Comuneros huicholes buscan amparo contra proyecto de la CFE; la AIDA apoya y pide al juez considerar derecho internacional
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó un “amicus curiae” al juez de distrito que lleva la demanda de amparo de los wixárica contra el megaproyecto hidroeléctrico de Las Cruces, que amenaza con represar el río San Pedro, último no obstruido del Pacífico mexicano y alimentador de las Marismas Nacionales, el mayor humedal tropical de esa vertiente del territorio mexicano.
“AIDA evidenció, en el escrito (amicus curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito deNayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika”, señala la organización internacional.
Amicus curiae “literalmente significa ‘amigos de la corte’, y según la Enciclopedia Británica es ‘una institución derivada del derecho romano utilizada principalmente en el derecho anglosajón. Su objetivo es abrir la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, a promover voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes’…”. Un antecedente inmediato de su uso fue por los abogados defensores de Temacapulín contra la presa El Zapotillo (ver MILENIO JALISCO, 2 de septiembre de 2015).
omunidades afectadas, y sobre todo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano […] además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”, según Camilo Thompson, abogado de AIDA.
La hidroeléctrica “pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona”; la demanda fue interpuesta hace un año. “En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”.
Tras la demanda, “la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden ‘refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto’. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público. Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permios del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas”, agrega Thompson.
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CLAVES
Un caso complejo
El proyecto de la CFE en Las Cruces amenaza ambientalmente a las Marismas Nacionales de Nayarit, sitio Ramsar de importancia internacional, porque las aguas dulces y los limos que le dan equilibrio al humedal dependen de forma vital del río San Pedro
La zona de la cortina posee sitios sagrados de las comunidades Náyeri (coras), wixárika (huichola), O’dam (tepehuana) y “mexicaneros” de la Sierra Madre Occidental
MC
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