El auge de las huertas de aguacate, del que la entidad aporta un cuarto de la producción mundial, y el ingreso de personajes y dinámicas propias del crimen organizado, destruyen bosques y desarticulan comunidades. La amenaza llegó a Jalisco. ESTA ES UNA SERIE DE TEMAS PUBLICADOS ENTRE DICIEMBRE DE 2008 Y ENERO DE 2009, Y QUE SE RECUPERAN COMO CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD MICHOACANA
Agustín del Castillo / Meseta Purépecha. PÚBLICO-MILENIO, aparecido en la edición del 14 de diciembre de 2008
Todos lo conocen como Luis Arias; en las comunidades purépechas se le teme o se le admira. Su persuasión es doble: amenazas o dinero contante y sonante. Su leyenda dice que ha arrasado laderas completas de bosque para instalar huertas de aguacate, pagando de 30 mil a 60 mil pesos por hectárea, y ha reducido a cientos de indígenas a la condición de peones. Es un nombre emblemático dentro de la “fiebre del oro verde” que vive su auge en Michoacán, y comienza a invadir el sur de Jalisco.
Al calor de este movimiento febril, lleno de historias parecidas a las de este colonizador-depredador, están desapareciendo algunos de los macizos forestales más importantes del oeste mexicano.
La alarma se ha encendido entre los ambientalistas: el cambio de uso de suelo forestal para crear huertas tiene un ritmo de 2.5 por ciento anual en la llamada “franja aguacatera”, con 775 mil hectáreas, casi el triple de la tasa de deforestación del país (según la Comisión Nacional Forestal), y contra menos de 1 por ciento que se registra en la generalidad del estado. Son 25 municipios michoacanos con 12.5 por ciento del territorio estatal, donde se concentra este cultivo que le ha dado fama mundial.
La derrama económica del cluster del aguacate supera 8 mil millones de pesos, pero se distribuye de forma desigual. 70 por ciento de las huertas son propiedad privada, y las comunidades indígenas y ejidos apenas reciben migajas de la prosperidad, con la salvedad de algunos núcleos aborígenes que, o bien han decidido bloquear el acceso de los aguacateros a su territorio, y enfrentan en condiciones precarias la intimidación de las armas, el saqueo de su madera y los incendios “espontáneos”, o tienen sus propias huertas y mantienen celosamente su integridad territorial.
“Luis Arias llega a los pueblos y contrata cien, 200 peones y se los lleva a pelar el monte, vendiendo la mayor parte en aserraderos, y enterrando en barrancas otra parte de la madera”, señala un testigo. El paisaje entre Pátzcuaro y Uruapan es revelador de ese modus operandi: manchones de antiguos bosques de pino en laderas pronunciadas, y contiguos, amplios plantíos de matitas del codiciado especimen. El depredador llega, tala, siembra el huerto y revende, a precio de oro. Luego va en busca de nuevos bosques.
“Una hectárea de maíz nos da dos mil pesos. Cómo se puede competir contra lo que da una hectárea de aguacate, de cien mil a 150 mil”, advierte el presidente de bienes comunales de San Francisco Pichátaro, Heriberto Rodríguez Silva.
Para el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Alejandro Méndez López, la intromisión del crimen organizado en esta industria es mucho más que un rumor. “En algunos lugares han recibido a balazos a nuestros inspectores que habían recibido una denuncia por cambio de uso de suelo; en 2007, consideramos que 70 por ciento de los incendios tuvieron que ver con el mismo asunto, y en dos o tres ocasiones en la temporada nos corrieron a las brigadas grupos armados, para que no se apagara el fuego…”.
En Michoacán nace un cuarto de la producción mundial del codiciado fruto de aguacate, árbol de la familia de las Lauraceas, cultivado por primera vez en Mesoamérica hace cuatro mil años. Su nombre en náhuatl remite a “agua”, pero también a “testículos”. Y en una historia de deforestación, de ilegalidad y de violencia, ambas imágenes forman una metáfora convincente y, entonces, Luis Arias quizá sea el aguacatero perfecto.
La muerte del bosque
Cada día, el equivalente a un macizo forestal de 53 hectáreas es derribado en la “franja aguacatera”, principalmente para abrir nuevas huertas.
La superficie estimada de huertos es de 86,538 hectáreas, 84 por ciento del total nacional, según cifras de Jaime Navia Antezana, del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (www.gira.org.mx).
El especialista contrasta: el aguacate ha sido una bendición para muchos, pero eso no puede ocultar el desastre socioambiental que le da sustento.
En 2006, datos de la Comisión Michoacana del Aguacate (Coma) revelaban que esta industria producía más de 47 mil empleos directos, 70 mil empleos estacionales y 187 mil empleos indirectos permanentes. Los ingresos de ese año se calcularon en 8,141 millones de pesos. 75 por ciento de la producción la consume el mercado nacional (México es el primer consumidor mundial de aguacate), y 25 por ciento se exporta, principalmente a Estados Unidos. Las exportaciones del sector rebasan 400 millones de dólares.
La trascendencia económica es evidente: “De 1989 a 2002, el promedio nacional de precios [de productos del] medio rural se redujo en términos reales en 46 por ciento”, mientras “el valor de la producción nacional de aguacate creció 0.3 por ciento”, destaca el Plan rector sistema nacional aguacate, elaborado por instituciones académicas, la Secretaría de Agricultura federal (Sagarpa) y el gobierno michoacano, en 2005.
Navia Antezana hace un recuento del lado no amable de este auge: de los 25 municipios de la franja, en once se concentra la mayor dinámica del sector. Allí “se ha perdido 30 por ciento de la cobertura forestal [a partir de 1990]”; de las huertas de esos municipios, “46 por ciento se ubica en terrenos que eran de bosque en 1990 y 54 por ciento en terrenos reconvertidos del uso agrícola”.
Quienes han subsidiado este crecimiento anárquico son ejidos y comunidades purépechas desorganizados. Ejidos sin manejo forestal han perdido la mitad de sus tierras desde 1990; vendieron la mayor parte de sus tierras de uso común a terceros y cuentan con estructuras de gobierno interno debilitadas. El proceso comenzó desde antes, con la venta de madera; las mafias de talamontes propiciaban ese desorden.
En cambio, los que supieron pasar a esquemas de manejo lograron fortalecer sus gobiernos internos, establecer de forma ordenada el desarrollo y estructuras internas y democráticas muy fuertes.
El experto señala tres momentos clave de políticas públicas que propiciaron el problema: la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad de meter las tierras ejidales y comunales al mercado; la Ley Forestal de 1992, que “liberó” el transporte de la madera y generó “uno de los mayores índices de deforestación y de tala ilegal en todo México”; finalmente, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que eliminó barreras a la exportación del aguacate. Todo eso “aumentó la presión sobre las tierras de bosque”.
Navia Antezana pone en relieve que la enorme importancia de este cluster (“concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas”, define la Wikipedia) obliga a mirar hacia las consecuencias políticas y sociales del cambio de uso de suelo en la región.
“Lo que sí parece evidente es que la industria del aguacate se ha convertido en uno más de los poderes fácticos en Michoacán; así lo evidencia su capacidad de establecer miles de hectáreas del fruto sin haber obtenido un solo permiso de cambio de uso de suelo —pues en Michoacán no se permiten desde hace más de 20 años— […] la impunidad de su actuación, a la vista de todos y ante la total displicencia de las autoridades; la apropiación de recursos como el agua que ya está afectando a terceros y, finalmente, la influencia desmedida que ejerce sobre las agencias del estado”, resume en su artículo “El aguacate, éxito económico y destrucción forestal”.
Por si fuera poco, hay indicios de que el desorden puede revertirse contra sus propiciadores. Un análisis de la calidad de suelo y clima de la zona de expansión del aguacate, elaborado por el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), no sólo reconoce que 20 por ciento de las más de 86 mil ha de huertos se ubican sobre espacios originales de bosque, sino que la expansión desmedida se está dando sobre sitios menos favorables al aguacate por condición de suelos, agua, sombra y clima. 23 por ciento de esta superficie ya es considerada “en condiciones marginales” en cuanto a altitud; 24 por ciento en cuanto a clima, 24 por ciento para temperatura máxima y 40 por ciento para mínima, lo que de forma inevitable significa menor producción y negocio.
¿Quiere decir esto que se ha llegado al tope en la expansión de la frontera aguacatera? La realidad indica lo contrario, y no sólo en Michoacán. Jalisco se ha sumado de forma entusiasta a la fiebre del “oro verde”.
La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) reconoce un irresistible crecimiento de huertas en la región sur; “en el año 2006 se tenían reportadas tanto de riego como de temporal una superficie de 1,574 hectáreas, de las cuales 768.13 se encontraban en producción, con un rendimiento promedio de 8.25 toneladas por hectárea […] para 2007, aumentó a 2,167 hectáreas, con una superficie en producción de 1,025.76 y un rendimiento de 9.95 toneladas por hectárea”.
La junta local de sanidad de Zapotlán el Grande informa que “a la fecha se tienen anexadas a esta junta aproximadamente dos mil hectáreas, y sin afiliarse un promedio de 500 hectáreas más en desarrollo”.
La Seder dice que no hay daño ambiental que reportar, pues se están ocupando viejos terrenos de cultivo. Pero un paseo por los bosques del Nevado de Colima o por la sierra del Tigre no permite tanto optimismo: el patrón de las mafias michoacanas está en vías de reproducción.
La defensa de las comunidades
San Francisco Pichátaro es una comunidad indígena cercana al lago de Pátzcuaro que se ha tomado en serio el deber de resistir el boom aguacatero.
“El asunto del aguacate empezó a subir, aparte se metió el Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales], y a todos los ejidos de la cuenca los partió, en lo que es tierra de uso común y de bosque […] Todo el mundo empezó a vender, muchísimo aguacate se está metiendo y se está acabando el bosque, el agua […] Nosotros decidimos no permitirlo, Procede no pudo seguir para permitir la privatización de las tierras y hemos enfrentado a los invasores”, explica el presidente de bienes comunales, Heriberto Rodríguez Silva.
“Tenemos esa presión fuertísima; estamos aguantando como área de contención, aquí no hay aguacate, pero nos están presionando, ¿cuánto quieren por sus tierras?; son hasta cien mil pesos por una hectárea, y así quién no le va a entrar. Y para una huerta establecida, el valor es de 700 mil hasta un millón de pesos”.
—¿Cuál es el daño que está generando el aguacate?
—Primero, un comunero normal no puede acceder a tener una huerta de aguacate, porque es muy costosa; entonces pueden entrar capitales de muy dudosa procedencia y le dicen: “Véndeme la tierra y yo me encargo ahí de hacerlo”. Entonces viene la división de las comunidades; en Tingambato, por ejemplo, ya todos los indígenas son peones, perdieron todo, y nosotros aprendemos de esas experiencias […] aquí hubo una asamblea y no se permitió la entrada del Procede, y sin embargo, para delimitar las tierras, nos obligaron a que se hiciera el padrón de comuneros…”.
Entonces, las instituciones agrarias han logrado penetrar y, como en otros negocios, suelen ser cabeza de playa para mover a comuneros a que vendan, añade el comisariado. Pichátaro también enfrenta, con muy poco respaldo gubernamental, a los madereros ilegales, muchos de los cuales traen acuerdos con los aguacateros para provocar incendios y saquear potreros que faciliten su cambio a huertas.
“Hay mafias armadas […] llegan de noche y se llevan la madera, no hay forma de enfrentarlos porque andan muy bien armados, es muy difícil; nosotros negociamos de comunidad a comunidad para que no vengan, pero siempre se nos brincan”. Rodríguez Silva estima que la ausencia gubernamental obligará a que las comunidades se provean solas su seguridad, organizadas. Un eco de las autodefensas rurales que, en tiempos de violencia revolucionaria, tuvieron auge en muchos rincones del país, con todo y excesos.
Milagros michoacanos
El 18 de noviembre pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó Uruapan, para presidir la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Productores Empacadores y Exportadores de Aguacates de Michoacán, y resaltar la gran prioridad para su gobierno de fortalecer la industria aguacatera en tiempos de crisis financiera mundial, dada la gran derrama económica que se genera.
De hecho, el fenómeno económico en torno al “oro verde” tiene rostros insospechados.
La Familia, agrupación criminal más extendida por Michoacán, entendió desde el principio el valor fabuloso de un negocio legal al alza y con bendición gubernamental. No solamente muchos narcotraficantes se presentan socialmente como “aguacateros” (y el cártel también es conocido como “del Aguacate”), no sólo invierten en el sector para “blanquear” sus recursos ilícitos, sino que operan vendiendo protección.
La Familia trabaja en 87 de los 113 municipios de Michoacán, y controla cabarets, negocios de máquinas tragamonedas, la piratería, gran parte de más de dos mil puntos de venta de droga, cientos de aserraderos ilegales (se estima hay unos tres mil), venta de armas, presidencias municipales (nombran a los jefes de la policía y tesoreros). La protección a los negocios establecidos es obligatoria; los aguacateros, si no son parte de la mafia, pagan de 2,500 a 25 mil dólares de cuota. Sólo algunas comunidades indígenas resisten. Hoy se habla de la irrupción del grupo criminal rival del cártel michoacano: Los Zetas, que también van por el negocio de protección de otros ilegales, como los talamontes.
Un oasis entre esos espacios de ingobernabilidad lo forma la comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, cerca de Uruapan. Su historia pudo ser tan desastrosa como otros vecinos purépechas, pero los aborígenes han levantado uno de los negocios agrícolas y forestales de régimen comunal más impresionantes del país.
“Dicen que nosotros somos indígenas mejorados”, señala irónico Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas comunitarias.
Añade: “Lo que pasa es que lo que aquí la comunidad ha hecho que esto funcione y que todo esto siga adelante; es por la unión que se tiene […] muchas comunidades que nos visitan son más ricas en bosque que nosotros, pero lo que no funciona es que no se ponen de acuerdo, que haya grupos de choque, grupos de esto y esto, y la gente de fuera, que se mete para ganarles...”.
Hay una democracia interna sólida y viva. La envidia es un tema que se ha aprendido a procesar. La competencia por los cargos es fuerte, pero siempre es calificada en términos de calidad.
—¿El fortalecimiento de una democracia interna ha sido la clave? Eligen todos, todos discuten, todos tienen derechos y los ejercen…
—Así es—, contesta convencido. —Tan lo es, que desde 1983, en que comenzó la historia de las empresas, cada primer domingo de mes se hace asamblea con los comuneros, y no se ha interrumpido nunca una junta; la asamblea pide cuentas de todo, exige que se le diga qué pasa, y la gente responsable tiene qué responder […] Si nosotros [como directivos] queremos que se haga un proyecto y la asamblea dice que no, no se hace, ellos mandan.
El control del bosque y sus recursos es total. Poseen huertos de aguacate, aserradero, mueblería, almacén de resina, desarrollo ecoturístico y hasta una estación de televisión por cable. Los incendios son mínimos y el saqueo de madera, casi nulo. Las empresas comunales generan 800 empleos directos en la zona, son el principal empleador regional.
Y todo esto, en medio de la fiebre del “oro verde”, que amenaza con reventar la riqueza de los bosques michoacanos, las montañas sagradas de la raza purépecha guiada por el dios Tirepeme Curicaueri, y de la república de los indios evangelizados por la dulce férula de Tata Vasco de Quiroga.
Michoacán no es Sicilia, pero cada día se le parece más. Michoacán no es Nuevo San Juan, pero algunos quieren reproducir su milagro.
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Sistema verde
Existen 27 estados de la república que producen aguacate, aunque Michoacán tiene 84 por ciento de la superficie y 90 por ciento del valor de la producción
En Michoacán hay 25 municipios con plantaciones. Entre éstos, Tangancícuaro, Hidalgo y Chilchota, con hasta 50 hectáreas (ha) de huertas cada uno; Acuitzio, Cotija, Apatzingán, Taretan, Madero, Tuxpan y Tocumbo, con hasta 751 ha; Ziracuaretiro, Zitácuaro, Turicato y Tangamandapio, hasta 1,450 ha; Salvador Escalante, Nuevo Parangaricutiro, Tingüindín y Tingambato, hasta seis mil ha; Tancítaro, Uruapan, Tacámbaro, Ario y Peribán, con entre siete mil y 18 mil ha
Al lado de Michoacán, otros estados aguacateros son Nayarit, Morelos, México y Puebla, que juntan cerca de 10 por ciento de la superficie de huertas en el país. Estados emergentes son Jalisco, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
El cultivo moderno del aguacate en Michoacán data del decenio de 1950; su primer auge se da en los años setenta en la zona de los municipios de Peribán-Tancítaro, con 23 mil hectáreas; a partir de 1985, pero sobre todo 1995, se dio la explosión de huertas que florece hasta ahora
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Nuevo San Juan, el oasis purépecha
Caso notable de éxito social y económico en las regiones indias de México lo constituye esta comunidad que creció entre dos volcanes muertos: el milenario pico de Tancítaro y el legendario Paricutín
Agustín del Castillo / Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. PÚBLICO-MILENIO, 23 de diciembre de 2008
La mayoría de las comunidades indias y mestizas de la meseta Purépecha sobreviven entre los despojos legales o ilegales de sus tierras, las mafias más o menos violentas que saquean sus bosques, y una falta general de oportunidades que incentiva la emigración. Pero la historia exitosa de los indígenas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, a 30 kilómetros de Uruapan, demuestra que en algún momento de la vida, la fatalidad es una elección.
Ellos así lo ven. En 1980, tras décadas de discreto nivel económico y de entregar sus riquezas a contratistas inescrupulosos, optaron por el camino de la apropiación de sus recursos: cuidar la floresta de los talamontes clandestinos, recuperar sus tierras primordiales, generar una institucionalidad fuerte y democrática al interior de la asamblea, y seguir la ruta de las empresas bien gestionadas.
Hoy sostienen dos decenas de fábricas, procesadoras y proyectos que aportan más de 800 empleos directos y 500 indirectos y son el soporte económico del municipio de Nuevo Parangaricutiro, el cual ha superado las barreras de marginación endémica que padecen las demarcaciones indígenas nacionales, pues se ubica entre los 600 municipios más desarrollados del país (en un universo de 2,400).
Las cifras económicas de esta comunidad-empresa se guardan celosamente para las asambleas de comuneros. No obstante, se trata de millones de pesos anuales que se reinvierten para crecer y dar certidumbre de largo plazo a los puestos de trabajo. “La idea es que a ningún comunero ni a su familia le falte trabajo, es lo más importante que consideramos”, señala Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas.
Hay además un elevado potencial de crecimiento de ingresos: una investigación del Instituto Nacional de Ecología (INE) reveló lo que se podría cobrar por la captura de carbono en sus bosques —la gran apuesta global contra el cambio climático—, al menos nueve millones de dólares, considerando un promedio de captura de 100 toneladas de carbono por hectárea.
Nuevo San Juan es un pueblo que nació contiguo a un volcán apagado, el Tancítaro, y sobrevivió a la furia del último volcán que ha nacido en este planeta, el legendario Paricutín, de 1943. Y después no fue invadido por conquistadores caucásicos ni recolonizado por extraterrestres; simplemente, sus moradores eligieron evolucionar social, económica y ambientalmente para romper con los fatalismos culturales, la abulia y el destino de víctima que dictan los prejuicios sobre lo indígena.
Hoy habitan industriosos en medio de la locura especulativa y criminal desatada en la meseta por el auge del aguacate, ese oro verde que no a todos corrompe.
El difícil aprendizaje
En realidad no sabían cómo, confiesa el presidente de bienes comunales, Alejandro Anguiano Contreras.
“En todas estas comunidades todo el tiempo se vivió en lo forestal, y al cerrar en cada año, siempre había pérdidas; fue en 1980 cuando nos comenzamos a organizar, fueron varias reuniones, pero no sabíamos cómo empezar ni el gobierno creía en comunidades como ésta. Nos costó mucho trabajo, pero arrancamos”.
El primer aserradero se montó en 1983. “Nada más un aserradero y alrededor de 60 gentes; como cualquier otra comunidad, inicia sin capital; quisimos sacar un crédito y una comunidad no es sujeto de crédito, entonces hay una empresa que ahora es Crisoba, y nos presta para financiar y abastecerlos; así, comenzamos a producir tabla y a repartir utilidades […] en el segundo año se determina por asamblea que ya no se van a repartir utilidades, porque les tocó equis cantidad a cada comunero, y son 1,254 comuneros; fue poco y nomás sirvió para que se emborracharan o hicieran cosas que no tenían ningún beneficio…”, añade Daniel Aguilar.
¿Qué se hace desde entonces? Reinvertir todo, “de tal forma que cuando se presenta a dar resultados el gerente, cada año, con la utilidad que se genera se presentan propuestas de proyecto, y la asamblea determina cuál es el más viable, y se empieza a trabajar en el siguiente año”.
De este modo, se pasó del aserradero a las estufas, para industrializar lo mejor posible la madera. Hoy se cuenta con estufas de secado, con una fábrica de muebles (que surte de forma preferencial a una gran mueblera mexicana), con una astilladora “que se encarga de procesar todo el desperdicio: va moliendo y haciendo el material que es celulosa, que es lo que mandamos a [la empresa productora de cuadernos] Scribe”; existe un taller que hace los empaques; “también se hizo una inversión en una mezcladora de resina”, lo cual ayuda a que la gente visite el monte y este se encuentre vigilado constantemente, con dos ganancias adicionales: evitar la presencia de talamontes y hacer más eficiente el combate de incendios, advierte el director técnico. Todo el proceso forestal tiene certificación de calidad ambiental y social, y se puede vender en los mercados más desarrollados del mundo.
Pero “no todo lo que se haga o vaya a generar va a ser del bosque; se trata de ir abriendo nuevas cosas; tenemos una empresa de huertas comunales [que cultiva y cosecha exitosamente cientos de hectáreas de aguacate]; tenemos otra empresa que se llama Bodega de Fertilizantes; tenemos otra que es una tienda comunal, que ayuda a equilibrar precios en el mercado local, e incluso tenemos una empresa de transporte y una que da el servicio de televisión por cable”. Sin faltar una embotelladora de agua de manantial y una importante zona ecoturística en un claro de bosque desde el que se observa la silueta del volcán.
Otro aspecto de la gestión empresarial, dice por su parte el gerente de las empresas, Martín Antolino Echeverría, es cuidar la capacitación constante del personal, la adquisición de nuevas tecnologías, un abastecimiento adecuado de insumos, la promoción y comercialización de las mercancías, el mantenimiento del equipo y una contabilidad rigurosa.
Paralelamente al proceso económico, parte de las utilidades se reinvierten en un aspecto medular para este éxito: la seguridad en la tenencia de la tierra. Creada como comunidad según las Leyes de Indias vigentes en el imperio español, en 1715, el decreto de restitución se gestionó desde los años cuarenta del siglo XX, hasta su emisión, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991. La superficie original supera 18 mil ha, pero quedaron alrededor de cuatro mil ha pendientes, en litigios que han sostenido, de forma mayormente exitosa, desde ese momento “refundador”.
El orgullo de Nuevo San Juan Parangaricutiro es que en más de 25 años, jamás han dejado de reunirse en su asamblea mensual. La perla de su vida democrática es que nunca se ha hecho un proyecto que no sea apoyado por la mayoría de votantes. Pero esta próspera república de indios está vedada a los forasteros, con el mismo espíritu con que las prohijó el humanismo de tata Vasco de Quiroga en el siglo XVI: gerentes, asesores técnicos, operadores, burocracia en general de la comunidad, son cargos sólo para sus miembros y descendientes.
No es el viejo y cristiano miedo a la corrupción exterior, fantasma que perseguía a los franciscanos evangelizadores, sino un acotamiento racional de los alcances del proyecto económico y cultural que es Nuevo San Juan, aferrado a seguir siendo purépecha, pero no por eso, menos moderno. Sus productos se pueden encontrar en Nueva York o París como en Guadalajara o Mérida; sus paisanos se mueven libremente entre México y Estados Unidos. Su prestigio llena de perplejidad o asombro a otros comuneros o ejidatarios visitantes, que no han sabido o podido acceder al misterio difícil de elegir.
El pueblo que se negó a morir
El 20 de febrero de 1943 nació el volcán Paricutín y obligó al poblado de San Juan a ser evacuado mientras la lava inundaba más de tres siglos de asentamiento. Otros hubieran decidido —siempre se abre la oportunidad de optar por algo— emigrar y desaparecer en las grandes corrientes de la historia, pero como dice la propaganda del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, este pueblo “se negó a morir”.
Hoy prospera entre dos volcanes extintos y en medio de una marea desconcertante de cambio y violencia que inunda los bosques de la meseta purépecha, hogar de otros indios, que parecen condenados.
Los antecedentes de la comunidad purépecha más próspera
Nuevo San Juan Parangaricutiro pertenece a la cultura purépecha, propia del oeste de Michoacán. Cuenta con títulos virreinales desde 1715, y vivió en 1943 la erupción del volcán Paricutín, que sepultó el poblado principal; la lava se detuvo a las puertas de la iglesia
En 1944, la población decide trasladarse 30 kilómetros al sureste, y fundar Nuevo San Juan Parangaricutiro. Crece desde entonces la fama del Señor de los Milagros, que hoy atrae 1.5 millones de peregrinos al año
La comunidad cuenta con 18,138.25 hectáreas, bajo los siguientes usos: arbolado bajo cultivo silvícola, 10,464 ha; arbolado de protección a manantiales y áreas de recreación, 578 ha; plantaciones forestales, 1,100 ha; plantaciones agrícolas, 3,162 ha; plantaciones frutícolas, 1,208 ha; con lava volcánica, 1,626 ha
Madera. Los volúmenes de aprovechamiento en la comunidad promedian 80 mil m3 anuales de pino, encino, oyamel y otras hojosas; se obtiene también resina de pino en mil toneladas por año
Aspectos jurídicos: la titulación de bienes comunales se obtuvo en 1991. Son 1,229 comuneros censados
Antecedentes a la organización comunal (que fue a partir de 1980): aprovechamiento irracional del bosque por particulares, sin ninguna inversión al mismo; escasa o nula participación de los comuneros; la comunidad indígena no recibía ingresos por el corte de madera; imperaba el caciquismo de los pequeños propietarios; las actividades principales de los comuneros eran la resinación, el cultivo de maíz para autoconsumo y la confección de artesanías. Se iniciaba el cultivo de frutales
A finales de los años setenta se participó en la creación de la Unión de los ejidos y comunidades de la meseta tarasca, sin resultados satisfactorios. Por medio de esa organización se obtuvo la primera autorización de aprovechamiento forestal en 1979. En 1981 la comunidad indígena inició el aprovechamiento forestal con personal contratado, “pero poco a poco los comuneros se fueron capacitando”, lo cual ha dejado esos oficios en sus manos
En 1983 se estableció un primer aserradero, marcando el inicio del proceso organizativo. A partir de 1983 se tienen asambleas mensuales ordinarias y se ha integrado un consejo comunal, compuesto por 80 comuneros, que sesiona mensualmente, revisa los estados de las empresas y toma las decisiones más importantes
Fuente: comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro
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Comunidades indígenas bien integradas frenan la devastación provocada por los aguacateros y los taladores; director de Cofom alerta por la penetración del fenómeno en el sur de Jalisco
Agustín del Castillo/ Morelia, Michoacán. PÚBLICO-MILENIO. Publicado el 25 de diciembre de 2008
Los ejemplos son escasos pero claros: comunidades indígenas y ejidos bien integrados son la mejor arma para afrontar la devastación que están padeciendo los bosques de la meseta purépecha, tanto por las mafias de talamontes como por las que deforestan para establecer huertos de aguacate, advierte el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Alejandro Méndez López.
“Creo que hacen falta más recursos para ellos, porque en el nivel nacional, 80 por ciento de los bosques son de ejidos y comunidades, y no ves que se canalicen recursos en esa misma proporción; aquí en Michoacán ha habido esfuerzos para que se organicen las comunidades, pues se trata de un prerrequisito para echar a andar esquemas de sustentabilidad […] cuando una comunidad se decide a hacer las cosas bien, no entra el aguacate, no entra el cambio de uso de suelo, se conserva más tiempo el territorio, se cuida el bosque, disminuyen los incendios y otros daños, incluso sin la necesidad del aparato del Estado, y eso propicia que mantengan su cohesión interna y sean esquemas de vida viables, en donde hay oportunidades de prosperidad”, pone en relieve.
En cambio, “un bosque fragmentado es un bosque que tiende a desaparecer, y si las comunidades se deciden a cuidarlos […] la realidad es que ahora se están desintegrando por [e]migración, por falta de oportunidades, depredación: se acaban los recursos, se venden las parcelas y se consolida el cambio de uso de suelo”.
Y no obstante el enorme problema ambiental y social, el financiamiento público es bajo y en contrapartida, los estímulos de los gestores del cambio de uso de suelo suelen ser cifras de dinero con muchos ceros.
“Hay comunidades que iban avanzando muy bien y de repente se caen porque hay un cambio de autoridades, o de repente una iba muy mal y un cambio de autoridades ha propiciado que se mejore […] es una realidad muy dinámica, hay una comunidad organizada que ya recibe beneficios como es Nuevo San Juan, donde hay empleo y buena condiciones de vida para sus miembros, y así es más difícil que se caigan los procesos; hay otras comunidades que vemos endebles, y son las que debemos apuntalar con apoyos para que de alguna manera ayudemos a que brinquen este proceso por el cual pasó San Juan”.
Méndez López precisa que de las más de 40 mil hectáreas anuales que se deforestan en ese estado, la mayor parte se debe a la ganadería extensiva, sobre todo en las selvas secas de la costa, mal apreciadas. “El aguacate se da en la parte del bosque mesófilo, bosque de pino encino, y es como más evidente y doloroso porque además le pega a la parte del agua, ya hay varias comunidades que acusan falta de agua por esta deforestación”.
—¿Por sus características ambientales, el aguacate es menos que un bosque?
—El aguacate ayuda menos a infiltrar el agua que el pino o el encino, y además consume mucha agua; al deforestar se pierde la humedad, ha cambiando el clima en la zona de Uruapan porque se consume más agua de la que se infiltra…
—¿Tampoco es eficiente en captura de carbono?
—No, ni tampoco es muy eficiente para retener suelos; y sin olvidar el abuso de agroquímicos, que va aparejado, y que como todo monocultivo lleva sus consecuencias.
A su juicio, el aguacate puede prosperar, pero en equilibrio con el bosque, no a su costa. Y alerta sobre la expansión del lado negativo de este boom en los bosques del sur de Jalisco. “Cuando pasamos por Mazamitla o por Tamazula ya se observa que por ahí se está desplazando el aguacate, y Jalisco tiene varias zonas con aptitud y sabemos que se está yendo planta de aquí, igual que a Chiapas, a Oaxaca, a Los Chimalapas, a La Lacandona, zonas en riesgo por su alta diversidad biológica…”.
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Pichátaro, república de indios
Al mediodía, el pueblo se ha inundado de bullicio mientras el sol alcanza su cenit. Los vehículos se amontonan lentos por la estrecha carretera atiborrada de talleres y carpinterías, un total de 302, acera frente a acera, calle tras calle y esquina contra esquina, herencia artesanal centenaria. Las mujeres gritan por ofrecer el mejor precio y los viandantes se apretujan entre los muebles de pino, olorosos a barniz y resina. El ruido oculta la noble alzada de un templo de cantera y adobe frente a la plaza, mudo con su famoso Cristo de maíz y sangre, y su no menos célebre santo italiano, patrono de estas tierras frías.
Es San Francisco Pichátaro, antiguo poblado de la colonial República de Indios de Pátzcuaro, que hoy pretende erigirse en algo más que un símbolo de resistencia a los embates de la globalización.
Se trata de enfrentar muchas plagas modernas: las mafias de talamontes y de aguacateros que destruyen los bosques de la Meseta Purépecha; la entrada masiva de productos genéticamente modificados que alteran o destruyen las milenarias especies vegetales aborígenes; la endémica pobreza social; la orfandad de ciencia y conocimientos que hunde en la ignorancia a las comunidades tradicionales; la pérdida de la autonomía alimentaria y económica; los bienes raíces —la tierra como mercancía— que atacan la noción de la tierra sagrada y primordial.
Por eso, este pueblo pretende estar realizando en santa paz una revolución —revolución como cambio, pero también como “vuelta a los orígenes”—, que lo ha llevado a declararse “primer territorio purhépecha [sic] libre de maíz transgénico”; que lo apura a despreciar el atractivo mercado del aguacate, con sus tentaciones millonarias y sus amenazas criminales; que lo urge a ensayar por el camino del autogobierno ante la erosión del Estado y el incumplimiento en sus deberes de procurar seguridad y justicia; que, aferrado a su voluntad comunal, expulsa a las instituciones agrarias, que suelen ser portadoras de los intereses extraños que fragmentaron y destruyeron a muchos de sus vecinos en la región.
Este diagnóstico y plan de acción es compartido por todos los liderazgos del pueblo, advierte Heriberto Rodríguez Silva, presidente del comisariado de bienes comunales.
El problema de los bosques, añade, se ha agudizado por un decreto que data de 1937 y prohíbe cualquier manejo forestal en la zona que alimenta el lago de Pátzcuaro. “Es una ley muy absurda; está prohibido el manejo, y las plagas han crecido de forma tremenda […] La comunidad pertenece a la cuenca, pero jamás se le ha tomado en cuenta para la toma de decisiones en el manejo del área, y no se puede olvidar que aquí se tiene una zona muy importante de captación de agua”, lo secunda Jaime Navia Lezama, asesor comunitario y miembro de Gira, AC (Grupo interdisciplinario de tecnología Rural Apropiada).
“Ese decreto dice que no se debe modificar el bosque nativo, no dice que no puede manejar, pero las autoridades prefieren una prohibición total […] La prohibición nos trae un problema más difícil, porque el asunto del aguacate empezó a subir y con él las plagas, pero esos candados impidieron un manejo forestal; aparte se metió el Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales, de la Secretaría de la Reforma Agraria] y a todos los ejidos de la cuenca los partió en lo que es tierras de uso común, de bosque; todo el mundo empezó a vender y hay cerca de 400 hectáreas de aguacate arriba de la cuenca […]”, amplía el presidente comunal.
La tentación del aguacate es enorme, pues se ofrecen miles de pesos a campesinos habituados a una vida de estrecheces. Esto es una manzana de la discordia, y demanda esfuerzos extra para contenerlo, pero se ha logrado hasta ahora, señala aliviado.
Pero el aguacate es uno. Hay más. “Tenemos problemas por la entrada de cultivos de maíz transgénicos, y nos ha obligado a un trabajo más fuerte con los jóvenes […] Vamos a prepararnos para enfrentar la mundialización, pero es esencial acordar cómo hacerlo, de qué herramientas requerimos, cómo vamos a recuperar los ecosistemas […] el modo en que van debilitando las estructuras comunitarias, nosotros pensamos que son políticas de Estado muy fuertes…”.
La certificación de zona libre de transgénicos fue un paso. El siguiente, recuperar la sostenibilidad alimentaria. También, proteger los bienes bajo riesgo, como los bosques. “Queremos meter la policía comunitaria, pero es muy difícil por la cuestión de las leyes, cómo las armamos, cómo les damos autoridad […] Invitamos a la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], pero las sanciones que pone no son suficientes, va a ser difícil que ellos puedan tener el control […] La señal que nos manda el Estado es: ‘Si quieren acabarse el bosque, es bronca de ustedes’. Eso ya lo entendimos…”.
Mientras esos acuerdos avanzan, en Pichátaro se preocuparon por dar espacio al conocimiento. Donaron terrenos para construir un campus de la Universidad Intercultural Indígena, “para que los jóvenes de nuestros pueblos puedan educarse; ya está operando, son cerca de 300 estudiantes, hay cuatro carreras y empezó una maestría, pero van a empezar a construirse aquí las instalaciones y eso nos va a permitir enfocar las cosas de manera distinta, como el desarrollo sustentable […] Creemos que se pueden buscar mejores formas de aprovechar los bosques, nuevas formas de supervivencia a toda esta política que nos afecta”.
San Francisco Pichátaro tiene una economía eficiente, porque sus talleres artesanales dan casi pleno empleo, si bien con ingresos modestos. La migración es muy baja (apenas 2 por ciento), y la propiedad se ha conservado en sus manos originarias. “Aquí el acuerdo comunal es que ningún terreno, ninguna parcela se le vende a gente de fuera”. No obstante, se viven tiempos de estancamiento económico, y eso es un riesgo.
Aarón Gallardo detalla el escenario económico de su pueblo. 302 talleres de artesanía y muebles de madera que generan 1,200 empleos directos e indirectos; trece razas de maíz en sus parcelas, pero, en general, más de cien especies de diversas plantas cultivadas; más de cinco mil hectáreas de bosque donde se aprovecha madera, se recolectan hongos y plantas medicinales y se comienzan a aprovechar para ecoturismo.
Esta zona que hoy diseña una respuesta al desafío global es paradójicamente hija de la primera globalización del mundo, que fue la dispersión humana, conquista y colonización europea en América y Asia, en el siglo XVI. De ese proceso recibió su fe cristiana, su organización jurídica y sus primeros atisbos de ciencia objetiva.
San Francisco Pichátaro lucha por no ser desarticulado. El letrero enclavado al borde de la ruidosa plaza, casi sobre la carretera, que certifica su liberación de uno de los negocios emblemáticos de la nueva globalización —la industria alimentaria—, fue instalado para que ningún viajero olvide que los hombres a veces se aferran a construir una historia propia.
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La comunidad
San Francisco Pichátaro forma parte de la cuenca del lago de Pátzcuaro; fue fundada por las tribus purépechas y formó, en la Colonia, parte de la república de indios de Pátzcuaro, el enclave aborigen más privilegiado del país, junto con la república de Tlaxcala, por los méritos que reconocieron los españoles a su contribución a la conquista de otras regiones
Actualmente es una comunidad indígena cuya máxima autoridad es una asamblea, de la que derivan la representación de bienes comunales y la autoridad de gobierno comunal, lo cual deriva en comités y en representantes de los siete barrios: San Miguel, San Francisco, Santos Reyes, San Bartolo I, San Bartolo II, Santo Tomás I y Santo Tomás II
Maíces criollos presentes en la comunidad son el blanco o ranchero, el blanco o chiquito, el blanco o pichátaro, el maíz de Chalco, en maíz cónico, el maíz “ocho surcos”, el maíz “pinto”, cinco variedades de maíz de Ekuaro, maíz amarillo Cuitzalan, maíz rosado y maíz amarillo “Toluqueño”.
El cambio de uso de suelo forestal que ha generado el auge del aguacate será, a la larga, causa de baja productividad y pérdida de sostenibilidad del hoy próspero negocio con el “oro verde”, señala el artículo “Caracterización edafoclimática del área productora de aguacate en Michoacán, México”.
Elaborado por cinco expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el análisis advierte sobre lo contraproducente de eliminar ecosistemas originales con la expansión del cultivo, del cual Michoacán aporta un cuarto de la producción mundial (Público, 14 de diciembre de 2008).
La razón esencial: la franja aguacatera se está saliendo de la zona más óptima, lo cual lleva a rendimientos decrecientes y, a la larga, a daños ambientales que harán perder sostenibilidad al negocio.
“Las condiciones agroambientales prevalecientes en la región productora de aguacate de Michoacán propician un desarrollo del árbol y la obtención de fruto en prácticamente todo el año, así como un traslape continuo de las diferentes fases fenológicas del árbol […] Sin embargo, factores incontrolables del clima como heladas, granizo y vientos fuertes pueden ser tan limitantes de la producción como factores de manejo controlables tan importantes como la nutrición y el agua. De manera paralela, la presencia de plagas está ligada directamente a factores climáticos como precipitación, humedad relativa, temperatura y a la fenología del cultivo”.
En conjunto, “estos factores bióticos y abióticos reducen la productividad de los huertos y la calidad del fruto, manteniendo los estándares actuales de productividad en un promedio de 9.8 ton [toneladas] de fruto por hectárea y alrededor de 26 por ciento en la calidad para los mercados foráneos internacionales”.
Si esto ya es un problema en las zonas más propicias, al invadirse espacios forestales, las condiciones se harán más extremas y riesgosas para el negocio.
¿Esto qué significa? “Con respecto a la variable altitud, en Michoacán, 77 por ciento de la superficie aguacatera se distribuye en condiciones óptimas y 23 por ciento en marginales. En cuanto a la temperatura máxima, 76 por ciento se encuentra en lo óptimo y 24 por ciento es marginal. Para la temperatura mínima, los porcentajes son de 60 y 40 por ciento, respectivamente”.
En relación con el “periodo libre de heladas, 17 por ciento de la superficie corresponde al menor peligro, pues en este estrato sólo existen cinco días en el año que se pudiera presentar este siniestro. En 9 por ciento de la superficie, correspondiente al estrato menos de 260 días, es donde el riego es más latente, pues en el año existen 115 días en que pudiera ocurrir la helada”.
En cuanto a la acumulación de unidades calor, “el cultivo requiere 2,200 unidades anuales, y en 24 por ciento de la superficie se tienen acumulaciones menores de dos mil; lo que significa que en esas áreas la planta de aguacate escasamente cubre el aporte energético requerido para completar sus fases fenológicas”. El análisis completo se puede consultar en www.inifap.gob.
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