Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 17 de noviembre de 2010
Ayer, se entregó en el Ayuntamiento de Zapopan el pliego petitorio mediante el cual el Comité Salvabosque El Tigre II, grupo ciudadano creado para la defensa del bosque El Nixticuil, le pide a la autoridad clausurar las obras del fraccionamiento Altavista, arguyendo presuntas violaciones como la falta de una manifestación de impacto ambiental y la invasión del área natural protegida. La autoridad no ha respondido sobre el caso.
“Una comisión de nuestra organización acudió al ayuntamiento para entregar pública y formalmente al alcalde Héctor Vielma la denuncia de las diversas irregularidades que han venido siendo cometidas por el fraccionamiento Mirasierra-Altavista, y también va incluido un pliego de exigencias”, dijo Adrián Hipólito, miembro de la organización.
El activista señaló que no hay un diálogo con el jefe de asesores del municipio, Ismael Orozco Loreto, aunque él lo buscó días atrás. “Nosotros nos hemos estado negando a entablar conversaciones con él porque desde hace una semana ha estado muy insistente de reunirnos con él pero de una manera informal, y nosotros no entendemos a qué se refiere […] nuestra acción consistió en presentarle nuestra denuncia de manera formal y públicamente, y no en lo oscurito”.
Las exigencias “son detener de forma inmediata los trabajo de urbanización del fraccionamiento porque no se cuenta con ningún tipo de permiso, en ninguno de los tres niveles de gobierno […] se debe de revocar la licencia cuando no se cumpla con la manifestación de impacto ambiental ni con opinión técnica favorable de la Semades…”.
Respecto al asunto, Orozco Loreto aclaró ayer que sí se acercó a los quejosos con la idea de apoyar la integración de un expediente con las respuestas pertinentes sobre los reclamos del comité, “pues ese es mi trabajo”, y negó cualquier indicio de complicidad con los fraccionadores.
Los quejosos lo señalaron porque durante su gobierno (en 2006) se otorgaron permisos de urbanización a la fraccionadora de Albaterra que dirigía el actual director de Altavista, Joseph Rodrik, y esa obra tuvo problemas al derribar ilegalmente 500 árboles en 2008. El funcionario dijo que el permiso fue legal pero nunca amparó daños al medio ambiente, los cuales se cometieron más de un año después de que dejó el cargo. “Al señor nunca lo conocí en ese entonces”, puso en relieve.
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