Las autoridades comunales de Waut+a-Tutsipa le responden a la Sedatu: no hay canje de tierras por dinero, pero se debe indeminizar a ganaderos para preservar la paz social
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La comunidad indígena wixárika de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), y su anexo Tutsipa ( Tuxpan de Bolaños) le respondieron esta mañana a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): no se cederá "un sólo centímetro" de las tierras comunales asentadas en Huajimic, hoy bajo control administrativo de Nayarit, y que forman parte de la superficie histórica de los huicholes reconocida por la monarquía española en el siglo XVIII.
"Es de nuestro interés aclarar el dicho del licenciado José María Ambia Siliceo que fue publicado el día 8 de abril del presente año por el periódico MILENIO JALISCO; particularmente nos queremos referir a la última parte de su declaración, en donde da a entender que aunque para nosotros el territorio es sagrado, cuando se habló de dinero, tanto en la comunidad y nuestros asesores hemos estado dispuestos a nceder parte de nuestro territorio por alguna cantidad de dinero [...] de acuerdo a la encomienda de nuestro máximo órgano que es nuestra asamblea general de comuneros, misma que representamos, no cederemos ni un centímetro de nuestra Madre Tierra y jamás hemos dicho, comunicado o insinuado algo distinto a esto", leyó el secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdés Castañeda.
Agregó: "hemos sido enfáticos y claros en todas y cada una de las reuniones que hemos celebrado con las autoridades respecto de esta condición [...] a pesar de que a esta fecha han transcurrido ocho meses y más de diez reuniones sostenidas con diversas dependencias de gobiernoinvolucradas en la resolución del conflicto como son la Sedatu, la Secretaría de Gobernación, los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit y tribunales agrarios, no se ha obtenido ningún avance sustancial que nos permita decir que existe voluntad real de dichas dependencias para resolver nuestra problemática, por lo contrario, percibimos un proceso poco transparente, contradictorio y basado frecuentemente en falsedades y verdades a medias, además de una falta de interlocución clara y de primer nivel".
Acompañado del presidente de bienes comunales, Miguel Vázquez Torres, y de los gobernadores tradicionales de Tutsipa, Juventino Carrillo de la Cruz, y de Wuaut+a, Ramiro González Bañuelos, subrayó que eso genera desconfianza y falta de credibilidad "en la palabra empeñada por el Estado mexicano mediante acuerdos firmados en las primeras reuniones celebradas los días 21 y 22 de agosto de 2014, conforme a los cuales se adquirió el compromiso de atender y dar solución de manera prioritaria al problema que enfrentamos con los posesionarios de Huajimic".
La exigencia de los comuneros: uno, establecer un canal de comunicación directo, "cierto y de primer nivel para agendar la reunión ya comprometida con el titular de la Sedatu, a fin de acordar con el mismo los mecanismos y compromisos que se establecerán para llegar a la resolución definitiva del problema"; dos, cumplir el acuerdo de transparentar el procedimiento de solución y mantener a la comunidad totalmente informada; tres, "que se tomen las medidas que resulten necesarias para agilizar el proceso que se está implementando para dar solución a la problemática"; cuatro, "se asegure a los pobladores que están resultando vencidos en juicio e inclusive a los que se acojan al beneficio de la negociación sin necesidad de agotar los procedimientos judiciales, [que] se les garantice una compensación justa a cambio de que entreguen la posesión que ilegalmente tienen sobre nuestro territorio, dado que la dimensión social que alcanzó este problema fue generada por las omisiones del Estado mexicano en atenderla por más de 40 años".
Los wixaritari tienen ya cinco juicios para ejecutorio, es decir, como "cosa juzgada", por unas 400 hectáreas, pero otros 20 ya han derivado en sentencias favorables a sus derechos, bajo el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho y que la posesión no crea derechos de propiedad en tierras comunales, según las leyes agrarias mexicanas.
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