Año nuevo: arrancan 5 obras

Obras para mejoramiento vial, pero que complicarán la movilidad temporalmente

Agustín del Castillo / Guadalajara-NTR

La obra pública tiene como fundamento crear infraestructura para mejorar los servicios y en consecuencia, la calidad de vida de los moradores de la metrópolis. Ese es su aspecto positivo. El negativo es al menos temporal: implica movilización de maquinaria y vehículos que provocan emisiones, desplazamientos de materiales que provocan aire particulado y atorones viales que maximizan las emisiones de más de 2.1 millones de automotores que circulan por la ciudad, cuya tasa de motorización es solamente inferior a la de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y muy por encima de la Ciudad de México, y que en invierno tiene sus peores niveles de contaminación.

El gobierno de Jalisco anunció ayer que ha comenzado el año 2019 con frente de obra pública en Zapopan, Tonalá y Guadalajara.

“Con una inversión superior a los 131 millones de pesos, a partir del 2 de enero habrá cierres parciales en algunos tramos de las avenidas Laureles, Tonalá y Revolución; también arrancarán las obras de la ciclovía de la avenida Ávila Camacho”, anunció la autoridad por medio de un comunicado. Se trata fundamentalmente de obras viales: “las intervenciones, que llevará a cabo la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública estatal (SIOP), comenzarán simultáneamente el miércoles 2 de enero en Zapopan, Tonalá y Guadalajara y se calcula que terminarán en un plazo de 16 semanas aproximadamente, con una inversión de más de 131 millones de pesos”.

La autoridad pretende hacer frente al problema de las emisiones y asegura que en ningún caso se bloqueará completamente la movilidad: “para consultar a detalle los tramos que tendrán una reducción de carriles (no habrá cierres totales), los ciudadanos podrán atender las señales colocadas en cada sitio o ingresar a las cuentas oficiales del Gobierno de Jalisco en Facebook o Twitter: @GobiernoJalisco”.

En términos generales, estas obras que buscan mejorar movilidad, y que significan una reducción de emisiones, ocasionan paradójicamente un aumento de emisiones de forma temporal. La reducción de la velocidad de los automotores es la principal fuente de esas emisiones.

¿Por qué los autos pueden generar un problema tan severo? Además de gasolinas de calidad inferior, está la baja eficiencia de los motores de combustión interna, que en promedio es de apenas 20 por ciento, mientras en modelos más recientes apenas se acerca a 40 por ciento. Esto se cruza con el tema de la altitud y la temperatura: en una ciudad de 1,500 a 1,600 metros de altitud, como Guadalajara, la quema de combustible es más elevada que en una ciudad al nivel del mar. Y el cuarto elemento, el más decisivo: la eficiencia de la quema de combustible baja cuando la movilidad no fluye, porque cada freno y arranque implica un consumo extra de 1.25 por ciento, y eso sucede en zonas saturadas de autos: si se recorre un kilómetro lenta pero no constantemente, y se acumulan diez arranques, eso significará consumir 12.5 por ciento más de gasolina, según cálculos del investigador Antonio Gómez Reyna.

1 Andador y ciclovía en avenida Laureles (920 metros lineales, de Pedro Moreno a Juárez). “La intervención, que se llevará a cabo en las inmediaciones del Mercado del Mar, incluye la renovación completa del paisaje urbano que contempla, entre otras acciones, la ampliación de banquetas, la renovación de carriles laterales, la instalación de concreto hidráulico, la colocación de ciclopuertos, luminarias solares, alumbrado público, jardinería y bocas de tormenta”.

2 Rehabilitación de colector (Linner) de 42 metros de diámetro sobre la avenida Ávila Camacho, entre las calles Obelisco y Bandera Nacional.

Guadalajara

3 Paisaje urbano, andador y ciclovía en avenida Revolución (mil 72 metros lineales, de Dr. Pérez Arce a Mota Padilla). “Esta obra contempla la construcción de nuevas banquetas, ciclovía, camellón y la renovación de la superficie de rodamiento, cubriendo un área total de más de 18 mil metros cuadrados”.

Tonalá

4 Conexión troncal de transporte público en avenida Tonalá (350 metros lineales, entre la avenida Revolución y la calle Siete Leguas). “Se rehabilitarán los carriles laterales, ciclovía y se ampliarán las banquetas. Se instalarán baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual, rampas, señalética horizontal, semáforos, jardinería, nuevo cableado eléctrico, redes hidrosanitarias y de captación pluvial. También se repavimentará con concreto hidráulico la superficie de rodamiento”.

Zapopan y Guadalajara

5 Ciclovía en Ávila Camacho (4.6 kilómetros lineales, desde la Glorieta de La Normal hasta los Arcos de Zapopan). Correrá en ambos sentidos. “Esta obra facilitará la movilidad no motorizada y sustentable de más de 100 mil personas, las cuales podrán recorrerla de manera segura gracias a la instalación de bolardos abatibles, balizamiento y nueva señalética horizontal y vertical”.

Juez ordena al Inai transparentar los dineros de acueducto a León

Los recursos públicos deben ser.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, ha obligado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), a gestionar la entrega de información presuntamente confidencial que esa entidad negó exigir al gobierno federal a favor de un ciudadano, respecto a contratos, pagos e inversiones cedidos a la transnacional Abengoa, concesionaria del acueducto de El Zapotillo-León.

El Inai señala la secrecía de los datos bancarios como argumento para bloquear el acceso a la información del fideicomiso constituido a propósito de la megaobra de infraestructura, que a precios de 2018 implica más de 8,500 millones de pesos, de los que aporta poco más de 48 por ciento el Fondo Nacional de Infraestructura del gobierno federal.

En específico, el ciudadano Alejandro López Aguayo reclama conocer el contrato de apertura de crédito simple del 11 de diciembre de 2014, celebrado entre la concesionaria (Abengoa y socios), y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. El Inai resolvió el 29 de noviembre de 2017 (recurso de revisión 5808/17) que no procedía su solicitud aludiendo secreto bancario. El quejoso interpuso demanda de amparo (expediente 18/2018) ante la citada autoridad, la cual le dio la razón.

“Resulta evidente que los involucrados en los fideicomisos deben regirse por los mismos estándares de transparencia y principios de máxima publicidad que abonen a la fiscalización y control de los fondos en estas figuras jurídicas (…) el artículo 6 constitucional garantiza a los ciudadanos su derecho a buscar, recibir y difundir información relacionada con el ejercicio de recursos públicos en posesión de las entidades gubernamentales partiendo del principio de que todos los actos de gobierno son públicos. Consecuentemente, debido a que lo invertido en los fideicomisos consiste en recursos económicos que pertenecen a los ciudadanos, la rendición de cuentas sobre su ejercicio debe ser transparente, y las entidades gubernamentales que los generan deben garantizar el acceso a la información sobre su funcionamiento”, señala el juez en la página 39 de la resolución del juicio.

El administrador de justicia razona: “la antinomia (RAE: “'Contradicción u oposición entre dos conceptos o principios”) jurídica entre el ámbito privado, que resguarda el secreto fiduciario de las operaciones de los fiduciarios, y el ámbito público, que constriñe a la divulgación y transparencia de los fideicomisos que involucran recursos públicos aun cuando sean privados, aunado a la compleja estructura de la figura, permite que las entidades de gobierno adopten de manera discrecional la medida legal que más favorece a sus intereses y así evitar rendir cuentas; además, la ausencia de información respecto al funcionamiento de estas figuras impide a los ciudadanos verificar si la creación de fideicomisos funge como verdaderos instrumentos para implementar políticas públicas tendentes a mejorar su calidad de vida, o si el monto del gasto público depositado en fideicomisos es equitativo y necesario”.

Por consiguiente, “aunque el contrato de crédito actualiza el secreto bancario, ello no implica reservar la información de un proyecto de infraestructura pública a los efectos que conlleva la clasificación de un acto suscrito entre sujetos del derecho privado. De tal suerte, el proyecto denominado Acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, contempla la participación de recursos públicos para el fideicomiso privado 2197, denominado ‘Acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato’, y la finalidad del mismo obedece a un proyecto de infraestructura público. Con base en lo anterior, atendiendo a la relevancia con que cuenta el proyecto de desarrollo debe prevalecer la publicidad de la documentación”.

Ratifica: “dada la importante cantidad de fondos que están comprometidos en los fideicomisos, aumenta la exigencia de su transparencia y un mayor escrutinio social que verifique que los fines por la cuales se constituyó el fideicomiso se cumplan”.

La determinación data del pasado 20 de agosto y ya ha sido notificada a las partes. Si no se presenta un recurso por parte del Inai, en breve se conocerá el contrato, un documento medular para conocer el monto de las pretensiones económicas de Abengoa, que ha reclamado al gobierno mexicano pago de reparaciones al no haber podido construir el proyecto de infraestructura aludido (MILENIO JALISCO, 25 de junio de 2018).

Lo que se obliga al Inai 

“…la autoridad responsable deberá resolver que sí es procedente entregar la información requerida por el solicitante, pero bajo la modalidad de versión pública, esto es, en un formato donde se mantuviera la secrecía de todos los datos personales (nombres, correo electrónico, nacionalidad, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, domicilio, etcétera) y los relacionados con el patrimonio de las personas morales que sean titulares, comprendiendo hechos, o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, etcétera, deberá permanecer en secrecía, es decir, proteger los datos personales contenidos en el contrato, así como en todos sus anexos, a través de la elaboración de una versión pública; excluyendo claro está, el resto del contenido del contrato y de sus anexos…”.

Sentencia del juicio de amparo indirecto 18/2018, juez 3 de distrito en materia Administrativa y del Trabajo, 20 de agosto de 2018

Alfaro anuncia que impedirán presa de 105 m, e inundar Temaca

Legisladores del PMC bloquearán un nuevo convenio para legitimar El Zapotillo, e iniciarán controversia constitucional contra cesión de servidumbre de carreteras a Abengoa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los liderazgos locales del Partido Movimiento Ciudadano, encabezados por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, aseguraron hoy que el agua del río Verde es insuficiente para compartirla con Guanajuato, por lo que anunciaron que no habrá apoyo de su fracción legislativa a un nuevo convenio para la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros, e invitaron al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, a “sumarse en la lucha por los intereses de Jalisco”.

En un mensaje del alcalde, ante la plana mayor de sus homólogos de los municipios metropolitanos, de los legisladores locales y federales, y diversos representantes de la sociedad civil, en el teatro Larva, enclavado en el centro de la ciudad, Alfaro Ramírez aseguró que su equipo le tomó la palabra a Sandoval Díaz y se puso a estudiar el documento de cuatro mil hojas entregado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), y presentado por el mandatario hace más de tres semanas.

La conclusión es que el gobernador tomó una decisión apresurada, bajo la presión del gobierno federal, y contraria a los intereses de Jalisco y Guadalajara, añadió.

Según sus cifras, el verdadero déficit de agua para el área metropolitana de Guadalajara es de seis metros cúbicos por segundo, porque está integrada por nueve municipios y buena parte de esta no es abastecida por el SIAPA. Y si se suman las carencias de Los Altos de Jalisco, las necesidades del estado son de 9.8 m3 por segundo que rebasan con mucho el agua del río Verde. No hay, en consecuencia, agua qué repartir con el estado vecino.

El análisis, que se entregará en unos momentos en la oficina del gobernador, revela que los escenarios determinados por la Unops a partir de sus propios datos no tienen internalizados todos los factores, en especial el tema del cambio climático. Eso lleva al equipo de asesores de Enrique Alfaro a señalar que no hay en la cuenca ni 8.3 m3 por segundo para dar vida al acuerdo de 2005, ni los 7.5 m3 que asegura el mandatario, sino apenas 5.8 m3, agua que a su juicio se debe quedar en su totalidad en Jalisco.

“El escenario elegido por el gobernador no prevé el efecto del cambio climático”, dijo. Ya incorporados esos datos, no hay manera de validar su decisión, pues es mucho menos agua al grado que ni siquiera va a resolver las necesidades locales.

CEA avizora conflicto con 10% de dueños de Temaca}
Por ello, retomar el proyecto de cortina a 80 metros tiene, en consideración de Alfaro Ramírez, diversas virtudes: no inunda Temacapulín (pues considerando el tema del manejo de agua en la presa al nivel máximo ordinario, podría ni siquiera obligar a poner diques), deja toda el agua para Jalisco, genera menos gases de efecto invernadero, y da así vida a un proyecto considerablemente más realista y con más solidez a futuro.

“Hablar de 7.5 m3 por segundo es una fantasía, pero 5.6 m3 por segundo sí los puede haber, por eso decimos no al trasvase a Guanajuato […] sabemos que las aguas son bienes nacionales, pero se debe priorizar a los habitantes de la cuenca que están en Jalisco”, agregó. Dijo que apoyarán esa medida al impedir cualquier convenio nuevo desde el Congreso que permita legitimar la presa a 105 metros, que el propio legislativo, a iniciativa del PMC establecerá una controversia constitucional contra la cesión de servidumbre carretera para el proyecto de acueducto de la transnacional Abengoa, y que se insistirá en la necesidad de terminar el proyecto de El Purgatorio –la presa derivadora enclavada en el río Verde a cinco km de Guadalajara- como fuente inmediata de abastecimiento metropolitano.

“Necesitamos una nueva gestión integral del agua, pasar a un sistema metropolitano que permita ahorrar agua, actualizar la exigencia de infraestructura para captar el agua de lluvias, y establecer una mesa técnica para definir los proyectos” que sean necesarios. Esa mesa la conformaría el Colegio de Ingenieros Civiles, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y las instancias que luchan por el agua desde la sociedad civil, y se regresaría el peso que tiene en lo legal el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, como conductor del proceso.

“No es un ánimo de politizar el tema… El gobernador nos hizo el ofrecimiento de un debate técnico, ahora lo estamos respondiendo, tampoco pretendemos descalificar el estudio de la Unops, que hemos revisado a detalle”; Alfaro Ramírez concluyó que el del agua es el gran tema que define el futuro de Jalisco.

SRN

Unops, o cómo sobrevivir a la desconfianza de actores

Los responsables del proyecto de río Verde reconocen el clima "altamente politizado" de la controversia por el agua, pero defienden su neutralidad y profesionalismo.

Agustín el Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No es la primera ocasión ni el primer país en que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) está en el “ojo del huracán” por desconfianza de actores gubernamentales o sociales a su trabajo técnico contratado por instancias públicas.

La directora del proyecto del río Verde, en Los Altos de Jalisco, Eliana Ames Vega, advierte que su labor es “objetiva y neutral” al grado que en el periplo por 80 países donde han sido contratados, algunos gobiernos han suspendido unilateralmente los convenios al no ver sus intereses reflejados en los productos de la agencia.

La peruana no lo dice, pero un rastreo por la web arroja con facilidad un expediente controvertido: el de sus estudios ambientales con la minería de ese país andino y sus graves efectos sociales, que provocaron que el gobierno saliente de Alan García (2011) cancelara la colaboración sin consultarlos; “cuando [la Unops] estaba a punto de entregar graves observaciones al proyecto cuprífero de Southern Perú, el ministro [Pedro Sánchez, de Energía y Minas del gobierno central] canceló el contrato sin dar la cara”, reseña la periodista Milagros Salazar (IDL-Reporteros, https://idl-reporteros.pe/el-silencioso-escandalo-de-la-unops-el-ministro-y-tia-maria/).

Esto fue en mayo de 2011. Hace menos de un año, en septiembre de 2015, la oficina intervino en el problema de contaminación por cianuro del río San Juan, en Argentina, para establecer un sistema de monitoreo y determinar el riesgo de la actividad minera en la zona, lo que le ganó la inquina de los mineros organizados de ese país y amplios debates entre congresistas en Buenos Aires(http://www.lanacion.com.ar/1830126-el-juez-que-investiga-el-derrame-de-cianuro-en-san-juan-asegura-que-los-mediciones-dieron-negativo). Antes (1999) había intervenido y posibilitado la publicación del informe Memoria del silencio, sobre la violencia y el genocidio en Guatemala; y en 2015, sus labores fueron solicitadas para lograr los abastecimientos de las fuerzas de paz en Somalia (informe del secretario general sobre Somalia al Consejo de Seguridad de ONU, 9 de mayo de 2016).

La polémica es inherente a su trabajo. Pero llama la atención que los propios activistas sociales no la vean como aliado potencial, a diferencia de otras instancias de Naciones Unidas. Una posible respuesta sea el modelo de financiamiento con que opera Unops, que le garantiza sostenibilidad pero la liga de cerca a los entes gubernamentales.

“Estamos en 80 lugares del mundo, unas sociedades son más complejas que otras […] creemos que este ruido que se hace es porque de repente no se entiende la naturaleza de lo que hacemos; nosotros somos la única agencia de Naciones Unidas autosostenible; no recibimos donaciones, montamos un equipo multidisciplinario que no es sencillo; tenemos un grupo de consultores a nivel global de muy alto nivel; cuando vamos intervenir en un lugar necesitamos los recursos brindados por las contrapartes gubernamentales, y es por eso que no se logra comprender qué somos, no una ONG y no una empresa; no, somos un organismo de ONU con una particularidad, ser autosostenibles; sin embargo, los gobiernos que nos contratan saben que no nos podrán poner condiciones; van a tener que aceptar nuestro informe neutral, y en algunas partes del mundo, cuando hemos entregado las observaciones técnicas, objetivas y complejas, el Estado se ha asustado, y han cortado el convenio… pero lo hemos tenido que asumir, no podemos cambiar”, advierte.


Asunto complejo
Junto con Alejandro Rossi, asesor para América Latina de la agencia, la directora defiende la labor realizada en el proyecto de Los Altos, en particular, ese “producto temprano” sobre escenarios para la presa El Zapotillo, como un eventual llenado por avenidas extremas de agua propiciadas por algún evento del temporal.

Ese trabajo, advierten, llevó un proceso largo de socialización tanto en las instancias públicas como entre los pobladores. La buena noticia, por ejemplo, es que tanto Protección Civil como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han actualizado su “programa de emergencias” para prever escenarios complicados.

“Para nosotros era importante que fuera actualizado […] recibimos un documento de la Conagua donde expresaban que estaban trabajando y ya tenían el plan actualizado, y para tomar medidas como recoger troncos y otros objetos para evitar que el túnel de desvío se tapara, y fue evidente que hubo una respuesta a nivel de estas instituciones”, subraya Rossi.

- Es inevitable que tenga lectura política su presencia en la zona; hay actores de mucho tiempo y un viejo historial de desconfianza entre sociedad y gobierno…
- Ahí es importante destacar algo: hay muchas conjeturas sobre la Unops, pero si miramos los hechos concretos, lo que vemos es que la Unops ha estado trabajando desde un principio con mucha objetividad y con mucha transparencia en todo; una obligación es escuchar la preocupación de los actores, escuchar sus preocupaciones y tomarlas en el proyecto; en ese marco se dio la fe de erratas, nos parecieron inquietudes razonables.

Añade: “nosotros detectamos que unas de las principales preocupaciones sociales era la opacidad de la información del gobierno dentro del proyecto, lo primero que se tomo fue poner la información a disposición, y en ese mismo marco estamos tratando de tener contacto con las poblaciones […] tal vez en el contexto de la historia que tiene el conflicto le cuesta a los distintos actores leer los hechos y los actos de la Unops […] nos llama la atención, frente a este estilo de poner las cosas sobre la mesa y de hablar con franqueza y objetividad, poniendo todo en nuestro sitio web, cuando se dice de una segunda intención, de un segundo mensaje, o de una estrategia oculta que pudiera haber, me parece que es querer ignorar los hechos que hay en la realidad.

Así, aclara, “La Unops, en el marco de la neutralidad que le caracteriza, no pretende sustituir el lugar de una entidad ni tampoco de la sociedad civil; sino aportar elementos para que el discurso de unos y otros esté basado en una evidencia objetiva; creo que más allá de la susceptibilidad que pudo haber generado este primer informe, al que todavía le faltan un par de capítulos para integrar este producto temprano - todos los escenarios, con la presa completa, con la presa paralizada, con la presa en 80 metros o la presa en 105 metros-, esto es mostrar aparte un estilo de trabajo en que se elabora un informe, y cuando el informe se conoce, se habilita el intercambio con cualquier persona que quiera manifestar su punto de vista o cuestionar las bases bajo las cuales fue elaborado […]”.

En algunas críticas “se dice que la nuestra no es una verdadera tercería porque no es vinculante con el gobierno, y debo aclarar que en otros países donde ha intervenido la Unops siempre lo hace con absoluta independencia, pero nunca es vinculante con el gobierno; el gobierno se mantiene en su responsabilidad en todos los sentidos: política, jurídica, frente a todas las decisiones que toma; y lo que hace Unops es proporcionar evidencia objetiva, y no lo hace de manera oculta […] a partir de esto, tanto los actores como el gobierno pueden reconfigurar sus posiciones, o mantenerse en sus posiciones tradicionales, y lo que debería ser un indicador de éxito del proyecto es poner al final del camino un elemento de juicio que no existía antes del proyecto”.

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Frases:

La meta

“La gobernanza sobre un recurso natural tiene que ver con la historia y no se define en una ventana de 17 o 20 meses, que es nuestra participación; se define por una historia, y lo que nosotros queremos aportar son elementos objetivos para que esa gobernanza pueda mejorar, definitivamente no tenemos la garantía de que vaya a mejorar, pero lo que es seguro es que al final del proyecto algunos parámetros básicos como el acceso a la información, escuchar a las poblaciones vulnerables y brindar elementos de juicio objetivos […] que estos elementos se conviertan automáticamente en un descenso de la conflictividad, es difícil, pero no solo en México sino a nivel global; los temas de conflictividad son difíciles de plantear en términos de causa y efecto”.

La novedad

“En México un proceso como éste es innovador; ustedes recordarán la crítica por la demora que tuvo Unops para formular una propuesta, el proceso íntegro para río Verde demoró nueve meses […] eso fue para no proponer un producto enlatado, hacer por ejemplo un estudio de balance hídrico, que es un producto bien entendido acerca del alcance que tiene la metodología que se usa y los resultados que da; pero un abordaje de la conflictividad que pueda mezclar elementos técnicos, hídricos, en la planeación, y le agregue elementos que tienen que ver con escuchar a las poblaciones, con sus preocupaciones, y trate de articular soluciones, con diálogo y propuestas, eso es más innovador; supone que puede haber alguno aspectos de institucionales, tendientes a que estos conflictos sociales no se repitan con tanta virulencia y con tanto conflicto, como ha ocurrido aquí en México”

Alejandro Rossi, asesor de la Unops para América Latina

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Claves

Números:

32 personas trabajan en el despacho que montó la Unops en Guadalajara para el proyecto Jalisco Sostenible, “desde la parte administrativa hasta la técnica”. Llegarán otros cuatro de apoyo

6 especialidades tiene que detallar el proceso: “especialistas en hidrología, geología, agronomía, antropología, género, patrimonio cultural, y una lista larga que está en el convenio”

20 mil km2 es el tamaño de la cuenca del río Verde, que abarca los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato

1 estudio hidrológico se realizará en la región, pero con características metodológicas más amplias y que señalará los puntos opacos de la información hídrica del río Verde

Fuente: https://www.unops.org/espanol/Projects/Paginas/Mexico-proyecto-jalisco.aspx

SRN

800 mil habitantes bajo riesgo por lluvias

Más de 6 mil hectáreas de la ciudad donde ahora hay casas y calles, eran arroyos, ríos y pantanos, lo que explica por qué son zonas de inundación recurrente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Desde siempre, esta es Guadalajara: “la ciudad se envuelve en un manto de lluvia; silba el viento de la tempestad en la llanura desierta; se estremece el espacio a cada instante con el estallido del rayo, y el valle todo aparece magníficamente ceñido con una corona de tormentas” (Clemencia, Ignacio Manuel Altamirano).

Y desde hace más de medio siglo, Guadalajara es esta: “Parte de los estragos que dejó la lluvia que se registró anoche [12 de junio de 2015] en gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue la inundación en Pueblo Quieto, entre las calles Lluvia y Tormenta y las vías del tren donde se reportaron 63 viviendas con inundación y daño en menaje de casa. Otro punto afectado de la ciudad fue la zona donde se realizan trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero desde La Curva hasta Periférico donde anoche había varias protecciones de las columnas que el agua arrastró además de señalamientos aplastados […] el paso a desnivel de Niños Héroes e Inglaterra continúa cerrado a la circulación ya que el nivel del agua no ha bajado lo suficiente para permitir la circulación de vehículos”, advierte MILENIO JALISCO (http://www.milenio.com/region/Inundaciones-electricidad-lluvia-nocturna-Guadalajara_0_535146538.html).

¿Por qué una ciudad donde siempre ha habido un patrón de lluvias intenso en tiempo y espacios, el tema pasó de la recreación artística al recuento de los desastres? “… a finales siglo XX se contabilizaron un poco más de seis mil hectáreas de paisaje natural modificado, considerando laderas, barrancas, cauces, depresiones y humedales, que por el proceso de urbanización han sido rellenadas con basura, escombro y otros materiales; y haber modificado laderas con asentamientos humanos y con extracción de materiales para construcción. Los municipios con más superficie afectada son San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en ese orden. Se estima que sobre estas unidades modificadas del paisaje se asienta 18 por ciento de la ciudad”, señala la nota número 19/2013 del Instituto de Información Territorial.

Con base en los estudios pioneros de Luis Valdivia Ornelas, Carlos Suárez, María del Rocío Castillo y Antonio González, el documento añade: la desaparición de la red de drenaje natural de la ciudad ha hecho que en la actualidad se vivan riesgos en 584 colonias, “pertenecientes a los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en donde habitan un poco más de 800 mil personas, según el censo de población y vivienda 2010”.

Ese drenaje natural tenía un funcionamiento óptimo. “El Agua Azul regulaba los grandes cauces secundarios, luego se acumulaba y drenaba de manera natural hasta San Juan de Dios; El Chicalote, El Arenal, El Álamo, Santa María, drenaban a una parte baja, que eran el Agua Azul o los pantanos de El Algodonal y ahí se acumulaba el agua, que se derivaba hacia San Juan de Dios, el río tenía un cauce más amplio, con un movimiento controlado del agua”, señala a MILENIO JALISCO el investigador Luis Valdivia Ornelas, responsable del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la UdeG.

“Luego empezaron a urbanizar y segmentar todo el sistema; abrieron en El Algodonal una colonia, luego la zona hoy de la colonia Ferrocarril; luego la ciudad empieza a crecer laderas arriba del cerro del Cuatro, la zona más alta […] ¿qué pasa? El sistema estaba dado para regular grandes tormentas; en el recuento histórico que hicimos, lo primero fue tratar de entender cómo estaba ese sistema antes de la urbanización, y nos dimos cuenta que ese sistema estaba adecuado para las fuertes tormentas, con cauces someros, poco profundos, cada cauce era sinuoso, incluso uno se llamaba El Garabato; regulaba la velocidad y el volumen a través de una serie de desbordes…”.

Las consecuencias de la transformación, que atraviesa las últimas seis o siete décadas de modo acusado, “ahora son evidentes: Deslizamientos de lodo y piedras, hundimientos e inundaciones. Esta desaparición de la red de drenaje natural de la ciudad es una transformación histórica que aceleró sus procesos a partir de la década de los cuarenta del siglo XX cuando aún desconocíamos el papel tan importante que jugarían en la vida de la ciudad; A principios del siglo XXI estamos aprendiendo que sin esta red de drenaje natural, la ciudad está en riesgo a las inundaciones y deslizamientos…”.

¿Cuáles son las recomendaciones? “Entre las acciones de prevención y mitigación ante las inundaciones se podrían realizar una serie de acciones tales como: Establecer un sistema de alerta temprana, desazolve y recuperación de causes en los sitios donde se hallan localidades a una distancia menor a 100 metros de los mismos, construcción de vasos reguladores, construcción de diques y canales de desvío, establecer un programa de cursos sobre peligros y riegos en las comunidades más cercanas a los escurrimientos, y reforestación en las partes altas de las cuencas para evitar arrastre y deposición de sedimentos en lechos de arroyos y ríos”, añade el documento.

Porque el modo de llover, no variará, como desde los tiempos en que Atemajac era ocupada por un vasto bosque espinoso, animales salvajes y algunas aldeas aborígenes. “En pocos lugares de la República puede contemplarse el grandioso espectáculo que en Guadalajara, que pudiera llamarse la hija predilecta del trueno y de la tempestad. Parece también que este cielo y esta atmósfera influyen en el alma de los hijos de la ciudad, pues hay algo de tempestuoso en sus sentimientos; y en sus amores, en sus odios y en sus venganzas se observa siempre la fuerza irresistible de los elementos desencadenados”, apuntaba Ignacio Manuel Altamirano hace casi 150 años. Hace unos días llovió a cántaros en la colonia Independencia y los truenos estremecieron a Victoria e Isabel, dos pequeñas que aún se asombran del poder de los elementos sobre su valle enjuto y solar.

Las zonas con más problemas

Entre las zonas de la ciudad con altos riesgos de inundaciones están la zona industrial, Arcos del Milenio por Mariano Otero hacia Expo Guadalajara; Plaza del Sol; Loma Bonita; glorieta de Los Arcos en Niños Héroes (jardines del Bosque); avenida Américas en su cruce con Montevideo; Mezquitán entre Ávila Camacho y Enrique Díaz de León; San Jacinto en Javier Mina, entre Plutarco Elías Calles y avenida Presa de Osorio, y avenida Colón a la altura de Isla Raza, en Jardines del Sur”

“A las zonas anteriores se le agregan los problemas generados por el estrechamiento e invasión de los cauces de arroyos que permanecen a cielo abierto a manera de canales, como son el caso del Canal del río Atemajac en la avenida Patria, el arroyo de Osorio, entre Tonalá y Guadalajara; la zona de Las Pintas, en El Salto por problemas de desbordamiento de presa y arroyo de Las Pintas; Arenales Tapatíos -donde confluyen varios cauces provenientes de La Primavera que forman parte de la microcuenca Garabatos; y el arroyo ubicado en La Martinica y Tabachines”, al norte de la ciudad.

Fuente: informe técnico del Instituto de Información Territorial

Lluvias: de amenaza a oportunidad

Esquema del SIAPA es limitado y caro; manejo de cuencas con restauración, datos de precipitación, recarga, regulación de cauces y sistemas de alerta, reducirá daños.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las lluvias significan la mayor amenaza de desastre para bienes y vidas de los moradores del Área Metropolitana de Guadalajara, con daños que pueden contabilizar hasta mil millones de pesos anuales, y por eso se debe realizar una gestión integral con las cuencas como unidad territorial, lo que obliga a romper con la inercia del último siglo, en que se entubaron y pavimentaron las corrientes fluviales para favorecer negocios inmobiliarios.

Luis Valdivia Ornelas, director del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la UdeG, plantea: “es necesario incorporar la visión territorial al problema, lo que permitirá diseñar una estrategia diferenciada para cada uno de los sitios inundables, e incorporar esquemas de manejo de la escorrentía basados en los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible [SUDS] complementados con los de tipo hidráulico, con el objeto de recuperar los valores de las fracciones del ciclo del agua antes de la urbanización”.


Esta es una estrategia novedosa, que es especialmente importante en el caso de una ciudad donde además de una alteración tan drástica del territorio, tiene un régimen de lluvias muy particular, con precipitaciones intensas en tiempos relativamente cortos que generan desde encharcamientos hasta inundaciones severas en unos 300 puntos de la metrópolis. También, debido a que se ha tratado de convencer a los ciudadanos que se trata de hacer una infraestructura de captación y regulación muy costosa, lo cual es verdad a medias.


Los SUDS, agrega, son justamente mantener el modo en que las cuencas autorregulan el agua. Esto es particularmente complicado ante la urbanización, pero habrá que encontrar posibilidades de hacer restauración de cauces, de usar áreas públicas como puntos de regulación, de incrementar áreas verdes (las grandes captadoras de agua pluvial) e incluso de que la señalética permita saber al ciudadano común cuáles calles desfogan las crecientes de agua para que tome precauciones. Los datos de información geográfica es importante que estén disponibles para prever, de acuerdo a la ubicación de una lluvia, hacia dónde correrán por vía superficial las crecientes y prevenir desastres mayores.


“Los creadores de este sistema que resultó perjuicioso buscaban que las corrientes no representaran una barrera para el crecimiento de la ciudad […] cauces muy importantes desaparecieron no por entubamiento, sino simplemente fueron borrados y pavimentados; con eso fue incrementándose la falta de capacidad del sistema hidrológico, hasta que las inundaciones fueron tan severas que obligaron a la autoridad a pensar en la actualización del sistema de colectores, en los años setenta, pero no fue la solución; siempre se le ha apostado a los colectores para resolver  inundaciones, pero el tema es más complejo, tiene que ver con que no se modifiquen las condiciones del ciclo del agua, y esto significa que siga teniendo las


Añade: “desgraciadamente no se consideró que estas urbanizaciones, provocarían cambios radicales […] las calles se han convertido en los colectores de cauces inexistentes, o de cauces entubados; ahora la calle es la que conduce el cauce principal del movimiento del agua, a expensas de los riesgos para automovilistas y peatones”.

Esto se agrava porque la ciudad se llenó de infraestructura urbana como los pasos a desnivel, de manera que “aumentó la cantidad de trampas donde el agua se va acumulando, que provocan problemas e incluso la muerte; tenemos el registro de muerte de gente desde los años sesenta […] los cambios radicales al ciclo del agua debido a la urbanización, y luego la presencia de más gente en zonas donde hay problemas, han hecho un modelo que provoca más desastres”.

De tal modo que “lo primero que debemos de tener es un diagnóstico adecuado y correcto, del tamaño del problema, y a partir de allí, el segundo paso es identificar las zonas a través de la priorización: las que se inundan más, las que alcanzan una mayor altura de agua, las que tienen viviendo a más gente, y a partir de allí hacer la gestión: por ejemplo, es muy importante la vegetación en la parte alta, porque capta entre 8 y 21 por ciento del agua de una tormenta; luego se requiere de una serie de obras, que no son costosas, que van a permitir que esa distorsión que se genera cuando se urbaniza, no sea tan grande, y que el agua no toda va a escurrir a las partes bajas, sino que puede ser captada, retenida y aprovechada; hay que ser enfático en que no debe haber urbanización en la parte alta, como en Colomos o Bugambilias, porque si es así todo escurre; debería haber una política de máxima urbanización según el lugar de la cuenca que se ocupe, y las zonas de infraestructura deberían estar en la parte media y baja, no en la parte alta”.

Esta investigación del equipo de trabajo del departamento de Geografía, que lleva más de 20 años, derriba mitos simplistas: que hay inundación porque llueve mucho “y allí el humano no tiene nada que hacer” salvo no arrojar basura. “Lo cierto es que los humanos transformamos el territorio y eso cambió radicalmente las condiciones”, puntualiza.

Claves

¿Cómo se destruyó la hidrología de la ciudad?

1900-1950
Entubamiento del parte alta y media del río San Juan de Dios, el principal de la ciudad
Se pierde la mayor superficie de la laguna Agua Azul, el mayor regulador del río, con obras de infraestructura
Se borra con la urbanización el cauce oriental de El Arenal y El Chicalote, y comienza lo mismo con San Andrés
Primeras inundaciones recurrentes en la historia de la ciudad

1951-1970
Entubamiento de San Juan de Dios hasta Jardines Alcalde, apertura de canal en su tramo final
Comienzo de urbanización de microcuenca de Los Colomos (río Atemajac), arbitraria segmentación del arroyo para abrir plaza Patria por especuladores inmobiliarios con influencias en el gobierno; apertura de canal en sección final del río (previo a su unión al San Juan de Dios). Se trazan avenidas Patria y Acueducto, lo que segmenta arroyos  tributarios principales
Se pierde 80% de los cauces originales de El Arenal y Chicalote, y se segmenta canal de Santa Catalina
Urbanización inicial del cerro del Cuatro y del canal del Sur por inmobiliarios influyentes
Carreteras a Chapala y a Tesistán alteran sistemas hidrológicos locales

1971-2015
Culmina casi totalmente la urbanización desordenada de las cuencas de Colomos, El Arenal y El Chicalote
Todos los cauces de la ciudad intervenidos, con trazos geométricos que alteran las secciones hidráulicas y por ende, el manejo natural del agua
Se entuba el cauce de Barranca Ancha  para convertirse a la avenida Montevideo
Se crea infraestructura para enviar agua de la cuenca del San Juan de Dios a Atemajac, trasvase que altera aún más ambos ríos
Desaparece la presa de Osorio, que regulaba caudales del arroyo del mismo nombre, y se abre un parque público donde las inundaciones son recurrentes
Se urbaniza toda la ladera norte y oriente del Cerro del Cuatro, que al ser el punto más alto de la cuenca de San Juan de Dios, envía agua por calles y avenidas hacia la zona céntrica de la ciudad, además de flujos de tierra y basura
Procesos de urbanización desbocados sobre cuerpos de agua y zonas de recarga de acuífero en Tesistán y Toluquilla, además de apertura de urbanización en la cuenca cerrada de El Bajío
Bosque La Primavera, con urbanización hormiga e incendios forestales, altera cíclicamente su capacidad de recarga de agua, lo que afecta cuencas urbanas al oriente y sur de la sierra

Fuente: Los peligros naturales de Jalisco/ Luis Valdivia Ornelas y María del Rocío Castillo Aja

SCT no protege 19 especies en riesgo por Macrolibramiento

No existe en México una norma para construir esos pasos; se hacen puentes en ríos y arroyos, y alcantarillas para el agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La manifestación de impacto ambiental (MIA) que autorizó en 2004 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el Macrolibramiento de Guadalajara –cuya vigencia actualmente se encuentra suspendida– compromete la construcción de “más de 50 pasos de fauna” para los cuales no existe una norma oficial de construcción, en casi 11 kilómetros de longitud, pero son mucho menos de lo que se prometió a ecologistas y el gobierno de Tlajomulco.

De hecho, el acuerdo que llevó a la entrega de permiso de construcción por ese ayuntamiento, tan solo en un tramo de poco menos de un tercio de la longitud total, prevé 58 pasos de fauna.

El tramo siguiente, hacia el poniente, que abarca Tala y El Arenal, requiere de 23 pasos de fauna menores y seis “ecoductos” de grandes dimensiones. Así, la suma ya da 77 pasos de fauna, sin considerar los correspondientes a Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, donde también hay problemas ambientales serios al grado que se exige cambio de trazo ante los daños que puede causar el muro de la carretera para los humedales protegidos de Los Sabinos, donde sobreviven ahuehuetes de más de medio milenio.

La resistencia de la secretaría a ampliar las obligaciones del concesionario le ha traído dolores de cabeza: diversos amparos y denuncias ambientales, además de críticas desde el ámbito estatal: la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) le entregó un protocolo de actuación para “limpiar” en el tema ambiental al proyecto, pero el centro Jalisco hizo caso omiso de la recomendación.

El propio estudio técnico justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo forestal, reconoce la existencia de “doce especies correspondientes al grupo de las aves, una al de mamíferos y cuatro al de anfibios y reptiles se encuentran bajo algún estatus [...] el grupo de los anfibios y reptiles se puede considerar como de mayor susceptibilidad, por ser de mucho más lento desplazamiento, para este grupo serán enfocadas la mayor cantidad de medidas de mitigación de impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación de la obra”.

Sin embargo, “toda la vegetación que se encuentra en la superficie del proyecto en la cual se está solicitando el cambio de uso del suelo, será extraída […] por lo que las medidas que se prevén para conservar y proteger el hábitat de las especies de flora y fauna serán realizadas después de que concluya el cambio de uso del suelo, en lo que será la propuesta de recuperación de algunas partes del derecho de vía, una vez que se dejen de realizar actividades”; ello, sin establecer la estrategia de los corredores biológicos, esencial para lograrlo.

Ni la MIA ni el ETJ encontraron animales tan importantes como el jaguarundi (Puma yagoaurundi) ni la rana leopardo del eje Neovolcánico (Lithobates neovolcanicus), una especie endémica (exclusiva) de México; ambas están listadas en la Norma Oficial Mexicana 059 y protegidas por la Convención Internacional Contra el Tráfico de Especies Silvestres (CITES). La actuación de la SCT se limita a los permisos que representan un trabajo incompleto

Uno de cada cuatro agentes piden dinero para no aplicar la ley

La glosa de Movilidad tuvo debate, pero el sistema defensivo del secretario fue más eficaz que el del Chepo de la Torre.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Al secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, le traían ganas diputados locales de oposición tras algunos traspiés memorables como la famosa posada de “las toritas”; por la polémica “electorera” de Mi Bici, apresurado como supuesta plataforma de lanzamiento del precandidato priista de Guadalajara, Ricardo Villanueva; o por “pecados” no comprobados de sus colaboradores, como Javier Contreras de Sistecozome, señalado como encaminador de almas… y camiones para acarrear priistas gozosos al cierre de la precampaña del mismo Villanueva, en la plaza Juárez, hace dos semanas.

Pero será que es güero, y dicen los psicólogos sociales que en el alma mestiza de los mexicanos subyace cierta consideración para las pieles y los ojos claros; o será que se ha hecho un gran torero y rejoneador de palabras, y sorteó con eficacia y morigeración los señalamientos y las provocaciones; que su sistema defensivo es más eficiente que el de Chepo en las Chivas, o simplemente, los diputados no amanecieron demasiado sañudos o ya estaban hartos de tanta reunión de evaluación; coloquialmente, parece que le hicieron “lo que el viento a Juárez”.

Por ejemplo, la perredista Celia Fausto le pedía que reconociera que su cancelación del operativo Salvando Vidas por la posada de sus colaboradores había sido “irresponsable”, pero hizo una retorcida interpretación del inexistente –legalmente- puente Guadalupe-Reyes y del sacrificio de su personal todos los días, excepto esa jornada en que suspendió labores, como para señalar que “ahí salimos tablas”, o algo así. Pero eso sí, con toda responsabilidad prometió no hacer más posadas en días hábiles…

La glosa también dio espacio para asuntos serios. Gudiño reconoció que uno de cada cuatro agentes viales han sido corrupto; el “han sido” se debe a que los corrió: 304 “mordelones” de un total de 1,200 agentes que hay en la zona metropolitana. También presumió un descenso en los accidentes mortales en 10 por ciento, insistió en que la inversión de la línea 3 del tren ligero no tiene parangón en la historia de Jalisco, y que seguirá la aplicación de la ley a los camioneros que se empeñen en dar el pésimo servicio que sigue como nota característica de la vida cotidiana tapatía. Hasta se permitió ser autocrítico con “ese diez por ciento” que le falla en transparencia a los organismos desconcentrados y descentralizados que tiene en su sector, y dijo que se debe mejorar.

Ya cuando había que entrar en detalles, lanzaba a sus colaboradores al ruedo: Ana Laura Chávez defendió la relación “respetuosa” con el Observatorio de Movilidad y dijo que no le cumplían sólo cuando se ponían plazos demasiado cortos a los cambios planteados; Mario Córdova España defendió la viabilidad de Mi Bici y dijo que su potencial de crecimiento es enorme: más de quince mil viajes diarios contra menos de mil que se hacen ahora.

Los diputados Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Velázquez, del PRD, habían abierto críticas con cifras del colapso vial de Guadalajara: un presunto lugar nueve en “ciudades con más tráfico” del planeta; un indudable aumento en los tiempos muertos de traslados de los tapatíos; un bajísimo 11 por ciento del presupuesto asignado a movilidad no motorizada…

Pero el panista José Luis Munguía soltó la más popular: las supuestas amenazas de Contreras a los choferes que no cooperaran con el partidazo… El Güero Gudiño la libró con sus pararrayos; será que es güero, será que ya no se cuece al primer hervor…

Megaproyectos, un desafío para las leyes, reconoce SCJN

La amenaza de desplazamientos, los daños ambientales y la violación de derechos humanos deben ser analizados en las sentencias del Poder Judicial, señala protocolo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las grandes obras de infraestructura –como la presa El Zapotillo, el Macrolibramiento de Guadalajara o la Línea 3 del tren eléctrico urbano- son un desafío creciente para el Poder Judicial mexicano: en su realización, se desplazan poblaciones, se alteran o destruyen ecosistemas enteros, y se suspenden o violentan derechos fundamentales del individuo y las comunidades, como la libre información, la libre expresión, la salud, la propiedad o el ambiente sano.

Ante esa realidad, que tiene en vilo el destino de cientos de miles de jaliscienses -de forma directa, y sobre todo, indirecta-; situación que comparten de forma creciente con moradores de todas las regiones del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado publicar un protocolo que sería orientador en las decisiones de los jueces y los magistrados de distrito, y además, podría apoyar a otras instancias autónomas.

El protocolo considera tanto las leyes mexicanas como la amplia gama de tratados internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente que México ha signado con carácter de ley suprema, y por lo tanto, de aplicación obligatoria.

“Los proyectos de desarrollo e infraestructura suelen plantearse a gran escala, y por ende la cantidad de recursos económicos y financieros que se requieren para ponerlos en marcha es también significativa. Por esta razón, una de las características principales de los mismos es la intensidad económica, temporal y territorial con la que se impulsan”, señala el documento, denominado Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, que fue terminado y publicado el pasado mes de diciembre, por el máximo tribunal del país.

Para ello, la corte contó con el trabajo de un grupo plural de abogados, entre los que se cuenta Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados con sede en Guadalajara, y de María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), también de Jalisco. El protocolo fue coordinado por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la oficina de América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat, y está ilustrado con casos como la presa El Zapotillo –que desplaza un millar de habitantes y pone en vilo derechos de casi 800 mil-, la presa Arcediano -pospuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la orilla norte de Guadalajara-, la contaminación en El Salto, al este de la misma ciudad, u otros casos emblemáticos como la presa La Parota, en Guerrero; la presa El Cajón, en Nayarit, o la presa Paso de la Reina, en Oaxaca, así como proyectos controvertidos de otros sitios del orbe; Chile, Colombia, Brasil, Ecuador o Kenya.

La gran clave, ante la justificación del “bien común” que arguyen los promotores o ejecutores de los proyectos, se sintetiza en la siguiente disyuntiva a la que se enfrenta el administrador de justicia: “Distinguir entre aquellos derechos que no admiten ninguna reducción y otros que pueden ser limitados en aras de otros”.

“El Poder Judicial de la Federación en particular, pero no sólo, debe dar respuesta a las demandas de regulación y protección que las personas están requiriendo, tarea para la cual los estándares internacionales brindan referentes muy valiosos para solucionar controversias concretas de forma protectora. A pesar de que la temática del presente Protocolo es relativamente nueva, este Alto Tribunal apuesta por abordarla, sugiriendo principios, derechos humanos a considerar, un método interpretativo y sentencias relevantes para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos de las personas y colectivos”, apunta.

El debate

“Un tema a abordar cuando nos referimos a proyectos de desarrollo e infraestructura es el de sus beneficios e implicaciones. Al respecto podemos referir básicamente dos posturas: la que considera que estos emprendimientos suponen beneficios para un grupo de personas o colectivo, lo que legitima su realización; y la que privilegia las afectaciones que dichos proyectos traen consigo, situación que representa un claro límite para su desarrollo”, expone el texto.

“Normalmente, los proyectos de desarrollo e infraestructura se promocionan y se justifican bajo el argumento del bien común que traerán consigo. Se alude al acceso a algún servicio [como puede ser al agua, a la electricidad, a vialidades] como resultado de este tipo de emprendimientos. Además, se alude a la generación de empleos que su construcción supone. Aun cuando estos proyectos efectivamente conlleven lo que presumen, ideas como el bienestar general, más aún cuando son proyecciones y no están fundadas en hechos verificables, no pueden llevar a la realización de dichos proyectos sin tomar en cuenta las posibles afectaciones que pueden significar”, añade.

Así, “el debate sobre la viabilidad o no de un proyecto de desarrollo debe darse a partir del análisis de la situación que suponga mayores beneficios para los derechos humanos y menos limitaciones a estos derechos”.

En otras palabras, “debe recurrir al uso de un método de ponderación […] los argumentos de ‘bien común’ o ‘impacto general’ no pueden imponerse frente a las afectaciones que supone un emprendimiento, cualquiera que sea.

Priorizar los primeros sobre las segundas equivaldría a sostener que la violación de los derechos humanos está permitida si la medida que se toma supone un beneficio para una persona o colectivo, idea contraria al enfoque de derechos humanos”.

Lo segundo es “que toda medida que suponga una afectación a un grupo de personas o colectivo, necesariamente debe ser sometida a su consulta, ofreciendo la información necesaria para poder evaluarla”; una de las anomalías más comunes de los megaproyectos es negar ese derecho.

Sin embargo, “las decisiones relativas a su planeación, construcción y operación son casi siempre ajenas a las colonias y pueblos que impactan, y en la mayoría de las ocasiones la toma de decisiones se lleva a cabo en esferas desconocidas por los habitantes. Además, pueden presentarse como ‘realidades técnicas’ que sólo están al alcance de especialistas”.

En dado caso que se considere que estos proyectos sólo pueden ser discutidos por expertos, “también pueden resultar violados los derechos a la participación y a la consulta, y en el caso de los pueblos indígenas a la libre determinación y al propio desarrollo, entre otros. Quienes los diseñan y construyen pueden considerar que los habitantes de centros urbanos o comunidades afectadas no tienen nada que decir o aportar frente a realidades que se dice pertenecen sólo al mundo de la racionalidad técnica, vinculada a ‘necesidades o demandas’ que es necesario satisfacer. Esto puede reforzar los procesos de exclusión y discriminación”, advierte.

Hoy, “México cuenta con un marco normativo que señala el deber de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que se han ratificado y de hacer un control de las normas y de los actos de autoridad en concordancia con dicho marco normativo. Adecuar la praxis judicial a estos nuevos parámetros constituye un reto enorme para las y los operadores judiciales. Esta SCJN quiere colaborar, a través de este documento, con los responsables de prestar el servicio público de impartición de justicia para que realicen su labor, frente a casos actuales y muy concretos, con apego a sus nuevas obligaciones y a la luz de las mejores prácticas internacionales”.

El documento, sin precedentes en la historia de la SCJN para estas materias, será distribuido entre todo el personal del Poder Judicial Federal, pero puede ser solicitado en versión electrónica por cualquier interesado.

Una síntesis

Principales derechos humanos afectados por megaproyectos

1 Derecho

2 Derecho

3 Derecho a la participación y a la consulta

4 Derechos a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos contra la criminalización

5 Derecho

>6 Derecho

7 Derecho a una vivienda adecuada

8 Derecho a una alimentación adecuada

9 Derecho al agua y al saneamiento

10 Derecho a la salud

11 Derechos culturales

12 Derecho a un medio ambiente sano

Principios generales para llevar a cabo un buen juicio:

1 No discriminación (“ninguna persona afectada por un proyecto de desarrollo podrá sufrir alguna distinción o exclusión basada en la nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, pobreza o marginación económica que dé por resultado la anulación, restricción o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos”)

2 Interdependencia (violar un derecho lleva a violar otros derechos)

3 Indivisibilidad (los derechos “parten de una misma construcción)

4 Propersona (“cuando se trata de reconocer derechos protegidos se debe acudir a la norma que ofrezca la mayor protección a la persona o grupo, o a la interpretación más extensiva de la misma”)

5 Progresividad (“el Estado y sus agentes deben avanzar paulatina pero progresivamente en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a través de planes y medidas que deben ser cumplidos”)

6 Equidad intergeneracional (“la responsabilidad de cada generación de dejar a las nuevas generaciones una herencia de recursos que no sea menos que lo que ellas mismas heredaron”)

7 Quien contamina paga (“evitar que la política de protección al ambiente se costee con recursos públicos y recaiga en los contribuyentes”)

8 Precautorio (“respuesta ante la falta de certeza científica sobre los posibles efectos ambientales de determinadas actividades. Por ello, este principio requiere adoptar disposiciones de modo restrictivo, tomando medidas para que ese daño hipotético no llegue a producirse”)

9 Reparación integral del daño (“deber de reparar de manera integral el daño ocasionado y restablecer la situación anterior a la violación de derechos humanos”)

Fuente: protocolo para proyectos de desarrollo e infraestructura, SCJN

Pago de terrenos, dinero para el oriente

Los panistas del ayuntamiento tapatío piden que los 260 millones de pesos que se recibirán por el predio del recinto ferial no vayan a deuda o nómina.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los panistas, que votaron en contra de la venta del terreno de 14 hectáreas ubicado en la zona de Huentitán para la construcción del nuevo recinto de las Fiestas de Octubre, debido a la falta de transparencia y de consulta ciudadana, insisten que los 260 millones de pesos que se recibirán se apliquen en obra para los tapatíos de la zona, en la compra de nuevos terrenos de la comuna e incluso en el mercado Corona. Pero no en pago de deuda y laudos cuya legitimidad desconocen.

En conferencia de prensa, el coordinador de los regidores de Acción Nacional, Alberto Cárdenas Jiménez, señaló que esta mañana se ha entregado en el despacho del presidente municipal, Ramiro Hernández García, la propuesta de asignación de ese dinero, y que si bien votaron en contra, no se debe a que se opongan a que las fiestas regresen a la capital tapatía ni al uso del terreno, sino a las formas con que se pretende llevar a cabo, sin preguntar a los habitantes de las colindancias y sin definir claramente el uso de los dineros.

“El Código Urbano establece con claridad que es obligatoria la consulta a los ciudadanos, y no se ha hecho; también quisimos que se asentara en el acta de cabildo de esa sesión, del 11 de febrero pasado, el destino del dinero, y de última hora los priistas decidieron no apoyar esa propuesta, esto nos obligó a votar en contra”, explicó el ex gobernador de Jalisco.

Se trata de una operación en la que se adelanta la mitad del pago y la otra mitad se aplica en doce mensualidades. De este modo, los blanquiazules pretenden que los 260 millones (1,900 pesos por metro cuadrado) se apliquen del siguiente modo:

60 millones de pesos para el fideicomiso Voltea a la Barranca; 30 millones de pesos en mejoramiento de colonias aledañas; 20 millones de pesos en rehabilitación de parques y jardines de la ciudad, especialmente “en las zonas norte y oriente, que es dónde más carencias de áreas verdes se tienen”; 20 millones de pesos a mejoramiento de mercados municipales; cinco millones de pesos para establecer bebederos con agua potable permanente en las zonas de vía recreactiva y unidades deportivas; 17 millones de pesos en cámaras de videovigilancia; 50 millones de pesos para la compra de reservas territoriales y 60 millones para equipamiento a dependencias y servicios públicos, “lo que podría dedicarse al mercado Corona”.

Cárdenas Jiménez advirtió que hay mil millones de pesos de deuda de corto plazo “muy poco clara” incluso en sobre a quiénes se le debe, y que laudos millonarios no deben ser pagados con ese dinero porque tienen el tufo de la corrupción.

Denuncian amenaza contra selva en Los Tempizques

Hoy presentan denuncia popular en Proepa ante es señalamiento de un ducto “de emergencia” que podría arrojar excedentes de lodos en zona natural protegida.

Agustín del Castillo/ Guadalajara

Un trabajador de la planta tratadora de aguas negras de Aguaprieta, al norte de la ciudad, ha dado la voz de alarma: los responsables del proyecto que saneará 80 por ciento de los desechos líquidos de la ciudad estarían construyendo una “salida de emergencia” para los excedentes de “lodos activados” que se generan en el proceso, hacia el predio Los Tempizques, que forma parte del área natural protegida de la barranca del río Santiago, por lo cual se trataría de una obra que violaría el decreto de protección de los ecosistemas.

Los vecinos de la Asociación de Colonos Bosques de San Isidro y el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) presentarán hoy una denuncia popular por estos hechos ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).

En el documento se respeta el anonimato del denunciante, pero se plantean las dudas: la obra sería facilitada por la existencia de una gran tubería que baja desde la hidroeléctrica contigua y bordea Los Tempizques, un terreno accidentado poblado por pastizales y selva baja caducifolia, y que aloja un poblado en ruinas, desalojado hace más de cinco años. La amenaza no es poca cosa, dado que se prevé que en pocas semanas, la planta genere hasta 530 toneladas de lodos por día, según Idea. El sector ambiental federal y del estado prohibió expresamente utilizar el terreno para depósito, dado que forma parte de una de las zonas núcleo de la reserva protegida.

“Pedimos al señor procurador que ordene se realice una visita de inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales a efecto de verificar si están construyendo una salida de emergencia de sus lodos al predio, que es propiedad del gobierno del estado […] dado que la planta mencionada ya está en operación de ‘estabilización’, es importante presenten la documentación y las evidencias que acrediten la disposición adecuada de los lodos que está generando la planta”, esto es, su extracción por medio de grandes góndolas que los moverían hacia la planta de El Ahogado, que maneja la misma concesionaria, en la zona sur de la metrópoli.

Los vecinos piden que se les entregue copia del plan, los permisos y las empresas que operarán la disposición final de los lodos, de manera que se clarifique todo el proceso y se garantice que no hay riesgo de que sea violada la prohibición expresa de usar el predio con ese fin.

La protección en Los Tempizques “restringe totalmente a labores de protección las actividades a realizarse en el sitio que es parte de la propiedad del gobierno del estado y que fue el fundamento para que se negara el cambio de uso del suelo solicitado por el gobierno. Es decir, las obras del monorelleno para la disposición final de los residuos sólidos y biosólidos que serán generados en la planta […] lo cual impide la realización de cualquier obra pública o privada, así como de aquellas actividades que afecten o puedan afectar la conservación, recuperación y restablecimiento de los elementos naturales en la zona”, advirtió Gutiérrez Nájera, quien preside el Instituto del Derecho Ambiental, A.C.M.

Con tareas urgentes, aprueban Observatorio del Agua en Jalisco

Integrado por 20 organismos ciudadanos, en el papel tendrá el poder para cambiar políticas del sector en el marco de la “gestión integral del agua”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Hay malas noticias para los que pretenden manejar el agua en Jalisco del modo tradicional, esto es, con obras públicas de alta inversión y que atienden primordialmente al mercado: desde el pasado viernes hay un nuevo Observatorio del Agua, que tendrá como aspecto central impulsar la “gestión integral del agua”, es decir, que se le maneje como un recurso escaso que sustenta ecosistemas naturales frágiles, bajo la premisa de que la economía se debe adaptar a su disponibilidad, y no al revés.

En un país y una entidad donde gran parte de la producción se ha subsidiado en regiones de agua escasa, la intención de este organismo surgido a raíz de la crisis social y política suscitada por la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de inundar el poblado de Temacapulín, constituye en el papel un cambio de raíz, aunque faltará que se refleje en las políticas de gobierno, lo que determinará si se trata de un organismo de largo aliento o tiene una existencia efímera, confiaron algunos integrantes a MILENIO JALISCO.

Lo cierto es que la Comisión Estatal del Agua (CEA) se ausentó de los últimos debates, en los que jamás estuvo presente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), marginada por la Secretaría General de Gobierno; ésta ya recibió los lineamientos aprobados para su ulterior publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, que incluyen la representación de 20 organismos ciudadanos, incluidos dos internacionales: el área geohidrológica de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Nueva Cultura del Agua de Zaragoza, España, que preside el principal crítico de las políticas mexicanas tradicionales, el premio Goldman 2003 (el “Nobel” de los ambientalistas), Pedro Arrojo Agudo.

Entre los otros miembros destacan la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), la diócesis católica de San Juan de los Lagos, el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala-Santiago, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo Económico y Social de Jalisco, el Consejo Técnico Ciudadano, el Centro Empresarial de Jalisco, el Foro ganadero de Jalisco; los silvicultores, los avicultores y los porcicultores de Los Altos; el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, el Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de la misma casa de estudios, y el Parlamento de Colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, según la información que recabó este diario entre distintos participantes de la discusión.

Las decisiones del llamado Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Zona Metropolitana de Guadalajara y Los Altos de Jalisco serán vinculantes para los actores de gobierno, pero llevarlo al efecto jurídicamente obligaría a una reforma a la constitución local y las leyes específicas, sin olvidar el prominente papel que mantiene la Conagua, que podría vetar cualquier iniciativa.

“Veremos si hay de verdad voluntad de cambiar, porque la Conagua de modo tradicional ha sido enemiga de la gestión integral; será interesente constatar hasta dónde se puede llegar”, dijo un vocal, provocador. Crítico o comparsa, el papel del Observatorio del Agua pronto
enfrentará sus primeras pruebas.

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Tareas de arranque

El nuevo observatorio busca incidir en las políticas del sector; se prevé formalizarlo el próximo martes, cuando se darán a conocer públicamente a su coordinador y los secretarios del área técnica y la social

Las primeras tareas tienen que ver con el agua del río Verde y la pertinencia del trasvase de agua a la ciudad de León, porque hay alto riesgo para el sector productivo alteño, además del desalojo de 600 habitantes de tres poblados

Esa obra de 13 mil millones de pesos está apoyada por la Conagua y el gobierno de Guanajuato y se considera que poco puede hacer Jalisco para impedirla

Falta invertir 46% para culminar saneamiento

Prometieron que Aguaprieta y El Ahogado resolvían todo, y casi… a condición de que se invierta casi otro tanto de lo que se aplicó entre 2006 y 2012

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En la Administración de Emilio González Márquez, se hizo una inversión récord en tratamiento de aguas negras para la zona conurbada de Guadalajara: casi 5,900 millones de pesos que permiten tener hoy en operación dos macroplantas, El Ahogado y Aguaprieta (esta última, en fase de estabilización). Fue insuficiente, hoy apenas se rebasa 70 por ciento de agua tratada.

La que falta, alrededor de 30 por ciento, será casi tan caro de sanear como el volumen original, pues quedan pendientes unos 200 kilómetros de colectores, la ampliación de la macroplanta de El Ahogado, edificar nueve plantas al interior de la mancha urbana y unos 36 fuera, además de ciertas modernizaciones para aprovechar que, en El Ahogado, se tiene la oportunidad de reutilizar el agua para industrias, comercios y áreas verdes. De este modo, alcanzar el saneamiento integral para la ciudad y la región circundante, que tributa al río Santiago, obliga al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz a invertir casi lo mismo: 5,109 millones de pesos.

Los colectores, lo principal de esta gran inversión, se distribuyen del siguiente modo (ver mapa anexo): doce kilómetros en la cuenca de El Ahogado, más de 60 km en las cuencas del valle de Atemajac y 127 km en la cuenca del río Blanco, así como al menos cinco sistemas de bombeos.

LOS DETALLES
Esa es la gran estimación de inversión que tiene la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyos detalles ofrecieron a MILENIO JALISCO Trinidad Martínez Sahagún, superintendente de saneamiento de la unidad ejecutora del proyecto de agua y saneamiento de la ciudad, y Luis Aceves Martínez, director de operación de plantas de tratamiento.

La gigantesca inversión, que actualmente está en fase de gestión, se desglosa en grandes cifras del siguiente modo: 547 millones de pesos para rehabilitar, ampliar y construir 36 plantas de tratamiento que limpiarían 940 litros por segundo de aguas negras que hoy caen al Santiago. Las principales localidades son Ocotlán, Arandas, Poncitlán, Atequiza-Atotonilquillo, Santiago Totolimispan, Zapotlán del Rey, San José de Gracia, Ixtlahuacán del Río, Cajititlán (cuenca cerrada) y Tlajomulco de Zúñiga, todas en la ruta del gran río que nace en Chapala y de su primer tributario importante, el río Zula.

De este modo, los otros 4,562 millones se aplican directamente en obras para la capital del estado.

1,561 millones de pesos para la cuenca de El Ahogado, incluidos 300 millones de la ampliación de la planta (que crecerá su capacidad de 2,250 a 3,000 litros por segundo) –ver detalles en la edición de este diario del pasado 1 de marzo de 2014-.

2,306 millones de pesos para la cuenca de San Juan de Dios-Atemajac, el asentamiento original de la ciudad que alberga 80 por ciento de la población. Esto incluye 671 millones para 20.5 kilómetros de colectores y un bombeo de la zona de El Vado, en Tonalá; 229 millones para hacer 30 km de colectores de la zona de la barranca de Oblatos, que va de la colonia Jalisco, al oriente, a Huentitán, al poniente, incluidos cuatro bombeos, y 1,313 millones para la construcción del túnel colector que paralelo al periférico oriente, intercepta las aguas de cuatro subcuencas: Coyula, San Gaspar, Osorio y San Andrés, así como 95 millones de pesos para 900 metros del colector López Mateos, al poniente de la ciudad.

“Aguaprieta limpiará una cuenca donde la densidad de población está al tope, con excepción de la zona de El Vado, una zona donde se ha desarrollado vivienda y sus vertidos van directos al río, y deberemos colectarlos y bombearlos hacia el túnel colector […] y como este túnel va sobre el trazo del periférico, todo lo que se ha desarrollado hasta la ceja de la barranca tiene el mismo problema, todas las descargas se van al río por gravedad, entonces son los 30 km más y los bombeos a que hacemos referencia”, explicó Martínez Sahagún.

El colector de López Mateos es un pequeño tramo pendiente para lograr la interconexión completa la red de colectores del poniente de la ciudad, a la altura del Country Club, poco antes del arroyo de Atemajac.

Finalmente, e deben invertir 695 millones de pesos –el dato todavía es preliminar- para sanear la cuenca de río Blanco, que abarca la parte norte de la metrópoli.

De este modo, el saneamiento total implica una inversión histórica lo largo de dos administraciones de gobierno por al menos 11 mil millones de pesos, y casi 45 por ciento siguen pendiente en la actualidad.

Sin estas obras pendientes, el saneamiento seguirá fallido, pues seguirán con vertidos de casi tres mil litros por segundo de agua negra mientras se tratan poco más de siete mil quinientos, y hay que sumar los casi mil litros de los asentamientos urbanos enclavados aguas arriba en el río. Ese volumen pendiente, de casi cuatro mil litros por segundo, es gigantesco, equivale al gasto de una ciudad de millón y medio de habitantes, y es suficiente para que no mejore de forma integral la cuenca del río Santiago, cuyo pésimo estado en las últimas cuatro décadas ha destruido todos los negocios agrícolas y ecoturísticos, y fomentado la migración desde sus viejos poblados.

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Priorizan el rescate del río Santiago

La CEA pretende que el río Santiago sea un río de verdad limpio durante los siguientes años, por lo que el programa de saneamiento se rige por cinco grandes ejes de prioridad A:

Uno, “establecer el acuerdo de coordinación de funciones de la federación y el estado de Jalisco, del marco normativo estatal en materia de saneamiento, para fortalecer las medidas de vigilancia y control de la calidad del agua”

Dos, “reclasificación del río Santiago a condiciones más estrictas que permitan su saneamiento (cuerpo receptor tipo B a tipo C)”. Actualmente, el arroyo de El Ahogado y un tramo del río donde éste descarga tienen la clasificación más estricta, pero el resto de la corriente tiene márgenes flexibles para los vertidos

Tres, “control, de aguas residuales de las industrias más importantes por ubicación, caudal y tipo de giro”, lo que incluye industrias urbanas de los corredores de la ciudad, tequileras y granjas porcícolas y avícolas

Cuatro, “Programa de manejo y tratamiento de aguas residuales industriales en la zona de la presa y el arroyo de El Ahogado”, lo que incluye hacer pretratamientos y sanear agua no tóxica en la planta de El Ahogado, así como un mercado de reutilización del agua tratada con una red inicial de 25 kilómetros

Cinco, “Control, de descargas municipales”, que es propiamente el eje del plan de inversión señalado en esta publicación

Como prioridad B se marcan tres: el primero, “mejoramiento y fortalecimiento de los organismos operadores municipales y promover en el Congreso tarifas que permitan la operación sustentable de la infraestructura pública de saneamiento”

El segundo, “programa de manejo y control de aguas residuales de granjas porcícolas con núcleos en las poblaciones de La Capilla, Tototlán, La Laja, y la periferia de la zona conurbada

El tercero señala “el establecimiento de una red automática de monitoreo de la calidad del agua en sitios críticos del río Santiago y principales afluentes”

Macrolibramiento acabará con ahuehuetes centenarios

Recomienda experto en peritaje ante juez de distrito que el trazo determinado por la SCT se mueva “de uno a dos kilómetros”, si no, los ecosistemas desaparecerán.

Agustín del Castillo / Guadalajara MILENIO JALISCO

La manifestación de impacto ambiental (MIA) que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2004 para las obras del Macrolibramiento de Guadalajara, nunca evaluó los daños que se pueden ocasionar en el corredor de ahuehuetes centenarios que vive en el arroyo de los Sabinos, en Ixtlahuacán de los Membrillos, y que serían de tal significación, que podrían desaparecerlos.
De este modo, hacer el proyecto tal cual está trazado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con puntos de construcción a sólo 130 metros de la red fluvial, condena a algunos de los seres vivos más antiguos de la región circundante a Guadalajara, señala el perito en impacto y contaminación ambiental del Consejo de la Judicatura Federal del Tercer Circuito, Raúl Snell Castro, designado “perito oficial” en el juicio de amparo 1112/2012, interpuesto por el escultor Jorge de la Peña Beltrán (autor del famoso grupo escultórico “La estampida”) contra la MIA y las obras carreteras.

Un elemento extra que obligaría a la SCT a corregir el trazo es que este arroyo recientemente ha sido designado parte del área estatal de protección hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, obligatoria para determinar el uso del territorio (decreto publicado el 18 de mayo de 2013 en el periódico oficial El estado de Jalisco).

Los riesgos obligan a una modificación del trazo de uno y dos kilómetros de longitud, para minimizar las alteraciones de la comunidad ribereña.

El juicio de amparo interpuesto por el artista tiene más de un año, y se lleva ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, bajo la asesoría del Instituto de Derecho Ambiental, que presiden Raquel Gutiérrez Nájera y Pedro León Corrales. Si bien se le negó la suspensión de plano –que en contraste, ha sido otorgada a favor de su vecino, el ejido La Capilla, contra la misma obra-, el planteamiento jurídico-ambiental enarbolado por primera vez en la región sentará precedentes que deberán beneficiar los derechos de la sociedad frente a este tipo de proyectos privatizados en términos económicos, subraya León Corrales.

El frente de obras que se abrió hace más de un año en la zona no ha podido avanzar ante la oposición local. Tanto De La Peña como sus vecinos ejidatarios se han unido para defender este remanso natural único.

Snell Castro señala en la zona árboles con más de cien años, pero la perito de la parte quejosa, Aída Alejandra Guerrero de León, señala que los individuos más grandes pueden tener edades de 300 a 600 años de edad. Difícilmente habrá un ser vivo de esa longevidad entre los valles y las montañas que rodean a la capital de Jalisco.

El peritaje oficial fue entregado el pasado 7 de junio de 2013, según la copia que MILENIO JALISCO tiene en su poder. No hay todavía un fallo por parte del juez federal. El perito acredita la salud óptima de los biomas locales.

“En el documento donde se autoriza la MIA del proyecto Libramiento Sur de Guadalajara no se describe el impacto al arroyo Los Sabinos, lo que se considera una omisión importante […]”. Ante la evidencia en mapas de que el trazo va de 130 a 421 metros de la línea del arroyo, “el libramiento […] generaría una barrera al flujo natural del agua” y se inundarían los ranchos y poblados de la zona represada, con pérdidas económicas importantes.

También se dañarán las ricas áreas ribereñas que sirven de refugio de aves migrantes o residentes, que regulan el clima local y que permiten la reproducción y los cotos de caza de animales migrantes, además de una alteración del paisaje tal “que se incrementaría la violencia en la zona” entre los pobladores. Otros efectos: incrementar la presencia de unidades habitacionales humanas que alterarán la zona y generarán más problemas de contaminación al agua y basura, mientras se perderá una zona más con vocación agrícola.

En un escenario drástico a mediano y largo plazo, agrega, “la construcción del libramiento sur de Guadalajara en el trazo actual destruiría el ecosistema ribereño del arroyo de Los Sabinos […] debido a una serie de impactos ambientales que actuarían de manera sinérgica afectando negativamente dicho ecosistema hasta llegar a un grado máximo de deterioro ambiental”.

Ante esto, no hay más camino que “el desplazamiento del trazo establecido [y autorizado por la Semarnat] a una distancia mínima de un kilómetro o ideal de dos kilómetros hacia el este, pudiéndose ubicar el trazo al este del canal de Atequiza para que éste tenga la función de barrera física y delimite una zona de amortiguamiento […] cualquier trazo debe contemplar con carácter de obligatoriedad la inclusión de corredores faunísticos, pasos para los escurrimientos de agua naturales, pasos para los canales de riego y pasos para las poblaciones; pasos para ganado, vehículos particulares y maquinaria agropecuaria”; si se pasa por zonas habitacionales, hacer barreras de árboles para mitigar el ruido generado por miles de autos al día sobre la ruta corta creada a favor de los viajeros terrestres que no necesitan entrar a la ciudad.

Estas medidas de mitigación, insiste el perito, son las que harán posible que el decreto de protección del gobierno de Jalisco, publicado el 18 de mayo, no sea letra muerta.

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Claves

Los Sabinos

- El arroyo Los Sabinos es una corriente que drena de la vertiente Norte de la Sierra El Travesaño y desemboca en el Río Santiago en el municipio Ixtlahuacán de los Membrillos. Pertenece a la Región hidrológica 12 Río Lerma Santiago, subcuenca Río Alto Santiago (valle del Salto-Atequiza). A esta microcuenca pertenece Potrerillos –Los Sabinos, con una superficie de 11, 091.51 km2. Esta microcuenca es una de las más importantes de la zona de Cerro Viejo

- En el ecosistema del arroyo “podemos encontrar una biodiversidad que se compone de bacterias, microorganismos descomponedores, algas, macroinvertebrados, peces, moluscos, larvas de insectos, moluscos, anfibios, aves, culebras y otros reptiles, hasta algunos mamíferos que utilizan estas zonas de alimento, refugio y reproducción”

- Existe “una población de 1,804 árboles representados por 620 ahuehuetes ó sabinos (Taxodium mucronatum Ten.), 883 fresnos (Fraxinus spp.), 261 árboles de sauces (Salix bondplandiana) y 40 árboles de mezquites (Prosopis glandulosa)”

- Se observa “un bosque de galería de ahuehuetes o sabinos los cuales tienen gran importancia ecológica en términos de constituir áreas de belleza escénica, favorecer la estabilización de cauces, formar verdaderos microclimas y fomentar la biodiversidad”

- En la propiedad de Jorge de la Peña “se identificaron diez árboles con un perímetro grande del tronco, estos se distinguen de los demás por su tamaño y estructura, dosel amplio y altura de casi 40 metros. El perímetro que va de los 6 a 14 metros. Esta característica además de el color rojizo de la corteza de sus troncos y la inclinación de algunas de sus ramas nos indican de la longevidad de los árboles, los cuales pueden oscilar entre los 300 y 600 años”

- En la región se han reportado 71 especies frecuentes de aves que habitan la zona del arroyo los Sabinos de las cuales 20 tienen categorías de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010

- Para el grupo de los mamíferos se enlista un total de 23 especies endémicas de México. Estas especies pertenecen al grupo de los murciélagos (Leptonycteris yerbabuene, Leptonycteris nivalis, Artibeus hirsutus, Corynorhinus mexicanus, Myotis carteri y Rhogeessa alleni), ratones, insectívoros, liebres y conejos

Fuente: IDEA, dictamen de la bióloga Aída Alejandra Guerrero de León

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Área natural protegida

Los Sabinos forman parte del área de protección hidrológica estatal Cerro Viejo- Chupinaya- Los Sabinos, que se extiende por los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala con una superficie de 32,129 hectáreas.

El texto de aprovechamiento y manejo destaca que “la zona cuenta con una gran diversidad de vegetación forestal y regímenes hidrológicos, dentro de los que se encuentran bosques de encino, tropical caducifolio, pastizales, manantiales y arroyos, siendo uno de los más espectaculares el de Los Sabinos, todo lo cual, además de su extraordinaria belleza natural, constituye un refugio para la fauna silvestre que subsiste libremente en la región, entre las que destacan varias especies como el puma (Puma concolor), cacomixtle (Bassariscus astutus) , como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus)”.

En el año 2009, “la Asociación para la Protección del Arroyo de los Sabinos, encabezada por Jorge de la Peña, solicita a la entonces Semades incluir este acuífero dentro del polígono del área natural a proteger”, lo que se logró, señala.