Los priistas Patricia Retamoza y Omar Hernández, ausentes de cita que confirmaron hace 20 días. ANEAS: el Congreso no se puede desvincular, pero sí puede delegar.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 4 de noviembre de 2010
Los diputados locales de Jalisco tienen en sus manos el destino del sector agua, pues se debate la posibilidad de que cedan el control sobre los precios de los servicios que entregan los organismos operadores, como paso indispensable para la sustentabilidad financiera.
Ello no fue suficiente para que acudieran a la convocatoria que les hizo hace tres semanas la Comisión Estatal del Agua (CEA), con la salvedad del presidente de la comisión de recursos hidráulicos, Ricardo García, al panel “la aprobación de tarifas de agua por el Congreso”.
Y aunque los asistentes al taller patrocinado por la CEA coincidieron en la necesidad de generar un proceso de definición de tarifas técnico y autónomo, libre de las influencias partidistas, de poco sirve el consenso cuando quien tiene que decidirlo no está presente, admitieron.
José Luis Hernández Amaya, director del SIAPA, señaló que ha buscado un acercamiento con la fracción panista por medio del dirigente estatal de ese instituto político, Hernán Cortés Berumen, pero no se ha podido concretar, lo que atribuyó a problemas de agenda de los 17 diputados. Con los priistas ya se reunió y espera el apoyo de los 19 representantes populares, pero por sí solos son insuficientes.
Lo cierto es que el tiempo que el organismo operador se puso de plazo para lograr sacar adelante una reforma para cambiar el esquema tarifario, se está reduciendo, aunque Hernández Amaya espera a más tardar el 22 de diciembre, contar con un nuevo esquema de tarifas (Público, 10 de diciembre de 2010).
Estaban invitados, y habían confirmado, la diputada priista Patricia Retamoza, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y el diputado Omar Hernández Hernández, presidente de la Comisión de Gobernación, pero hicieron el vacío a la mesa, que incluyó representantes de la Comisión Nacional del Agua (CNA), de los industriales, de los comerciantes, de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), y el propio titular de la CEAS, César Coll Carabias.
El representante de ANEAS, Miguel Coral, opinó sobre la materia central del debate: “Me parece que se trata de facultades irrenunciables de los congresos; no es viable quitarles la facultad, pero sí es viable que el Congreso otorgue facultades a los organismos, para que sean los consejos ciudadanos los que determinen las tarifas […] hay que tener cuidado con el enfoque, recordemos que el ayuntamiento es el depositario de la autonomía y el depositario de la soberanía es el Congreso, pero si el Congreso da facultades, le quitamos un gran peso. Es una propuesta que ahora se está analizando en Sonora y Morelos”.
El representante de los industriales, Manuel Herrera Vega, dijo que la situación actual “nos quita competitividad con referencia de otros estados; estamos a favor de que se quite la competencia al Congreso, y se tomen las mejores decisiones respecto a tarifas incluso en años electorales”.
Miguel Alfaro Aranguren, dirigente de los comerciantes (Canaco), consideró conveniente y viable el cambio para “dejar de contaminar políticamente un aspecto técnico”, pero pidió que la sociedad sea realmente involucrada, porque el riesgo sería repetir la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es autónoma al determinar sus tarifas, “pero no tiene contrapesos, es abusiva porque la sociedad no participa en esa decisión”.
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La propuesta formal
Modificar los artículos 101 y 101 bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que no sean los ayuntamientos y el Congreso los responsables de aprobar las tarifas, las cuales emanarían de un consejo consultivo.
El consejo contará con quince asientos entre representantes del gobierno del estado, de los municipios y del Congreso, de cámaras empresariales, de sindicatos, de colegios de profesionales, de universidades y de asociaciones vecinales, en el caso del aprobado por el SIAPA.
La idea es que todos los representantes cubran un perfil técnico y no político.
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CNA respalda lucha por tarifa “no politizada”
El director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo, respalda al organismo operador del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, el SIAPA, en su pretensión de que las tarifas por los servicios las defina un órgano colegiado autónomo y no los diputados, al margen de los partidos a que estos pertenezcan.
“La CNA tiene muy clara su postura, que es apoyar organismos operadores eficientes, tecnificados, que tengan libertad en el manejo y en el cobro de la tarifa”, puso en relieve, durante su última visita a esta ciudad. Así, “una tarifa manipulada por intereses políticos normalmente te afecta el servicio, por eso la CNA propone tarifas justas equilibradas, y el Congreso local o el cabildo que determine los subsidios que quieran: por decirlo de este modo, mi tarifa cuesta quince pesos, dice el organismo operador, ¿por qué? Porque yo requiero dar el servicio, alcantarillado, agua potable y saneamiento, invertir, amortizar inversiones, y el Congreso puede decir esta tarifa es injusta para este sector social, y esta es una decisión soberana, pero ese subsidio se tiene que transferir al organismo”.
Añadió: “Lo que la CNA propone es un sistema profesional del cálculo de la tarifa, que es conocido por el Congreso local, y que determine un subsidio. El que quieran determinar, y si un gobierno del estado quiere subsidiar a 100 por ciento, que subsidie a 100 por ciento, pero que la pague al organismo su tarifa, ese es el asunto”.
Luege Tamargo señaló que el retraso en inversiones en materia hidráulica requerirá de organismos autónomos, modernizados, y un “financiamiento agresivo” en todo el país. Eso es viable “porque en materia hídrica hemos encontrado esquemas de financiamiento muy buenos, como es el caso de la presa El Zapotillo o de las plantas de tratamiento, con una gran participación privada, con un sistema de financiamiento a largo plazo, que te garantiza seguridad en el servicio, entonces eso se puede llevar a al construcción de presas, a sistemas de tratamiento, a operación de sistemas, y es una solución viable en tiempos de crisis de recursos públicos”.
—¿Pero no corremos el riesgo de futuros rescates como con las carreteras que hizo la IP?
— No, si se hace bien el planteamiento.
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