Herencia del gobierno anterior, la Administración estatal negocia daños carreteros con los indígenas, pero interpone queja ante la justicia federal
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El gobierno de Jalisco interpuso un recurso de queja contra la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de amparo 596/2008 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, que lo condena a reparar los daños ocasionados en 2007 y 2008 contra bienes de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), durante la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en que se falsificó la anuencia de los comuneros.
La acción judicial se presentó el pasado 8 de octubre ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa, luego de que el citado juzgado emitiera la sentencia para la ejecución de la reparación del daño, con fecha 19 de septiembre de 2013.
De forma paralela, bajo la conducción del secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, y del director de Asuntos Agrarios, Vladimir Avilés Márquez, se han realizado acercamientos con la comunidad aborigen de la Sierra Madre Occidental para negociar las reparaciones, pero hasta ahora, no hay acuerdos en el tema, informó Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), que asesora a los indígenas.
La sentencia del amparo se emitió desde 2012, pero lo que se determinó en septiembre pasado fue el modo de reparar el daño por la obras.
Así, se condena al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), a los siguientes trabajos: “Restablecer el camino original, y en el supuesto de que existan obras que fueron realizadas —que a la fecha quedaron inconclusas—, deberán derribarse; realizar labores de reforestación en una zona de 31-89-90 hectáreas, utilizando la vegetación prevaleciente en la zona, así como su mantenimiento; realizar obras de infraestructura necesaria para conducir y encausar de manera adecuada los escurrimientos que se atraviesan en el camino; realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras], que se situaban en el Paso del Oso, a fin de que se pueda recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado”, detalló el asesor.
También “se determinó que existen cosas que no pueden volver a su estado original y se ordenó la indemnización sobre los siguientes rubros: extracción material pétreo sobre 95 mil metros cúbicos [m3] de material extraído; tala inmoderada de un total de 1,388 m3 de madera en rollo [802.80 m3 madera comercial] de pino y 534 m3 en rollo [330.40 m3 madera comercial) de encino; el cambio de los patrones hidrológicos y la erosión de cinco millones 800,288.60 toneladas de suelo”.
Según el juez, no procede el pago a la comunidad en aspectos como la reparación de viviendas, “porque no quedó demostrado de quién era ni hay pruebas al respecto; gastos por servicios mecánicos a vehículos y camión comunitario; costos por movimiento de autoridades; pago por trabajo de personas para restaurar el tramo carretero”.
Es la ejecución de sentencia que ha sido impugnada. Los wixáricas se niegan a negociar en términos menores a los de este triunfo judicial, pero el gobierno de Jalisco insiste en lograr un entendimiento al margen de lo determinado por la autoridad judicial.
DETALLES
La historia comienza en noviembre de 2007, cuando una asamblea comunal acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur en tierras de Tuapurie. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento elaborado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal; pero se le anexaron firmas de asistencia (ver nota anexa).
Eso llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; así mismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”, señala el asesor de AJAGI.
El 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia. 20 meses después se determinó cómo será ejecutada. Pero el responsable no quiere afrontar esos daños.
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CLAVES
Peritajes del amparo
Tras la sentencia en contra, del 4 de junio de 2011, la Sedeur intentó desconocer los daños que ocasionó a la comunidad; en respuesta, Tuapurie aportó la certificación de daños
El 2 de mayo de 2012 se presentó la solicitud formal al juez de un incidente para determinar los requerimientos técnicos para dar cumplimiento a la sentencia
El 10 de mayo de 2012 se ofrecieron pruebas testimoniales, documentales, periciales en materia de topografía, antropología y recursos naturales y externalidades, así como la prueba de inspección judicial
El 28 de mayo del 2012 se desahogaron las pruebas testimoniales y el 12 de junio la inspección judicial
El 22 de agosto del 2012 se presentó el peritaje en materia de antropología
El 24 de agosto del 2012 se presentaron y ratificaron las pruebas periciales en materia de topografía y en materia de recursos naturales y externalidades
La Sedeur realizó manifestaciones sobre los peritajes negando competencia al juzgado y alegando “subjetividad” en los reclamos
El 19 de septiembre de 2013, el juez ordenó la ejecución de la sentencia
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La PGR no quiere castigar
a los responsables del daño
Los comuneros de Tuapurie presentarán inconformidad por la actuación del Ministerio Público Federal por las actas falsificadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano en 2007
AC / Guadalajara
Para el agente del Ministerio Público Federal responsable de combatir los delitos ambientales, en la averiguación previa 2982/2011 no se encontraron evidencias de conductas activas u omisas que acrediten delitos en el tema de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, lo que ha generado malestar en los comuneros de Tuapurie.
Los datos más recientes, según una ficha informativa entregada a MILENIO JALISCO, señalan: “En enero pasado compareció el representante legal de la Sedeur a declarar dentro de la averiguación previa, alegando que el departamento de Contratos y Convenios de esa misma dependencia resultaba la responsable de allegar los documentos necesarios para la legalidad de los actos realizados. La encargada de dicho departamento estaba citada para comparecer de la semana del 20 al 24 de febrero de 2012. Hasta la fecha no se ha presentado”.
¿A qué se refiere esta circunstancia? A la falsificación de actas. Los dirigentes tradicionales, los agrarios y el consejo de análisis de la comunidad indígena, reunidos en el plantón el 15 de febrero de 2008, para impedir la construcción de la carretera, manifestaron sorpresa ante la existencia de un documento dado a conocer por este diario, fechado el 9 de septiembre de 2007, y señalaron diversas inconsistencias: que se trate de una especie de “machote” donde se rellenaron con marcador los datos numéricos de la asamblea; que sólo tenga la firma de los integrantes del comisariado de bienes comunales y no anexe los de toda la asamblea, e incluso que en el cuerpo de redacción se les confunda con “ejidatarios”, una figura jurídica distinta a la de los comuneros (ver edición del 16 de febrero de 2008).
“No hubo reuniones ordinarias el 9 de septiembre de 2007. Ese día fueron a Las Latas, un centro ceremonial, a ofrecer el proyecto, pero allí había una reunión sobre cultura, algo muy distinto […] nos cayeron en helicóptero, nos presentaron el proyecto, les dijimos que lo analizaríamos y levantamos una minuta, porque no teníamos apuro […] ellos querían pocos días después la respuesta; supimos que el 12 o 14 estuvieron en Santa Catarina […] los miembros del comisariado parece que se prestaron a firmar esas actas falsas, no sabemos por qué”, señaló en ese entonces un vocero comunitario.
Sin embargo, en la averiguación previa, “acerca del acta de elección, el MP dijo realizaría una inspección al RAN para verificar el acta que obra en el Registro con la que supuestamente presenta Sedeur […] finalmente se ordenó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación”, lo que los comuneros impugnarán.
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