La audiencia se realizó el 28 de octubre en Washington, EU, sede del organismos interamericano; acusan al gobierno de Emilio González Márquez y al federal de imponerles la carretera Bolaños-Huejuquilla y destruir bosques y sitios sagrados. La audiencia incluyó otros casos mexicanos emblemáticos por violar el derecho a la consulta. En la foto, un aspecto de la última visita del representante de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU en la sierra, cortesía de AJAGI
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Emisarios de la comunidad wixárika de Tuapurie o Santa Catarina Teponahuaxtlán, expusieron el pasado jueves 28 de octubre en la sede de la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, la “batalla legal” seguida contra el gobierno mexicano, y en particular el de Jalisco, para evitar que se construya ilegalmente la carretera Bolaños-Huejuquilla el Alto en Jalisco, “que amenaza la integridad de sus tierras ancestrales y de una región de la SierraMadre Occidental, prioritaria por su biodiversidad y servicios ambientales”, informó el titular de la asociación civil Conservación Humana, Humberto Fernández Borja.
“La carretera es promovida tanto por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI], que ha aportado 200 millones de pesos, como por el gobierno de Jalisco y las presidencias municipales de Bolaños, Huejuquilla y Mezquitic. La comunidad ha señalado que las autoridades promoventes participaron en la fabricación de un acta de asamblea de la Comunidad, avalando la construcción de la carretera en sus territorios, extorsionando a tres autoridades huicholas y falsificando firmas” (ver Público, 16 y 20 de febrero de 2008).
Dentro de ese rosario de ilegalidades, el enviado huichol señaló a las delegaciones en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues “han solapado delitos dictaminados al levantar las clausuras en varios tramos y permitir la construcción de tres puentes”.
El proyecto “ha afectado hasta el momento un territorio de gran valor ambiental y cultural como son los sitios sagrados huicholes Paso del Oso y Cerro de las Guacamayas, así como la Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta, inscrita en la Lista Indicativa mexicana de la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Unesco [Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura]”.
De igual forma, “los manantiales comunitarios del pueblo wixárika se encuentran concesionados a favor de terceros extraños” por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA), como se lo denunciaron al enviado de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU (Público, 14 de octubre de 2010), y “ se ha negado el derecho a la participación en asuntos de interés público a la población en general en el proyecto minero a realizarse dentro del sitio sagrado de Wirikuta (Huiricuta), desierto de Real de Catorce, San Luis Potosí, en donde ya se han otorgado 22 concesiones mineras”, añadió Fernández Borja.
La denuncia Huichola formó parte de un gran paquete de presentaciones ante la CIDH de diversos casos en que se demuestra que el Estado mexicano viola el derecho a la consulta.
Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Alianza Sierra Madre, Tlachinollan, Colectivo Coa, además de la comunidad indígena Tuapurie, AJAGI y Conservación Humana, “expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura que inciden sobre territorios y recursos naturales de las comunidades”.
Esto, “además de contravenir también artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el acceso a la información pública y a la participación en asuntos de interés público, ha dado pie al desplazamiento forzado de miembros de la comunidad y al hostigamiento armado de líderes comunitarios”.
Los otros casos denunciados son la edificación de la autopista Lerma-Tres Marías, y el caso de la hidroeléctrica de La Parota, en Guerrero.
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