martes, 11 de agosto de 2015

Gobierno se compromete a no hacer convocatoria “a modo”



Los asuntos polémicos de este tema son el tiempo de la concesión, el monto de la inversión de un verificentro y que sólo se apueste por un esquema de control.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno de Jalisco ha cancelado la posibilidad de establecer una cláusula en la convocatoria para “centros de verificación” de emisiones de automóviles que “mataba” las opciones de competencia del empresariado local frente a los gigantes del Distrito Federal: La de exigir experiencia mínima de dos años en verificación dinámica, un proceso que nunca se ha aplicado en la entidad.

El tema fue parte de las discusiones para sacar adelante los también conocidos como “verificentros”; mientras se discutía con los gremios de talleres tanto afiliados a organizaciones gremiales como independientes –quienes conocieron esos detalles por ser participantes del programa de verificación vigente– tomaba cuerpo un documento coordinado formalmente por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), pero en el que también se reflejaron las presiones de otros rumbos: “negociadores” de las verificadoras de la Ciudad de México con “cancha abierta”, de acuerdo a testimonios recabados por MILENIO JALISCO.

Los temas que suscitaron más controversias fueron ese aspecto de la “experiencia”; se pedía dos años de operar continuamente algún centro de verificación con prueba dinámica, y el documento para acreditarlo era el título de concesión “otorgado en cualquier parte de la República mexicana”, según borradores a que tuvo acceso este diario. La Semadet había planteado que la exigencia quedara en dos años de operar centros de verificación, tal y como parece haber quedado tras las quejas.

También el modelo mismo ha sido controvertido, dado que la experiencia de DF y de entidades como Puebla y Baja California tiende a monopolios, bajo el argumento de que eso estandariza el programa.

Otro aspecto discutido es el tiempo de la concesión: La propuesta inicial es que sean de cinco años, en busca de evitar que se generen intereses difíciles de sacudirse en caso de ineficiencia del concesionario; pero desde la Sepaf se “corrigió” a doce, arguyendo que es el tiempo que demanda la amortización de la inversión, que andaría en siete millones de pesos. No obstante, son temas que aún no están definidos, atajó ayer la titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía.

“En la parte de la competencia se está buscando todo el tiempo cuidar que este proyecto que es para los jaliscienses, sea de alto nivel, de gran eficiencia, pero sobre todo de efectividad […] de alto nivel de transparencia; tenemos que hacer el tránsito hacia el cumplimiento de normas federales, que nos obligan a establecer pruebas que la estática –vigente a la fecha- no cumple en términos de confiabilidad, eso es un hecho y no está a discusión, siempre la tecnología nos va a llevar de frente necesitamos un modo mejor de comprobar problemas de emisiones que ocasionan contaminación y pueden dañar la salud de las personas”, explicó a este medio.

La funcionaria reconoció las tendencias monopólicas presentes en Puebla y en Baja California; “ellos ligaron la prueba dinámica con el tema de la experiencia en el tema, fue una cláusula muy excluyente, pero esa cláusula queda totalmente descartada de nuestro proceso, y qué quiere decir, que todos los talleres que tengan pruebas de verificación vehicular, de cualquier tipo, van a poder quedar incluidos de una manera equitativa”.

Ruiz Mejía atribuyó a “rumores” la eventual implementación de la medida –servidores públicos confirmaron bajo condición de anonimato, que sí se presionó para incorporarla–, “es justo uno de los rumores que se ha estado esparciendo, porque así pasó en Puebla y ahorita está en controversia jurídica, pero nosotros tenemos la indicación desde el inicio de este proyecto, de que sea de alto nivel de transparencia, de equidad, que vea a lo local, que tengan competitividad nacional  e incluso internacional, de manera que demos a los jaliscienses un gran proyecto que realmente resuelva los problemas detectados”.

La transparencia se garantiza, agregó, con la presencia del Instituto de Transparencia, la Contraloría del estado, y la participación de los actores organizados y las cámaras.

- ¿Tiene Usted conocimiento de si las empresas donde participa Jorge Kahwagi están interesadas y quieren quedarse con este programa de Jalisco?

- Eso no lo tengo en conocimiento a nivel de lo personal, no tengo el gusto de conocerlo a él ni nada por el estilo, pero la convocatoria va a estar abierta a nivel nacional e internacional, porque  va a tener componentes internacionales, el principio de equidad debe de regir en este proyecto, el principio de experiencia en la verificación va ser otro principio que vamos a aplicar, y eso incluye cualquier tipo de prueba, con la que se demuestre competencia técnica.

El modo en que las empresas de Jalisco lograrán intervenir, dependerá de su tamaño, pero hay opción de asociarse para obtener alguna concesión, o de ofrecer componentes de tecnología indispensable para pasar las verificaciones, como es el caso del convertidor catalítico, del que no dispone uno de cada cuatro automotores del estado.

“Hemos platicado con la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, la Coparmex, la asociación de agencias de autos y con una serie de talleres que no están asociados, que son los que tienen mayor margen de incertidumbre, porque son los más pequeños, pero también se pueden asociar […] todos los talleres que tengan experiencia en la verificación van a poder acceder a una certificación por parte del estado para instalar esas tecnologías…”.

Ruiz Mejía explicó que está en fase final el trabajo de las convocatorias, y espera que entre finales de agosto y comienzos de septiembre ya se tengan documentos finales, que se deberán publicar en el periódico oficial, y en medios de comunicación locales y nacionales.

“Estamos a punto de recibir el programa de manejo, de manera formal, por el Instituto Mexicano del Petróleo, y estoy segura que la licitación estaría lista en esas fechas, y ya entraríamos a todos los ajustes, porque hay que instalar los verificentros y el estado se tiene que preparar para funcionar en la justa medida del manejo, operatividad y control de este proyecto”, puntualizó.

Números, números y números…

2012 y 2014 son los años en que se han realizado los procedimientos  de licitación para la verificación de automotores en los estados de Baja California y Puebla; articulistas e investigaciones periodísticas acreditan que se dio paso a monopolios de facto de empresas de la Ciudad de México, en buena medida presuntamente vinculadas al empresario y político del Verde y Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari

2008 fue el año del lanzamiento de la verificación obligatoria en Jalisco, en un modelo en que los talleres daban el servicio al tiempo que afinaban. El programa cerró 2012 con casi 800 talleres acreditados y fuertes denuncias de corrupción

20 salarios mínimos es la multa vigente en Jalisco por no verificar; pero su éxito depende de que la Secretaría de Movilidad haga su tarea y sancione a los automovilistas que no verifican

30 % de pérdidas en combustible se dan para un vehículo que no está correctamente afinado, pues deja de tener un uso óptimo del combustible, lo cual pone en relieve la gran ventaja económica de afinar y verificar

centros de verificación de automóviles distribuidos en seis municipios de la zona conurbada de Guadalajara, con 114 líneas y un mercado potencial cercano a tres millones de automóviles, podrían generar ingresos por al menos 600 millones de pesos anuales, lo que hace que cada centro pueda ingresar en promedio casi 16 millones de pesos. Se estima que cada verificentro costaría alrededor de 7 millones de pesos

93 por ciento de las emisiones de la zona metropolitana de Guadalajara son atribuibles a los automóviles: Siete de cada diez no verifican, en promedio, lo que destaca el problema que significan para la salud pública

FUENTE: ARCHIVO DE MILENIO JALISCO

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