sábado, 28 de abril de 2018

Nayarit acepta detener el decreto de anexión


El Congreso de ese estado y su gobierno detendrán publicación de modificación a Ley de División Territorial y someterán a consulta entre los indígenas este asunto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las autoridades comunales de Tatei-kie (San Andrés Cohamiata) y funcionarios de Jalisco reclamaron la violación de la integridad territorial y cultural de ese núcleo indígena con las reformas a la Ley de División Territorial que votó el Congreso de Nayarit, que en los hechos, no solo lleva a recorrer su frontera hacia el este, a costa de Jalisco, sino abrir la puerta a una nueva división de la comunidad wixárika, que podría perder cerca de 40 por ciento de su patrimonio territorial.

La buena noticia, señaló el presidente del comisariado de bienes comunales, Claudio Montellano de la Cruz, es que tanto los legisladores como el ejecutivo de la entidad vecina aceptaron no publicar aún las reformas, lo que suspende su vigencia, independientemente de que Jalisco tendría que reclamar la intromisión en su propio territorio soberano, situación que sólo fue abordada de paso en las reuniones de ayer.

"Son dos cosas: se va detener el decreto, su publicación y la otra es que se va a hacer una consulta a la comunidad, para que estas opinen sobre la incorporación de las localidades que pretende Nayarit, pero ya con todos los procedimientos legales, respetando usos y costumbres, y ya con base en eso el mismo Congreso de Nayarit verá cuál es la situación que se guarda para estos temas", explicó, en entrevista telefónica con MILENIO JALISCO.

- ¿Eso permite impedir la tentativa de dividir a Tatei-kie que estaba detrás de este decreto?
- Ah no, eso ya no va a pasar. Fue un acuerdo en el Congreso, con el diputado encargado del distrito de aquella zona, y luego, la minuta fue firmada por la gente de la Secretaría General de gobierno.

- ¿Hubo resistencia a aceptar las razones de ustedes?
- Así es; para reconocer lo que habían hecho ellos, no aceptaban, decían que nuestro reglamento interno no tenía validez, pero nosotros insistimos en que sí. Les dijimos que tanto la Ley Agraria como las normas internacionales de derecho reconocen que las comunidades indígenas tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones, entre ellas, sobre nuestro territorio, y a ser consultados por la autoridad política cuando toma decisiones que nos afectan. Nos apoyaron el subsecretario de asuntos del interior de Jalisco, y estuvo una representante del congreso del estado; ellos estuvieron a favor de nosotros, estuvieron representantes de las organizaciones internas que tiene la comunidad, que tienen este conocimiento, y todos planteamos con claridad el problema que nos están creando.

- ¿Ninguna alusión directa al problema de límites entre Nayarit y Jalisco?
- No, más bien hablaron sobre cuestiones sociales, como los apoyos, dar los apoyos necesarios para el desarrollo en nuestra región; la gente del gobierno de Jalisco si sacó ese tema pero no se resaltó mucho [...] ya durante la consulta van a salir las necesidades ahí, y cómo se han atendido de parte del gobierno de Jalisco, del ayuntamiento de Mezquitic...

- Entonces habrá una llamada de atención para el gobierno de Jalisco y el de Mezquitic.
- Sí, sobre todo al gobierno, el municipio se han reportado para hacer las atenciones, aunque no tal cual como debería, ha hecho lo posible para tener los apoyos, pero no tiene todos los recursos; debemos reconocer que son pocos recursos para la extensión total del municipio, es enorme.
El líder comunal huichol señaló que asistirá este fin de semana a Tuxpan de Bolaños, donde respaldarán a la comunidad de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) en sus querellas territoriales, ante el escaso apoyo instituciuonal para que se les restituyan superficies ganadas en juicio, en el caso de la localidad mestiza de Huajimic.

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Claves

Derecho internacional

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo "sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", firmado por México desde 1989, tiene rango constitucional y observancia obligatoria para todas las autoridades mexicanas.

Entre otras cosas, señala que "los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación [...] deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan"

Además, "deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos"

SRN

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