El gobierno federal debe intervenir, señala AJAGI. Se trata de un añejo conflicto sobre casi diez mil hectáreas en la zona de Huajimic, entre la comunidad indígena de San Sebastián y ganaderos nayaritas
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
La inmovilidad del gobierno federal puede ser la diferencia entre resolver de forma pacífica la devolución de tierras a la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán o que haya un deslizamiento a la violencia, advirtió ayer la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI).
En un llamado de alerta para una “acción urgente” de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en busca de distender la región, la organización, que asesora a los comuneros en temas jurídicos, advierte sobre la necesidad en que se respete el Estado de derecho.
"Ante el triunfo jurídico de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán en contra de la invasión de terrenos comunales por supuestos pequeños propietarios de Huajimic, Nayarit; y ante la inminente recuperación de cientos de hectáreas de terreno, una voluntad política del gobierno federal puede hacer la diferencia entre la confrontación social y la conciliación pacífica en base al reconocimiento de los derechos territoriales juzgados”, destacó en un comunicado.
“Desde hace varias décadas el territorio confirmado y titulado a la comunidad, ha padecido una serie de invasiones agrarias a manos de ganaderos no indígenas, como han sido los casos de Barranca del Tule, Cañón de Tlaxcala, Puente de Camotlán y Huajimic. Mediante una constante lucha autónoma por la recuperación de su territorio han conseguido ir asentando en los tribunales y en el campo el derecho que les asiste en la reivindicación territorial, persistiendo a la fecha dos zonas de conflicto, una zona denominada El Triángulo, de aproximadamente 800 hectáreas con el ejido Puente de Camotlán, así como la zona aledaña a Huajimic, Nayarit, de aproximadamente 10 mil hectáreas y donde existe una indefinición jurisdiccional entre los límites de Jalisco y Nayarit”, apuntó el texto.
Se trata de invasiones "que datan de varias décadas atrás, por una superficie invadida de cerca de 10 mil hectáreas en las que se asentaron posesionarios ganaderos de Huajimic, establecidos sobre una franja en el extremos sur-oeste de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. En la zona de conflicto, que delimita con un desmonte el territorio comunal que corre paralelo al río Huajimic, desde la pista de aterrizaje del poblado del mismo nombre hasta la altura del arroyo el Gualamo en el sitio conocido como Los Cerritos; existen localidades y ranchos Wixaritari que han resistido históricamente, como lo son El Mirador, Manguitos, Huanacaxtle y Azhalias, donde son constantes las fricciones por la tierra y las fuentes de agua".
En el año 2007 la comunidad interpuso demandas ante el Tribunal Unitario Agrario XVI, con sede en Guadalajara, donde tras un proceso jurídico ordenó la ejecución de una sentencia para la restitución de más de 800 hectáreas.
“Desde 2009 la Secretaría de la Reforma Agraria realizó un diagnóstico topográfico mediante el cual se habían afinado los detalles, detectado conflictos internos y determinando los predios que se encontraban listos para hacer un avalúo que contribuyera a lograr una solución pacífica al conflicto agrario, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) que ofrece una contraprestación económica como un elemento de conciliación”.
Sin embargo “y a pesar del significativo avance en las negociaciones, un día sin ningún preámbulo en la SRA informaron a las partes en la negociación, que son los posesionarios de Huajimic y la comunidad indígena, que dicho caso no se encontraba en el universo de trabajo del programa Cosomer”.
El pasado 11 de abril, ante autoridades comunitarias y abogados de la comunidad indígena, funcionarios de la Sedatu, que sustituye a las funciones de la SRA, se comprometieron a dar celeridad a dicho caso, pero hasta ahora, no hay respuesta.
“Ante esa situación, hacemos un llamado urgente al gobierno federal para que: uno, garantice la condiciones de seguridad para la ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales que ordenan la restitución de tierras a la comunidad indígena; y dos, dé un seguimiento puntual a los trabajos del programa Cosomer”, plantean.
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