El año que viene será un desafío porque reforma laboral entrega a competencia estatal las controversias en el tema, cuya carga podría obligar a duplicar los juzgados.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El poder Judicial de Jalisco necesita 2,400 millones de pesos para sacar adelante los compromisos apremiantes que se le vienen en 2018: la incorporación a la oralidad de los juicios mercantiles por montos de uno a cuatro millones de pesos, y sobre todo, la suma de la materia laboral que le derivará el Poder Judicial Federal, pero esto último bajo la condición de "carga cero", es decir, solamente con los juicios que se presenten a partir de la apertura de los nuevos juzgados, señaló ayer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Suro Esteves.
"Tanto el tema laboral como el de la reforma penal se trata de la transformación más importante en materia judicial en un siglo, y aunque el tamaño del reto con lo laboral se puede estimar con 87 mil juicios que tiene Jalisco en este momento, que a carga máxima recomendable de 660 casos por juzgado obligarían a conformar 136 juzgados solo para esa materia, la verdad es que no estamos esperando a que se termine la reforma; estamos en un diplomado con el Poder Judicial Federal para que el reto lo tomemos ya preparados, y estoy seguro en que lograremos sacarlo delante de forma adecuada", explicó en entrevista con MILENIO JALISCO.
El poder judicial del estado tiene en la actualidad 165 juzgados de materia familiar, penal, mercantil y civil. Es decir, el desafío laboral es prácticamente duplicar su tamaño, para lo cual no hay ni recursos ni espacios: se estima que tan solo en nómina, un juzgado nuevo cuesta ocho millones de pesos al año.
El optimismo de Suro Esteves radica en que la reforma laboral se completará máximo el 24 de febrero de 2018, y que se esperaría que los primeros juzgados en la materia –se espera poder abrir al menos 20-, operen en el segundo semestre del año. El segundo dato que encuentra alentador es lograr que el sistema de conciliación previo a la interposición de un juicio, funcione adecuadamente para que solo lleguen los asuntos más complicados.
El presidente del STJ entregó al gobierno del estado la petición de que se le otorguen 2,400 millones de pesos en 2018, pero el Ejecutivo sólo propone 1,565 millones de pesos, lo cual es una cantidad similar a la ejercida en 2017. El magistrado presidente reconoce que si el poder judicial no logra la autonomía financiera con el otorgamiento de 2.5 por ciento del presupuesto de egresos anual del estado, un "presupuesto constitucional" no sujeto a debates, los desgastes en negociar recursos y la suspicacia de la sociedad sobre la independencia de este poder –admite la vigencia de la sabiduría popular postulada en el refrán: "el que paga, manda"- seguirán minando la credibilidad de la justicia, en una época en que una de las crisis más graves por las que atraviesa el país es justamente en materia de criminalidad e impartición de justicia, además de la percepción de precariedad en el goce de derechos de las mayorías.
El presidente del STJ reconoció que la crisis se da en todos los poderes judiciales de los estados, donde se han debido recibir cargas extra de trabajo enviadas por el poder judicial Federal, sin dinero extra; y se tiene que afrontar la capacitación y profesionalización de los jueces y el personal de los juzgados, para garantizar justicia de calidad.
"Al poder judicial federal se le quitan competencias, cada vez conocen menos asuntos [...] estamos tomando cartas en el asunto, es un tema que nos preocupa, porque los juicios mercantiles ejecutivos de 1 a 4 millones de pesos se van a ver en materia oral, tenemos que abrir juzgados en todos los partidos judiciales, el juez debe estar en todas las audiencias, y si lo que se pretende es que duren 100 días máximo, es insuficiente sin recursos, aunque sabemos que esto se hará de forma paulatina", puntualizó.
SRN
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