Javier Bogantes, presidente de ese "tribunal de conciencia", destaca la gravedad de los problemas renales de los moradores de la ribera norte de Chapala.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El escándalo de los menores y adultos enfermos renales en las poblaciones de San Pedro Itzicán y Agua Caliente, en la ribera nororiente del lago de Chapala, ya llegó a los oídos del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), y se abrirá un espacio el próximo lunes en una reunión del "tribunal de conciencia" para que se exponga el asunto por representantes de los afectados, en busca de determinar si se abre un caso en el organismo cívico.
"Me parece que es un asunto muy grave que demuestra la fragilidad de los pueblos indígenas de la región frente a los intereses que están en auge", explicó en entrevista con MILENIO JALISCO.
El activista se encuentra en México para actualizar los asuntos que sigue el organismo, y señala que han detectado una creciente problemática en los problemas del agua. En buena medida, se trata de proyectos mineros, de la construcción de gran infraestructura y de cambios de uso de suelo para ciertos monocultivos que están ocasionando problemas ambientales y conflictos sociales severos.
El caso el norte de Chapala es típico del que viven muchas comunidades de aborígenes en el subcontinente. Por un lado, porque hay proyectos privados que contaminan el agua. Por el otro, porque las autoridades no están garantizando el acceso a un recurso de calidad y en el volumen necesario, conforme a la declaratoria del "derecho humano al agua" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al propósito, la Declaración latinoamericana del agua, que se puede firmar en el sitio oficial del tribunal (http://tragua.com/wp-content/uploads/2015/09/Declaraci%C3%B3n-Latinoamericana-del-Agua.pdf), señala:
"El derecho al agua es un derecho fundamental, inherente a la vida y dignidad humanas [...] el agua de la región es patrimonio común de las presentes y futuras generaciones de América Latina. Su conservación y uso sostenido es una obligación compartida de los Estados, las colectividades y la ciudadanía" (sic).
"El cuidado de las aguas y su provisión es un asunto de justicia ambiental. Los y las latinoamericanos tienen derecho a una pronta y efectiva justicia ambiental, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y ambientales. La población Latinoamericana tiene derecho a participar en los proyectos, obras y decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua y sistemas hídricos a nivel local, nacional e internacional. La consulta ciudadana debe ser procedimiento obligatorio en estos casos".
La población Latinoamericana "tiene derecho a la información sobre el estado actual y tendencias de los cuerpos de agua y sistemas hídricos. El derecho a la información comprende el conocimiento y la investigación científica sobre las cuencas hidrográficas, cuerpos de agua y ecosistemas asociados".
La población latinoamericana "tiene derecho a la inversión de los recursos financieros e institucionales necesarios para garantizar el ejercicio pleno de su derecho fundamental al agua. En el mismo sentido, tiene derecho a la compensación y pago de la deuda ecológica en los casos de daño a los cuerpos de agua y sistemas hídricos". Es justamente lo que el TLA quiere hacer vigente en el caso de los pobladores de San Pedro Itzicán, que mueren lentamente por problemas renales presuntamente ligados a la mala calidad de su agua.
SRN
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