jueves, 6 de junio de 2013

La OPD de La Primavera da poder a alcaldes y sociedad



El gobierno estatal sólo tiene cuatro de 19 asientos de la junta de gobierno. La titular de la Semadet confía en que el Congreso del estado apruebe este documento inédito en la historia mexicana de la conservación

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El nuevo organismo público descentralizado de La Primavera contará con una junta de gobierno integrada por 19 vocales con derecho a voto: cuatro serán del gobierno de Jalisco, tres de dependencia federales, y siete serán presidentes municipales; cinco más serán parte de la sociedad civil, incluidos un vocal de propietarios privados y uno de ejidatarios.

Este esquema es inédito en la historia de la conservación biológica del país por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.

La funcionaria entregó ayer la propuesta para que el organismo sea una ley aprobada por el Congreso del estado, y salió al paso de las crítica que en la víspera le hicieron propietarios de que supuestamente es un modelo impuesto, pues aseguran no fueron consultados.

La estructura del OPD se integra por el fideicomiso, donde se depositan los dineros; la junta de gobierno, que decide cómo aplicarlos, y debajo de esta, una dirección general. Existe además un órgano de vigilancia, un comité científico y un comité ciudadano.

La junta de gobierno tendría sesiones trimestrales, contará con un secretario técnico y un tesorero y toma los acuerdos por mayoría simple.

En cuanto al comité ciudadano, incluye cuatro representantes de universidades o institutos de investigación; ocho representantes de organizaciones de la sociedad civil; un representante de cada uno de los 16 ejidos y cuatro de los propietarios privados del bosque, lo que totaliza hasta 32 miembros.

El OPD se propone denominarlo Organismo para la Administración de La Primavera, y tiene como objetivo “ejercer las atribuciones de administración, manejo y gestión” del bosque, coordinar la participación de los gobiernos municipales y cumplir los objetivos del decreto de protección.

Entre sus atribuciones: recibir recursos, comprar tierras y propiedades, gestionar donativos y aportaciones, celebrar actos jurídicos, ceder y autorizar permisos, servicios y concesiones “con la previa validación del comité científico”.

La junta de gobierno deberá evaluar el desempeño del director general cada dos años y aprobar presupuestos, planes, programas e informes de ejercicio.

Se deberá designar al nuevo director, con la emisión de una convocatoria en diarios, “la junta de gobierno, estando presente 70 por ciento de sus miembros como mínimo, elegirá por mayoría absoluta a tres candidatos de los postulados”, de donde saldrá el director en turno, añade la propuesta.

- ¿Por qué es mejor este OPD que lo que rigió al bosque desde 1995?
- Creo que este mecanismo es la única forma donde se incluyen a la sociedad civil de una manera que no se había dado en la toma de decisiones; también hay que destacar que por primera vez el gobierno del estado toma la responsabilidad del manejo y administración de una manera real, haciendo que todos los órganos jurídicos y todos los organismos de toma de decisiones estén realmente construidos para que se dé una muy buena administración; estamos obligados de manera histórica a darle certeza al área natural protegida, lo vemos como algo prioritario.

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