenarios complicados.

“Para nosotros era importante que fuera actualizado […] recibimos un documento de la Conagua donde expresaban que estaban trabajando y ya tenían el plan actualizado, y para tomar medidas como recoger troncos y otros objetos para evitar que el túnel de desvío se tapara, y fue evidente que hubo una respuesta a nivel de estas instituciones”, subraya Rossi.

- Es inevitable que tenga lectura política su presencia en la zona; hay actores de mucho tiempo y un viejo historial de desconfianza entre sociedad y gobierno…
- Ahí es importante destacar algo: hay muchas conjeturas sobre la Unops, pero si miramos los hechos concretos, lo que vemos es que la Unops ha estado trabajando desde un principio con mucha objetividad y con mucha transparencia en todo; una obligación es escuchar la preocupación de los actores, escuchar sus preocupaciones y tomarlas en el proyecto; en ese marco se dio la fe de erratas, nos parecieron inquietudes razonables.

Añade: “nosotros detectamos que unas de las principales preocupaciones sociales era la opacidad de la información del gobierno dentro del proyecto, lo primero que se tomo fue poner la información a disposición, y en ese mismo marco estamos tratando de tener contacto con las poblaciones […] tal vez en el contexto de la historia que tiene el conflicto le cuesta a los distintos actores leer los hechos y los actos de la Unops […] nos llama la atención, frente a este estilo de poner las cosas sobre la mesa y de hablar con franqueza y objetividad, poniendo todo en nuestro sitio web, cuando se dice de una segunda intención, de un segundo mensaje, o de una estrategia oculta que pudiera haber, me parece que es querer ignorar los hechos que hay en la realidad.

Así, aclara, “La Unops, en el marco de la neutralidad que le caracteriza, no pretende sustituir el lugar de una entidad ni tampoco de la sociedad civil; sino aportar elementos para que el discurso de unos y otros esté basado en una evidencia objetiva; creo que más allá de la susceptibilidad que pudo haber generado este primer informe, al que todavía le faltan un par de capítulos para integrar este producto temprano - todos los escenarios, con la presa completa, con la presa paralizada, con la presa en 80 metros o la presa en 105 metros-, esto es mostrar aparte un estilo de trabajo en que se elabora un informe, y cuando el informe se conoce, se habilita el intercambio con cualquier persona que quiera manifestar su punto de vista o cuestionar las bases bajo las cuales fue elaborado […]”.

En algunas críticas “se dice que la nuestra no es una verdadera tercería porque no es vinculante con el gobierno, y debo aclarar que en otros países donde ha intervenido la Unops siempre lo hace con absoluta independencia, pero nunca es vinculante con el gobierno; el gobierno se mantiene en su responsabilidad en todos los sentidos: política, jurídica, frente a todas las decisiones que toma; y lo que hace Unops es proporcionar evidencia objetiva, y no lo hace de manera oculta […] a partir de esto, tanto los actores como el gobierno pueden reconfigurar sus posiciones, o mantenerse en sus posiciones tradicionales, y lo que debería ser un indicador de éxito del proyecto es poner al final del camino un elemento de juicio que no existía antes del proyecto”.

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Frases:

La meta

“La gobernanza sobre un recurso natural tiene que ver con la historia y no se define en una ventana de 17 o 20 meses, que es nuestra participación; se define por una historia, y lo que nosotros queremos aportar son elementos objetivos para que esa gobernanza pueda mejorar, definitivamente no tenemos la garantía de que vaya a mejorar, pero lo que es seguro es que al final del proyecto algunos parámetros básicos como el acceso a la información, escuchar a las poblaciones vulnerables y brindar elementos de juicio objetivos […] que estos elementos se conviertan automáticamente en un descenso de la conflictividad, es difícil, pero no solo en México sino a nivel global; los temas de conflictividad son difíciles de plantear en términos de causa y efecto”.

La novedad

“En México un proceso como éste es innovador; ustedes recordarán la crítica por la demora que tuvo Unops para formular una propuesta, el proceso íntegro para río Verde demoró nueve meses […] eso fue para no proponer un producto enlatado, hacer por ejemplo un estudio de balance hídrico, que es un producto bien entendido acerca del alcance que tiene la metodología que se usa y los resultados que da; pero un abordaje de la conflictividad que pueda mezclar elementos técnicos, hídricos, en la planeación, y le agregue elementos que tienen que ver con escuchar a las poblaciones, con sus preocupaciones, y trate de articular soluciones, con diálogo y propuestas, eso es más innovador; supone que puede haber alguno aspectos de institucionales, tendientes a que estos conflictos sociales no se repitan con tanta virulencia y con tanto conflicto, como ha ocurrido aquí en México”

Alejandro Rossi, asesor de la Unops para América Latina

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Claves

Números:

32 personas trabajan en el despacho que montó la Unops en Guadalajara para el proyecto Jalisco Sostenible, “desde la parte administrativa hasta la técnica”. Llegarán otros cuatro de apoyo

6 especialidades tiene que detallar el proceso: “especialistas en hidrología, geología, agronomía, antropología, género, patrimonio cultural, y una lista larga que está en el convenio”

20 mil km2 es el tamaño de la cuenca del río Verde, que abarca los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato

1 estudio hidrológico se realizará en la región, pero con características metodológicas más amplias y que señalará los puntos opacos de la información hídrica del río Verde

Fuente: https://www.unops.org/espanol/Projects/Paginas/Mexico-proyecto-jalisco.aspx

SRN

Clausura la Profepa zoo de Ocotlán

El organismo aseguró de forma precautoria los 32 ejemplares de vida silvestre ante "el riesgo de no poder ser atendidos por personal calificado"

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino en el zoológico La Eucalera, de Ocotlán, y al constatar que "no se encuentra en las mejores condiciones", y dado que el ayuntamiento local "no tiene la solvencia económica para el cuidado y manutención de los animales, ni cuenta con registros de procedencia o documentos que amparen la legal procedencia de los mismos", determinó asegurarlos.

En un comunicado emitido hace unos momentos, el organismo federal destaca que "los ejemplares asegurados precautoriamente, serán trasladados y depositados en diversas unidades de manejo de vida silvestre (Umas)", o en centros oficiales de resguardo, entre los que destaca el CIVS de occidente (Centro Integral de Vida Silvestre) de la Semarnat.

La clausura es "total temporal" sólo para el área del zoológico que se encuentra en las instalaciones del Parque Ecológico Metropolitano La Eucalera.

El aseguramiento precautorio abarca de los 32 ejemplares de vida silvestre que exhibían y ante el riesgo de no poder ser atendidos por personal calificado para su manejo, debido a que el Municipio no cuenta con los permisos ni recursos necesarios.

"El pasado mes de julio, el Gobierno municipal de Ocotlán solicitó la intervención de la Semarnat, que a su vez turnó el caso a la Profepa para solicitar la 'entrega voluntaria' de los ejemplares ubicados en el zoológico debido a que la infraestructura que los alberga no es la adecuada".

Derivado de esa petición, el organismo federal realizó el viernes 19 de agosto una visita de inspección a las instalaciones del zoológico, en respuesta a la solicitud , en la cual, el presidente municipal "refiere que la infraestructura del Zoológico no se encuentra en las mejores condiciones, además de que el gobierno municipal no cuenta con la solvencia económica suficiente para realizar los gastos que se generan del cuidado y mantenimiento de las especies que alberga el parque. Además, manifestó que no se cuenta con registros de procedencia o facturas que amparen la legal procedencia de los ejemplares".

Los ejemplares asegurados precautoriamente "serán trasladados y depositados en sitios que cuentan con la infraestructura y las condiciones para el resguardo y bienestar de los ejemplares". Se ha asignado del siguiente modo: UMA Bichos: reptiles y anfibios; UMA Malú: pavorreales; CIVS occidente: aves rapaces; Tarántulas de México AC: tarántulas; Zoológico Quinta Pedregal: dos Coatíes, dos mapaches, un coyote, un lobo mexicano "híbrido" (sic).

GPE

Fondo Iconia, trece reuniones sin un “sí”

Un proceso solicitado por transparencia aclara que las organizaciones ciudadanas se opusieron a permitir Iconia y firmaron “de enterados” el plan maestro de Huentitán.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si se revisan las trece minutas generadas de sendas reuniones de trabajo que sostuvo el Ayuntamiento de Guadalajara con representantes de organismos civiles de la zona de la barranca de Huentitán, entre el 19 de febrero y el 17 de junio de 2016, es difícil arribar a la conclusión de que los vecinos avalaron el Plan Maestro de Huentitán, y mucho menos sus aspectos más polémicos, como el Fondo Iconia, el recinto ferial o el museo del parque Mirador.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha insistido ante la opinión pública de que consultó a las organizaciones sociales del norte de la ciudad, cuatro distritos urbanos que se extienden entre el límite nororiental con La Experiencia (Zapopan) y los antiguos baños de Oblatos. Allí habría socializado el plan, y posteriormente, sería fortalecido con una encuesta de resultados positivos. El alcalde Enrique Alfaro dijo que "casa por casa" obtuvieron el respaldo, y descalificó a los opositores el día en que hicieron la simbólica clausura del predio de Iconia, el 11 de agosto pasado.

La realidad documental entregada por Guadalajara a través de un procedimiento de transparencia es que hubo trece reuniones con presencia diversa de 40 personas correspondientes a 22 instituciones tanto de la sociedad civil como de instancias de gobierno. La presencia fue fluctuante durante el proceso; mientras a la primera cita acudieron trece personas, a la última, con la presencia del alcalde, sólo se reunieron once.

Las minutas firmadas demuestran que se estuvo lejos de llegar a acuerdos, al grado, que el presidente municipal reconoce en la cita del 17 de junio que la firma de los asistentes no validaba el plan maestro, sino solamente era una notificación "de enterados".

Dentro de los esquemas de validación que insistentemente se señalaron como instrumento para que la decisión última contara con respaldo social, estuvo la elaboración de una encuesta. En la sesión número seis, se puso sobre la mesa un ejercicio de ese tipo que elaboraría la dirección de Participación Ciudadana, pero en las trece reuniones no se dio ningún dato de que se aplicaría la encuesta y su resultado.

"Nunca conocimientos ese resultado, es algo que no se nos informó; sabemos que el gobierno del estado está haciendo una porque busca lograr que se apruebe el recinto de las Fiestas de Octubre; en los dos casos, se han dado a nuestras espaldas", dijo ayer a MILENIO JALISCO Norma Leticia de Lara. De la colonia Panorámica de Huentitán, firme opositora al proyecto de Iconia.

El reportero solicitó al director de Gabinete del ayuntamiento, Hugo Luna, la posibilidad de conocer los resultados de la encuesta, pero al cierre de esta edición, no había obtenido una respuesta.

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Ocho años de privatización

Iconia es el último nombre de un proyecto que arrancó bajo el nombre de Puerta Guadalajara y que se decidió bajo la administración municipal de Alfonso Petersen Farah. Bajo los candiles de los juegos panamericanos (2011), y la intención de hacer el estadio de atletismo en el predio El Disparate, el alcalde decidió aprovechar la construcción de la primera línea de Macrobús para atraer inversionistas españoles de vivienda vertical, y cederles un predio de 13.6 hectáreas propiedad de la comuna desde 1982. Desde que se dio la cesión, comenzó la impugnación ciudadana, la cual no ha terminado ocho años después.

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Claves

Trece reuniones, ningún sí

• Primera mesa de trabajo zona Huentitán. Lugar: Dirección de proyectos de espacio público (allí serán todas, excepto la final). Asisten doce ciudadanos con el director de proyectos para espacio público, Ricardo Agraz Orozco (consultar lista contigua de asistentes a 13 reuniones). En los temas a tratar "se manifiesta una clara y rotunda oposición al plan Voltea a la Barranca, ya que lo consideran depredador"; piden el área natural protegida y se enlistan todos los proyectos a discutir: zona turística y parque en Puerta a la Barranca; parque natural Huentitán; recinto ferial Fiestas de Octubre; Iconia; planetario; parque Mirador; Voltea a la Barranca; planes parciales; organización/vinculación entre gobierno y ciudadanos; vialidades y destino del predio El Disparate.

26 de febrero.

• Diez asistentes. Se abordan las propuestas de Jardín Botánico y del Parque Huentitán. 4 de marzo, once asistentes. Se detalla propuesta de programa arquitectónico del parque Huentitán. 11 de marzo, 14 asistentes. Se firma un acuerdo del plan arquitectónico del parque; se menciona la necesidad de investigar sobre "el predio en la calzada" (alusión a Iconia).

18 de marzo.

• 17 personas presentes; sólo se abordaron avances de Parque Huentitán y se pidió a los presentes ser "propositivos". 8 de abril, 20 asistentes. Ricardo Agraz señala que "es inminente que en las próximas sesiones de cabildo se someta como respuesta formal al gobierno del estado una negativa ceder el terreno del Parque Huentitán al recinto ferial y mantenerlo como parque de propiedad municipal". Se anuncia la preparación de la encuesta; los representantes ciudadanos piden ser incluidos en la elaboración para "garantizar que sea información veraz y no inducida; además proponen algún tipo de contraloría ciudadana". Se da a conocer por el ayuntamiento la intención de que Iconia "ceda una parte considerable" de terreno para el parque.

15 de abril.

• Doce asistentes. "El alcalde expresó su deseo de renegociar la concesión [de Iconia] sin entrar en un litigio para establecer que se construya según la ley, y que sea a cambio de un precio justo y real pagado en infraestructura que se use en Huentitán. De esta manera, habría fondos disponibles para implementar el equipamiento necesario. El Plan de Ordenamiento Territorial contempla Huentitán como posible reserva urbana para desarrollo de vivienda; esto ayudaría para evitar migración a otras áreas fuera de la ciudad y promover la redensificación", les informa Ricardo Agraz.

Pero "la mesa manifestó desacuerdo y desconfianza, convirtiendo este en tema prioritario". Los comentarios incluyen, agrega el acta: "un impacto ambiental brutal para la zona2, la legalidad de los planes parciales de 2011 "es cuestionable"; el déficit de infraestructura de urbanización será mayor con más vivienda; "según parámetros de la Sedesol, la zona carece de trece jardines de niños, 17 primarias, siete secundarias, una preparatoria, tres bibliotecas públicas, dos unidades de medicina familiar, nueve centros de estancias para desarrollo infantil, un hospital, una plaza cívica, un mercado público, dos unidades deportivas, [...] ¿cómo se justifica el proyecto de Iconia y otros desarrollos verticales ante estas carencias?".

Así, "prefieren que no proceda nada y enfocarse en los demás temas prioritarios y necesidades". Agraz les responde que Iconia es la oportunidad de obtener fondos. "El alcalde está aprovechando la ocasión de estar en el ayuntamiento para hacer lo que los desarrolladores particulares no van a hacer [sic] : meter infraestructura y equipamiento para aminorar el impacto de los desarrollos privados".

22 de abril.

• 14 asistentes. Se detalla la propuesta general de intervención. 29 de abril, 12 asistentes. Se firma únicamente "de enterados" el plan maestro, no de aprobación. 20 de mayo, seis asistentes. El plan maestro se modificará y ajustará "a partir de la consulta ciudadana", comenta Agraz. "Los asistentes expresaron la petición de no estar privatizando los espacios públicos a costa de los habitantes de la zona y revisar quién se beneficia a costa de qué".

3 de junio.

• 4 Asistentes. Comienzan a separarse de las reuniones algunos grupos civiles.

10 de junio.

• Seis asistentes. Ya no se abordan nada del fondo Iconia y la privatización.

17 de junio.

• Presidencia municipal de Guadalajara, con Enrique Alfaro Ramírez y once personas más. El alcalde señala que "se inició el proceso para recuperar el terreno de Puerta Guadalajara. Se abrió una puerta de negociación con los nuevos dueños para asegurarse de que si se va a hacer algo, se haga bien".

El terreno "se entregaría al revisar el proyecto y recibir un pago de 650 millones de pesos, mismos que se usarían estrictamente para las intervenciones de la zona...". Los presentes reiteran su preocupación. "En los próximos días se convocará a una sesión para presentar la última versión del proyecto de Iconia...". No se aprobó nada. La reunión prometida no se ha realizado, al menos con las representaciones vecinales que hoy se manifiestan en contra de este proceso de privatización.

* * *

Los asistentes

Vecinos Unidos por Huentitán, 10 asistencias

Roberto Rubio Ángel

Urvital AC, 6 asistencias

José Dorazco

Kevin Alan Carrillo

Nahesda Pérez

UdeG, 5 asistencias

Sergio Alvarado Vázquez

Ramón Reyes Domínguez

Tlatoani Ruiz Dueñas

Parque Mirador Independencia, 10 asistencias

Ernesto Durán Meléndrez

Huentitán, Proyecto Ciudadano, 10 asistencias

Eduardo Castillo Bernal

Leticia Prado Blagg

Panorámica Huentitán, 12 asistencias

María Guadalupe Presas Beltrán

Jesús Becerra Cárdenas

Panorámica Huentitán, II sección, 2 asistencias

Joel Alvarado

David Antón Hernández

Huentitán Vive, 8 asistencias

Adriana Betancourt Esquivel

Cecilia Espinoza Avilés

Jorge López Mercado

Jaasiel Ortiz Razo

Leticia de Lara

María Inés Hernández Sandoval

Huentitán el Bajo, 2 asistencias

Alejandro Sánchez

Irma Hernández Vélez

Porfirio Pérez López

Vicente Garay

Huentitán, 9 asistencias

Alejandro Michel Flores

Únete Huentitán, 9 asistencias

Arturo Héctor Mendoza

Frente Unido por Huentitán, 2 asistencias

Olga Rodríguez Villa

Civilidad para Transformar AC, 1 asistencia

Eduardo Almaguer Ureña

Asociación de Atletismo de Jalisco, 2 asistencias

Francisco Ramírez Beltrán

Atletismo Huentitán, 8 asistencias

Paulín Sánchez

Equipo del diputado Alejandro Hermosillo, 1 asistencia

Equipo de la diputada Martha Villanueva, 5 asistencias

Diputada federal Candelaria Ochoa, 1 asistencia

Dirección de proyectos de espacios públicos de Guadalajara, 13 asistencias

Alejandro Guerrero

Sergio Miguel Valadez

Ricardo Agraz

POTmet “fracasará” sin ley de ciudades federal

Jesús García Rojas advierte sobre las inconsistencias del documento, y sobre la necesidad de una legislación general que obligue a cumplir.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Es fundamental que el Congreso de la Unión avance sobre la conformación de la Ley de Ciudades y Territorio para evitar que la entrada en vigor del Plan de Ordenamiento Territorial (POTmet) en Guadalajara signifique un triunfo de la simulación que permita proseguir el negocio de la expansión urbana, sostiene el consultor Jesús García Rojas.

El arquitecto de profesión destaca la relevancia que esta propuesta de ley tiene para de verdad poner freno a la caótica expansión de las ciudades mexicanas; señala que penalizar de forma estricta los abusos de alcaldes y servidores públicos y dar verdaderos derechos para ejercer a los ciudadanos, es un modo de dar legalidad y sustento social a todo el tema de ciudades compactas que pretende generar –de forma ambigua y frecuentemente equívoca– el POTmet.

El POTmet “ya es ley, está publicado en el periódico oficial del estado. Sin duda es un importante paso, el principio de algo muy relevante y nos da zonificación primaria y estructura urbana […] un buen ejercicio, bien intencionado, con buenos propósitos, un documento básico, primario, una fotografía, un registro de la situación actual que desnuda todas nuestras inconsistencias y falta de coordinación, y un plan a nivel idea lógico, que incorpora políticas públicas, conceptos y propósitos del gobierno federal e iniciativas que no han prosperado”.

Pero “emprender una apresurada tarea como esta no es nada fácil; ordenar lo general, cuando no está ordenado lo particular, donde impera el desorden y la discrecionalidad, cuando en la ley no hay organismos intermedios entre municipios y estados, cuando hay un Código Urbano que no aplica en la mayoría de los municipios y en donde sigue vigente el Reglamento de Zonificación, anarquía, desorden e interpretaciones que favorecen la opacidad y la corrupción; una Ley de Coordinación Metropolitana que podría mejorarse y también su estatuto orgánico”.

Adicionalmente, la gran debilidad “es el marco jurídico para los asentamientos humanos federal, estatal y municipal, que están cuestionados y en debate”.

García Rojas se pregunta: ¿Qué le falta como instrumento de ordenamiento al POTmet? “… se identifican la conveniente consideración de la marginación y el empleo, el exceso de reservas urbanas, el déficit de áreas verdes para lo que no proponen nada ya que las que tenemos se concesionan, aportan o venden a negocios privados”; hay aciertos y hay inconsistencias: “que sospechosamente Huentitán sea considerado como un nuevo centro urbano sustentable y que retomen atinadamente el viejo tema del banco de tierras para vivienda”, lo evidencian.

El área metropolitana “ya es policéntrica; en la zonificación probablemente se cayó en excesos en la propuesta de centralidades especialmente las emergentes para satisfacer presiones de intereses que contravienen el propósito del plan de ser compactos, cercanos, conectados y equitativos; hay que entender que finalmente el Imeplan es el coordinador y amanuense de los municipios”.

Ante esto, “si no hacemos reformas económicas y sociales de fondo, seguiremos dispersos, distantes, desconectados y desiguales. Ni las nuevas reglas de otorgamiento de subsidios de la SHCP, ni los perímetros de contención urbana de la Conavi, que por cierto ambos son negociables y laxos, y localmente el POTmet y sus centralidades, no detendrán la expansión urbana”.

Por eso urge a “retomar la Ley General de Ciudades y Territorio que abortó en el Congreso de la Unión por el cabildeo de desarrolladores y ayuntamientos”, además de “cambiar la política de subsidios totalmente, ya no darlos al frente como enganche, sino darlos en especie con tierra planificada”, plantea.

Expansión urbana

5 millones de viviendas abandonadas [en México] y el aumento del hacinamiento en los últimos 23 años

Causas: “políticas públicas equivocadas, apostar a ser un país maquilador-exportador de materias primas y de capital humano; las reformas constitucionales de 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, donde abdica el estado mexicano a la rectoría en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y usos del suelo; a la Ley Agraria, a la Ley de Aguas Nacionales y las de los institutos de vivienda”

También, “estrategias facilitadoras, privatización de la oferta de vivienda, desalineación entre oferta y demanda, subsidios mal diseñados, especulación de suelo urbano, congelación de salarios, desempleo –60 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad–, pérdida de poder adquisitivo, pobreza, pobreza extrema, desigualdad, marginación, migraciones del campo a la ciudad, asentamientos irregulares y obviamente migración del centro a la periferia”

Lesionados, saldo irresuelto de "justicia" frente a la minera

Se ha denegado atención médica a los golpeados por policías colimenses el 22 de julio de 2015.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Además de ser presionados por la minera Peña Colorada y el comisariado ejidal de Ayotitlán para que aceptaran un “perdón” por delitos que no cometieron, los quince ejidatarios de Ayotitlán que acaban de ganar el proceso penal que les abrió la procuraduría de Colima, carecieron de atención médica. Al grado que a trece meses de su detención violenta, padecen secuelas de esos golpes.

“Algunos de ellos pudieron darle seguimiento a una recomendación en Derechos Humanos, para que los atendieran. Habíamos pedido primero que fueran a un poblado que está cerca, a Minatitlán, pero nomás los veían y no les daban medicinas; así que aprovechamos el día de la firma de su completa libertad [29 de julio] para ir a la comisión en Colima; muchos de ellos siguen con lesiones, no se han podido recuperar, desde que los golpearon, o golpearon a sus papás o familiares”, explica el abogado y director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Carlos Valentín Veyna.

Un caso es el de Francisco Hermenegildo Sánchez, a quien lo golpearon en un pie e incluso lo amarraron. “Yo le decía al policía que me soltara, y si me soltó, pero de este pie ya no pude andar; me mandaron a Colima al hospital regional, de ahí me mandaron al hospital civil, al otro día, y nomas me pelaban los dientes, no pues que chinguen a su madre, dije…”

Era un hombre de campo que laboraba la parcela como sus vecinos, ahora ha dejado de trabajar por la dolencia del pie. “No puedo trabajar, pero afortunadamente dos hijos me ayudan, ya nomás me quedo tirado en la cama porque el pie siempre me duele”, relata.

Pedro Gutiérrez Hernández, quien vive en Plan de Méndez, tiene desde hace un año un dolor de cabeza incapacitante. “Me pegaron en la cabeza y hay días en que duele cuando estoy en el campo; ya no puedo trabajar como lo hacía antes; me dieron con armas, con las macanas, y también me pegaron en la espalda y la cadera; hay trabajos del campo con los que ya no puedo.

- ¿No sabe qué le paso en la cabeza?

- Fui a Manzanillo y me dijeron que sus aparatos no servían como para ver que tenía; yo creo que no me quisieron atender; eso fue el pasado 4 de julio, con pase de derechos humanos y todo […] como saben que todo esto fue derivado del pleito con el consorcio, no quieren; a mi tío no lo quisieron atender y tuve que pagar la consulta […] nos dijeron, no los podemos atender, ustedes no tienen nada grave, ya tienen un año, no se murieron; también nos dicen que por qué no vamos a Jalisco…

Hay ejidatarios a los que ya les soldaron las costillas rotas como saldo del encontronazo con los antimotines. Pero soldaron mal, porque no tuvieron atención profesional. Ese mal no se acaba con el amparo ganado ni con la destitución de un juez. La justicia llega tarde… y mal, concluyen.