El secretario General de Gobierno envió un oficio al Congreso de Nayarit para que sean respetados usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Dividir las comunidades wixaritaris del antiguo Cantón de Colotlán ha sido la estrategia política de los gobiernos nayaritas para empujar su frontera hacia el este, a costa de Jalisco, al menos durante un siglo, según lo han documentado historiadores como Víctor Manuel Téllez Lozano y José María Muriá. La amenaza de que esto le ocurra una vez más a San Andrés Cohamiata (Tatei-kie), hizo intervenir este jueves al gobierno de Jalisco.
Las autoridades tradicionales y agrarias de ese pueblo wixárika denunciaron el riesgo de perder hasta 40 por ciento de su territorio actual, a instancias del Congreso nayarita, para dar paso a una comunidad “a modo” de presuntos intereses extractivos y la política tradicional desde Tepic. En respuesta, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, exigió se respete el derecho a la integridad territorial y cultural de los vapuleados comuneros del municipio de Mezquitic, a la par que anunció la salida de una comisión gubernamental y legislativa desde Guadalajara para dialogar y conciliar el conflicto con sus pares del estado vecino.
López Lara, envio al secretario General de Gobierno de Nayarit, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, y a los diputados locales de ese estado, un oficio donde cuestiona la iniciativa de reforma del artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, para anexarse 12 poblados y casi 30 mil hectáreas donde un conflicto político interno pretende constituir una comunidad independiente a Tatei-kie, tal y como sucedió hace medio siglo con el antiguo anexo de San Andrés, hoy Guadalupe Ocotán, Nayarit.
“En el documento […] se ha instruido a las Subsecretarias de Asuntos Jurídicos, Enlace Legislativo y Concertación Social, Asuntos del Interior y Asuntos Agrarios, para que en el ámbito de sus competencias, atiendan las solicitudes e inquietudes que ha manifestado la comunidad indígena y se verifique y se constate si los pueblos de El Chalalate, Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, Tutuyecuamama, Los Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Tierras Blancas de los Lobos y Guamuchilillo son parte del territorio de Nayarito de Jalisco”, al margen de lo cual, si pertenecen a Tatei-kie, “con independencia de su localización territorial, la comunidad no sufra despojos, ni violación a los derechos que tienen sobre las tierras de su propiedad”, según un documento de prensa difundido la tarde de ayer por la dependencia.
La premisa jurídica es que muchas comunidades aborígenes de este país ocupan tierras de municipios diversos, e incluso, en estados diferentes. El derecho agrario no depende de los temas de límites entre las entidades federativas.
“El gobierno del Estado mantiene la postura y exige al gobierno de Nayarit que conforme a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales, así como los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sean respetados los derechos que como individuos, pueblos y comunidades, tienen los habitantes de dichos poblados”.
Los funcionarios y legisladores ya tienen cita en Tepic. Los acompañarán, como perjudicados directos, las autoridades agrarias y tradicionales de San Andrés, confirmó a MILENIO JALISCO el presidente de bienes comunales, Claudio Montellano de la Cruz. Los funcionarios “tienen la instrucción de no permitir que se transgreda el territorio del estado de Jalisco”.
Procuraduría agraria
El “albazo” del Congreso de Nayarit, del pasado 18 de abril, resulta aún más sorpresivo para las autoridades de San Andrés Cohamiata, porque los 200 comuneros rebeldes y los 1,400 que reconocen su integración en torno a Tatei-kie, habían aceptado el arbitraje de la Procuraduría Agraria. Hubo dos citas, pero los quejosos nunca acudieron. Luego salió la decisión del Congreso de Nayarit, negociada por los disidentes con la idea de separarse de la comunidad con sede en Jalisco.
El conflicto es político e interno, pero no ha trascendido a los tribunales agrarios, donde ya hay juicios para recuperar unas diez mil ha. Los comuneros de San Andrés esperan no sea necesario llegar hasta instancias judiciales, pero advierten que no están dispuestos a perder más superficie de la que históricamente se les ha cercenado.
GPE/SRN
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