Fabricar esperanza para los bosques y campesinos

Ciudades y empresas aseguran agua y clima compensando a sus dueños. En el panorama de devastación nacional de recursos naturales, casos de éxito comienzan a emerger: mecanismos locales de pago por servicios.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 6 de noviembre de 2010

La Monarca ha sido por años una de las zonas forestales más críticas del país, con tala clandestina y cambios de uso de suelo que amenazan con desaparecer sus milenarios bosques de oyamel, hogar invernal de decenas de millones de mariposas de la especie Danaus plexippus, que provenientes de la región de Los Grandes Lagos de América del Norte, realizan una de las migraciones más largas y espectaculares del planeta.

Este componente de crisis social y económica, pero también de oportunidad por la riqueza biológica única, fue aprovechado para darle la vuelta, al menos parcialmente, al gran desafío de su conservación, en una de las zonas rurales más pobres de los estados de Michoacán y México.

Hace unos diez años, el gobierno mexicano decidió ampliar la superficie de esta reserva especial de la biosfera, de 16 mil a 56 mil hectáreas( ha, medida indispensable para lograr la conservación de la especie, pero al encontrarse con una respuesta social de rechazo por la falta de compensaciones (Público, 25 de marzo de 2003), se generó tiempo después, con recursos privados y estatales, el Fondo Monarca, que hoy financia la permanencia de las vastas umbrías que captan agua para las grandes cuencas de los ríos Balsas y Lerma, las más explotadas del país, con beneficio directo para la Ciudad de México, las urbes industriales de El Bajío y Guadalajara.

“En el año 2000 hubo un ajuste de la zona núcleo; en algunos de los predios que se ven incluidos se impide a las comunidades sigan ejerciendo sus permisos de aprovechamiento forestal, y ante esta circunstancia se decide, con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), los gobiernos de los estados de México y Michoacán, la fundación Packard, y el gobierno federal, lanzar una iniciativa para amortiguar el efecto de ese ajuste del área protegida hacia las comunidades; entonces se crea el Fondo Monarca”, explica Juan Manuel Frausto Leyva, director del programa de bosques y cuencas del FMCN.

En términos concretos, “hubo una donación de cinco millones de dólares […] que es complementada por donaciones de las entidades públicas mexicanas, para totalizar 6.5 millones de dólares; ese recurso se convierte en un patrimonio a perpetuidad, se pone en una cuenta de inversión que genera intereses, y con ellos se empiezan a hacer pagos por el no aprovechamiento de los bosques.

Ese recurso a su vez se mezcla con los provenientes de los “fondos concurrentes” de la Comisión Nacional Forestal –creados justamente para incentivar la creación de “mecanismos locales” de pago por servicios ambientales- y con los estímulos que ya está otorgando el Estado de México, potencializa las compensaciones a los dueños, siempre bajo la intención de que el recurso se invierta en el bosque y propicie esquemas productivos compatibles, en este caso, el ecoturismo y la investigación científica.

Este es solo uno de los casos que la Conafor considera exitosos a nivel país. Pero el esfuerzo por generar mecanismos locales ha creado instituciones que van avanzando de forma alentadora en lugares tan dispares como el Alto río Nazas (a favor de Torreón y Gómez Palacio), río Tamazula (para Culiacán), Cerro Grande (para la ciudad de Colima), Cofre de Perote y Pico de Orizaba (para Jalapa y Veracruz-Boca del Río), Copalita y Chinantla Alta (para Oaxaca), Chipinque (para Monterrey), Zapalinamé-Arteaga (para Saltillo), o el acuífero de Yucatán (para Mérida).

Sergio Graf Montero, coordinador de Producción y Productividad de la Conafor, destaca 16 casos que además de estar consolidándose en el ámbito local, deberán ser muestra para detonar procesos similares en todo el país.

El motor
La destrucción de bosques y selvas, la contaminación de ríos y acuíferos, la pérdida de suelos y de especies vivas son problemas que afectan de forma acusada la calidad de vida de los centros urbanos contiguos, pues esa destrucción merma reservas de agua y de carbono y altera el clima local.

Ese ha sido el principal incentivo para la creación de mecanismos locales de servicios ambientales. El primer empujón son los recursos públicos que maneja la Conafor. Pero a mediano y largo plazo, se trata de generar esquemas de intercambio locales que no obliguen a depender del recurso federal para sostenerlos.

“El pago fue creado como un incentivo económico a los dueños de los terrenos en donde se generan estos servicios, con la finalidad de fomentar su conservación y compensar los costos de oportunidad por realizar actividades que dañan los ecosistemas y los gastos en que incurren al hacer prácticas de buen manejo en el territorio”, refiere Graf Montero.

El pago por servicios ambientales absorbe en la actualidad 1,200 millones de pesos del presupuesto de la Conafor, y ha entregado desde 2003 recursos en beneficio de dos millones 767 mil hectáreas, equivalentes a la extensión del estado de Nayarit.

“Los mecanismos locales consisten en arreglos institucionales que permiten transferir recursos de los usuarios de los servicios ambientales, a los dueños y poseedores de terrenos forestales en donde se generan esos servicios […] obedece a una visión de cuenca hidrológica y/o corredores biológicos; para que funcione, es necesario que los pagos sean continuos y de largo plazo, y contar con cuatro ejes principales: mecanismos de financiamiento, reglas de operación, agente que implementa el esquema, monitoreo y evaluación”, añade el funcionario.

En ese sentido, los “fondos concurrentes” sirven para “convocar a los usuarios de los servicios ambientales para realizar aportaciones financieras destinadas a la realización de actividades de buen manejo para la conservación y restauración de los ecosistemas forestales”. La Conafor aporta “hasta un máximo de 50 por ciento” del monto necesario para establecer el acuerdo de pago por periodos no menores a cinco años y no mayores a quince.

Se espera que en ese plazo, se consolide el sistema, se generen nuevos ingresos y alternativas, y se dé institucionalidad plena al mecanismo.

Graf Montero señala que lo que pueden enseñar los casos de éxito, es que todos atienden las singularidades de su entorno. Así, Monarca no tiene aún ligas con los ayuntamientos del área, mientras Coatepec y Veracruz se fundamentaron en ellos; Huatulco es un esfuerzo fuertemente comunitario que nació en lo alto de la montaña y el caso del río Tamazula lo generaron ciudadanos de Culiacán preocupados con el azolvamiento de la presa que abastece la urbe que habitan.

En cuanto a Guadalajara, las tentativas no han logrado generar mecanismos exitosos para el bosque La Primavera. “Necesitamos socializar mejor la idea y clarificar el uso correcto del dinero, pero a la sociedad le conviene mantener el bosque, es un privilegio de quienes habitamos la zona metropolitana”, sostiene el director del área protegida, José Luis Gámez Valdivia.

¿Cómo se mide el éxito?
Manuel Frausto, del Fondo Monarca, muestra una drástica reducción de la tala ilegal en la región, la que de un pico de casi 500ha anuales entres 2005 y 2006, bajo a 53 ha entre 2008 y 2009.

Por si fuera poco, entre 2003 y 2009 se recuperaron 722 ha boscosas de las zonas núcleo (las más importantes biológicamente en una reserva), lo que deriva en la conservación de las especies protegidas.

De ahí la importancia de un monitoreo científicamente riguroso. El fondo atiende primordialmente 10 mil ha de zona núcleo. Pero sus buenas cuentas cunden hacia la zona de amortiguamiento. Ahora, el gobierno del estado de México entrega estímulos de hasta 1,500 pesos por ha, los más altos del país, y se está en platicas para llevar ese esquema en toda el área mexiquense de Monarca.

“El asunto es que cuando existe un mecanismo permanente, consolidado, con transparencia, y que responde a la operación cumpliendo sus compromisos, todo esto va irradiando confianza hacia otras zonas”, puntualiza. Es como fabricar esperanza.

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Otros casos exitosos

Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), Oaxaca

Las comunidades de esta montaña oaxaqueña poseen un corredor natural continuo, de 26,770 hectáreas de vegetación en buen estado de conservación”. Desde 2004 se integraron a los esquemas de pago por servicios ambientales de la Conafor y en 2009 suscribieron un convenio de fondos concurrentes para conservar una superficie de 1,114 hectáreas por un periodo de dos años.

Irritila (Alto río Nazas), Durango

El proyecto Irritila (nombre de una antigua etnia indígena que fue exterminada con la colonización de la zona) “surge a partir de la iniciativa de los pobladores de la Comarca Lagunera que han visto como la cuenca alta del río Nazas se encuentra en franco deterioro, impactando el descenso de los escurrimientos y la calidad del agua para los habitantes de la cuenca baja en todos los sectores de uso”.

La Comisión Nacional del Agua, “a través del Consejo de Cuenca, impulsó un proceso de participación ciudadana para atender esta problemática creando un mecanismo voluntario de pago por servicios ambientales”. La región se localiza en la parte poniente del estado de Durango, e incluye la conservación de 8,622 hectáreas por un periodo de cinco años.