Patricia Martínez asegura que no hay una política "privatizadora" de predios públicos aunque admite que hay casos de venta "avalados por todas las fuerzas políticas".
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Coordinación de Ciudad del Ayuntamiento de Guadalajara presentó antenoche ante vecinos del municipio, una evaluación preliminar del proceso de revisión de los 53 planes parciales de la demarcación capital. Su titular, Patricia Martínez Barba, dijo que está a 90 por ciento el proceso de respuesta a casi tres mil observaciones emanadas de la consulta pública, y reconoció que 51 por ciento de los casos dan la razón parcial o total a los ciudadanos.
La cita, a la que no se convocó a los medios de comunicación, fue en las instalaciones de la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ) el pasado martes 15 de noviembre por la noche. La funcionaria defendió la política seguida por la administración municipal para redensificar la ciudad y atraer nuevos habitantes: aseguró que apenas significa crecer la superficie construida en 2.6 por ciento, que la verticalización está confinada a los corredores de alta movilidad por transporte público, y que los cambios en los usos de suelo y coeficientes no significan que fatalmente se deban dar: “cualquier desarrollador deberá pasar por todo un proceso de control, dictaminaciones e impacto ambiental”, que condicionará sus posibilidades.
La versión de la reunión fue entregada en un video con más de hora y media de duración a MILENIO JALISCO. Es el testigo de cómo hubo momentos ríspidos en la reunión, pero la funcionaria (a diferencia de sus intervenciones en medios de comunicación, en que ha descalificado publicaciones), se mantuvo ecuánime.
Le reprocharon la escasa participación ciudadana, la “privatización de espacios públicos, que están al mejor postor”, la confusión en las clasificaciones y lo engorroso de las gráficas de los planes, los múltiples errores de los documentos expuestos a consulta, la facilidad con que se concedió al gobierno del estado y a la UdeG el cambio de uso en los predios de la zona de La Normal, así como la venta de una fracción del predio de El Deán, contiguo al parque de 26 hectáreas (pero parte del mismo rancho propiedad de Guadalajara desde hace décadas), lo que entraña un cambio de su uso actual, que es de área verde y no para vivienda.
“No vendimos El Deán , vamos a hacer una inversión histórica en 26 hectáreas para un bosque urbano […] si se refiere al predio de al lado, ese sí se vendió, pero debo aclarar que fue con acuerdo de todas las fuerzas representadas en el cabildo, y además, lo que hemos logrado allí es un proyecto con una de sus virtudes más importantes, que respetará la huella de arbolado que existía en el vivero”, aseguró.
También mencionó explícitamente a MILENIO JALISCO en relación a la noticia de 105 predios, 101 en la versión de la funcionaria cuyos usos son cambiados de equipamiento, área verde o cualquier uso social hacia usos privados (ver ediciones del 16 y 17 de octubre de 2017). Martínez Barba señaló que no se puede imponer un uso institucional a predios privados (lo dice el reglamento municipal, en contradicción con el Código Urbano y las normas federales) y por eso “se cambiaron los errores” porque “no se puede dar tratamiento de predio público a un predio privado”; mientras insistió que salvo dos predios municipales cambiados de uso, hay doce del gobierno estatal y uno de la UdeG que también fueron ajustados, a solicitud de sus detentadores.
La coordinadora y su equipo expusieron en torno a las nuevas “centralidades” y la política de no mantener usos “monofuncionales”, es decir, exclusivamente vivienda, o comercio o industria; sino permitir mixturas que propicien el regreso de la población. Explicaron los errores que han reconocido en los documentos, como fruto del uso de una plataforma que tiene diversas capas y que al componerlas se han desajustado en los casos detectados, además de que no se contrataron despachos “porque eran carísimos”.
“Se revisaron de nuevo uno a uno los predios para detectar errores, somos humanos y reconocemos que se trata de documentos perfectibles”, justificó.
En remedio de ello, señaló que se pondrá una versión ya debidamente calibrada para consulta de toda la población, y que contenga toda la información y facilite su consulta, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos.
En relación al “potencial constructivo”, aclararon que solamente crece la huella de urbanización en 2.6 por ciento en relación con la actualidad, pero se movieron densidades muy altas de zonas como Oblatos o Cruz del Sur y que incluso en uno de los casos más polémicos, Huentitán –“estamos en posibilidades de probarlo”- desciende en 20 por ciento ese índice. “Aunque no lo crean hubo muchas negativas para los desarrolladores inmobiliarios, algunas cosas que pedían eran increíbles”.
Los asistentes de Huentitán, de Arboledas del Sur, de San Rafael, reiteraron su desconfianza en el proceso. “Ustedes controlan la prensa y le dicen qué publicar, por eso no salen nuestros problemas”, denunció amargamente una vecina del segundo asentamiento. Los funcionarios se comprometieron a mandar respuestas puntuales en las siguientes dos semanas a las tres mil observaciones.
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Claves
Los escollos del proceso
Guadalajara ha querido incorporar el tema de la densificación en torno a los corredores DOT (Desarrollo Orientado al Transporte), pero ha topado con fuertes resistencias. Estos son los principales conflictos de interpretación que ha debido afrontar el proceso
1 La venta de predios públicos, caso la fracción no ocupada por el parque El Deán, caso Registro Civil número 1, caso ex edificio de Servicios Generales en Marsella. El ayuntamiento no ha podido convencer a sus detractores de que ese cambio induce el nuevo proceso y deriva en mejor calidad de vida
2 La falta de una estrategia para ampliar áreas verdes, cuando es uno de los mayores déficits del municipio y de toda la ciudad
3 La recategorización de predios privados que tenían uso de interés público, como hospitales, escuelas, oficinas institucionales, bajo el argumento de que son propiedad privada
4 La falta de información que permita asegurar la capacidad de los servicios públicos frente a la densificación: agua, drenaje, luz, áreas verdes, estacionamientos
5 La posibilidad de que un proceso como este genere en realidad vivienda asequible para clases medias y bajas, “una casa en Tlajomulco cuesta 300 mil pesos, acá les va a valer un millón; la gente de Tlajo nunca va a llegar a vivir acá”, se quejó una vecina
FUENTE: Archivo de MILENIO JALISCO
SRN
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