Labores de control de inundaciones y urbanizaciones violentan, según Ombudsman.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Mal parados quedan el Ayuntamiento de Guadalajara y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en la recomendación 19/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que concluyó que ambas entidades públicas violentaron derechos básicos de los vecinos que se oponen a las obras de control de inundaciones en el parque San Rafael, en el sector Reforma.
De acuerdo con el ombudsman estatal, se violaron los derechos de los vecinos opuestos al proyecto del colector pluvial, de la fosa de almacenamiento de agua de lluvia y del proyecto habitacional denominado Torres San Rafael, en terrenos de lo que fue el club Jalisco y luego club Chivas San Rafael.
“Para esta comisión […] personal del SIAPA dejó de observar distintas normas jurídicas y omitió realizar acciones previstas en éstas, al ejecutar la obra del colector pluvial San Rafael.
Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara también dejó de observar distintas normas jurídicas y omitió realizar acciones previstas en estas, en la edificación del proyecto de las Torres San Rafael, conocidas como Gran San Rafael. Con ello se han vulnerado los derechos a la legalidad, seguridad jurídica e información de las personas agraviadas”.
Además, las autoridades de la Comisión Municipal del Deporte “han sido omisas en evitar acciones que deterioran el equipamiento y áreas verdes del parque […] y han permitido acciones contrarias a su vocación”.
Entre las recomendaciones: que se informe sobre los estudios de impacto ambiental a que obligarían por tratarse de áreas verdes intraurbanas. Desde 2003 las áreas urbanas están sujetas a ese tipo de regulaciones. “Anteriormente, en la ley se excluían los terrenos forestales en zonas urbanas, pero a partir de la ley de 2003 ya no. Y la gente se quedó con la idea de que es zona urbana” (MILENIO JALISCO, 2 de julio de 2010).
También, “garantizar el acceso la información relacionada con el proyecto, garantizar el legítimo derecho de las personas a inconformarse, promover la creación de una contraloría ambiental, realizar un estudio sobre la fauna silvestre que habita en el parque, llevar a cabo reforestaciones en el sitio e implementar un esquema de socialización que permita una consulta efectiva de las opiniones de los vecinos”, a quienes deberá evitarse estigmatizar.
Los miembros de los colectivos que defienden el parque señalan que incluso si las autoridades a las que se demostró que violaron derechos se deciden a no aceptar la recomendación, los elementos recabados por la CEDHJ son suficientes para demostrar ante instancias jurisdiccionales locales, nacionales e internacionales, los mismos, y reclamar que se aplique justicia a esos niveles. Hasta ayer, la CEDHJ no había subido a su portal el material de esta recomendación, aunque los vecinos ya poseen una copia, como la parte quejosa.
GPE
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