Las comunidades se amparan y judicializan su lucha contra extractores de metal. Indígenas de Jalisco tienen más procesos, tanto en la región Nahua del sur como entre los huicholes de la Sierra Madre Occidental. Destacan luchas jurídicas de Puebla y Guerrero
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El México indígena, el más diverso culturalmente de América, está sitiado por los intereses mineros nacionales y globales. Con una política de concesiones que data de los últimos años del siglo XIX, y que no toma en cuenta la visión sagrada de la tierra y sus bienes que tienen los aborígenes de forma ancestral, casi dos millones de hectáreas tienen la posibilidad de albergar proyectos extractivos, lo que ha puesto en guardia a las comunidades, cuyos juicios en contra de las empresas concesionarias ya dan golpes judiciales a esas inversiones.
Jalisco es una de las entidades que encabeza esta ofensiva jurídica. Las comunidades nahua de la Sierra de Manantlán, y huichola (wixárika) de la Sierra Madre Occidental, han interpuesto amparos que han frenado al menos parcialmente proyectos de extracción de hierro en la Costa Sur de Jalisco y de oro y plata en el caso de Wirikuta, el sitio sagrado huichol de San Luis Potosí. El vecino estado de Colima también ha tenido éxito al frenar a concesionarios en el Cerro Grande, a las puertas de Jalisco. Otros estados como Puebla y Guerrero se han sumado a la “judicialización” de sus disputas con las poderosas empresas transnacionales, de acuerdo a un recuento elaborado por Guadalupe Espinoza Sauceda, del Colectivo de Abogados.
“Las concesiones mineras que el estado otorga a las compañías, son patente de corso para acceder a los territorios en cualquier lugar del país incluyendo pueblos y ciudades y áreas naturales protegidas o mar […] con las concesiones las compañías mineras tienen en sus manos además, de manera directa o indirecta, la administración de las políticas de desarrollo regionales, en muy largo plazo”, señala el investigador Eckart Boege, doctor en Etnología en Universidad de Zurich, Suiza, y uno de los investigadores sobre temas bioculturales más reconocidos del país.
“Para mediados de 2012, el gobierno mexicano ya había sido concesionado dos millones 173,141 ha de las 28 millones de ha identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas. Es decir, en los últimos 100 años los indígenas habían perdido la jurisdicción de 17 por ciento de su territorio frecuentemente sin que las comunidades se hayan enterado”, agrega en su análisis (el documento completo, en http://salvemoswirikuta.blogspot.mx/2013/06/wirikuta-la-mineria-en-mexico-lleva.html).
Son 5,712 polígonos concesionados en territorios indígenas con dos millones 66,307 ha, “sin embargo, 625 concesiones han sido canceladas por lo que hay que restarle 232 mil hectáreas. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de investigación o exploración, o en búsqueda de inversionistas, mientras 106,833 ha ya están en la fase de explotación”, añade el texto.
Esto significa presiones crecientes para las comunidades tradicionales. El cuadro anexo, en su mayor parte elaborado por el investigador, demuestra que todos tienen concesiones enmarcadas en sus territorios ancestrales.
“Hay que recordar que los territorios indígenas se organizan principalmente alrededor de la propiedad ejidal y comunal y en menor grado a la privada. Una sola concesión [las empresas tienen varias en su propiedad] puede desbaratar un ejido o comunidad o bien acaparar las fuentes de agua o contaminarlas por ejemplo”, puntualiza Boege.
El recuento de Guadalupe Espinoza Sauceda –quien forma parte de la representación legal que defiende a la comunidad de Zacualpan, en Colima- subraya que los comuneros y ejidatarios salen de la pasividad y se defienden de intereses de gran calado en lo económico y lo político.
Los asuntos por ahora más emblemáticos son la lucha de los wixaritari por Wirikuta contra consorcios canadienses; la de los nahuas del sur de Jalisco contra las mineras Peña Colorada y Gan Bo, de capitales indio y chino; y la de comuneros de Zacualpan contra la minera Gabfter SA. Otros casos documentados están en el estado de Puebla y el de Guerrero.
Caso Wirikuta, “El juez séptimo de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión y se declaró incompetente. Ante dicha resolución y justificadamente inconformes con la misma, interpusieron un recurso de revisión [299/2011-5020] que fue admitido y resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual revocó la resolución impugnada y ordenó que se otorgara la suspensión de plano y de oficio para efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de autorizar cualquier acto tendente a la explotación de las concesiones mineras en el territorio de Wirikuta”, señala la recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos El juicio de amparo 819/2011 se desahoga en el Juzgado IV de Distrito de San Luis Potosí.
Caso Ayotitlán. Amparo 462/2013 y revisión 231/2013 ante el Juzgado IV de distrito en materia Administrativa y del Trabajo, Guadalajara. “Hay una suspensión de plano para efecto de que no se realicen actividades en las 1,200 hectáreas que se disputan los campesinos jaliscienses con el consorcio minero del grupo transnacional que conforman Ternium y Arcelor-Mittal. Con títulos de concesión Rincón II, título número 196668 y Ampliación Rincón II Título 2262253; Los Juanes 227602”. Emitida la resolución el 19 de septiembre de 2014, se ha ejecutado de forma gradual pese a que era de “ejecución sumaria” (máximo 24 horas).
Comunidad nahua de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Son los expedientes 1213/2012-3 y 939/2013 ante los juzgados III y II de Distrito en Materia Administrativa. En revisión, se otorg+ó el amparo contra los permisos de Gan Bo y la invalidez de la manifestación de impacto ambiental por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de Zapopan (revisiones 385/12 y 438/12).
La comunidad indígena de Zacualpan sostiene el amparo 458/2015-II.A en el Juzgado I de Distrito en materia Administrativa de Colima, e impugna dos concesiones mineras para oro, plata y hierro, llamadas Tigrilla y Heliotropo, así como artículos de la Ley Minera. Actualmente está vigente una suspensión de plano.
69 comunidades indígenas de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Tuzamapan de Galeana, Jonotla, Nauzontla, Ocotepec y Yaonahuac, del estado de Puebla, han presentado un gran amparo, el número 390/2015, ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad capital de esa entidad, para impugnar los títulos de concesión minera Atexcaco I y Atexcaco II, así como la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera. La demanda está admitida y tiene una suspensión de plano a su favor.
El ejido y la comunidad nahua de Tecoltemic, ubicado en el municipio de Ixtacamatitlán, Puebla. (Sierra Norte), promovió 506/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de la capital, en el que reclaman “la inconstitucionalidad y aplicación, expedición y/o intervención respecto de dos títulos de concesión minera”, juicio que está en marcha y tiene a su favor una suspensión de plano.
Otro caso es el de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, Guerrero: interpuso el juicio de Amparo 1131/2013 en el Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo, el cual se encuentra ahora en revisión en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impugna “las concesiones mineras relativas a los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, así como la inconstitucionalidad de la Ley Minera” en diversos artículos.
“Tiene suspensión de plano. La corte analiza la reasunción de competencia 23/2014 relativa a la revisión 167/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito”, añade.
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