Promueven coinversiones ejidos-empresarios

Hay 15.5 millones de hectáreas del país listas para convenios de asociación, pero sólo han cristalizado en poco más de medio millón; Jalisco tiene ya arriba de 400 mil ha listas para propuestas de desarrollo. La idea es dar al campo viabilidad y afrontar la pobreza campesina (foto, Santa María de Chimalapas, Oaxaca, por Marco A. Vargas), señala el procurador agrario

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En la promoción de ejidos y comunidades indígenas como sujetos de asociación e inversión del sector empresarial, la Procuraduría Agraria (PA) tiene en cartera 3,103 proyectos productivos en igual número de núcleos agrarios del ramo agropecuario, turístico, industrial, minero, servicios y desarrollo urbano, infraestructura y ecológico, que abarcan 15 millones 588,216 hectáreas, poco más de 7 por ciento del territorio nacional.

De ese total propuesto, ya han aterrizado en convenios de asociación alrededor de medio millón de hectáreas, pero es un comienzo alentador para el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural que opera la Procuraduría Agraria, pues apenas arrancó en 2008, dijo su titular, Rocendo González Patiño, en su reciente visita a Guadalajara.

“La pretensión es demostrar que sí podemos asociarnos, que sí se puede abrir el ejido a la inversión privada de forma confiable; nosotros en la procuraduría podemos ser garantes, pues ayudamos a las dos partes a que se haga un proceso apegado a lo legal, justamente para evitar lo que suele suceder: que una de las partes rompa el acuerdo por estar mal sustentado o que éste quede sostenido de forma muy precaria”, señaló en entrevista el procurador, quien el pasado jueves 28 de octubre fue testigo de la firma de un nuevo convenio entre empresarios y ejidos jaliscienses.

Los datos para Jalisco: hay 1,443 núcleos agrarios, de los cuales, 55 son comunidades indígenas, y se tienen 224,666 titulares de derechos. De los proyectos propuestos en bienes ejidales del país, poco más de 11 por ciento corresponden al estado, con 161 planteamientos de inversión y 25 inversionistas potenciales. La entidad ofrece ya 426,013 hectáreas debidamente tituladas para esos propósitos.

El funcionario puso en relieve que si no se incluye a la tenencia social de la tierra como espacio de proyectos, hay un enorme desaprovechamiento del capital natural y social del país: 51 por ciento de la superficie nacional, esto es, 100 millones 518,423 hectáreas, son de esta tenencia, repartidas entre 29,272 ejidos y 2,336 comunidades, lo que hace en total a cuatro millones 632,614 titulares de derechos. Por si fuera poco, 80 por ciento de las selvas y bosques, 74 por ciento de la biodiversidad (formas de vida animal y vegetal) y dos tercios de los litorales corresponden a este tipo de núcleos campesinos.

“Nosotros estamos obligados a velar por la situación de los campesinos y a defenderlos; en este caso, ayudamos también al inversionista a que aplique su dinero de forma correcta, lo único que no hacemos es propiciar la venta de las tierras, va en contra del espíritu de este programa”, puso en relieve.

Así, el programa “busca dar usos más eficientes y productivos a la tierra rural, siempre conforme a su vocación según los ordenamientos ecológicos territoriales”, esto protege la propiedad campesina fomentando la coinversión sin que pierdan su patrimonio; también “genera condiciones de certeza jurídica para los inversionistas en el campo”. Se trata de un esquema de participación voluntaria y gratuita que busca generar alternativas a la migración campesina y a las actividades ilegales, como son la siembra y tráfico de estupefacientes, o los cambios de uso de suelo forestal, la caza y la extracción de especies silvestres prohibidas por la ley.

“Este es un paso muy importante que como país se debe dar, tras 77 años de reparto agrario y más de quince de ordenamiento de las propiedades; yo he dicho que se trata del tercer gran momento de la reforma agraria, que es hacer productiva la tierra y dar certeza y viabilidad a largo plazo a las comunidades campesinas”, puntualizó el titular de la PA.

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Un gran desafío

La tercera etapa de la reforma agraria, dice el titular de la Procuraduría Agraria, es un reto porque se debe abonar al cambio de mentalidades: la del empresario que desconfía de agraristas con escasa preparación empresarial y de núcleos agrarios de amplia nónima y muchos conflictos; o la del propio campesino, que suele ver en un actor privado un posible despojador de sus tierras y sus derechos.

“Tiene que entender el empresario que no se trata sólo de comprar tierras para hacer sólida su inversión; los ejidos son espacios seguros para muchos regímenes de asociación como son los arrendamientos o los fideicomisos; se trata de que sea un proceso claro y que siempre lo valide la asamblea general de ejidatarios o comuneros, según sea el caso; hay un enorme potencial que no se está aprovechando por estas desconfianzas mutuas”, subrayó González Patiño.

Para que el campo sustente proyectos de desarrollo verdadero, es necesario integrar al campesino a los beneficios de los negocios, “no pedimos que se les dé la gerencia de los proyectos, pedimos que se les integre como socios y se les repartan beneficios y utilidades”.
Una de las ventajas del nuevo entorno generado por este programa, añadió, es que FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, del gobierno federal) ya acepta como garantía el usufructo de la tierra ejidal, ejemplo que se espera sigan los bancos privados para ampliar el crédito en todas las zonas rurales del país.