Proteger río Santiago, proponen colectivos

Movimiento busca el apoyo de los municipios de Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Guadalajara, Zapotlanejo, entre otros para el cuidado del agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los colectivos de defensa de la zona de la barranca de Oblatos Tesistán, han propuesto a los ayuntamientos de Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Guadalajara, Zapotlanejo, Zapopan, Ixtlahuacán del Río y San Cristóbal de la Barranca, que se sumen a la defensa de las barrancas de los ríos Santiago y Verde, que se degradan ambientalmente ante la falta de políticas públicas que consideren su enorme relevancia como prestadoras de servicios ambientales para Guadalajara.

La propuesta se denomina "La barranca del río Santiago, ecosistema estratégico y de vida para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Propuesta de un esquema de Coordinación Intermunicipal de protección, preservación, saneamiento, restauración y aprovechamiento sustentable", que incluye la creación del Sistema Municipal Metropolitano de áreas naturales protegidas.

En un escrito entregado en las direcciones de ecología de esos municipios, el día de ayer, bajo el liderazgo del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), detallan que la zona "tiene una problemática diversificada asociada al crecimiento urbano, contaminación de sus aguas, deforestación, pérdida y/o disminución de los servicios ambientales que prestan a la sociedad"; una de las mayores debilidades en la atención de la demarcación deriva de su cercenamiento de la gran cuenca Lerma-Chapala, pues se le ha dejado de tratar en el abordaje común de toda el área.

"La fragmentación de ambas cuencas, no solo desde el punto de vista ecosistémico, sino también de política pública, nos ha llevado a un tratamiento diferenciado de ambas regiones. Así, mientras que en la Lerma-Chapala la política pública ha estado centrada en el reparto de agua para favorecer la recuperación del lago de Chapala, en el Santiago ha estado centrada en mitigar los impactos negativos de la contaminación en la salud pública de los habitantes del Salto y Juanacatlán. Hoy en día, la barranca del Santiago tiene serias amenazas además de la contaminación y la fragmentación en su tratamiento, la del crecimiento urbano y económico. Los municipios que comparten a la barranca, deben favorecer su restauración, su saneamiento y la sustentabilidad desde los 3 pilares de la misma, el ambiental, el social y el económico", destaca el documento.

La desatención de los gobiernos estatal y federal, que no han podido sacar adelante un área protegida desde sus ámbitos de competencia, "justifica presentar una estrategia a la inversa para la recuperación del río Santiago, es decir, de lo municipal a lo federal. Al día de hoy, el tan ansiado y esperado decreto federal consistente en la propuesta de declaratoria de Área de protección hidrológica de los ríos Verde y Santiago que desde el 2008 se encuentra en proceso, es una ilusión truncada a la que varias de las organizaciones presentes dedicamos un esfuerzo más allá de nuestras posibilidades y, cuyo estancamiento nos lleva a reflexionar, que los municipios desde el control de su territorio, deben hoy tomar esta responsabilidad y liderazgo".

Como no hay políticas públicas de protección, la zona afronta "una amenaza inminente con el crecimiento urbano descontrolado y su equipamiento que tiende hacia ella; los nueve municipios metropolitanos ven oportunidades para ampliar sus zonas de urbanización y equipamiento [rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, recinto ferial Fiestas de Octubre], más allá de [reconocer] un área estratégica para la sustentabilidad de la vida" metropolitana.

Así, no obsta que exista un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial desde el año 2001, modificado en 2006, del estado de Jalisco; "que existe un decreto municipal de protección hidrológica por Zapopan, dos en proceso el de Tonalá, uno en Guadalajara y un acuerdo de adhesión al decreto federal por Zapotlanejo", mientras "los cinco municipios restantes no tienen una política pública para ordenar los usos del suelo en el territorio". De ahí la urgencia de coordinar un solo esfuerzo común.

Claves

Lo que requiere

- Que los municipios que tienen en proceso las declaratorias de área protegida homologuen sus acuerdos en la categoría de “área municipal de protección hidrológica”

- Que los municipios que no tienen ningún antecedente de protección inicien la elaboración de los estudios técnicos justificativos con énfasis en las políticas de restauración, protección y preservación

- Que todos los municipios incluyan un Comité Consultivo Ciudadano del ANP, cuya función sea emitir recomendaciones y fungir como contraloría social

- Que todos los municipios incluyan a los propietarios de los terrenos municipales a proteger en todas las fases del manejo, ya que la mejor garantía de su eficacia es que los propios dueños protejan, restauren y preserven los recursos

- Los nueve ayuntamientos aprueban un “Convenio de coordinación intermunicipal para la protección de la barranca”

- Entra en vigor plan de manejo intermunicipal del área protegida, con director, director, “vigilancia real de su territorio” y presupuesto.

Guanajuato debe compensar “abusos” con agua del Lerma

El diputado Ismael del Toro advierte que el estado vecino usa y contamina el agua de Chapala y a cambio, no debería tener prioridad sobre la cuenca alteña.

Agustín del Castillo / Guadalalara. MILENIO JALISCO. 

Renegociar el convenio de distribución de aguas del río Verde demandará ejercer la política “en el más alto sentido del término”, lo que deriva en reconocer que Guanajuato, el estado más afectado con el cambio, ha sido históricamente el mayor beneficiario de las aguas del río Lerma en detrimento del lago de Chapala y el estado de Jalisco, destaca el coordinador de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Ismael del Toro Castro.

El legislador, quien sacó adelante un “punto de acuerdo” en el Legislativo local para abordar el asunto, recordó que “constitucionalmente el agua es de los mexicanos, y en ese caso la Conagua [Comisión Nacional del Agua] puede aplicar los lineamientos jurídicos y los acuerdos para su distribución; pero si evidentemente el agua es de todos los mexicanos, en una cuenca que se tiene en Jalisco, deberíamos tener la prioridad  para el uso de esta agua, y un uso que sea sustentable”.


Dijo que los gobiernos del pasado “hicieron gestiones muy mediocres, con poca firmeza para defender el derecho de los jaliscienses, pero hoy se puede restablecer esto; tomar la batuta de la agenda e irnos juntos a pelear que el agua para Jalisco sea suficiente, y además sea sustentable en el entorno ambiental, como lo habitantes de Temaca y varios colectivos han puesto en la agenda”; la idea de una gestión integral del agua “es la visión de ellos que nosotros buscamos”.

A su juicio, la renegociación del acuerdo es a condición de que no se priorice “intereses particulares o de grupos, que fue uno de los errores que se dieron en la agenda que se trabajó por muchos años; hay que hacerla bien, con altura de miras, en beneficio de los ciudadanos, y es muy buena oportunidad la para que Jalisco logre dotación de agua y sustentabilidad para nuestras cuencas”.


En entrevista para MILENIO RADIO, consideró que el punto de acuerdo del 18 de febrero no presenta el riesgo de que el PRI y el PAN en alianza saquen un convenio favorable a la presa El Zapotillo a 105 metros de altura; “queda claro en la sesión del viernes, antes de irnos a vacaciones, de que no hay una alianza entre PRI y PAN, por lo tanto el dicho de MC con los integrantes del Observatorio del Agua, y posteriormente con los habitantes de Temaca, es que elevar este punto de acuerdo sólo tiene como objetivo que se discuta la sustentabilidad del río Verde, que pasa por respetar la región de Los Altos y garantizar un proyecto viable de dotación para Guadalajara”.

¿Cómo se garantiza que Temacapulín y los otros pueblos no serán inundados?
- …la resolución de la Corte tiene como punto nodal no violentar las condiciones sociales de la zona, y no violentarlas es respetar donde viven los habitantes […] lo más importante es que todo el estado de Jalisco a través del Ejecutivo, del Congreso, de la sociedad civil, del Observatorio del Agua; que todos hagamos gestión para tener agua, bajo criterios de sustentabilidad, con respeto a las cuencas y a los habitantes de Temacapulín […] hoy se abre la puerta para que esto se discuta de fondo, se zanje todos los proyectos fallidos que han tenido la agenda del río verde, que se traiga para Jalisco y que lo podamos hacer correctamente; creo que Jalisco podría ponerse la medalla, el gobernador podría ponerse esta medalla corrigiendo todo lo que este deficiente.


CUENCA JALISCIENSE

El río Verde nace en la Sierra Fría de Zacatecas y baña prácticamente todo el estado de Aguascalientes, donde una agresiva política hidráulica ha represado la mayor parte de su agua, que se usa para agricultura empresarial, industria y desarrollo urbano en ese entorno semiseco. Al entrar a Jalisco, el río encañonado se recupera en caudales pero sólo recibe agua de la cuenca de Los Altos. Geográficamente, Guanajuato participa con menos de 3 por ciento de la superficie total de la cuenca.


En contraste, Guanajuato ocupa la parte central de la cuenca Lerma, con 44 por ciento de la superficie de la región, pero ese estado posee los más grandes embalses artificiales que dan vida a un próspero emporio agrícola e industrial. Una de las propuestas alternativas para el estado vecino es que lleve a León agua de la presa Solís, la mayor del Lerma, pero es un planteamiento desoído al afectar derechos de agricultores de la misma entidad.

CLAVES

Contextos

1995 y 1997 son los años en que la Conagua emitió los decretos de aprovechamientos de aguas superficiales del río Verde, en los cuales, abrió una porción de 119 millones de m3 para la ciudad de León

2005 y 2007 son los convenios de obras que firmaron la Conagua y los estados de Guanajuato y Jalisco; el de 2007 fue invalidado por la Corte, el de 2005, que permite una presa El Zapotillo a 80 metros, sigue vigente

Diversos actores como la Fundación Cuenca Lerma Santiago Pacífico y el Observatorio Ciudadano del Agua reclaman cancelar el trasvase a la ciudad

Ecologistas acusan al gobierno de Colima de ponerlos en riesgo

En el conflicto por el balneario de Zacualpan, que dejó una docena de heridos, señalan intromisión del gobierno estatal a favor de intereses mineros en el Cerro Grande.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La organización ecologista Biosiguana acusó al gobierno estatal de Colima, que preside Ignacio Peralta, de difundir mentiras en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan, en el Cerro Grande, donde comuneros opositores a la minería y un grupo interno ligado al gobierno estatal se enfrentaron de forma violenta el pasado 25 de marzo, tras la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, a quien señalaban como principal promotora del grupo empresarial.

“Es absolutamente falso lo que el gobierno del Estado dio a conocer en un comunicado el viernes 25 de marzo con relación a los hechos violentos, en los que resultaron heridas 13 personas de la Comunidad Indígena de Zacualpan”. El comunicado señala que el enfrentamiento fue por un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista, pero “rechazamos contundentemente la afirmación de que miembros de nuestra organización estuvieron presentes en la Comunidad durante el conflicto del pasado 25 de marzo. Este es un argumento que el gobierno de Mario Anguiano había estado utilizando para desacreditar nuestro trabajo como defensores del territorio y hacer creer a la opinión pública que somos nosotros quienes promovemos la violencia en la comunidad. Lamentamos mucho que el gobierno de Ignacio Peralta continúe en la misma lógica de criminalizar la lucha social en defensa del territorio y los derechos humanos”.

A juicio de la organización, “el gobierno del Estado nos quiere utilizar como pretexto para evadir su responsabilidad no solo de no haber actuado para evitar la violencia, sino para querer desviar la atención de la clara intervención y apoyo que han venido ofreciendo al grupo agresor. Al insistir en estos señalamientos, el gobierno del Estado coloca a los miembros de nuestra organización de nueva cuenta en una situación de vulnerabillidad por lo que responsabilizamos a Ignacio Peralta de lo que pudiera ocurrirnos. Responsabillizamos igualmente al gobierno del Estado de la ‘neutralidad’ con la dice conducirse en este conflicto cuando lo que corresponde a todo gobierno es garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Responsabilizamos también al gobernador del Estado de cualquier daño mayor que pueda sufrir cualquier integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan”, destacaron.

Tras la disputa por la posesión del balneario de Zacualpan, el saldo fue de siete hospitalizados por heridas en la cabeza y varios más con lesiones.

“Ante la complacencia de decenas de elementos de la Policía Estatal, el grupo agresor ligado al PRI arrojó piedras desde el cerro contra hombres y mujeres en el acceso al manantial de Zacualpan, el centro turístico administrado por el Comisariado de Bienes Comunales”, dijo al portal www.perriodismo.com.mx Martín Peña Guzmán, habitante de Zacualpan. Dijo que “alrededor de 150 integrantes del Consejo intentaron disolver el bloqueo del balneario que el grupo priista mantiene desde el miércoles pasado. Lo anterior ante la negativa de los policías en liberar el paso. La policía estatal dijo que su única orden es estar vigilando de que no hubiera agresión y ningún acto de violencia, y cuando se suscitó la lluvia de piedras no hicieron nada. Había 50 elementos en ese momento y no hicieron nada”, comentó.

Para el consejo, “ los agresores están protegidos por el alcalde de Comala, Salomón Salazar, y el Gobierno del Estado a cargo de Ignacio Peralta Sánchez, ambos emanados del PRI”.Al respecto, Martha Zepeda del Toro, comisionada estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima, exigió abrir una investigación para deslindar las posibles responsabilidades gubernamentales. “Externamos nuestra preocupación por la persistente y sistemática intimidación, amedrentamiento, hostigamiento, despojos de caminos y hecho de violencia que individuos vinculados al PRI, con la complacencia de autoridades municipales de Comala y del propio Gobierno del Estado, han desplegado en contra de miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan; tenemos conocimiento de la persistente problemática y enfrentamiento de los dos grupos al interior de la comunidad indígena de Zacualpan, que se han traducido en el intento de unos pocos por imponer su voluntad y administrar el ojo de agua, ante una mayoría con una legítima representación reconocida por autoridades del ramo y representadas por el actual presidente del comisariado de bienes comunales, Taurino Rincon”, explicó.

Cualquier nuevo convenio “debe preservar Temaca”

Ismael del Toro se comprometió a velar por los intereses de alteño en la discusión de un nuevo convenio de distribución del agua, señala Imdec; vigilarán acciones de la Unops-PNUMA.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los pobladores de Temacapulín y sus gestores jurídicos y sociales, exigen que el debate abierto desde febrero pasado en el Congreso de Jalisco, en relación al posible nuevo convenio de distribución de aguas superficiales del río Verde, los incluya, de manera que se garantice que el viejo asentamiento alteño sea respetado bajo cualquier circunstancia.

“Hemos recibido la seguridad de parte del diputado Ismael del Toro Castro de que no se negociará a espaldas de la comunidad”, explicó a MILENIO JALISCO la activista María González Valencia, quien forma parte del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec). “Quedamos de presentarle una propuesta para iniciar el debate en busca de la construcción de una política de gestión integral del agua”, lo cual será la base para abrir debates en el próximo mes de abril, agregó.

El legislador recibió de los colectivos involucrados una serie de consideraciones sobre el tema, tras el punto de acuerdo que promovió la fracción del Partido Movimiento Ciudadano  el pasado 18 de febrero.

“Nos preocupa que el debate que se está dando actualmente en el Poder Legislativo, promovido por el citado punto de acuerdo, se esté realizando sin la participación de las comunidades afectadas y la diversidad de organizaciones y colectivos en defensa del agua de Jalisco. Nos preocupa que las soluciones planteadas, no parecen estar inspiradas en las alternativas de una gestión integral del agua, pues pareciera ser que en el debate únicamente se plantean preocupaciones en torno a la distribución y la disputa del de agua. Debate centrado en los convenios y decretos que solo contemplan como única alternativa la construcción de presas, es decir, de grades obras de infraestructura como únicas soluciones”, señalaron en un documento entregado al representante popular.

“Demandamos un debate que no se centre solo en la disputa por el agua […] bajo la lógica de continuación e imposición de construcción de presas”, sino que por el contrario “se inicie un debate público y trasparente, entre todos los actores involucrados en relación a  la elaboración de una  política de gestión integral del agua”, con la advertencia de que “ningún nuevo acuerdo de distribución del agua debe poner en riesgo a Temacapulín”.

“que es cuestionable, es que muchas de las distribuciones que se han plasmado en los convenios y decretos, no se determinan en relación a los volúmenes actuales del río Verde, ni toman en cuenta las variaciones que las mismas han tenido en virtud del cambio climático. Es decir, se desconocen los volúmenes reales actuales de la cuenca del río Verde…”.

Una nueva gestión integral del agua “implica la captación de aguas pluviales, el reciclamiento, reparación de fugas y fallas en las tuberías, no revolver en el drenaje el agua limpia con las aguas negras, su manejo de manera responsable, el que las empresas respeten las leyes y normas oficiales mexicanas de prevención de la contaminación, el manejo y uso responsable por la población del vital líquido, campañas informativas. Que conlleve todo ello a un uso eficiente y sostenible” de este recurso.

“nos preocupa nuevamente que las alternativas planteadas estén pensadas desde la demanda y no desde la disponibilidad. Hacerlo de esa manera, necesariamente nos lleva a políticas gubernamentales, que junto con empresas y corporaciones, despojan a los pueblos campesinos del agua, para llevarla por trasvases a las grandes ciudades”.

Los colectivos piden, además de su inclusión en la discusión, que “el poder Legislativo respete y salvaguarde los derechos de las comunidades afectadas […] vigile que estudios y recomendaciones de Naciones Unidas a través de la Unops-PNUMA [respectivamente, Agencia de Naciones Unidas para Servicio de Proyectos, y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente], sean públicos y se permita la contraloría desde los pueblos involucrados y la sociedad civil interesada para que no sea tomada como única opción el aprovechamiento del río Verde y se debatan oficialmente otras alternativas”.

Esto último, en relación del contrato firmado en octubre de 2014 por el gobierno y las citadas agencias para establecer una opinión técnica sobre lo conducente en políticas públicas y de uso del territorio y sus recursos en relación con el desarrollo sostenible en la cuenca del río Verde.

Agregan: “que el Legislativo exija al gobierno del Estado que oficialmente defina el instrumento jurídico concreto en donde serán aplicados los resultados de la Unops-PNUMA, y se creen mecanismos jurídicos de participación ciudadana para la evaluación de estudios y alternativas de la política de distribución del agua de Jalisco”.

Las organizaciones involucradas son Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el propio Imdec, Tómala Ciudad y  el Colectivo de Abogados

CLAVES

Algunos grandes temas en discusión

El agua que realmente se genera y corre en la cuenca del río Verde y los derechos de los diferentes usos del agua que están ya involucrados, sobre todo en el ámbito agropecuario

La pertinencia de la gran infraestructura como respuesta casi única a los desafíos de provisión del agua para comunidades y generación de riqueza en centros económicos

La construcción de la presa El Zapotillo a 80 o 105 metros de altura –actualmente sólo es legal la primera dimensión-, con volúmenes de almacenamiento de 400 a 900 millones de m3

El trasvase de 120 millones de m3 anuales a la ciudad de León, Guanajuato, fuera de la cuenca; los defensores de Los Altos de Jalisco señalan que ese trasvase es en detrimento de sus derechos individuales y colectivos

La eventual inundación de poblados por la presa El Zapotillo; los vecinos exigen se les garantice la permanencia de sus asentamientos

El papel de las agencias de Naciones Unidas (Unops/PNUMA) para generar una propuesta realmente alternativa que garantice la preservación de los derechos de los habitantes de la región

El análisis serio del componente de “cambio climático” como factor determinante de la existencia de menores escurrimientos y almacenamientos de agua en la región alteña

La gestión integral del agua dentro de la zona, que ya vive históricamente un importante “estrés hídrico” y debe garantizar la viabilid

“Se debe cancelar el agua para León”

Manuel Villagómez señala que el convenio de 2005 es tan ilegal como el de 2007 que echó abajo la SCJN.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La ilegalidad del proyecto El Zapotillo-León alcanza el convenio de 2005 que firmó el gobernador Francisco Ramírez Acuña y le permite a la ciudad de El Bajío disponer de casi 120 millones de metros cúbicos anuales, asegura el presidente de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago Pacífico, Manuel Villagómez Rodríguez.

En un análisis del tema, el empresario remite a un planteamiento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sobre las existencias de agua en la cuenca del Verde.

“Hay cosas en las que el gobierno puede participar activamente para paliar los conflictos por el agua, pero no se debe olvidar que la participación social es clave. Corresponde a las autoridades generar los planes, previamente consensados con los actores involucrados de la cuenca, para garantizar su éxito, Tratar de implantarlos solamente generará fricción y conflicto social, ingredientes que garantizan el fracaso de las políticas públicas”, destaca el documento denominado “Evaluación de la disponibilidad conforme a la NOM-011-CNA-2000 para el abastecimiento de la ZCG”, que elaboró a solicitud del gobierno de Jalisco (convenio CEA-IMTA-001/2014).

El estudio hace referencia a los decretos de reserva de aguas superficiales para uso público urbano.” En 2005 se firmó un convenio de colaboración entre la Conagua, Guanajuato y Jalisco […] pero no se le da el agua que le corresponde a Guadalajara y además Ramírez Acuña no solicitó la aprobación del Congreso”, de manera que “para los jaliscienses se puede convertir en basura si el Congreso solicita a la SCJN que se nulifique y le pase lo mismo que al que firmó Emilio González en 2007”, que ha sido “ilegalizado”.

grega: “como si esto fuera poca cosa, el Observatorio Ciudadano del Agua envió una recomendación vinculante al Ejecutivo del Estado en la que pide que no se envíe agua a León desde el río Verde  demostrando con estudios la escasez de agua en este  río; solo nos faltó hacerle al gobierno una propuesta para que León tome el agua del río Lerma. Ante esta situación, las empresas españolas que tienen la concesión por 25 años […] están presionando en todos los niveles de gobierno para que no se les caiga ese negociazo que incluye además, la construcción de la presa, almacenar 905 millones de m3 y la construcción de los acueductos Zapotillo-León y Zapotillo-Los Altos”.

A su juicio, “se puede y se debe hacer lo siguiente: a) solicitar la anulación del convenio Ramírez Acuña-Dau de 2005, y b) solicitar o exigir que se reviva el proyecto de Loma Larga II. Con estas dos soluciones se salvan las tres comunidades y se le entrega el agua a Guadalajara” que le corresponde, concluye.

Cribadoras violan dos amparos en río Ameca

La extracción de materiales en la cuenca del río Ameca, que comparten Jalisco y Nayarit, es un gran negocio por la enorme demandan del sector de la construcción, pero causa serios daños ambientales

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las comunidades agrarias de Jalisco y Nayarit, en la zona de la desembocadura del río Ameca y su afluente, el Mascota, mantienen desde hace más de cinco años suspensiones judiciales contra los aprovechamientos de arena y materiales geológicos de las corrientes pluviales, pero denuncian que de forma ilegal, las extracciones no se detienen y se dañan los ecosistemas ribereños.

Esta semana, los ejidatarios de Ixtapa esperaban la presencia de un grupo de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero fue suspendida de última hora, lo que ocasiona que se mantengan las explotaciones a la luz del día (ver fotos anexas).

Miembros del núcleo agrario entregaron a este diario evidencias de que los amparos 578/2010, que se desahoga en el Juzgado 2 de Distrito de Tepic, y 1342/2010, ante el Juzgado 1 de Distrito de Guadalajara, concedieron a los ejidos El Colomo y anexos, de Nayarit, e Ixtapa, de Puerto Vallarta, sendas “suspensiones de plano” que tiene como efecto dejar las cosas en el estado que se encontraban en 2010, cuando se otorgó la medida cautelar. Esto debía impedir que se dieran aprovechamientos en los cauces contiguos a ambos ejidos hasta la resolución definitiva de ambos expedientes, pero la historia judicial de ambos litigios se ha enzarzado entre denuncias de incumplimiento de la suspensión, negativas de las autoridades a las que se reclamó la emisión de permisos (Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues los cauces son propiedad federal), quejas y revisiones promovidas por los “terceros perjudicados”, esto es, las propias empresas cribadoras de materiales.

Las incidencias de ambos juicios se pueden consultar en los siguientes enlaces de web:http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=24&organismo=1093&tipo=expediente&tipoexpediente=1&noexpediente=578/2010 y http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=3&organismo=694&tipo=expediente&tipoexpediente=1&noexpediente=1342/2010.

La resolución de Ixtapa se dictó en los siguientes términos: “se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no sea privado al ejido quejoso [sic], de manera definida la propiedad, posesión y disfrute de sus bienes agrarios […] de igual manera, para que no se realice la sustracción del régimen jurídico ejidal que tienen, así como para que no se realice ningún movimiento registral derivado de estos terrenos y de las aguas que en él se embalsan, tanto en el Registro de Derechos de Agua como en el Registro Público de la Propiedad federal; asimismo, para que no se otorguen autorizaciones o permisos por parte de las autoridades responsables para la extracción de material pétreo y se suspendan y cesen los efectos y consecuencias de las concesiones otorgadas […]”.

Los campesinos creen que hay “contubernio” entre algunos servidores públicos y el sector de la construcción, que tiene amplia demanda en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit. Influye que de modo oficial, la Conagua ha señalado en el pasado que la actividad de extracción no sólo no perjudica, sino que es benéfica, dados los cuantiosos aportes de residuos de bosques y zonas agrícolas de las cuencas media y alta, que generan problemas de inundación y daños en los ecosistemas de la parte baja (ver Público-MILENIO, 15 de agosto de 2010).

20 mil lotes baldíos, “material” para crear nuevas áreas verdes

Semadet plantea discutir el asunto en Imeplan y que se tomen decisiones para que los espacios para la especulación se conviertan en bienes públicos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La existencia de 20 mil lotes baldíos de diversas dimensiones en la zona interior de la ciudad limitada por el anillo periférico, cuya superficie total es cercana a seis mil hectáreas, son una oportunidad para generar un esquema de creación de áreas verdes nuevas que le urgen a la metrópolis ante su considerable rezago, reconoció ayer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

Se trata de un trabajo que hay que acordar con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y demás instancias de gobernanza de la ciudad, advirtió en entrevista con MILENIO RADIO, "para inducir que los municipios asuman esta visión; ahí el Imeplan puede ayudar mucho, y nosotros como gobierno del estado, debemos de coordinar y apoyar 100 por ciento [...] en el gobierno ya estamos en la mesa de planeación y gestión urbana sustentable, terminando el proyecto de red de parques y conectividad de ciudad, con este criterio, y lo vamos a poner en la mesa del Imeplan para trabajar de manera conjunta".

La funcionaria defendió la creación de parques lineales que se ha detonado desde hace casi seis años, primero en Guadalajara y luego en otros municipios, pero reconoció que no es suficiente para resolver el déficit de espacios públicos de una ciudad que creció sin una planeación adecuada.

"Es un gran tema, creo que son pocas las ciudades que se han ido pensando al mismo tiempo con la calidad del espacio público, sobre todo en lo que son parques [...] el municipio de Guadalajara solamente tiene 19 parques con esa categoría, y más de 300 espacios como jardines, plazoletas, camellones con árboles, que también se pueden considerar como parques aunque de dimensiones más modestas. Estoy de acuerdo en que Guadalajara como ciudad debería pensar en este tipo de espacios, sin embargo, la realidad nos ha rebasado: no se planeó, hasta este momento, el espacio público", destacó.

Una primera aportación al cambio es que, como medida de compensación por el impacto ambiental de la Línea 3 del Tren Ligero, se está ejecutando un proyecto de área verde en el predio conocido como El Hoyanco, en la zona de Las Juntas de Tlaquepaque, el municipio con menor promedio de áreas verdes por habitantes; las diez hectáreas de ese parque cambiarán las cosas en los alrededores, pero hará falta más para cambiar la ciudad.

"Nosotros sacamos un promedio de lo que se merece el ciudadano, y estamos en déficit; hay municipios como Guadalajara que el promedio es de 2.5 metros cuadrados, aunque con contrastes: zonas muy arboladas como la Minerva donde el promedio va a 14 m2, pero Cruz del Sur tiene 0.5 m2 y de ahí nos vamos a Tetlán o a la Colonia del Fresno donde ni siquiera pasa de 0.5 m2; y eso mismo pasa en municipios como Tlaquepaque y Tonalá".

De este modo, añade, "el reto es muy grande, tiene mucha relevancia pensar a la ciudad en un concepto más articulado y a largo plazo", por lo cual "yo no desdeño la conectividad que permiten los parques lineales, porque algo que tenemos que hacer es volver a conectar a la ciudad con los bosques, así como los cauces de los ríos serían también estos conectores en el territorio, y que ahora son avenidas y hay que tratar de regresar al estado anterior".

Es decir, no hay esfuerzo, por mínimo que parezca, que no pueda abonar a la gran solución: "también hay que reconfigurar la imagen de la banqueta como un espacio de convivencia, digno, donde también se incluya arbolado con esta intencionalidad de valor ecosistémico, de salud pública, de imagen, de belleza, y hacerlo convivir vivir con la estructura urbana".

Claves

Oportunidades

El plan contra inundaciones generará en los siguientes años nuevas áreas verdes al recuperar viejos cauces de ríos

Los cabildos metropolitanos tiene poder para presionar fiscalmente a los especuladores de baldíos

Los desarrolladores urbanos deben entregar superficie verde para recibir aprobación de proyectos verticales

La ley otorga a los ayuntamiento el derecho a ser comprador preferencial de tierras urbanas?

Un Jesucristo para morir y resucitar en un solo día

El personaje principal de la Judea en Vivo de San Martín de las Flores es un joven rubicundo que se gana la vida de trovador bohemio

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El día de hoy, Jesucristo llega a la cita más importante de su destino, al menos en lo relativo al año 2016: el juicio del sanedrín, la entrevista con el procurador, la condena en la cruz. Al caer la noche, bajará del cerro entre el polvo de la multitud y las lágrimas de sus seguidores; se bañará y luego resucitará, porque debe estar listo para la cuereada del sábado. El lunes, como le sucede a muchos millones de mexicanos, regresará al trabajo.

Todo en la provinciana y populosa plaza de San Martín de las Flores, una vieja república de indios de Tlaquepaque que quedó atrapada entre fraccionamientos populares, sórdidos botaneros y malls pretenciosos, brechas polvosas de urbanizaciones defectuosas y carreteras llenas de baches. Son jornadas especiales para decenas de miles de católicos, en su mayoría pobres, que como hace 222 años, reciben en tres días una apretada representación de historia sagrada, envuelta entre vestuarios baratos, decorados lustrosos y actores voluntariosos; la escena se rodea de gradas de hierro y madera, de un Zapata charro de bronce, de una extraña exposición de pinturas donde San Martín es una aldea imaginaria con campesinos, caballos, juegos artificiales, ganado y arroyos prístinos; de las máscaras grotescas de don Juan Esquivel Parra, violinista que interpretaba danzas de la conquista y murió en 2008; de fotos desenfocadas de otras judeas, apenas algunas desde que se instauró la tradición en la agonía del siglo XVIII borbónico.

Este Jesucristo se llama Martín Iván Alejo Guareño. Si el personaje central del drama bíblico se reunía con prostitutas y cobradores de impuestos, este departió la semana pasada entre bohemios de dudosa reputación mientras entonaba canciones de Roberto Carlos o José José, pues el hijo de un talabartero de Tlaquepaque se gana la vida como trovador moderno y va a donde lo contraten. Tiene 33 años, y tal vez pronto se case. Rara avis en medio de una juventud a la que policías y abuelas tildan de "descarriada", siente que asumir la actuación del ungido es un literal llamado de Dios. Y no lo dice por demagogia: el hombre de casi 1.80 de estatura, complexión regular, tez blanca y ojos verdes, tiene diez años desempeñando el papel del hijo de José y María, si bien antes se desenvolvía en un modesto via crucis de Santa Cruz de las Huertas. Pero además, dedica parte de sus ocios a la oración, un grupo denominado Taizé (nombre de un poblado francés donde se generó una comunidad cristiana ecuménica en 1940).

"Yo tomo mi papel muy en serio, son licenciado en artes plásticas, orientado a la pintura y el dibujo, yo represento a Jesucristo con las misión de evangelizar a las personas, ese es mi propósito, mi intención, y lo voy a seguir haciendo [...] la primera vez, hace diez años, fue por una manda que yo debía a mi madre que esté en el cielo, se la dedique y no he parado; a la Judea de San Martín llegué al ganar una convocatoria, pero yo pienso que eso lo decidió Dios".

- Hablas de evangelizar, ¿no es una tarea muy difícil en esta época?
- Es complicado ahora que la sociedad está tan necesitada de ese mensaje, que es entender por qué murió y resucitó Cristo; vivimos en una sociedad que está fracturada por la violencia y creo que esta semana nos da una pausa para reflexionar en los días santos. A lo mejor no influyo mucho, pero yo voy a poner mi granito de arena, si estoy en esto es por alguna razón...
- Además de la violencia, está la división de los barrios entre distintas confesiones cristianas...
- Yo respeto cada una de las religiones, y soy católico; el mensaje es claro: dar amor, y se acabó [...] es lo que hay que ejercer.
- Jesucristo murió a los 33, tu edad, pero nació en un pesebre, ¿ tú en qué naciste?
- Yo nací entre cueros porque mi papa era talabartero; toda mi familia se dedica a al talabatería [...] tengo tíos abuelos que fueron reconocidos artesanos en Tlaquepaque, creo que de ahí me viene la vocación.

Un Cristo rubicundo entre aborígenes de piel cobriza y apiñonados mestizos. ¿Crees que te escogieron por tus rasgos caucásicos? "Yo creo que se fijó en mi Dios [...] mi fenotipo me ayudó un poco, pero más contó el tiempo que yo llevaba a representando a Jesucristo, buscaban a alguien con experiencia

Este Cristo pronto se podría casar, para escándalo de los puristas. "Tengo a mi novia, una novia hermosa porque tiene cimientos de moral, y estamos en pláticas para ver si el siguiente año llegamos al matrimonio". Pero ya apura la plática porque comienza la representación, al caer la tarde. Primero habrá que morir y resucitar por todos los hombres "para remisión de sus pecados".

Falta política pública para parques nuevos en AMG

Los “parques lineales” no lo son; no cumplen la función amortiguadora y exponen a más contaminación a los moradores de la ciudad, advierte el investigador Arturo Curiel.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La creación de "parques lineales" que ha sido sostenida por el gobierno del estado y los municipios como un modo de paliar la crisis crónica de áreas verdes en la ciudad, es solamente un autoengaño y no resuelve el problema de fondo: la apremiante escasez de grandes espacios abiertos para la recreación, para amortiguar la contaminación y para regular la creciente agua superficial, advierte el investigador de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros.

"Primero habría que definir el término de parque: un parque debe cumplir con ciertas funciones que no cumplen los parques lineales, desde el enfoque de la salud ambiental, un espacio de este tipo debe reducir la exposición de lo que ya tienes cotidianamente en una ciudad, contaminación del aire y ruido, y no lo cumplen estos parques lineales", dice en entrevista con MILENIO JALISCO.

Al limitarse a los camellones de mayor anchura en algunas avenidas citadinas, "no hay un espacio para amortiguar; yo he visto cosas absurdas, por ejemplo, ponen zonas deportivas en donde hay más tráfico vehicular, como en la avenida Lázaro Cárdenas, y eso es un atentado a la salud; he visto ahí a gente haciendo ejercicio, con una densidad de autos y camiones aportándoles gases contaminantes, y es el revés, en lugar de incrementar su capacidad física están aumentando su exposición a contaminantes, y eso se va directo a la sangre, y es absurdo".

Por otro lado, "los parques deben ser sitios educativos, los niños aprender a andar, los jóvenes a convivir y a amar; es decir, son espacios donde tú tienes otros contextos para educar emocionalmente, físicamente, incluso mentalmente [...] nada de eso te ofrecen estos parques lineales, no sé a quién se le ocurrió eso, me parece que no son parques, que no cumplen las funciones de áreas verdes y en suma, no se está generando ninguna solución".

Al científico, fundador del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la UdeG, que en 2008 recibió el Premio al Mérito Ecológico en el sector educativo por sus aportaciones en materia de educación y salud ambiental, le parece grave que con la promoción de "parques lineales" se deje de lado la oportunidad que significan 20 mil lotes baldíos con más de seis mil hectáreas que existen, como inversión especulativa, en el anillo interior del periférico de la conurbación tapatía.

"Desde la administración pasada del Ayuntamiento de Guadalajara me llamaba mucho la atención, que el entonces presidente, siendo agrónomo, apostara por la idea de redensificar Guadalajara, en lugar de usar la oportunidad de los lotes baldíos; la han aprovechado otras ciudades cuando ha empezado a disminuir la población de sus centros por el efecto de la expansión, crean parques públicos, el propio gobierno los va adquiriendo y genera verdaderos espacios comunes; pero parece que en Guadalajara, en lugar aumentar la condición de bienestar de la ciudad, se preocupan más por redensificar, aunque haya más gente expuesta a la contaminación, porque el espacio público no crece", destaca.

En contraste con lo que ha sucedido "en varias ciudades en los últimos 20 años, cuando se dejan guiar hacia lo que causa un beneficio mayor, social; ciudades de Colombia y de Brasil ahora son ejemplos, porque en el momento en que discutieron con criterio, a dónde iban a destinar los fondos públicos, fueron para adquirir bienes públicos, mayor patrimonio social, donde las redes públicas y la educación se ven incrementados y favorecidos; aquí tenemos las mismas posibilidades de hacerlo, habría que preguntarnos por qué no se están haciendo estas cosas, y porque tenemos una visión de corto plazo en las acciones que emprendemos [...] la única racionalidad sigue siendo la económica y no la humana, no la social, no la ambiental, como debería de ser".

Las áreas verdes amortiguan los apremiantes problemas de inundaciones, cuyo costo anual en patrimonio de los tapatíos a nivel metropolitano se estima en mil millones de pesos, pues "son espacios más eficientes que cualquier drenaje".

- Ese tipo de planteamientos se escucha mucho en este contexto, pero cuando se habla del costo habría que preguntarnos si no estamos evaluando bien el costo-beneficio [...] preguntarnos cuánto le cuesta a esta ciudad que cada vez más gente muera de manera prematura; ya estamos sobrepasando 20 por ciento de muertes prematuras en Guadalajara, es un quinto de habitantes que no llega a la expectativa de vida, ni siquiera a los 60 años, y la pregunta sería si no es mejor invertir para que esas vidas sean más sanas y puedan cumplir sus expectativas de vida, lo que es en favor de toda la ciudad.

Claves

Mil hectáreas de parques y jardines públicos, incluida la vegetación de glorietas y camellones, son un servicio ambiental fortalecido por jardines interiores de las casas, las cuales hacen que en la zona de la Minerva haya hasta 14.55 m2 por persona, mientras que en Tetlán no se alcanza siquiera un m2

Datos que levantó el Instituto de Estudios Económicos y Regionales (Ineser) de la UdeG señalan la siguiente relación por los cuatro municipios de la zona metropolitana original: Tonalá tiene cinco m2 por morador; Tlaquepaque, 40 cm2; Zapopan, 3.3 m2 y Guadalajara, 2.9 m2
La AMG tendría que garantizar entre diez y quince metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante, o bien, destinar 20 por ciento de su superficie total a espacios naturales donde se fabrique oxígeno por medio de la fotosíntesis, se absorba el calor y se reduzca la temperatura. Esto lleva a crear un mínimo de 3,200 ha de parques nuevos, poco más de la mitad de la superficie de lotes baldíos que existen en su interior

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Tlaquepaque y Guadalajara, los más rezagados en áreas verdes


Seis de cada diez tapatíos y tres de cada diez tlaquepaquenses viven en zonas poco arboladas.


El municipio central del área metropolitana, Guadalajara, y al oriente, Tlaquepaque, son demarcaciones con mayor desbalance en su existencia de áreas verdes, pues seis de cada diez moradores del primero, y más de tres de cada diez del segundo, padecen la escasez de este tipo de espacios.

El tema prácticamente no se ha modificado desde que el desaparecido Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ) lo reportó en noviembre de 2012 (http://iitej.blogspot.mx/2012/11/cantidad-de-areas-verdes-de-guadalajara.html).

“En el municipio de Guadalajara dos de cada tres habitantes viven en zonas donde no se alcanza el parámetro mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación a que los espacios urbanos deben contar con por lo menos nueve metros cuadrados (m2) de áreas verdes urbanas por habitante. Por su parte en Tlaquepaque una de cada tres personas viven en áreas geográficas que están por debajo de la recomendación de la OMS [Organización Mundial de la Salud]”, es la conclusión tras analizar áreas verdes y vegetación en la ciudad a partir de imágenes satelitales SPOT 5 de 2009 del INEGI.

“Para la cuantificación de las áreas verdes se consideraron parques, jardines y espacios que el satélite detecta con vegetación, como son los árboles en banquetas y camellones, jardines privados y áreas abiertas cercanas a las zonas urbanas”, precisa.

Al detallar el nivel de incumplimiento del parámetro recomendado por la OMS “se encuentra que el 34 por ciento de la población del municipio de Guadalajara viven en zonas críticas o con carencias severas de vegetación que tienen menos de cuatro metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Para el caso de San Pedro Tlaquepaque el 18 por ciento de su población viven en esa misma condición de carencia severa”.

Las áreas verdes urbanas generan oxígeno, captan partículas de polvo, regulan el clima, amortiguan los niveles de ruido, y al captar agua reducen inundaciones y erosión del suelo. “A pesar de la importancia de la presencia de áreas verdes y de la existencia de normatividad urbana para su desarrollo y protección, tanto en amplios sectores antiguos, como en los de reciente creación, planeados o no, la distribución y cuantificación de espacios verdes arroja una insuficiente cantidad en amplias zonas de la ciudad, quedando muchas de ellas fuera, por un amplio margen, de los parámetros recomendados por la OMS en esta materia”.

El análisis rehúye al promedio porque estos “son afectados fuertemente por datos atípicos, datos que en el caso del municipio de Guadalajara influye la Barranca de Huentitán y en el Caso de Tlaquepaque las áreas agrícolas o sin construcciones que están aledañas a fraccionamientos. Por ello es más correcto tomar la mediana, como punto de valor medio para cada municipio, intentando evitar el sesgo que nos provocan estas grandes áreas verdes aledañas o inmersas en los municipios. Con este indicador se puede ver que la mitad de las áreas geográficas del municipio de Guadalajara se encuentran por debajo de los 6.5 metros cuadrados por habitante, seguida por San Pedro Tlaquepaque con la mitad de sus secciones por debajo de los 7.1 m2 por persona”.

Para Guadalajara, la mitad de los que viven en déficit lo tienen de forma severa. “una tercera parte de su población no alcanza más de los 4m2/hab, esto equivale a aproximadamente 504,939 habitantes, más del total de la población del municipio de Tlajomulco o Tonalá”.

La entidad gestiona tres nuevas áreas protegidas

Vallarta, Chapala y la Barranca de los ríos Santiago y Verde son prioridad de trabajo este año; reservas consolidadas tienen disponibles más de 34 mdp.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco establecerá este año las bases de tres nuevas demarcaciones naturales protegidas: el área de protección hidrológica de los ríos Santiago y Verde, al norte de la conurbación tapatía; el cierre del cinturón verde en torno al lago de Chapala y el blindaje del cordón de bosques y selvas que rodea a Puerto Vallarta entre el río Ameca y Cabo Corrientes, proyecto denominado El Edén.

De estos, el primero y el tercero fueron originalmente planteados como reservas protegidas federales, pero su gestión se ha empantanado pese al avance de las amenazas que generan proyectos de infraestructura y las propias manchas urbanas con las que colindan. En el caso de Chapala, las zonas a proteger, Cóndiro-Canales y cerro San Miguel, al oriente del Cerro Viejo, ya presentan avances en manejo sostenible que puede acelerar los procesos, dijo el director general de protección ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Antonio Ordorica Hermosillo.

El funcionario destacó que además, se tiene una bolsa de recursos más atractiva en el presente año para manejar las áreas naturales. Además de poco más de 19 millones de pesos del bosque La Primavera, el presupuesto más alto de su historia, las áreas con decreto federales también coadministradas por el estado, Nevado de Colima y Quila, se reparten una bolsa de diez millones de pesos, mientras otra bolsa de cinco millones de pesos tiene aplicación en las cuatro zonas con decreto estatal: Bosque Mesófilo Nevado de Colima, Sierra del Águila, Cerro Viejo y Bosque de Arce en Talpa. El total ronda 34 millones de pesos.

"Ya tenemos ahí un avance importante, capital semilla para hacer un trabajo con las comunidades y mantenerlo", puso en relieve.

A largo plazo, Jalisco debe desarrollar una economía que reconozca la contribución de las áreas naturales a su desarrollo social y económico; no simplemente como espacios naturales y de recreo, sino como espacios que aportan servicios básicos como el agua, el clima, la retención de suelos y la biodiversidad.

"Tenemos oportunidad con la participación más amplia que siempre deriva del uso de los recursos hídricos; estamos haciendo uso del agua, y esto debe derivar en arreglos que debemos llevar más allá de la conservación y más allá de lo económico; en el futuro no se trata sólo de tener agua sino del eje del propio desarrollo; debemos ver hacia las cuencas y cómo conservamos y cómo compensamos esos servicios ambientales", añadió.

Ordorica Hermosillo señala que se optó por esquemas estatales en río Santiago y Puerto Vallarta para generar procesos más rápidos y que las autoridades locales se involucren de forma más directa.

"Es más rápido el proceso de la declaratoria del propio decreto; pero tenemos que construir el polígono y ver el alcance de este programa de conservación de la montaña de Vallarta con los dueños, poseedores, aprovechamientos forestales y los propios municipios", ponderó en torno al más delicado de los procesos a gestionar, que tiene que ver con el emporio turístico de Puerto Vallarta.

- La presión para el tema del libramiento carretero apremia, y hay cada vez más permisos de construcción hacia la zona de montaña...

- Sí, hay prisa, los esquemas de conservación no deben ser burbujas o esquemas de no tocar, pero es importante trabajar en esquemas de conservación para definir cuáles son las áreas prioritarias, bajo qué criterios se pueden manejar, y en dónde habría desarrollos de ciertas características, pero debemos adelantarnos para que el proceso sea ordenado y se respete lo más valioso para los ecosistemas y para los intereses de la sociedad misma, a la que esos bosques y selvas garantizan una calidad de vida.

>Claves


Tres reservas

- El Edén. Ubicada en el anfiteatro de bahía de Banderas, con algunas de las selvas medianas mejor conservadas que le restan al país. Entre 150 mil y 200 mil ha


- Ríos Santiago y Verde. Las barrancas del norte de Guadalajara, fuertemente contaminadas pero con recursos esenciales para la calidad de la metrópolis. 55 mil ha

- Cinturón Verde de Chapala. Al oriente del ya protegido Cerro Viejo, para establecer reglas en el desordenado proceso de ese territorio. Entre 20 mil y 30 mil

Antorcha se va del PRI; 50 mil simpatizantes en Jalisco

El movimiento campesino que se incorporó al PRI en 1989, a instancias de Carlos Salinas, se dice "ninguneado" por el priismo nacional y el del estado, con el cual se enfrenta más frecuentemente que con gobiernos panistas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Antorcha Campesina, un movimiento político popular que nació en 1974 en el centro del país, y se adhirió al PRI en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, está más que dispuesto a salirse de ese instituto político, debido al “ninguneo total hacia nosotros”, una percepción que el dirigente en Jalisco, Eduardo Campos Flores y su vocero, Salvador Mateo Martínez, comparten con los líderes nacionales.

“En Jalisco son más de 20 mil agremiados, distribuidos en 30 municipios de las regiones Sur, Costa Norte y Costa Sur, Sierra Occidental, Valles, Centro, Los Altos y Ciénega; y de entre los simpatizantes fácilmente alcanzamos 50 mil”, explica Mateo Martínez. “El trato que nos ha dado el PRI Jalisco es el mismo ninguneo total hacia nosotros. La posición del antorchismo es en el mismo sentido que la está trazando nuestro máximo dirigente nacional, Aquiles Córdova Morán”, añade.

No hace falta recurrir a demasiadas indagaciones para probar esos frecuentes desencuentros. En los tres años que tiene al frente de Jalisco un gobierno priista, tras tres administraciones panistas, se han debido multiplicar manifestaciones públicas tanto en la capital de Jalisco como en municipios donde gobierna el tricolor, en reclamo de compromisos que, de última hora, se cancelan. El conflicto es de mucho mayor intensidad que el que se vivió con gobiernos blanquiazules. Los enfrentamientos verbales de la dirigencia estatal con el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, se convirtieron en “pan de cada día”.

Los agravios, múltiples: desde obras carreteras canceladas hasta urbanizaciones truncas, y hasta cosas simples como espacios para la venta de artesanías y productos campesinos de los agremiados. En buena medida han terminado en acuerdos, pero el desgaste es mayor, pues obliga a marchas, a tomas de edificios y a plantones por semanas en las plazas públicas.

Y este problema se repite, a niveles mayores, en los estados centrales como México y Puebla, donde están la mayoría de los afiliados. De la Ciudad de México llega el eco: “En el PRI siempre se nos ha tratado como arrimados, como apestados, siempre, no sé si exactamente todos. Siempre ha estado presente una fracción que, según yo, nunca nos ha digerido ni con salsa mil islas, no nos quieren, y desgraciadamente tengo la mayoría de veces una sensación de lo que leo, de lo que siento, que es esta corriente la que siempre se impone, la que nos mira mal, la que nos patea, la que nos insulta, incluso ha habido gente que dice ‘Antorcha no es del PRI’ y luego ‘vénganse, hay que votar por el PRI’, ¿cómo le vamos a hacer”, le dijo Aquiles Córdova Morán a El Universal.

Es fundador del movimiento; hace 42 años se reunió con 31 “campesinos e ingenieros agrónomos” y nació el Movimiento Antorchista Nacional. El dirigente asegura que los 32 miembros iniciales se multiplicaron “y hoy la organización tiene en sus filas a un millón 200 mil personas”, cuya salida es un lujo que podría pesarle al partido en el poder.

“Nosotros no nacimos pensando en que seríamos un componente del PRI. Nosotros comenzamos a trabajar en una organización absolutamente independiente de cualquier partido político porque desde que yo era estudiante de Chapingo me pude dar cuenta de que los partidos políticos son maquinaria para mover a la gente y vote por las personalidades o líderes que el propio partido le propone a la gente. Esa forma de operar, para la visión que yo tenía de las necesidades de la gente del campo, definitivamente resultaba inadecuada, opuesta a los intereses que nosotros perseguíamos. De tal manera que nosotros no nacimos pensando en ser o pertenecer a un partido político, sino en crear una organización independiente que naciera desde abajo, organizara a los más pobres entre los pobres para su defensa”, agrega el líder nacional.

Los detractores de Antorcha vinculan la inclusión en el PRI del movimiento, a las negociaciones de Raúl Salinas de Gortari, con quien sostenían amistad y trayectorias en movimientos de izquierda campesina algunos de los fundadores de Antorcha Campesina.

Pero el dirigente cuenta otra versión: “Cuando se hace candidato a la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari buscamos una entrevista con él, la cual se realizó en un hotel de Puebla. Lo que le pedimos fue que nos diera un reconocimiento legal porque estábamos temerosos, se había desatado una campaña para ponernos fuera de la ley, y como blanco de la represión. Nosotros creíamos que eso se podía atenuar si se nos daba un registro legal. ‘Queremos que usted, señor candidato, que va para presidente de la República y al que le hemos oído hablar de lo que piensa del campo mexicano, nos extienda algún reconocimiento que nos ponga a salvo de estos ataques, de esta imagen de ilegales y peligrosos”. La negociación terminó sumando al movimiento al sector campesino del PRI, compañero incómodo de la enorme y crecientemente rebasada Confederación Nacional Campesina (CNC).

“Los Antorchistas siempre hemos reconocido el gesto de Carlos Salinas para ayudarnos a salir del pozo, de la clandestinidad, donde nos quería ahogar la propaganda negra”, agregó Córdova.
ías pero en una década se ha multiplicado: lidera decenas de peticiones en zonas rurales, serranas, pero también en la periferia del área metropolitana de Guadalajara. Sus dirigentes locales aseguran que han logrado etiquetar presupuestos para obras de sus agremiados gracias a la pequeña bancada antorchista en el Congreso de la Unión. “Estamos cada día más fuertes y al alza”, repone Mateo Martínez. Este es el movimiento incómodo que está por dejar al PRI. El costo que le signifique, se reflejará en el proceso electoral de 2018, pero más de inmediato, en las tensiones crecientes entre las demandas de sus miembros y la clase política en el poder.

Agua, 60 años de un problema no resuelto en el AMG

Falta establecer bases sólidas para un desarrollo sostenible de la ciudad en ese tema; El Purgatorio se incorporará como fuente en 2018.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

A 60 años de la entrada en operación de la primera fuente de abastecimiento enclavada fuera del valle de Atemajac, el acueducto Atequiza-Las Pintas, que conducía agua desde el lago de Chapala; y 25 años después de la conclusión de la última gran obra de abastecimiento sobre el río Calderón, la presa Elías González Chávez, los problemas del agua se han hecho endémicos en una conurbación que no ha sabido fabricar acuerdos ni respuestas suficientes a su desafío en ese sector.

Los trabajos de construcción de la derivadora de El Purgatorio, sobre el río Verde, están en fase final, por lo que se espera que en menos de un año concluya la obra civil, y en dos, se pueda incorporar la nueva fuente de abastecimiento, que de entrada aportará hasta 5,600 litros por segundo a la ciudad sedienta, refiere el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias.

Lo de la sed, es parte de un debate inacabado: el sector público asegura que es real la falta de agua en la metrópolis, donde se tiene la misma agua desde que Calderón entró en operaciones alrededor del año 1993, cuando había poco más de 2.5 millones de habitantes. Hoy, la ciudad cuenta con casi 4.8 millones, de los cuales corresponde al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cubrir a poco más de cuatro millones. Sin embargo, por encima de la cantidad de personas, está la agresiva expansión de la mancha urbana, que llevó de una urbe de 30 mil hectáreas a una de más de 61,820 hectáreas de "espacio construido" (los datos más recientes, generados por el Instituto Metropolitano de Planeación).

De este modo, la densidad de población pasó de 180 habitantes por hectárea a 65. Esto significa que llevar el agua a cada morador metropolitano es considerablemente más caro que en el pasado y se debe ir a zonas cada vez más alejadas. Independientemente, si se considera que llegan a la ciudad 9,500 litros por segundo (5,500 de Chapala, poco más de 3 mil de los pozos del acuífero y entre 500 y mil de Calderón) según el Observatorio Ciudadano del Agua, o 10,500 litros según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hace una cuenta al día de 820 mil metros cúbicos (820 millones de litros) a 907 mil m3; y un promedio diario por habitante de 205 a 227 litros, muy por encima de los parámetros mínimos exigidos para una calidad de vida adecuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que rondarían un mínimo de 110 litros.

Estos datos llevan a los críticos del sector oficial a señalar que el problema verdadero es una muy mala gestión del agua, lo que significa su distribución inequitativa, la falta de protección eficaz a las fuentes de abastecimiento, el esquema de cobro que tampoco es equitativo porque permite a quienes requieren agua como insumo de riqueza proveérsela a costos mínimos, las pérdidas en red que se mantienen por arriba de 30 por ciento, y el desperdicio ingente del agua pluvial, que trae aparejado el problema crónico de las inundaciones.

Durante toda esta polémica, el discurso oficial ha sido crítico sobre la irresolución de los tomadores de decisiones para decantarse por un proyecto "definitivo", pero complaciente en relación a las demás causas del atraso en la gestión integral del recurso, obligatoria según la Ley de Aguas Nacionales, es decir: el agua no se sanea completamente (menos de 65 por ciento), no se reutiliza prácticamente (menos de 10 por ciento), no es ahorrada de forma eficaz por los usuarios (aunque el esquema de tarifas del SIAPA es un avance porque premia el uso moderado del recurso), no se cuidan las zonas de alta recarga del acuífero (está invadida de desarrollos privados y proyectos públicos) y prácticamente no se capta agua de lluvia (300 millones de metros cúbicos de precipitación pluvial provocan inundaciones ... y terminan mezcladas con las aguas negras en la barranca del río Santiago).

Resulta paradójico que un Purgatorio pueda conducir a la salvación, pero la megaobra de 6,788 millones de pesos, que bombeará el agua de poco más de 500 metros, permitirá paliar los problemas de la gestión inadecuada, pero no la solución. Los responsables gubernamentales aseguran que es apenas el comienzo de la resolución del déficit. Los críticos, buena parte de ellos reunidos en el Observatorio Ciudadano del Agua, señalan que si no se comienza a "arreglar la casa" no habrá agua que ajuste. Es en el fondo un tema del modelo de ciudad, señala el investigador Arturo Gleason Espíndola: la ciudad compacta y autogestionada para que dependa de sus propios recursos – que no son pocos -, o la ciudad dispersa y dependiente de bienes naturales traídos cada vez de más lejos, sustentada sobre bases más precarias.

Claves

Los descuidos

Entre 1991 y 2016, la ciudad dobló su superficie y redujo su densidad de habitantes a un tercio, lo que significa que la población se dispersó, con costo de servicios públicos mayor pero grandes márgenes de ganancia para los fraccionadores

Además, se creció sobre las zonas inadecuadas: sobre arroyos y ríos, que en sus puntos bajos son hoy ocupados por calles y fincas que impiden el funcionamiento hidrológico de la ciudad. El efecto son inundaciones periódicas con alto riesgo para patrimonios y vidas de los moradores, con costos promedio de mil millones de pesos anuales

También se permitió urbanizar buena parte del área de alta recarga de los acuíferos metropolitanos, lo que evitó la infiltración de millones de litros, y repercutió en el abatimiento del manto subterráneo.
Un tercer problema es que el agua subterránea, mientras más profunda, tiene peor calidad, lo que ocasiona un alto costo de potabilización. El ejemplo claro de este efecto se tiene en el valle de Toluquilla, donde el agua con arsénico por abundancia natural, mayor mientras se bombea desde más profundo ha generado una alta precariedad en el servicio para casi un millón de habitantes de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y Zapopan

De 30 a 40 por ciento del agua que se abastece en la urbe viene del subsuelo. Cada año llueven en promedio 973 milímetros, lo que da un estimado anual de 340 millones de m3, según datos del investigador Carlos Hernández Solís

Baja inversión que se ha hecho en la infraestructura. Redes de agua y alcantarillado con antigüedad de 40 a 80 años —algunas todavía son de barro—, son causa de miles de fugas, y de colapsos de pisos en calles y avenidas: se ha llegado a rebasar tres mil eventos por año, según el organismo operador. Urge reponer 1,800 kilómetros, casi la cuarta parte de las redes

Comenzar llenado de El Zapotillo, controversia no resuelta

El Imdec exige a la Unops que se clarifique el tema, de acuerdo a lo que se discutió en la reunión de diciembre de 2015.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), asesor del movimiento por la defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, amenazados con las aguas de la presa El Zapotillo, advierte que la Unops no ha sido clara sobre diversos “productos tempranos” efecto de su trabajo en la cuenca del río Verde, y en particular le preocupa el posible “llenado temprano” del embalse artificial construido actualmente a 80 metros de altura.

“Se plantea en primer término la necesidad de entender en qué consiste: uno, el producto temprano que evalúe la posibilidad de aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa; dos, el objetivo de la mesa de diálogo y en particular la participación de la sociedad civil en este proceso; y tres, el alcance de la visita conjunta con Semadet, Unops y Pnuma [Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente] a la presa a realizarse el próximo 15 de diciembre”, señala el acta de la reunión del 14 de diciembre, a cuya copia tuvo acceso MILENIO JALISCO.

La organización social no ha obtenido respuestas tres meses después. A detalle: “Sobre el producto temprano, que evalúe la posibilidad de aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa, Unops precisó que para que su intervención con la participación del Pnuma sea útil se tiene que brindar al estado de Jalisco un conjunto de recomendaciones para que éste pueda tomar decisiones asumiendo las dos condiciones que pueden resultar objeto de aprobación en el marco los litigios planteados, es decir, que la altura de la cortina de la presa se desarrolle hasta una altura de 80 o de 105 metros, respectivamente”.

En tal sentido “y considerando que conforme a lo establecido por la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revisar la Controversia Constitucional 93/2012, se ha prohibido superar la altura de 80 metros de cortina, se estimó de común acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la Unops realizar un análisis de ambos escenarios para determinar las implicancias técnicas, sociales y ambientales en cada uno de ellos, incluyendo las condiciones de seguridad en el estado actual con una presa sin llenado, para el caso que pudieran registrarse avenidas extraordinarias máximas a partir de la temporada de lluvias, especialmente frente a las poblaciones residentes en las inmediaciones de la obra”.

De lo que se trata, “en consecuencia, es de anticipar al gobierno de Jalisco una opinión técnica paso que la autoridad federal competente en la materia resolviera acogerse a los términos del mandato emanado de la SCJN en el decisorio ya citado. Lo cual no debe entenderse como una recomendación a que el gobierno de Jalisco inste al llenado de la misma, antes bien como un producto “temprano” orientado a proveer al gobierno de Jalisco con una opinión técnica antes de la finalización del convenio UNOPS, a término de los 18 meses”, añade el acta mencionada.

En todo caso,” y a las resultas de la preocupación generada por este apartado del documento del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, resultaría factible generar una fe de erratas que reemplace la referencia que ha sido causa de tales interpretaciones encontradas”, señalan. No ha pasado tal corrección.

Urge la Ley de Ciudades y Territorio

García Rojas destaca el abusivo poder de las inmobiliarias que condiciona el bienestar de los moradores de las conurbaciones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Ley General de Ciudades y Territorio, cuya aprobación fue bloqueada por el lobby inmobiliario ante las cámaras federales en el primer semestre de 2015, es la oportunidad que requiere el país para recuperar el control del desarrollo urbano que ostentan los intereses económicos, advierte el consultor Jesús García Rojas.

“La última modificación constitucional relevante a la Ley General de Asentamientos Humanos fue hecha en 1993 cuando en un arrebato federalista el gobierno federal abdico a la rectoría del Estado Mexicano en materia de planeación, ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; se delegó a todos los municipios del país las facultades de planeación, ordenamiento del territorio, definición de usos y destinos del suelo, cuando no estaban ni aún hoy están preparados para ello, originando una enorme discrecionalidad, corrupción e impunidad, explicables fortunas de funcionarios públicos por conceder cambios de usos del suelo y de constructores vendiendo casas de mala calidad ejerciendo subsidios federales mal diseñados, expansión urbana, daños ambientales y ecológicos, enormes costos sociales y perdida de la calidad de vida”, pone en relieve en un análisis entregado a MILENIO JALISCO.

A partir de 1994, “en algunos municipios del país se crearon los institutos municipales de planeación, agencias de desarrollo urbano o secretarias técnicas de planeación, en general con malos resultados ya que sus lineamientos fueron normativos, algo así como las llamadas a misa, va el que quiere, y así fue: algunos hicieron buenos trabajos pero nadie les hacía caso, además de que sus consejos supuestamente ciudadanos fueron controlados por notables, cámaras de constructores, desarrolladores de vivienda y por quienes monopolizan la tierra urbana, influyendo en las decisiones de los institutos para su beneficio”.

A esto “súmenle que los municipios cada tres años se reinventan y revisan sus planes de desarrollo, en síntesis podemos decir fueron más los daños que los beneficios que originó, un fracaso”, subraya.

El actual Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo “admiten la existencia del problema y se intenta resolverlo poniendo un alto a la anarquía en la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y recuperar la rectoría del estado en esta materia, lo cual sin duda es esperanzador; el primero creó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que por cierto acaba de cambiar de titular, dando un golpe de timón, cambiando las políticas públicas en la materia; y el segundo a través de las cámaras de Diputados y Senadores impulsa la iniciativa de una nueva reforma relevante a la Ley General De Asentamientos Humanos para crear un nuevo marco legal a través la Ley General de Ciudades y Territorio”.

Ese proyecto de ley es complejo y perfectible, pero necesario “por la dimensión y diversidad del país, la concurrencia de tantos actores, la alternancia política, el que los plazos de las administraciones federales, estatales y municipales no son compatibles con las visiones de mediano y largo plazo que cita la misma; no será fácil en caso de aprobarse su implementación, pero sin duda es bien intencionada, merece ser apoyada y aprobada, es innovadora y nos actualiza a las circunstancias del presente y prevé el futuro”, destacó.

Por eso se debe pugnar por sacar adelante una versión que al menos permita un marco de acción para frenar los abusos. Pero los obstáculos políticos no serán menores, advierte.

Presentan acción colectiva contra fraccionamiento de El Nixticuil

Los defensores del presionado bosque del norte de la metrópolis reclaman por tala impune de la floresta, a favor de un fraccionamiento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una acción colectiva ante juzgados de distrito es parte de las acciones de resistencia civil que han anunciado los vecinos que defienden el bosque del Nixticuil de la marea de fraccionamientos que lo destruyen gradualmente. En particular, se trata de un recurso judicial contra el desarrollo Bosque Encantado, que derribó 125 árboles y no ha sido afrontado por dos sucesivas administraciones municipales.

Se trata de “hacer públicas algunas nuevas iniciativas que estamos realizando en conjunto con distintos vecinos de los barrios anexos al Nixticuil para continuar con la defensa del bosque; la interposición de una acción colectiva ante los juzgados de distrito en materia civil para detener el avance del fraccionamiento Bosque Encantado y la presentación del corto documental denominado ‘La guerra nos alcanzó’, que narra parte de este proceso de despojo y resistencia del último año, en el que también varias casas anexas a este predio han resultado dañadas por la tala del bosque”, señalaron los quejosos, en conferencia de prensa esta mañana.

La pugna es en contra de la fraccionadora Spinelli Corporation, para la construcción de ese desarrollo “y frente a la política de complicidad que el gobierno de Pablo Lemus ha mantenido hacia los fraccionadores que están destruyendo El Nixticuil, misma que fue hecha pública por el presidente municipal hace un mes cuando señaló que no detendrá a ninguno de los fraccionamientos que están acabando con el bosque, aun cuando sabemos que es posible utilizar distintos recursos como el juicio de lesividad, y aun cuando desde el gobierno del Estado y el de Tlajomulco se han montado y planteado recursos en los últimos meses que demuestran lo contrario en el caso de los Colomos y el bosque La Primavera”.

La acción judicial se interpuso el pasado 18 de marzo, con el respaldo de cuarenta y dos vecinos de distintas colonias; la demanda fue turnada a la juez Jessica Villafuerte Alemán, del juzgado 1 de Distrito, “con el objetivo de regresar el predio a las condiciones físicas naturales que tenía antes de la tala y la urbanización; y como medida precautoria en la demanda se solicita a la juez detener los trabajos de construcción del fraccionamiento Bosque Encantado hasta que se dé sentencia de la misma”.

La acción colectiva “es un instrumento novedoso en la legislación mexicana, y corresponderá a la juez Villafuerte darle curso y no desestimarla pues responde al interés por defender el derecho al medio ambiente de todos los habitantes de la ciudad de Guadalajara. Esta acción colectiva está dirigida en contra de la empresa Spinelli, pero también en contra de de las direcciones de Ecología y Parques y Jardines del municipio de Zapopan, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” a quienes señalan como responsables de emitir permisos y de ser omisos en la aplicación de la legislación.

“Con esta acción impulsada desde abajo, desde la gente común y corriente preocupada por el bosque, volvemos a demostrar que la gente está haciendo el trabajo que se supone le corresponde al gobierno municipal, que es defender el derecho al medio ambiente y conservar un ecosistema de primera importancia para la ciudad como es el bosque El Nixticuil. Es posible y necesario hacerlo para defender el bosque”.

El colectivo que defiende El Nixticuil presentó el corto documental “La guerra nos alcanzó”, que “fue grabado y realizado por la gente de la comunidad después de un taller comunitario de cine documental impartido por la directora Antonieta De La Puente. El corto, documenta parte del proceso de despojo y resistencia que en el último año se ha desplegado en contra del proyecto Bosque Encantado, que se encuentra en la larga lista de fraccionamientos que están destruyendo el bosque. Además muestra la afectación que la tala del bosque por parte de la empresa Spinelli ha generado a las casas de una decena de familias vecinas”.

CLAVES

*En febrero de 2015, la inmobiliaria Spinelli Corporation taló más de 125 árboles entre encinos, guamúchiles, tepames y huizaches en un predio de dos hectáreas del bosque El Nixticuil para la construcción del fraccionamiento Bosque Encantado, de 150 casas

“La complicidad del Gobierno municipal de Zapopan y el gobierno federal a través de la Profepa y la Semarnat en este ecocidio se ha evidenciado en distintas ocasiones. Argumentando que el predio no forma parte del área natural protegida bosque El Nixticuil, se violó la normatividad ambiental y se otorgaron permisos de tala en un predio forestal para convertirlo en habitacional”

Los quejosos señalan al gobierno de Héctor Robles y al de Pablo Lemus por haber ignorado “la reiterada exigencia de los vecinos para la clausura definitiva del proyecto, que además del grave daño ambiental que ha generado al Nixticuil por la remoción de toda la cobertura forestal, ha provocado también daños a las casas de algunos vecinos, la cuales han sufrido inundaciones y graves cuarteaduras en sus muros y algunas están en riesgo de derrumbarse”

CEDHJ pide cuentas a Semadet sobre verificación

Los concesionarios señalan la violación de sus derechos económicos porque se les pretendería sacar del programa antes de tiempo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Asociación de Talleres Acreditados del Estado de Jalisco AC, que agrupa una mayoría de los concesionarios del programa de verificación de automóviles en el estado, abrió una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, a la que señala de violar sus derechos económicos y de paso afectar el derecho a la salud de la población.

El ombudsman estatal notificó el pasado 8 de marzo a las partes sobre el desarrollo del expediente 3646/16, lo que debe derivar en una respuesta de la dependencia cuestionada previo a determinar su los derechos humanos de la parte quejosa han sido efectivamente violados.

La secretaria, “quien está al frente del programa de verificación vehicular estatal obligatorio, ha hecho caso omiso de sus funciones, dejando a los talleres a menos de la mitad de su capacidad para verificar […] pues existe un parque de vehículos aproximadamente de tres millones, y de ese total, solamente han verificado en promedio 25 por ciento por año desde 2013 [año en que asumió la actual Administración], siendo parte fundamental la Secretaría de la que me quejo, para el buen funcionamiento, y que por falta de campañas publicitarias masivas hacia el ciudadano y en coordinación de [sic] la Secretaría de Movilidad, pues existe falta de operativos de las diversas dependencias”, además, esa omisión viene aparejada con una dotación escasa de hologramas, que impide llevar a números más ambiciosos el cumplimiento del programa, no obstante su trascendencia para combatir la contaminación del aire, destaca el representante de los quejosos, Jaime David Aldrete Medina.

Asegura que las omisiones tienen consecuencias negativas en la atmósfera de la ciudad, como a su juicio lo demuestran las contingencias y precontingencias declaradas en la zona sur de la ciudad los días finales de febrero y los comienzos de marzo.

“También quiero señalar que cuando salga la nueva convocatoria o rediseño del programa de verificación vehicular obligatoria, se dará por concluida la concesión que me otorgó el gobierno de Jalisco en 2013 por cinco años, para vencer en el año 2018, siendo violentado mi derecho a mi concesión adquirida…”.

El visitador correspondiente, Mario Alejandro Segura Padilla, le pide a la titular de la Semadet, dentro de su respuesta, “uno, que indique de qué manera la secretaría a su cargo ha establecido la política pública en materia de prevención de la contaminación atmosférica por fuentes móviles”; dos, “indique cómo se han establecido y operado los sistemas de monitoreo, medición y análisis de emisiones contaminantes a la atmósfera” de esas fuentes, y tres, “qué estrategias se han impulsado para incentivar la tecnología vehicular [sic], la mejora de los combustibles, la movilidad no motorizada, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de contaminantes…”.

Los concesionarios del programa de verificación vigente han señalado que se les pretende desplazar del programa para favorecer empresas grandes que ya controlan el proceso en ciudades como Puebla, Tijuana y México; la secretaria ha respondido que no será tal, y que se permitirá la libre competencia siempre que se cumplan los requisitos para establecer líneas de verificación.

Unops busca una difícil construcción de credibilidad

La agencia reporta avances en su trabajo; reconocen haber comenzado “con un marcador en contra”, pero aseguran que su labor será transparente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La agencia de Naciones Unidas para Desarrollo de Proyectos (Unops) apela a la paciencia de los defensores de Temacapulín y de Los Altos de Jalisco: el proceso de análisis de la problemática de la cuenca del río Verde ya ha comenzado y se garantizará “en todo momento” el libre acceso a la información sobre la base de los derechos humanos fundamentales, señalaron los responsables del proyecto, Alejandro Rossi y Eliana Ames Vega.

“Hemos dado los avances en el marco de los tres componentes; avances vinculados a los estudios técnicos referidos en el servicio del trabajo en campo, en la revisión documental para poder elaborar el análisis hídrico, para poder identificar los sitios de levantamiento de datos georreferenciados; con especialistas multidisciplinarios avezados en el análisis hídrico, además de la revisión documental vinculada a la presa El Zapotillo, con expertos en presas”, refirió Ames Vega, quien es la directora del proyecto Jalisco Sostenible cuenca del río Verde.

“En el marco del componente 2, que es la gobernanza [gobernabilidad con la integración de todos los grupos sociales afectados] estamos elaborando un análisis de los actores locales ubicados en la cuenca del río Verde que nos va a servir como un insumo indispensable para conocer qué actores intervienen y quienes luego tendrán que participar en un espacio de cambio de diálogo, en el marco de la gobernanza por los recursos hídricos en la cuenca; además de la difusión de la información, se empieza a generar el diseño de una web propia del proyecto, con la información de nuestra red, la apertura de una cuenta en tuiter, con un hashtag denominado #JaliscoSostenibleCuencaRioVerde, en el marco de la gobernanza y las comunicaciones”, añadió.

Rossi secundó: “la idea es que sea información pública del gobierno mexicano, tanto a nivel del estado de Jalisco como de la federación; y que la información sea alojada en el sitio público de la Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial], y además, toda la información que vayamos generando en el proyecto la subamos al sitio web de la ONU, y que ambos estén enlazados entre sí, para quien tenga acceso a la red, y a quien no, facilitarle esto en físico, porque es necesario”.

Los especialistas reconocen que el tema está de tal modo politizado, que la intervención de la Unops debe ser garante de la distensión y no un elemento extra que abone en la desconfianza de los ciudadanos.

“Arrancamos con un marcador en contra, puesto que hay mucha impaciencia y mucha desconfianza, por eso dijimos que lo principal era construir la confianza con todo el esquema público de la gestión del agua y para eso tomamos acciones muy concretas; la primera fue construir el sitio digital de información en el ámbito de Semadet, que desde el primer día que se firmó el proyecto está disponible; el segundo hito fue en diciembre, en que promovimos y acompañamos una visita a la presa de El Zapotillo junto con las comunidades para asegurar que se estaba cumpliendo con la disposición de la corte suprema [Suprema Corte de Justicia de la Nación]. También en diciembre tuvimos una reunión con representantes de la sociedad civil, para entender la preocupación que tenían del proyecto y los próximos pasos; ahora hemos empezado diálogo con distintos actores de la sociedad civil, ha comenzado el proceso del mapeo de actores, que llevará dos meses, la idea es que los actores visibles e invisibles estén identificados para poderlos invitar a este espacio de diálogo”, destacó Rossi.

A su juicio, la transparencia y la comunicación serán los hilos de los que penderá el complicado ejercicio de generar productos a nivel de propuesta para garantizar la sostenibilidad de la cuenca del río Verde, no solamente en el caso de la presa sino todo el abastecimiento superficial y subterráneo, y la economía que los requiere, de manera que transite hacia esquemas de sostenibilidad en vistas del principio precautorio ante el cambio climático. “Nada de lo que se plantee será en contra de los derechos humanos de las personas, el derecho al agua, a la vida y demás aspectos elementales”, subrayó.

Los Altos de Jalisco aportan casi 25 por ciento del producto interno bruto de Jalisco y tienen más de 800 mil habitantes.