El abogado de los quejosos sostiene que el acoso a personas para que salgan del pueblo y la precariedad de servicios viola derechos básicos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón deben dejar de "hostigar" a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en el marco del relanzamiento del proyecto de la presa El Zapotillo, a finales de junio de este año, por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz.
Ese hostigamiento se reflejó, los días sucesivos al anuncio del mandatario de que se retomaba el proyecto a 105 metros de altura de la cortina sobre el río Verde, en una presencia policiaca que incluía sobrevuelos de aeronaves, y en la presencia de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para retomar la edificación del nuevo centro de población a donde se pretende reubicar al tradicional poblado de 'Temaca'. Los moradores y sus acompañantes en la resistencia, consideraron que había elementos para una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Esta instancia abrió el expediente y determinó medidas cautelares, para prevenir violaciones.
"Los tres poblados presentaron una queja ante la CEDHJ, a principios del agosto del 2017, por las declaraciones del gobernador del estado, de junio de 2017, al decir que se iba a la presa de 105 metros de altura, con el informe de la Unops [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos]; hubo una serie de incidentes esos días, sobrevoló un helicóptero Tecamapulín, anduvo el Ejército, y a raíz de esto, se presentó la queja; después la ampliamos y agregamos a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social [Sedis], por decir que se iba a mandar un comando especial a Temacapulín; y se ha seguido ampliando la queja tras la visita del visitador de Tepatitlán", señala el integrante del Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.
El expediente es el 5652 / 2017 / III, que derivó en una serie de medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y varias autoridades estatales.
En el caso del municipio, "referente a que informe de la situación de Talicoyunque [Nuevo Temaca], porque está suspendido o declarado nulo el plan de desarrollo urbano, y la CEA [Comisión Estatal del Agua] lo sigue utilizando como centro de reasentamiento y de reubicación; contra la Conagua también se han dictado medidas cuatelares para efecto de que se detenga el hostigamiento contra los pueblos, y contra el gobierno del estado, se agrega que se debe atender las recomendaciones dirigidas en la recomendación 35 / 2009; contra el subsecretario de asuntos jurídicos, se le exige respete la garantía de audiencia y el debido proceso en los expedientes de expropiación que se han radicado contra los poseedores de fincas en Temacapulín; además, hay recomendación en relación también a la carretera que está llena de baches, de hoyos; está el caso de la escuela, los servicios de salud precarios, la falta de medicinas y la ausencia de médicos", resumió el litigante.
La fundamentación: "el artículo primero de la Constitución mexicana dice que el estado en todos sus niveles y en todas sus autoridades, está a obligado a respetar, proteger y difundir los derechos humanos establecidos, pero también los convenios internacionales en materia de derechos humanos, aplicándose la protección más amplia a las personas, y a esto se conoce como el principio pro persona", subraya Espinoza Sauceda.
SRN
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